{"id":100441,"date":"2026-06-25T20:50:54","date_gmt":"2026-06-25T20:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4576-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:50:54","modified_gmt":"2026-06-25T20:50:54","slug":"stc4576-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4576-2017\/","title":{"rendered":"STC4576-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4576-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00158-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular N\u00b0 2015-00382 incoada por el aqu\u00ed promotor frente a Audifarma, sucursal ubicada en la avenida de Las Am\u00e9ricas N\u00b0 71C-29 de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de su reparo, asegura que el estrado querellado \u201c(\u2026) se neg\u00f3 a dar tr\u00e1mite a [sus] memoriales donde solicit[\u00f3] aplicar el art. 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agrega que ese despacho declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en el decurso censurado, a pesar de la inexistencia de esa figura en la citada ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, afirma que la \u201c(\u2026) Defensor\u00eda del Pueblo en Manizales (\u2026)\u201d se ha negado \u201c(\u2026) a cumplir con su (\u2026) deber de impetrar tutelas a [su] nombre (\u2026)\u201d (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Suplica, en concreto, (i) anular la finalizaci\u00f3n del asunto fustigado; (ii) proveer sobre sus manifestaciones relacionadas con los t\u00e9rminos perentorios para definir el litigio; (iii) se \u201cescanee\u201d el escrito introductor y los fallos dictados, con el fin de remit\u00edrsele tal documentaci\u00f3n a su correo electr\u00f3nico; y (iv) establecer si la \u201c(\u2026) Defensor\u00eda del Pueblo en Caldas (\u2026) viola la Ley 734 de 2002 (\u2026)\u201d (fl. 1, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)        La oficina judicial denunciada remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n criticada y asever\u00f3 que el petente no cuestion\u00f3 el auto con el cual finaliz\u00f3 el juicio (fl. 9, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 que los reparos aducidos por el promotor son ajenos a sus facultades, pues su intervenci\u00f3n en los decursos \u201c(\u2026) est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026)\u201d en el respectivo pacto de cumplimiento (fl. 6, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c)        La Defensor\u00eda del Pueblo guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada por incumplir el presupuesto de inmediatez respecto del tr\u00e1mite otorgado a los escritos con los cuales el gestor reclam\u00f3 \u201c(\u2026) la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d, pues ello se decidi\u00f3 en el caso confutado, por \u00faltima vez, el 3 de junio de 2016 y esta acci\u00f3n apenas se formul\u00f3 el 23 de febrero de 2017. A\u00f1adi\u00f3 la inviabilidad de la s\u00faplica porque el tutelante no exigi\u00f3 en ese asunto la nulidad de la terminaci\u00f3n del proceso como aqu\u00ed lo pretendi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto a la queja erigida frente a la Defensor\u00eda del Pueblo adujo su improcedencia, por cuanto el querellante ha acudido en m\u00faltiples ocasiones a esta jurisdicci\u00f3n cuestionando, igualmente, la negativa de esa autoridad a incoar auxilios represent\u00e1ndolo.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Por lo anterior y atendiendo al criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016, le impuso al accionante un salario m\u00ednimo como condena en costas en favor del Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre ello argument\u00f3:   <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a complacencia de esta Sala hasta el momento ha sido manifiesta, en cuanto se ha exculpado al accionante de acudir abusivamente al uso de este mecanismo constitucional. Y parec\u00eda haberlo entendido, en la medida en que hab\u00eda dejado de involucrar a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas. Pero vuelve, tozudamente, sin explicaci\u00f3n alguna, sin argumentos adicionales, sin razones f\u00e1cticas o jur\u00eddicas que justifiquen un nuevo estudio de la situaci\u00f3n, a plantear la misma queja contra esa entidad, que en cientos de casos ha sido ya resuelta por esta Corporaci\u00f3n y por la Corte Suprema, en primera y segunda instancia, como se anot\u00f3 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEs decir, que se dan todos los elementos para considerar temeraria la actuaci\u00f3n del demandante, en lo que a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas se refiere, siguiendo orientaciones de la Corte Constitucional, si bien existe identidad de partes, identidad de causa, identidad de objeto, y la presente actuaci\u00f3n, se repite, carece de alg\u00fan sustento que explique razonablemente, por qu\u00e9 otra vez se vincula como sujeto pasivo a quien ya ha sido absuelto, en situaciones id\u00e9nticas, en centenares de ocasiones (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEsto, aunque la misma doctrina constitucional ha morigerado la temeridad, cuando quien promueve la segunda acci\u00f3n es un sujeto que por sus condiciones es puesto en estado de ignorancia, o de especial vulnerabilidad o de indefensi\u00f3n, o cuando recibe un inadecuado asesoramiento por parte de un profesional del derecho, o cuando aparecen hechos nuevos, por cuanto en el caso que nos ocupa, se inadvierte cualquiera de esas circunstancias. Por un lado, son miles las acciones que ha propuesto el mismo accionante, con lo que es imposible hablar de su ignorancia en el tema, m\u00e1xime cuando ha sido notificado de todas las decisiones adoptadas, entre ellas, sin duda, las que han negado la protecci\u00f3n impetrada frente a la Defensor\u00eda; no ha demostrado que se halle en estado alguno de indefensi\u00f3n o vulnerabilidad; ni ha propuesto, como qued\u00f3 dicho, hechos nuevos o relevantes que puedan hacer la diferencia en este caso; adem\u00e1s, nunca ha actuado en las acciones de tutela por medio de apoderado judicial (\u2026)\u201d (fls. 28 al 32, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El petente impugn\u00f3 insistiendo en los argumentos del escrito introductor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 la inviabilidad de aplicar el desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares y repiti\u00f3 las quejas frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, regional Manizales. En torno a esto \u00faltimo a\u00f1adi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la \u00fanica tutela que la defensora, hoy tutelada ha interpuesto a mi nombre, fue una donde se solicit\u00f3 seguridad en mi vida por parte de la Polic\u00eda Nacional, en la cual por incuria de la tutelada hoy, nunca se impugn\u00f3 (\u2026). [A] esta misma Defensora se le orden\u00f3 coordinar con medicina legal un examen de capacidad mental que ordenara el Ex. Mag. Gustavo G\u00f3mez Aranguren, empero esta defensora se ha negado a cumplir la orden (\u2026) y nunca ha querido cumplir (\u2026) pese a que se lo he solicitado de manera reiterativa, insistente y persistentemente, ya que requiero dicho examen a fin que obre en acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra el M[agistrado] que orden\u00f3 esa desafortunada orden a mi contra. Solicito revocar las pretendidas costas a mi contra y se me pruebe mi temeridad y mala fe, ya que la temeridad y mala fe debe ser objetiva y nunca subjetiva, ni guiada por el genio del d\u00eda del operador judicial (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAdem\u00e1s de ello, solicito (\u2026) aplicar art 83 CN a mi bien, ya que no ser\u00eda normal que se multara en costas a un ciudadano que aparentemente tiene su capacidad mental en entre dicho, siendo as\u00ed, pido revocar las costas a mi contra (\u2026)\u201d (fl. 34, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Examinado el amparo impetrado, se colige que el promotor censura la actividad del despacho querellado porque no \u201ctramit\u00f3\u201d sus pedimentos sobre la observancia de los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 y decidi\u00f3 terminar el decurso criticado por desistimiento t\u00e1cito mediante prove\u00eddo de 5 de agosto de 2016, ratificado en sede de reposici\u00f3n el d\u00eda 17 de los mismos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La primera queja no corresponde a la realidad de lo acaecido en el juicio denunciado, pues revisadas las copias de \u00e9ste, se concluye que en prove\u00eddo de 8 de abril, reiterado el 3 de junio siguiente, se le indic\u00f3 al querellante:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) los t\u00e9rminos, etapas procesales, recursos y dem\u00e1s actuaciones propias de esta acci\u00f3n constitucional, reposan en el expediente. Estos actos procesales se encuentran a disposici\u00f3n del interesado, pudi\u00e9ndolos verificar en el momento que lo estime conveniente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, si lo criticado es la fundamentaci\u00f3n citada, la queja, como lo advirti\u00f3 el Tribunal, desconoce el requisito de inmediatez, pues entre la \u00faltima determinaci\u00f3n anotada -3 de junio de 2016- y la formulaci\u00f3n de este amparo -23 de febrero de 2017- han transcurrido m\u00e1s de ocho (8) meses, t\u00e9rmino superior al de seis (6) meses estimado por esta Corte para acudir tempestivamente a este mecanismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Tampoco prospera el segundo reparo endilgado al juzgador convocado por incumplir el preanotado requisito, dado que el desistimiento t\u00e1cito declarado en el caso confutado fue ratificado en prove\u00eddo de 17 de agosto de 2016; no obstante, el gestor concurri\u00f3 a esta v\u00eda hasta el 23 de febrero de 2017, pasados los seis (6) meses requeridos para hacerlo oportunamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, no se halla arbitrariedad en el pronunciamiento rese\u00f1ado, pues all\u00ed el juzgador criticado mantuvo la finalizaci\u00f3n del pleito bajo las siguientes elucubraciones:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) En auto de mayo 11 del cursante a\u00f1o se requiri\u00f3 al actor para que procediera a notificar a la parte demandada y efectuara la publicaci\u00f3n del aviso anunci\u00e1ndole a la comunidad el inicio del proceso, para lo cual se le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino a que hace referencia el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, requerimiento que no cumpli\u00f3. Por tal motivo hubo de declararse el desistimiento t\u00e1cito. De tal suerte que las razones por las cuales hubo de tomarse esa decisi\u00f3n han quedado suficientemente claras (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cSobre la apreciaci\u00f3n del demandante de que esta figura no est\u00e1 contemplada en las acciones populares, ha de decirse que el art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1988 se\u00f1ala que los aspectos no regulados en ella, se regir\u00e1n por las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy C\u00f3digo General del Proceso, y a ello fue a lo que el juzgado acudi\u00f3 para tomar la determinaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDe otro lado ha de se\u00f1alarse que el impulso oficioso al que se hace alusi\u00f3n en el recurso, no implica que el actor este exonerado de cubrir los gastos que se generen en el transcurso del proceso para su impulso, para ello se le requiri\u00f3 e hizo caso omiso de su responsabilidad, como consecuencia se orden\u00f3 la terminaci\u00f3n. A prop\u00f3sito, la Corte Suprema de Justicia, (\u2026) advirti\u00f3: (\u2026) \u2018La gratuidad de la justicia a la que se pliega el actor implica que el Estado no cobre por este servicio p\u00fablico esencial, salvo excepciones legales, como el arancel en ciertos casos, pero para llegar a ella se deben asumir unas responsabilidades b\u00e1sicas. Entonces, aquel malentiende este principio, as\u00ed como el de \u00aboficiosidad\u00bb, tendiente a que el juez  vele por  la   celeridad  en   la   definici\u00f3n   del   asunto y evite su par\u00e1lisis injustificada, pues ninguno de ellos habilita el comportamiento desobligante de los litigantes (\u2026) (auto de octubre 7 de 2015, proferido en la acci\u00f3n de tutela 66001-22-13-000-2015-00422-01) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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En un caso similar, esta Colegiatura conceptu\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l auto cuestionado por el que se dispuso la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular no constituye una v\u00eda de hecho, ya que lejos de ser arbitrario o abusivo, se fundament\u00f3 en la negligencia del actor en impulsarla, cit\u00e1ndose para el efecto el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, la determinaci\u00f3n criticada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia, tal como esta Corte lo ha definido en casos an\u00e1logos3. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        El reproche contra la Defensor\u00eda del Pueblo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por dos razones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero porque el solicitante no expres\u00f3 en detalle cu\u00e1les demandas de amparo se neg\u00f3 a formular en su nombre esa autoridad y en cu\u00e1l \u00e9poca; ello para explicitar los verdaderos motivos del reparo tutelar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, segundo, dado que el promotor ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n, planteando, sin ninguna diferencia, la queja endilgada a la Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Caldas-.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, si  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En varios de los asuntos impulsados por el mismo accionante contra la Defensor\u00eda querellada, esta Corte ha anotado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Establece el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 que \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa situaci\u00f3n descrita se presenta en este caso, pues, en la sentencia STC15201 de 5 de noviembre de 2015, radicado 00483-01, la Sala estudi\u00f3 un resguardo del mismo demandante Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, porque \u00abla Defensor\u00eda del Pueblo se ha negado (\u2026) a cumplir con su (\u2026) deber de impetrar tutelas a [su] nombre\u00bb, con lo cual dijo transgredirse \u00ablos derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, concluy\u00e9ndose que no pod\u00eda progresar debido a (\u2026) la ausencia de evidencia probatoria que permita colegir lesi\u00f3n de prerrogativas fundamentales por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo, pues no obra en el plenario material de convicci\u00f3n del cual se desprenda que esa entidad menoscab\u00f3 las garant\u00edas invocadas o se neg\u00f3 a formular demandas constitucionales a petici\u00f3n del aqu\u00ed solicitante (STC15201-2015) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn este asunto, como en aqu\u00e9l, se invoca \u00abel debido proceso\u00bb, presuntamente afrentado con la negativa de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas a interponer tutelas a nombre del interesado. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEntonces, ante la coincidencia en sujetos procesales, hechos y derechos, la salvaguarda resulta temeraria, toda vez que simplemente replantea un tema que previamente hab\u00eda sido sometido al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        De otro lado, se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, tal como se hizo en reciente oportunidad7, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a: \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El sustento  normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales (\u2026)\u201d8.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u201c(\u2026) se aplica cuando \u2018fundadamente\u2019 se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad (\u2026)\u201d9, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, al margen de lo expresado en otros resguardos, donde esta Corte ha concedido la protecci\u00f3n frente a quejas de iguales perfiles, por no agotarse un tr\u00e1mite previo a imponer una sanci\u00f3n pecuniaria por temeridad10, en este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016, donde indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) en lo relacionado con que la Defensor\u00eda del Pueblo \u00abse niega a impetrar tutelas y acciones populares a mi nombre, pese a solicitarlo de manera verbal y escrita incumpliendo su deber funci\u00f3n\u00bb, advierte la Corte que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga ha presentado en m\u00faltiples ocasiones id\u00e9ntico argumento, lo que ha sido resuelto incontables veces y, pese a ello, todav\u00eda insiste tozudamente en tal reproche; por solo brindar algunos ejemplos, est\u00e1n las providencias CSJ STL, 21 sep. 2016, rad. 44634, CSJ STC15439-2016, 28 oct. 2016, rad. 00877-01, CSJ STC15314-2016, 26 oct. 2016, rad. 02899-00, \u00faltima que reiter\u00f3 la CSJ STC14565-2016, 12 oct. 2016, rad. 02887-00 con el fin de resaltar que igual cuestionamiento fue resuelto con anterioridad y en esa medida [se] declar\u00f3 la temeridad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPor (\u2026) lo anterior, la Sala declarar\u00e1 la improcedencia de la tutela dado que la actuaci\u00f3n del actor se configura en lo descrito en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, adem\u00e1s de imponer las costas establecidas en el precepto 25 ib\u00eddem, que expresamente se\u00f1ala que \u00abSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb, suma que ser\u00e1 tasada en cuant\u00eda de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente y estar\u00e1 a cargo de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, el cual se identifica con C.C. 10.141.947. Los dineros deber\u00e1n ser pagados a favor de la Naci\u00f3n \u2013 Consejo Superior de la Judicatura, Banco Agrario, cuenta DTN multas y cauciones efectivas No. 3-0070-000030-4 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Finalmente, en torno a los reparos contenidos en la impugnaci\u00f3n, referentes a la supuesta negligencia de la Defensor\u00eda del Pueblo para impugnar un resguardo tutelar y llevar a cabo el examen m\u00e9dico ordenado al promotor en otro decurso, se verifica el fracaso del resguardo porque esas acusaciones constituyen hechos nuevos no controvertidos por la pasiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo expuesto, esta Corte ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de cor[s]o cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u201d (CSJ STC 15 mar. 2011, rad. 00003-01) (\u2026)\u201d11.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        En cuanto a los pedimentos relativos a \u201cescane[ar] copia\u201d de los fallos proferidos en este asunto y de la \u201ctutela\u201d, se ordenar\u00e1 por secretar\u00eda remitir esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado y a su costa expedir la reproducci\u00f3n de las dem\u00e1s piezas procesales solicitadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s fotocopias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. Civil Sentencia de tutela 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ, STC 6501 de 23 de mayo de 2014, exp. 2014-00091-01, reiterado    <\/span><\/p>\n

3 CSJ, Civil. Sentencia STC6501 de 23 de mayo de 2014, exp. 2014-00091-01; reiterada en Sala de 7 de diciembre de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-01012-01.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01.    <\/span><\/p>\n

6 CSJ. STC de 12 de mayo de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-00391-01    <\/span><\/p>\n

7 CSJ. STC adoptada en Sala de 22 de marzo de 2017, exp. 66001-22-13-000-2017-00105-01    <\/span><\/p>\n

8 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

10 CSJ. STC de 1\u00b0 de diciembre de 2016, exp. 11001-22-03-000-2016-02342-01    <\/span><\/p>\n

11CSJ STC 10 de mayo de 2011, Rad. 00416-01.      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente         STC4576-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00158-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100441","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100441"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100441\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}