{"id":100430,"date":"2026-06-25T20:49:58","date_gmt":"2026-06-25T20:49:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4560-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:49:58","modified_gmt":"2026-06-25T20:49:58","slug":"stc4560-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4560-2017\/","title":{"rendered":"STC4560-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4560-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00122-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 2 de marzo de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda y la Alcald\u00eda Municipal de esa capital; con ocasi\u00f3n de las acciones populares iniciadas por el aqu\u00ed gestor respecto de Audifarma.  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de \u201clas garant\u00edas procesales\u201d, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, expone que en la acci\u00f3n popular N\u00ba 2016-00510-00, el despacho inadmiti\u00f3 la demanda, decisi\u00f3n atacada a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n por Arias Id\u00e1rraga, por cuanto, le \u201cexig[ieron] requisitos inexistentes en el art. 18 de la Ley especial 472 de 1998\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El estrado resolvi\u00f3 desfavorablemente el remedio horizontal, declar\u00f3 improcedente el vertical y, posteriormente, rechaz\u00f3 por falta de subsanaci\u00f3n ese decurso, actuaci\u00f3n en la cual, seg\u00fan el impulsor de este auxilio, la postura adoptada por el querellado constituye un \u201cabuso\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar tramitar ese pleito, acogiendo lo resuelto por esta Sala en los expedientes 2016-01122-01 y 2016-01126-01. Asimismo, s\u00faplica \u201c(\u2026) se compulsen (sic) copias a quien corresponda a fin  de investigar (\u2026) [a]l Juzgado tutelado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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4.        La salvaguarda radicada bajo el N\u00ba 2017-00124-00, deprecada por inconformidad con el juicio popular N\u00ba 2016-508, fue acumulada por el a quo constitucional a la presente tutela, tras verificar su identidad de hechos y pretensiones.    <\/span><\/p>\n

1. Respuesta de los convocados    <\/span><\/p>\n

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a)        El Juzgado involucrado remiti\u00f3 copia de los expedientes cuestionados (fls. 13 a 25).  <\/span><\/p>\n

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b)        La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Risaralda solicit\u00f3 ser desligada del presente tr\u00e1mite por tratarse de una situaci\u00f3n ajena a ella (fls. 10 y 11).  <\/span><\/p>\n

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c) Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l actor no recurri\u00f3, por lo menos en reposici\u00f3n, los autos de 6 de febrero de 2017, por medio de los cuales, ante la falta de correcci\u00f3n de las demandas, se rechazaron, con lo cual olvida que esta acci\u00f3n, por su naturaleza, es residual, y s\u00f3lo cabe cuando se ha hecho uso de todas las herramientas con que las partes cuentan en el proceso y ellas han sido infructuosas; as\u00ed que dej\u00f3 pasar la oportunidad procesal con la que contaba para la defensa de sus intereses (\u2026)\u201d (fls. 28 a 30).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El promotor impugn\u00f3 insistiendo en su pedimento (fl. 32).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se duele el gestor, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, porque el Juez acusado i) el 21 de noviembre de 2016 inadmiti\u00f3 las demandas subex\u00e1mine, exigi\u00e9ndole \u201crequisitos inexistentes en el art. 18 de la Ley especial 472 de 1998\u201d; y ii) el 6 de febrero de 2017 rechaz\u00f3 por falta de subsanaci\u00f3n sus acciones populares.  <\/span><\/p>\n

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2. Delanteramente se advierte la inviabilidad del amparo constitucional deprecado, al percatarse la ausencia del principio de subsidiariedad, pues el quejoso no propuso frente a las determinaciones de 6 de febrero de 2017 el recurso de reposici\u00f3n (fls. 18 y 24 vueltos), procedente de conformidad con lo estatuido en el canon 36 de la Ley 472 de 19981. De esta manera, desaprovech\u00f3 la oportunidad de controvertir en el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del litigio, los se\u00f1alados pronunciamientos.   <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso. Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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3. Si bien esta Colegiatura ha concedido resguardos en asuntos similares4, pasando por alto, incluso, la incuria del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga en la interposici\u00f3n de los recursos plausibles al interior de los juicios populares, ello ha acontecido cuando los despachos judiciales han incurrido en v\u00eda de hecho al \u201c(\u2026) exigir al demandante aportar documentos que la normatividad aplicable al asunto no consagra [se hizo alusi\u00f3n al canon 18 de la Ley 472 de 1998] y (\u2026) rechazar la demanda como consecuencia de la falta de subsanaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Concretamente, en el decurso analizado en el fallo parcialmente transcrito, el funcionario all\u00e1 convocado ped\u00eda, junto con el escrito inicial, se \u201caportara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, en el que conste el domicilio de la parte demandada\u201d, pasando por alto que ese presupuesto solo es exigible \u201c(\u2026) cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno (\u2026)\u201d (art. 85 del C\u00f3digo General del Proceso).  <\/span><\/p>\n

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El presente sublite difiere de aquellos casos, por cuanto, aun cuando aqu\u00ed tambi\u00e9n el estrado requiri\u00f3 la certificaci\u00f3n de existencia y representaci\u00f3n legal de la empresa accionada, adem\u00e1s dispuso inadmitir los decursos por insatisfacci\u00f3n de los \u201crequisitos de la demanda\u201d fijados en la regla 18 de la Ley 472 de 19985, instando al se\u00f1or Javier El\u00edas  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) indicar cu\u00e1l es el derecho colectivo que ha sido violado, (\u2026) cu\u00e1l es o c\u00f3mo es la vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos y qui\u00e9n o qui\u00e9nes  podr\u00edan ser los perjudicados con tales vulneraciones, si se diera el caso (art. 18 Ley 472 de 1998)\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cDe conformidad con el art\u00edculo 18 literal e) de la Ley 472 deber\u00e1 presentar la prueba de los supuestos f\u00e1cticos que sustentan la pretensi\u00f3n (\u2026)\u201d (fls. 27 y 33).  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, frente a las afirmaciones relacionadas con la presunta consumaci\u00f3n al interior de los litigios reprochados de conductas que podr\u00edan ser objeto de investigaciones penales o disciplinarias, es menester precisar que le incumbe al interesado ponerlas en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a este t\u00f3pico, la Corporaci\u00f3n expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]s preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal  o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

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5. De acuerdo a lo expuesto, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.          <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u201c(\u2026) Art. 36. Contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recursos de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. Civil. Sentencia de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.    <\/span><\/p>\n

4 Sentencia STC1932 de 16 de febrero de 2017, exp. 2016-001126-01.    <\/span><\/p>\n

5 \u201c(\u2026) Art. 18. Para promover una acci\u00f3n popular se presentar\u00e1 una demanda o petici\u00f3n con los siguientes requisitos: a) La indicaci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado;  <\/span><\/p>\n

\u201cb) La indicaci\u00f3n de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petici\u00f3n;  <\/span><\/p>\n

\u201cc) La enunciaci\u00f3n de las pretensiones;  <\/span><\/p>\n

\u201cd) La indicaci\u00f3n de la personas natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;  <\/span><\/p>\n

\u201ce) Las pruebas que pretenda hacer valer;  <\/span><\/p>\n

\u201cf) Las direcciones para notificaciones;  <\/span><\/p>\n

\u201cg) Nombre e identificaci\u00f3n de quien ejerce la acci\u00f3n (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

6 CSJ STC 11 de noviembre de 2011, exp. 00502-01, reiterada el 14 de marzo de 2013, exp. 00492-00.      <\/span><\/p>\n

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