{"id":100432,"date":"2026-06-25T20:50:08","date_gmt":"2026-06-25T20:50:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4562-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:50:08","modified_gmt":"2026-06-25T20:50:08","slug":"stc4562-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4562-2017\/","title":{"rendered":"STC4562-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4562-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00070-01  <\/span><\/p>\n

   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 16 de febrero de 2017 dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ra\u00fal Mart\u00ednez \u00c1vila en contra del Ministerio de Defensa- Ej\u00e9rcito Nacional- Direcci\u00f3n de Sanidad Militar.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El promotor demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, vida, salud y m\u00ednimo vital, presuntamente quebrantadas por el querellado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 3):  <\/span><\/p>\n

2.1. Mediante Resoluci\u00f3n N\u00ba 3584 de 13 de junio de 2012, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoci\u00f3 al tutelante, Ra\u00fal Mart\u00ednez \u00c1vila, \u201c(\u2026) el pago de una asignaci\u00f3n de retiro, [la cual] est\u00e1 usufrutuando (sic) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Refiere que el 23 de diciembre de 2016 exigi\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar realizarle el \u201c(\u2026) examen m\u00e9dico de retiro [y] (\u2026) convocar [a] la Junta M\u00e9dico Laboral (\u2026) [por] las graves secuelas dejadas en [su] salud (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.3. La se\u00f1alada entidad mediante \u201ccomunicaci\u00f3n N\u00ba 201684511789641-MDN-CGFM-COEJ-SECEJ-JEMGF-COPER \u2013DISAN-1-10 de 28 de diciembre de 2016\u201d le indic\u00f3 que desde agosto de 2012 autoriz\u00f3 la pr\u00e1ctica de los \u201cconceptos m\u00e9dicos\u201d respectivos, para lo cual Mart\u00ednez \u00c1vila contaba con el t\u00e9rmino de 1 a\u00f1o, el cual feneci\u00f3 en silencio.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El quejoso censura lo precedente, arguyendo que esa dependencia \u201c(\u2026) omiti\u00f3 la debida notificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n y, al mismo tiempo, omiti\u00f3 un monitoreo riguroso para que el exmilitar le diera continuidad a sus valoraciones m\u00e9dicas por el servicio prestado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Relata que \u201c(\u2026) su salud se encuentra interrumpida por fuertes dolores (\u2026) lo cual no le permite trabajar y el salario de retiro no le alcanza para cubrir las necesidades propias y de su familia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar le sean efectuadas en Monter\u00eda las valoraciones \u201c(\u2026) por m\u00e9dicos especialistas y la elaboraci\u00f3n de la Junta M\u00e9dico Laboral y, en consecuencia, se le califique e indemnicen las posibles secuelas y dolencias que padece (\u2026)\u201d.   <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del convocado  <\/span><\/p>\n

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Se opuso al ruego realzando la legalidad de su proceder y la improcedencia de lo pretendido por el hoy actor, por cuanto,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) le calificaron ficha m\u00e9dica el 8 de agosto de 2012 por las especialidades de otorrinolaringolog\u00eda, medicina interna y dermatolog\u00eda. (\u2026) Teniendo en cuenta esto, el accionante ten\u00eda el t\u00e9rmino de 1 a\u00f1o a partir de la calificaci\u00f3n de la ficha m\u00e9dica para solicitar la expedici\u00f3n de las \u00f3rdenes de conceptos y tramitar la Junta M\u00e9dica (tr\u00e1mites administrativos, m\u00e9dicos y asistenciales), por lo cual, dej\u00f3 vencer el t\u00e9rmino regulado por el Decreto 1796 de 2000, art\u00edculo 47, literal b) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Siendo responsabilidad del accionante solicitar las \u00f3rdenes de concepto y dem\u00e1s ex\u00e1menes y solicitar la programaci\u00f3n, por lo cual no es posible realizar la junta, adem\u00e1s este mecanismo o examen de retiro es para la valoraci\u00f3n de las patolog\u00edas que pudo haber adquirido en el servicio, por lo cual no puede realizarse en cualquier tiempo. (\u2026) Ahora bien, han transcurrido m\u00e1s de 4 a\u00f1os desde la fecha de la novedad del retiro sin que el accionante haya realizado actuaci\u00f3n alguna (\u2026)\u201d (fls. 37 a 41).  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el resguardo tras estimar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a orden para la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes m\u00e9dicos del accionante data del 8 de agosto de 2012 y la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela fue en enero 30 de 2017, es decir que 4 a\u00f1os y 5 meses despu\u00e9s de la ocurrencia de los hechos, se acudi\u00f3 a este instrumento procesal alegando la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. Por tanto, el t\u00e9rmino transcurrido entre los hechos y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n no es razonable (\u2026)\u201d (fls. 42 a 52).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor reiterando lo dicho en el escrito inicial (fls. 61 a 65 vuelto).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Ra\u00fal Mart\u00ednez \u00c1vila cuestiona a la entidad accionada porque, seg\u00fan afirma, no le practic\u00f3 las valoraciones m\u00e9dicas respectivas al momento de su desvinculaci\u00f3n del servicio militar en el 2012.  <\/span><\/p>\n

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2. No hay lugar a conceder el amparo por ausencia del principio de subsidiariedad, pues, con similar finalidad a la aqu\u00ed perseguida, el tutelante radic\u00f3 solicitud ante la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar, pedimento resuelto desfavorablemente el 28 de diciembre de 2016, decisi\u00f3n susceptible de ser atacada a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, de conformidad con el canon 75 de la Ley 1437 de 2011.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, de haber agotado las impugnaciones rese\u00f1adas, y de resultar adversas a sus intereses, el querellante debe ventilar sus reparos ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en la regla 138 ib\u00eddem, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [T]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026.) [I]gualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, el ruego tuitivo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia estipulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, porque debe agotarse el instrumento jurisdiccional rese\u00f1ado, pues esta sede excepcional no es una v\u00eda paralela ni sustitutiva de los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Corte ha expresado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n este sentido la jurisprudencia de la Sala en asuntos que guardan simetr\u00eda con el que en este momento es materia de an\u00e1lisis, ha reiterado que es `(\u2026) en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Debe a\u00f1adirse, en el eventual decurso del proceso contencioso administrativo, el gestor puede requerir el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes a fin de conjurar un posible menoscabo, con sustento en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan el cual:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Las medidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener relaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 decretar una o varias de las siguientes medidas:  <\/span><\/p>\n

\u201c1. Ordenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Suspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, inclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su adopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga la medida\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c4. Ordenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o la realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus efectos\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c5. Impartir \u00f3rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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4. Si bien esta Sala en amparos similares ha ordenado la realizaci\u00f3n de los ex\u00e1menes de retiro y de la Junta M\u00e9dica Laboral, este caso difiere de aqu\u00e9llos atendiendo al amplio lapso registrado desde cuando el aqu\u00ed quejoso se desvincul\u00f3 del Ej\u00e9rcito Nacional y la fecha de interposici\u00f3n de este auxilio, pues han trascurrido m\u00e1s de 4 a\u00f1os entre uno y otro suceso.  <\/span><\/p>\n

Lo antelado evidencia el desconocimiento del presupuesto de inmediatez inherente a la tutela, por cuanto, s\u00f3lo se habilita la intervenci\u00f3n constitucional ante una situaci\u00f3n pronta y urgente, la cual no se percibe en este asunto.  <\/span><\/p>\n

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En un caso similar conceptu\u00f3 esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]e vislumbra la ausencia de responsabilidad por parte de las entidades accionadas, en la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales a los que hace referencia el accionante, pues acreditado est\u00e1 que la prestaci\u00f3n de su servicio militar obligatorio concluy\u00f3 el 29 de mayo de 2011 y s\u00f3lo el pasado 28 de septiembre de 2015, esto es m\u00e1s de cuatro a\u00f1os despu\u00e9s acude a este mecanismo constitucional para solicitar la pr\u00e1ctica de su examen de retiro y la valoraci\u00f3n por parte de la Junta M\u00e9dico Laboral\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEsta circunstancia deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir, un t\u00e9rmino que supera ampliamente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales (6 meses) (\u2026)\u201d2.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por las razones explicadas, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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1. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

     NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC. 10 dic. 2008, rad. 2008-00414-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. Civil, STC037 de 20 de enero de 2016, exp. 2015-00627-01.      <\/span><\/p>\n

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