{"id":100439,"date":"2026-06-25T20:50:47","date_gmt":"2026-06-25T20:50:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4571-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:50:47","modified_gmt":"2026-06-25T20:50:47","slug":"stc4571-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4571-2017\/","title":{"rendered":"STC4571-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

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STC4571-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00483-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Oswaldo Alfonso Corredor contra el Ministerio de Transporte.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor demanda la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad convocada.  <\/span><\/p>\n

2.        Para sustentar su reparo, asevera que inco\u00f3 una solicitud el 6 de julio de 2016 ante el ente acusado, reclamando \u201c(\u2026) la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n que autoriza la reposici\u00f3n de [su] veh\u00edculo de carga, (\u2026) de placas SEC861, (\u2026) por hurto (\u2026)\u201d; no obstante, a la fecha de esta salvaguarda no ha obtenido una \u201c(\u2026) decisi\u00f3n de fondo (\u2026)\u201d, pues s\u00f3lo se le remiti\u00f3 una \u201c(\u2026) contestaci\u00f3n ef\u00edmera (\u2026)\u201d (fls. 3 y 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, atender sus exigencias, emiti\u00e9ndose \u201c(\u2026) la certificaci\u00f3n de la acreditaci\u00f3n de cumplimiento de requisitos para la reposici\u00f3n (\u2026)\u201d rogada (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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El Ministerio querellado indic\u00f3 que revisado el expediente relativo a la \u201creposici\u00f3n\u201d pretendida por el gestor, se extra\u00eda que si bien el asunto se paraliz\u00f3 \u201c(\u2026) por presunto hurto falso (\u2026), la Fiscal\u00eda 56 se\u00f1al[\u00f3] que el hurto s\u00ed existi\u00f3 y por tanto [el 16 de diciembre de 2016 se dispuso] (\u2026) continuar con el proceso de Certificaci\u00f3n de Cumplimiento (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que el 6 de agosto de 2016 se envi\u00f3 un oficio a la Secretar\u00eda de Movilidad de Bogot\u00e1,  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) donde se le solicita continuar con el proceso de Autorizaci\u00f3n de Registro del Veh\u00edculo nuevo en reposici\u00f3n del automotor (\u2026) (placas SEC861). Se le solicit\u00f3 confirmar y oficiar directamente a [ese] Despacho la legalidad de los tr\u00e1mites realizados por esa oficina respecto de los actos administrativos (\u2026). [Adem\u00e1s, figura una] anotaci\u00f3n en la parte inferior derecha a l\u00e1piz \u2018est\u00e1 en la Dijin\u2019 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, asever\u00f3 que las actuaciones antes transcritas fueron puestas en conocimiento del promotor con comunicaci\u00f3n de 7 de octubre de 2016, al desatar su pedimento, por lo cual deprec\u00f3 negar esta salvaguarda (fl. 11, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada porque no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n de la autoridad denunciada. Sostuvo que \u00e9sta ha actuado con apego a la Resoluci\u00f3n 7036 de 2012, reglamentaria de la \u201creposici\u00f3n\u201d de rodantes por hurto, y destac\u00f3 que \u201c(\u2026) una vez realizadas las validaciones (\u2026)\u201d el ente atacado deb\u00eda informar de ello al promotor (fls. 14 al 17, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El quejoso impugn\u00f3 el fallo aduciendo que el Ministerio ha \u201c(\u2026) abusado de su poder\u201d, por cuanto ha dilatado el procedimiento criticado envi\u00e1ndolo a la Fiscal\u00eda de forma \u201carbitraria\u201d por m\u00e1s de dos a\u00f1os y omitiendo atender sus reclamaciones de fondo.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3 que el acusado falta a la verdad cuando aduce haber oficiado a la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogot\u00e1, pues ese ente \u201c(\u2026) hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os no realiza tr\u00e1mites de tr\u00e1nsito ni maneja especies venales, mucho menos carpetas, correspondi\u00e9ndole eso s\u00ed al SIM (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que su \u201c(\u2026) derecho al cupo de [su] veh\u00edculo (\u2026)\u201d ha sido negado durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os \u201c(\u2026) con evasivas y falacias (\u2026)\u201d, por lo cual denunci\u00f3 penalmente al viceministro de Transporte e impuls\u00f3 el medio de reparaci\u00f3n directa ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. Pide, en consecuencia, se le otorgue dicho cupo (fls. 23 y 24, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Sobre el derecho de petici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se destaca que esa prerrogativa se concreta en la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los precisos plazos establecidos por la Ley1; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no demanda acceder en forma positiva a lo peticionado, pero s\u00ed responder tempestiva, clara, precisa y congruentemente lo impetrado.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [I] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d2  <\/span><\/p>\n

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2.        Revisadas las copias adosadas, se constata que el 6 de octubre de 2016 el gestor le pidi\u00f3 a la entidad querellada  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n que autoriza la Ley 105 de 1993 y la Ley 336 de 1996, as\u00ed como el Decreto reglamentario 173 de febrero 5 de 2001, teniendo en cuenta que se cumpli\u00f3 (sic) con todos los requerimientos hechos por el Ministerio, en cuanto a la presentaci\u00f3n completa concisa y detallada de los documentos que avalan la reposici\u00f3n de un veh\u00edculo, presentados a este Despacho, sin que hasta la fecha se le haya dado tr\u00e1mite a mi solicitud inicial de fecha 27 de marzo de 2012 (\u2026). Se me comunic\u00f3 la preaprobaci\u00f3n del tr\u00e1mite el 13 de abril de 2012 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el ente acusado, con oficio de 10 de octubre de 2016 se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]e le comunica a usted peticionario que el MINISTERIO DE TRANSPORTE se sirvi\u00f3 interponer denuncia penal mediante radicado No. 110016000102201300277 del mes de junio del 2013 ante la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N donde se vio involucrado el veh\u00edculo de placas SEC861 y ciento catorce (114) veh\u00edculos m\u00e1s en virtud del informe presentado por la DIRECCI\u00d3N DE INVESTIGACI\u00d3N CRIMINAL E INTERPOL por medio del oficio N. S-2013-111373\/ADEPE (\u2026), del primero (1\u00b0) de marzo del 2013, donde presuntamente se informaba de inconsistencias relacionadas con la existencia de las denuncias, noticias criminales que (\u2026) corresponden al hurto del automotor, denunciantes que no figuran en el sistema, denuncias instauradas con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, carpetas faltantes en el archivo de la entidad, denunciantes que figuran como indiciados en procesos relacionados con estafa, falsedad en documento p\u00fablico y fraude procesal (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDe acuerdo a lo anterior y conforme a la certificaci\u00f3n emitida a trav\u00e9s de oficio No. 001801 por la FISCAL\u00cdA 56 DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL DE BOGOT\u00c1 nos vimos en la necesidad de requerir mediante oficio MT20164020435501 a la (\u2026) se\u00f1alada, para que nos suministre los respectivos soportes que acreditan la desvinculaci\u00f3n del veh\u00edculo de placas SEC861 de la etapa de investigaci\u00f3n, conforme a las labores de indagaci\u00f3n realizadas. Lo anterior, con el objeto de obtener la fundamentaci\u00f3n necesaria en la decisi\u00f3n de ingreso vehicular en el proceso de Reposici\u00f3n por Hurto del automotor de placas SEC861 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPor otra parte, estima pertinente este MINISTERIO puntualizarle a usted peticionario que una vez sea validada la informaci\u00f3n se\u00f1alada, el GRUPO DE REPOSICI\u00d3N INTEGRAL DE VEH\u00cdCULOS DE CARGA proceder\u00e1 [a] acceder a su solicitud de emitir la respectiva Certificaci\u00f3n de Cumplimiento de Requisitos que acredite la Reposici\u00f3n por Hurto del veh\u00edculo de placas SEC861, para lo cual, deber\u00e1 allegar los documentos respectivos del nuevo veh\u00edculo a ingresar (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Esa contestaci\u00f3n luce coherente y suficiente de cara a lo reclamado por el actor, pues se le indic\u00f3 el estado de la \u201creposici\u00f3n\u201d demandada y las gestiones pendientes de surtirse para otorgarla; por tanto, no se observa quebrantada la prerrogativa constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, como lo advirti\u00f3 el Tribunal, el procedimiento relativo a la \u201creposici\u00f3n\u201d de veh\u00edculos se encuentra consagrado en la Resoluci\u00f3n 7036 de 2012, debi\u00e9ndose observar el mismo en cada caso concreto y como seg\u00fan se desprende de lo informado por el Ministerio, se ha actuado con apego a esa normatividad, disponi\u00e9ndose el 16 de diciembre de 2016 seguirse con la actuaci\u00f3n respectiva, esto es, la \u201cverificaci\u00f3n del cumplimiento de requisitos\u201d, no se evidencia arbitrariedad lesiva de garant\u00edas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.        Con todo, las quejas consignadas en la impugnaci\u00f3n, relacionadas con la inviabilidad de denunciar ante la Fiscal\u00eda el \u201cfalso hurto\u201d respecto del automotor del petente; la no veracidad de la informaci\u00f3n suministrada por la cartera ministerial atacada al aducir que ha oficiado a la Secretar\u00eda de Movilidad de esta capital; y el pedimento concerniente a \u201c(\u2026) orden[ar] (\u2026) [la] exp[edici\u00f3n] del cupo de [su] veh\u00edculo de carga (\u2026)\u201d, no salen avante por constituir hechos nuevos no controvertidos por la pasiva.  <\/span><\/p>\n

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En torno a lo expuesto, esta Corte ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de cor[s]o cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u201d (CSJ STC 15 mar. 2011, rad. 00003-01) (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Como la sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n, transitoriamente se aplicaron las normas pertinentes del extinto Decreto Ley 01 de 1984, sin embargo, sobre la materia se promulg\u00f3 la Ley 1755 de 2015, cuyo art\u00edculo 1\u00b0 y ss. regulan los pertinentes plazos para contestar los requerimientos.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01    <\/span><\/p>\n

3CSJ STC 10 de mayo de 2011, Rad. 00416-01.      <\/span><\/p>\n

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