{"id":100433,"date":"2026-06-25T20:50:12","date_gmt":"2026-06-25T20:50:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4563-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:50:12","modified_gmt":"2026-06-25T20:50:12","slug":"stc4563-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4563-2017\/","title":{"rendered":"STC4563-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4563-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00456-01  <\/span><\/p>\n

   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 12 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la tutela instaurada por Francisco Ripoll Salas en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito, la Fiscal\u00eda Doce Seccional, ambos de esa capital, y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda- Casa de Justicia de Chiquinquir\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario iniciado por Stefan Schmidleitner y Jens Sebastien Marquardt respecto del aqu\u00ed gestor.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. Francisco Ripoll Salas suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, vida y \u201cde los ni\u00f1os\u201d, presuntamente vulneradas por los querellados.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 2 a 5):  <\/span><\/p>\n

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2.1. Es una persona de 78 a\u00f1os de edad, incapacitado para laborar porque sufri\u00f3 \u201cuna embolia cerebral\u201d. Se\u00f1ala residir junto a su esposa, de 70 a\u00f1os y enferma de \u201cbipolaridad\u201d, su nuera Bertha Mar\u00eda Lombana Tu\u00f1\u00f3n y su nieto de 4 a\u00f1os Nicol\u00e1s Antonio Ripoll Lombana, quien padece \u201cductus artesioso persistente cerrado por cateterismo, estenosis de la pulmonar, hipoacusia severa 70% de la p\u00e9rdida, retardo en el desarro[llo] no habla retra[s]o din\u00e1mico, orquidopexia test\u00edculo izquierdo\u201d (sic).  <\/span><\/p>\n

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Refiere que carecen de los ingresos econ\u00f3micos para su sostenimiento y \u201cviven de la caridad de [sus] hijos y vecinos\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Expone que al interior del litigio materia de esta salvaguarda, se dict\u00f3 sentencia siguiendo adelante con el compulsivo y se remat\u00f3 el bien hipotecado, estando actualmente a la espera de llevarse a cabo el \u201cdesalojo\u201d por parte de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda accionada.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Seg\u00fan el tutelante, en ese juicio se desconoci\u00f3 que el t\u00edtulo base del recaudo fue \u201c(\u2026) llenado por una suma millonaria que no hab\u00eda autorizado (\u2026) por una banda criminal (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Por lo antelado, formul\u00f3 la denuncia correspondiente por \u201cfraude procesal y falsedad\u201d, actualmente en curso ante la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Cartagena, en donde ha requerido infructuosamente el impulso de esa actuaci\u00f3n y \u201cla suspensi\u00f3n por prejudicialidad penal\u201d del asunto civil ahora censurado.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito \u201cparar el desalojo\u201d y al citado ente acusador \u201crealizar la prejudicialidad en el proceso ejecutivo\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Primero Civil del Circuito se opuso al ruego realzando la legalidad de su proceder, y explicando que el hoy quejoso fue \u201cnegligente\u201d en ese decurso, por cuanto  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) aqu\u00e9l formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, las cuales fueron atenidas con sujeci\u00f3n a las prescripciones de la ley procesal civil\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cSe decretaron las pruebas solicitadas por las partes para acreditar sus dichos, se cit\u00f3 a interrogatorio de parte a los actores y al demandado Francisco Ripoll Salas, no obstante, \u00e9ste no asisti\u00f3 a la diligencia, (\u2026) en igual sentido, su apoderado judicial no asisti\u00f3 a las diligencias de interrogatorio de parte a los actores solicitadas por \u00e9l  (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)  De igual manera, se cit\u00f3 al hoy accionante a diligencia de toma de muestras manuscriturales, con las cuales se pretend\u00eda practicar prueba grafol\u00f3gica, sin embargo, no asisti\u00f3\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cMediante auto de 3 de septiembre de 2014, se cerr\u00f3 el debate probatorio y se corri\u00f3 traslado para alegar de conclusi\u00f3n, t\u00e9rmino que s\u00f3lo fue aprovechado por los actores, sin respuesta del demandado\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl 25 de septiembre de 2014, el demandado formul\u00f3 solicitud de nulidad que le fue negada, providencia contra la cual no interpuso recurso alguno y, finalmente, mediante providencia de 22 de octubre de 2015, el despacho profiri\u00f3 sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y neg\u00f3 las excepciones propuestas por el demandado, providencia que no fue recurrida por \u00e9ste (\u2026)\u201d (fls. 118 a 120).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b. El Fiscal Doce Seccional esgrimi\u00f3 estar adelantando la investigaci\u00f3n iniciada a ra\u00edz de la denuncia impetrada por el se\u00f1or Ripoll Salas, en la cual  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) el demandante, a trav\u00e9s de su apoderado, solicit\u00f3 ante el Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad audiencia innominada, donde solicitaba la suspensi\u00f3n del proceso civil, audiencia que se llev\u00f3 a cabo el 21 de junio del a\u00f1o en curso [2016], por el Juez Tercero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas, donde el despacho no accedi\u00f3 a la solicitud hecha (\u2026)\u201d (fls. 113 a 117).  <\/span><\/p>\n

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c. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda convocada guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 el resguardo tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l juez accionado adelant\u00f3 el proceso ejecutivo y decidi\u00f3 conforme a las pruebas allegadas por las partes, por lo que ha de concluirse que no converge ninguno de los requisitos especiales de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra la actuaci\u00f3n y las providencias judiciales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl aqu\u00ed accionante nunca logr\u00f3 desvirtuar que el t\u00edtulo ejecutivo hubiera sido suscrito por \u00e9l y en la cantidad que en el mismo se refleja, raz\u00f3n por la cual final y razonadamente el bien hipotecado, embargado y secuestrado fue rematado\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAhora, se torna imposible lo pretendido por el accionante, en el sentido que se suspenda la diligencia de desalojo, programada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la Casa de Justicia de Chiquinquir\u00e1 (por ser persona de la tercera edad y tener un menor enfermo a su cargo), ya que, se repite, las decisiones tomadas por el Juzgado accionado fueron dictadas conforme al procedimiento civil vigente y se encuentran en firme habiendo tenido el se\u00f1or Francisco Ripoll Salas los medios de defensa judicial id\u00f3neos y las oportunidades procesales, verbigracia para oponerse a la diligencia de remate o impugnar el auto que aprob\u00f3 la subasta y el que orden\u00f3 expedir el despacho comisorio, sin que lo hubiera hecho (\u2026)\u201d (fls. 125 a 131).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Francisco Ripoll Salas cuestiona i) al Juzgado Primero Civil del Circuito por haber emitido sentencia contraria a sus intereses el 22 de octubre de 2015, desatendiendo los delitos cometidos por su contraparte, y disponi\u00e9ndose el remate del bien hipotecado, en el cual reside junto a su n\u00facleo familiar, compuesto mayoritariamente por personas en condici\u00f3n de vulnerabilidad; y ii) a la Fiscal\u00eda Doce Seccional por la falta de impulso a la investigaci\u00f3n penal a su cargo y por no requerir la suspensi\u00f3n del anotado juicio civil.  <\/span><\/p>\n

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2. Frente al primer punto de censura, sin dificultad se advierte la desatenci\u00f3n del requisito de inmediatez, pues el ruego fue incoado tard\u00edamente el 1\u00b0 de diciembre de 2016 (fl. 8), habiendo transcurrido casi 13 meses de haberse proferido el fallo ahora objetado, per\u00edodo que supera el lapso de 6 meses adoptado por la Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este aspecto esta Corte, reiteradamente ha puntualizado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para elevar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas invocadas como soporte de tal auxilio.  <\/span><\/p>\n

3. Concerniente al proceso penal iniciado a ra\u00edz de la denuncia elevada por Ripoll Salas, dimana tambi\u00e9n la improcedencia del auxilio constitucional deprecado, por cuanto, si el gestor endilga mora en su tramitaci\u00f3n por parte del Fiscal vinculado, tiene a su alcance la posibilidad de recusar a esa autoridad, en caso de encontrarse en presencia de las circunstancias contempladas en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n en un caso an\u00e1logo razon\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El accionante se queja por la demora en que ha incurrido la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Bajo ese contexto, la Sala aprecia que tal y como lo consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, el accionante tiene a su disposici\u00f3n \u00abla figura jur\u00eddica de la recusaci\u00f3n\u00bb, (CSJ STC 27 sep 2013, rad. 01645-01). Al respecto, en un caso de contornos similares la Corte estim\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u201cEl ordenamiento procesal penal, en el numeral 7 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, establece la posibilidad de formular impedimento en caso de \u2018que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, y en el art\u00edculo 60 de la misma normatividad prev\u00e9 que \u2018si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declarare cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, raz\u00f3n por la cual, dichos mecanismos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario se invadir\u00edan injustificadamente las privativas funciones y competencia de otras autoridades (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026).  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) En una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c\u2018(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u2019 (CSJ STC 29 jun 2011, rad. 54769, reiterada en las de 20 jun 2012, rad. 011221-01; 25 jul 2012, rad. 01254-01, 13 mar 2013, rad. 00178 -01) (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, es evidente el fracaso de esta salvaguarda, por cuanto, mem\u00f3rese, este auxilio impone el agotamiento previo de todos los instrumentos puestos a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a lo discurrido esta Sala ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [C]onforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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4. Al margen de lo discurrido, frente a la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario reclamada, es menester se\u00f1alar, tal pedimento le correspond\u00eda elevarlo directamente al tutelante en la oportunidad procesal pertinente, esto es, hasta antes de dictarse sentencia definitoria de ese asunto, siguiendo los derroteros fijados en el canon 170 del anterior C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 161 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Finalmente, debe decirse que a pesar de ser el actor individuo de la tercera edad, y su n\u00facleo familiar estar compuesto mayoritariamente por personas en condici\u00f3n de vulnerabilidad, no se advierte una situaci\u00f3n actual de peligro que amerite conceder el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues no se demostr\u00f3 un proceder irregular por parte de las autoridades hoy convocadas, con las cuales se afecte su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Colegiatura ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2014, exp. 11001-02-04-000-2014-02258-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. Civil. Sentencia de 13 de marzo de 2013, exp. 52001-22-13-000-2013-00011-01.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ STC 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01.      <\/span><\/p>\n

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            Magistrado ponente      STC4563-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00456-01      (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 12 de diciembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}