{"id":100426,"date":"2026-06-25T20:49:35","date_gmt":"2026-06-25T20:49:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4556-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:49:35","modified_gmt":"2026-06-25T20:49:35","slug":"stc4556-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4556-2017\/","title":{"rendered":"STC4556-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4556-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02244-03  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el 16 de febrero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Felipe Luna Cardona contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de esa misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano, por intermedio de apoderado judicial solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades encausadas porque lo condenaron como responsable del punible de actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os sin contar con una defensa t\u00e9cnica durante todo el juicio; aunado a las v\u00edas de hecho en las que incurrieron para decidir el asunto consistentes en una  indebida valoraci\u00f3n probatoria, y el agravante aplicado por \u201cconcurso homog\u00e9neo\u201d el cual no se hallaba contemplado en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se suspendan los efectos jur\u00eddicos de las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que ya interpuso. [Folio 29, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Con ocasi\u00f3n a la denuncia penal que instaur\u00f3 el 2 de noviembre de 2007 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contra el accionante, la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Ibagu\u00e9 profiri\u00f3 el 16 de junio de 2011 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n al encontrarlo como presunto autor responsable de  la conducta  punible de actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, autoridad que, una vez surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 4 de septiembre de 2013 dict\u00f3 sentencia, en la cual, conden\u00f3 al tutelante a la pena principal de 56 meses de prisi\u00f3n, como autor responsable del delito referido;  as\u00ed mismo, entre otras disposiciones, deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n por la domiciliaria. [Folios 183 a 219, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La anterior decisi\u00f3n fue apelada por el defensor del procesado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 27 de agosto de 2015 la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, al desatar el recurso vertical interpuesto, modific\u00f3 la sentencia de primer grado, en el sentido de imponer al quejoso la pena principal de 48 meses de prisi\u00f3n y, en lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 aquella determinaci\u00f3n. [Folios 220 a 239, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El promotor del resguardo acudi\u00f3 a este mecanismo constitucional porque, en su criterio, con las sentencias emitidas en la causa que se sigui\u00f3 en su contra se quebrant\u00f3 la garant\u00eda invocada, toda vez que en ese juicio las declaraciones de la menor no fueron cotejadas con las otras pruebas testimoniales;  am\u00e9n, que se le conden\u00f3 \u00abpor comportamientos no se\u00f1alados en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb, esto es, aplicarle el agravante del \u00abconcierto homog\u00e9neo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que no cont\u00f3 con una defensa t\u00e9cnica durante todas las etapas procesales surtidas y que tampoco recurri\u00f3 en casaci\u00f3n la \u00faltima determinaci\u00f3n que cuestiona por falta de recursos econ\u00f3micos para sufragar los honorarios de un abogado.  [Folios 22 – 29, c. 1].  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 6 de febrero de 2017 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el enteramiento de los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 31 y 32, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 pidi\u00f3 denegar la petici\u00f3n de amparo, de un lado, porque no se  cumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez toda vez que la sentencia de segunda instancia data de 27 de agosto de 2015 y de otro lado, porque esa decisi\u00f3n qued\u00f3 en firme sin que el accionante hiciera uso del recurso de casaci\u00f3n.  [Folios 44 y 44, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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La Fiscal Doce Seccional de Ibagu\u00e9, cont\u00f3 que cuando emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, el accionante ven\u00eda siendo asistido por un abogado sin que \u00e9ste hiciera uso de los recursos que la ley le confiere contra esa decisi\u00f3n;  por otra parte solicit\u00f3 despachar desfavorablemente el resguardo implorado, por improcedente y tard\u00edo, lo primero porque el quejoso no agot\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n tal y como \u00e9l mismo lo menciona cuando pudo acudir a la defensor\u00eda p\u00fablica en procura de sus intereses, mientras que, lo segundo, porque el fallo de segundo grado fue dictado hace m\u00e1s de un a\u00f1o. [Folios 72 y 73, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso penal, expuso que el procesado siempre estuvo asistido por su defensor y que las etapas fueron evacuadas y analizadas junto con el material probatorio obrante en el expediente, por tanto, el gestor de la queja no puede controvertir por esta v\u00eda una decisi\u00f3n que goza \u00abde la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u00bb al ser confirmada por el Tribunal, \u00abm\u00e1xime cuando el mismo actor manifiesta que tiene en curso otro mecanismo de protecci\u00f3n, que es, la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb. [Folios 74 y 75, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cierre, la Procuradora Judicial 361 esgrimi\u00f3 que no se cumplen las exigencias generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela como quiera que el gestor de la s\u00faplica afirm\u00f3 estar haciendo uso de otro medio de defensa, esto es, el recurso de revisi\u00f3n;  en suma, tampoco se cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez por haber transcurrido 15 meses desde la sentencia de segunda instancia hasta el momento en que interpuso la acci\u00f3n constitucional. [Folios 122 y 123, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 16 de febrero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al considerar ausentes los presupuestos de la subsidiariedad y la inmediatez, el primero, porque el inconforme no agot\u00f3 el medio de defensa que ten\u00eda a su alcance, como fue el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que cab\u00eda contra el fallo dictado en segunda instancia;  mientras que, el segundo, porque la decisi\u00f3n del ad-quem se profiri\u00f3 el 27 de agosto de 2015 y el actor s\u00f3lo intent\u00f3 el resguardo de su derecho fundamental despu\u00e9s de transcurridos m\u00e1s de 17 meses.  [Folios 124 a 134, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con ese fallo, el peticionario lo impugn\u00f3, con el argumento que se trata de una persona de 80 a\u00f1os de edad que padece de una enfermedad en sus extremidades inferiores que escasamente le permite caminar, motivo por el cual no necesita tratamiento carcelario el cual, adem\u00e1s soporta en condiciones de hacinamiento. [Folios 250 y 251, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de la Corte ha sido invariable al se\u00f1alar que son dos los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: la inmediatez y la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a ese tema, esta Sala insistentemente ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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En virtud del otro principio se\u00f1alado, debe recordarse que el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo deprecado resulta improcedente, porque no atiende ninguno de los postulados que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el accionante cuestiona en su solicitud de amparo las sentencias proferidas el 4 de septiembre de 2013 y el 27 de agosto de 2015, mediante las cuales result\u00f3 condenado, respectivamente, en primera y segunda instancia, por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 y la Sala Penal del Tribunal Superior de ese distrito judicial, como autor responsable del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os.   <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, se evidencia que para cuando se present\u00f3 la petici\u00f3n de protecci\u00f3n -2 de febrero de 2017-, claramente se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino razonable para promover el mecanismo constitucional, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n, relievando que no puede tomarse por cierto que s\u00f3lo conoci\u00f3 el fallo cuando se produjo su captura pues fue asistido por el profesional en derecho quien formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de primer grado;  y, en todo caso la providencia proferida en segunda instancia, se notific\u00f3 por edicto y se corri\u00f3 en debida forma el t\u00e9rmino legal para interponer el recurso, sin que mediare ning\u00fan pronunciamiento por parte del censor1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Significa entonces, que desde la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n que reprocha a la fecha de formulaci\u00f3n de la salvaguarda del ep\u00edgrafe transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, super\u00e1ndose abiertamente el termino de 6 meses que jurisprudencialmente se ha establecido como razonable y adecuado para acudir al resguardo tutelar.  <\/span><\/p>\n

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3. De otra parte, la salvaguarda implorada tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para cuestionar la sentencia emitida por la colegiatura acusada.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior porque si, a juicio del actor, la mencionada providencia de segunda instancia no se encontraba ajustada a derecho, debi\u00f3 interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo proferido por el Tribunal accionado, medio de impugnaci\u00f3n establecido por el legislador para plantear tal debate al interior del proceso, mecanismo del que no hizo uso el interesado, sin que tal incuria fuere excusada v\u00e1lidamente tal y como lo dej\u00f3 visto la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, que le puso de presente que de no contar con la solvencia econ\u00f3mica para sufragar los honorarios de un abogado, contaba con el apoyo de la Defensor\u00eda del Pueblo, para su defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados y, en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en la instancia que no se adelant\u00f3 porque el aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 los medios de defensa que establece la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de aquellas v\u00edas ordinarias contempladas por la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado a no prosperar, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Registro de actuaciones visible a folio 55, c. 1.      <\/span><\/p>\n

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