{"id":100429,"date":"2026-06-25T20:49:46","date_gmt":"2026-06-25T20:49:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4559-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:49:46","modified_gmt":"2026-06-25T20:49:46","slug":"stc4559-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4559-2017\/","title":{"rendered":"STC4559-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4559-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2016-00169-01  <\/span><\/p>\n

  (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 23 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor -DNDA- en contra de los Juzgados Promiscuo del Circuito de Majagual y Segundo Promiscuo Municipal de Sucre, por el incidente de desacato adelantado en el tr\u00e1mite constitucional de amparo impulsado por Roberto D\u00edaz D\u00edaz respecto de la Sociedad de Compositores y Autores -Sayco-.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. La entidad actora suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por los accionados.  <\/span><\/p>\n

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2. La promotora sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 213 a 216 cdno. 1):  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Roberto D\u00edaz D\u00edaz inici\u00f3 una salvaguarda en contra de la Sociedad de Compositores y Autores -Sayco-, aseverando que la \u201c(\u2026) destituci\u00f3n del ciudadano Saturnino Caicedo C\u00f3rdoba de su condici\u00f3n de gerente general de [esa empresa fue] ilegal, viol\u00e1ndole derechos fundamentales como el debido proceso y la confianza leg\u00edtima (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sucre admiti\u00f3 ese decurso, sin \u201cvincular como tercero interviniente\u201d a la ahora tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Mediante providencia de 3 de julio de 2015 se otorg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, ordenando a Sayco  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) suspender los efectos de lo decidido en la sesi\u00f3n extraordinaria del d\u00eda 22 de abril de 2014, en cuanto da por terminado el contrato de trabajo del Gerente General Saturnino Caicedo C\u00f3rdoba y designa en el mismo cargo al se\u00f1or Poldino Posteraro Ariza (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. La anterior decisi\u00f3n fue adicionada por el Juez Promiscuo del Circuito de Majagual el 2 de septiembre de 2015, en el sentido de disponer  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) el reintegro del se\u00f1or Saturnino Caicedo C\u00f3rdoba al cargo de gerente general de Sayco, en el t\u00e9rmino perentorio de 48 horas. Para tal efecto, l\u00edbrense los oficios al Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositories Sayco y a la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor, dependencia adscrita al Ministerio del Interior, para que, por las competencias que le otorga la Ley, vele porque el Consejo Directivo de Sayco le d\u00e9 cumplimiento a lo decidido en es[e] fallo, so pena de responsabilidades disciplinarias y penales (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Mediante auto de 18 de septiembre de 2015, el estrado municipal referido inici\u00f3 un incidente de desacato, \u201c(\u2026) a petici\u00f3n del se\u00f1or Otto Medina Monterrosa (quien no es parte dentro de la acci\u00f3n) (\u2026)\u201d, frente al cual, la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor arrim\u00f3 un memorial \u201c(\u2026) argumentando, entre otras cosas, la ilegalidad de vincular[la] (\u2026) como incidentada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. El 9 de febrero de 2016, la aludida dependencia judicial requiri\u00f3 a la ac\u00e1 impulsora que informara \u201csi procedi\u00f3 a dar cumplimiento al fallo de tutela\u201d, al respecto, esa entidad alleg\u00f3 un escrito \u201cindicando, entre otras cosas\u201d:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) i. Ausencia de desacato de la DNDA, por cuando (sic) la orden de reintegrar al se\u00f1or Saturnino Caicedo C\u00f3rdoba deb\u00eda ser cumplida por Sayco y no por la DNDA; ii. La orden que deb\u00eda cumplir la DNDA, consist\u00eda \u00fanicamente en \u201cvelar porque el Consejo Directivo de Sayco le d\u00e9 cumplimiento a lo decidido en es[e] fallo\u201d, la cual fue efectivamente cumplida; iii. La relaci\u00f3n contractual entre Sayco y su gerente general; iv. A la DNDA no se le vincul\u00f3 en debida forma al proceso de tutela donde se profirieron los fallos judiciales; v. Falta de legitimaci\u00f3n en la causa del incidentista; y vi. Se le inform\u00f3 al despacho que est\u00e1 de por medio una orden judicial proferida en sentido contrario por parte del Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal de Santa Marta, por lo cual, la DNDA no puede imponerle a Sayco que desconozca lo ordenado por un fallo judicial (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

2.8. A pesar de lo antelado, el 25 de mayo de 2016, el memorado estrado municipal requiri\u00f3 a la DNDA \u201c(\u2026) para que (\u2026) gestion[ara] las medidas necesarias y conducentes ante (\u2026) el Consejo Directivo de Sayco, para que \u00e9ste, d\u00e9 cumplimiento a la orden impartida en los fallos de tutela (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9. Por lo anterior, la hoy quejosa reiter\u00f3 sus exculpaciones y, adem\u00e1s, adjunt\u00f3 los requerimientos efectuados a Sayco a fin de que obedeciera lo mandado en ese auxilio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.10. El 29 de agosto de 2016 se le inici\u00f3 un \u201ctr\u00e1mite de cumplimiento\u201d a la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor, momento en el cual insisti\u00f3 en sus argumentaciones, y aclar\u00f3 \u201cno ser superior funcional de Sayco\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.11. El 31 de agosto de 2016, el Juez Segundo Promiscuo Municipal nuevamente exigi\u00f3 a la DNDA \u201cdar cumplimiento a los fallos de tutela\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.12. La autoridad gubernamental aqu\u00ed gestora \u201cconvoc\u00f3 a asamblea general de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Sayco a celebrarse el 9 de noviembre de 2016 en las instalaciones de Sayco\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.13. El 16 de septiembre de 2016, el anotado despacho municipal le solicit\u00f3 a la querellante modificar la fecha de realizaci\u00f3n del mencionado acto, petici\u00f3n zanjada negativamente por la DNDA, pues \u201cel plazo fijado se ajusta a la Ley y a los estatutos de Sayco\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.14. La Unidad Administrativa Especial ac\u00e1 impulsora pone de presente la existencia de un ruego tuitivo tramitado por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Santa Marta, en el cual se emiti\u00f3 sentencia resolvi\u00e9ndose:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) De proferir el Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Sayco la resoluci\u00f3n de reintegro del se\u00f1or Saturnino Caicedo C\u00f3rdoba al cargo de Gerente General, no producir\u00e1 efectos sino pasado un t\u00e9rmino de 60 d\u00edas contados a partir de su emisi\u00f3n y posterior registro o inscripci\u00f3n, t\u00e9rmino con el que cuentan los accionantes para acudir ante la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor e impugnar ese acto y concomitante pedir una suspensi\u00f3n del mismo como medida cautelar hasta tanto se decida de fondo, independiente de que acudan a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y promuevan las acciones pertinentes (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Implora i) invalidar lo actuado en el resguardo primigenio ya rese\u00f1ado; ii) \u201c(\u2026)  determinar (\u2026) cu\u00e1l fallo de tutela de los expuestos (\u2026) es el que debe ser acatado por (\u2026) Sayco (\u2026)\u201d; y iii) expedir copias con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Consejo Seccional de la Judicatura para que se investigue a las autoridades judiciales rese\u00f1adas.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los convocados  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual efectu\u00f3 un recuento de su proceder en el asunto cuestionado, aseverando que \u201c(\u2026) yerra la entidad demandada al considerar que de forma alguna fue ordenada su vinculaci\u00f3n a trav\u00e9s de la sentencia de 2 de septiembre de 2015 (\u2026)\u201d (fls. 263 a 266 cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b. El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Sucre se opuso al ruego, realzando la legalidad de sus actuaciones y precisando que \u201c(\u2026) no se explica lo pretendido por la DNDA, pues hasta la fecha ha tratado de salirse por la tangente para no dar cumplimiento a los fallos (\u2026)\u201d (fls. 141 a 143 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n tras observar la legalidad de lo tramitado en el incidente de desacato reprochado (fls. 634 a 373 vuelto \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la promotora reiterando lo dicho en el escrito inicial (fls. 388 y 389 ej\u00fasdem).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Se resuelve hasta la fecha la impugnaci\u00f3n efectuada frente al fallo de 23 de noviembre de 2016, por cuanto, el ruego fue allegado a esta Corporaci\u00f3n el 22 de febrero de esta anualidad, remitido por la Secretar\u00eda del Tribunal a quo. Asimismo, esta Corte devolvi\u00f3 el expediente el 6 de marzo de 2017, tras advertir que estaba incompleto y se recepcion\u00f3 nuevamente el 13 de este mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Unidad Administrativa Especial Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor -DNDA- cuestiona que dentro del comentado subex\u00e1mine i) en la sentencia de 2 de septiembre de 2015 se le haya \u201cvinculado\u201d, emiti\u00e9ndose una orden en su contra sin antes hab\u00e9rsele llamado a ese auxilio; ii) se le est\u00e9 exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto en ese asunto sin estar facultada para ello, por no ser la \u201csuperior jer\u00e1rquica de Sayco\u201d; y iii) se le adelante un incidente por desacato a los fallos emitidos en ese decurso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Corresponde memorar que desde la g\u00e9nesis de este resguardo certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de las demandas de amparo formuladas contra actuaciones en materia de salvaguarda, por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las equivocaciones o desafueros de los jueces de tutela al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para el efecto el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n frente al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para tal fin. Ahora, si se trata de la ejecuci\u00f3n del fallo estimatorio de la pretensi\u00f3n cuando la parte accionada reh\u00fasa su cumplimiento, el desacato es medio id\u00f3neo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Atinente a ese t\u00f3pico, ha precisado esta Sala:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional,  ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Ahora, sobre la procedencia de la salvaguarda constitucional contra incidentes de desacato, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]or regla general, la tutela no procede frente a pronunciamientos dictados en el incidente de desacato iniciado para el obedecimiento del fallo que ampara las garant\u00edas b\u00e1sicas amenazadas o puestas en inminente riesgo de manera ileg\u00edtima, dada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial encaminada a obtener dicha determinaci\u00f3n (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cFrente al punto, se ha sostenido que \u00b4que el incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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Excepcionalmente, se abrir\u00eda paso el amparo frente a determinaciones adoptadas en la fase incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este mecanismo extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivos, org\u00e1nicos, procedimentales absoluto [y] f\u00e1cticos (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este instrumento respecto de actuaciones como la presente \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En este asunto refulge la improcedencia del resguardo, pues el organismo querellante persigue a trav\u00e9s de esta salvaguarda controvertir lo resuelto por las autoridades en los procedimientos constitucionales censurados, buscando reabrir un debate fenecido, pretensi\u00f3n sin asidero en esta sede, por cuanto, como ya se dijo, deviene inviable para criticar asuntos de caracter\u00edsticas similares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Al margen de lo discurrido, de existir reproche frente a la sentencia de 2 de septiembre de 2015, definitoria de la segunda instancia en el ruego objetado, refuerza la denegaci\u00f3n del auxilio la desatenci\u00f3n del requisito de inmediatez, pues fue incoado tard\u00edamente el 3 de octubre de 2016 (fl. 227 vuelto cdno. 1), habiendo transcurrido m\u00e1s de 13 meses de haberse proferido la \u00faltima de las citadas determinaciones, per\u00edodo que supera el lapso de 6 meses adoptado por la Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre este aspecto esta Corte, reiteradamente ha puntualizado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, si la censora se demor\u00f3 para incoar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a los querellados y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas invocadas como soporte de tal auxilio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Adicionalmente, es menester aclarar, pese a lo referido por la entidad hoy convocante, acerca de no haber sido vinculada oportunamente a la acci\u00f3n censurada, aqu\u00e9lla concurri\u00f3 al tr\u00e1mite de desacato directamente, sin proponer la aludida omisi\u00f3n a trav\u00e9s de una petici\u00f3n de nulidad. Por el contrario, ejerci\u00f3 activamente su derecho de defensa en ese incidente, el cual finaliz\u00f3 con prove\u00eddo de 2 de marzo de 2016, exoner\u00e1ndola de cualquier responsabilidad, providencia confirmada en grado de consulta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En todo caso, de iniciarse otro procedimiento para verificar el acatamiento del fallo emitido en ese ruego, ese ente gubernamental cuenta con la posibilidad de hacer valer sus exculpaciones y argumentos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Concerniente a la solicitud consistente en que esta Sala \u201c(\u2026)  determin[e] (\u2026) cu\u00e1l fallo de tutela de los expuestos (\u2026) es el que debe ser acatado por (\u2026) Sayco (\u2026)\u201d, se le pone de presente a la DNDA, tal pedimento debe elevarlo directamente ante las autoridades judiciales respectivas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Finalmente, frente a las afirmaciones relacionadas con la presunta consumaci\u00f3n al interior de los asuntos reprochados, de conductas que podr\u00edan ser objeto de investigaciones penales o disciplinarias, es menester precisar que le incumbe a la interesada ponerlas en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto a este t\u00f3pico, la Corporaci\u00f3n expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal  o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

                 <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00;    <\/span><\/p>\n

2 CSJ STC. 21 de febrero de 2003, rad. 00382, citada el 15 de febrero de 2013, rad. 2013-00239-00.    <\/span><\/p>\n

3 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010.    <\/span><\/p>\n

4 Ib\u00eddem.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00    <\/span><\/p>\n

6 CSJ STC 11 de noviembre de 2011, exp. 00502-01, reiterada el 14 de marzo de 2013, exp. 00492-00.      <\/span><\/p>\n

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            Magistrado ponente      STC4559-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2016-00169-01     (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 23 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100429","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100429"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100429\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}