{"id":100448,"date":"2026-06-25T20:51:39","date_gmt":"2026-06-25T20:51:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4584-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:51:39","modified_gmt":"2026-06-25T20:51:39","slug":"stc4584-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4584-2017\/","title":{"rendered":"STC4584-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4584-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00707-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.           La accionante a trav\u00e9s de gestor judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias proferidas en ambas instancias al interior del proceso declarativo de responsabilidad civil contractual que promovi\u00f3 en contra de Alfonso Aristizabal Gallo.  <\/span><\/p>\n

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Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se \u00abrevo[quen] (\u2026) la[s] sentencia[s] del 01 de diciembre de 2.016 del Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil Familia de Buga y (\u2026) la sentencia n\u00famero 011 del 11 de abril de 2.106 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira\u00bb (fl. 5).  <\/span><\/p>\n

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2.   Como sustento f\u00e1ctico de su reclamo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que a trav\u00e9s del litigio referido en l\u00edneas anteriores, pretendi\u00f3 que se declarara civil y contractualmente responsable al demandado, por el incumplimiento del \u00abcontrato verbal de arrendamiento de local comercial\u00bb que suscribi\u00f3 con ella y que rigi\u00f3 entre el 1\u00ba de febrero de 2004 y el 5 de noviembre de 2014, donde funcion\u00f3 un establecimiento de comercio de su propiedad denominado \u00abRESTAURANTE MARINELA\u00bb; sin embargo, asevera, a trav\u00e9s de las providencias mencionadas con antelaci\u00f3n, las instancias judiciales accionadas negaron lo pretendido, al declarar probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por activa de manera oficiosa, desconociendo con ello, dice, la prueba documental aportada que daba cuenta de la existencia del citado convenio, sumado a que \u00absobrepasaron el l\u00edmite de credibilidad legal asignado a los interrogatorios de las partes, los cuales s\u00f3lo pueden recaer sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que las aludidas autoridades incurrieron en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico (fls. 1 a 6).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 17 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 24).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  La titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, luego de compendiar las actuaciones que se han surtido hacia el interior del juicio declarativo que se debate, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con fundamento en que \u00abno encuentr[a] configurada la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte del despacho\u00bb y, por el contrario, \u00ablas decisiones han sido tomadas con fundamentos legales doctrinales pertinentes y el tr\u00e1mite se sujet\u00f3 estrictamente a las prescripciones legales que rige este tipo de tr\u00e1mite\u00bb (fls. 38 y 39).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.  El magistrado ponente de la segunda de las decisiones criticadas, se limit\u00f3 a manifestar que \u00ab[s]e remite a esas actuaciones, pues al fin y al cabo ellas constituyen la \u00fanica explicaci\u00f3n posible del proceder de la Sala\u00bb (fl. 51).  <\/span><\/p>\n

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c.  Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por la se\u00f1ora \u00c1ngela Mar\u00eda Vallejo Torres, resulta improcedente, pues las determinaciones emitidas el 11 de abril y 1\u00ba de diciembre de 2016, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, respectivamente, por medio de las cuales se resolvi\u00f3, en su orden, \u00abDECLARAR PROBADA de oficio la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y \u00abCONFIRMA[R] la [anterior] sentencia\u00bb (fls. 8 a 20), dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil contractual que aqu\u00e9lla promovi\u00f3 en contra de Alfonso Aristizabal Gallo, tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esas decisiones en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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3.    En efecto, al examinarse las aludidas providencias se advierte que, en ning\u00fan momento, las instancias judiciales accionadas incurrieron en una valoraci\u00f3n inadecuada de los elementos materiales probatorios recaudados en el citado juicio, pues, por el contrario, en lo que respecta al Juzgado acusado, se observa que su titular, a punto de decidir sobre la falta de legitimaci\u00f3n por activa declarada de oficio, se ampar\u00f3 en tales medios de convicci\u00f3n, los cuales analiz\u00f3 de forma razonable a la luz de las reglas de valoraci\u00f3n probatoria dispuestas por la ley adjetiva civil, ejercicio que realiz\u00f3, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u00abDe acuerdo con estos conceptos, previa revisi\u00f3n del expediente, resulta pertinente observar c\u00f3mo en el sublite se reclama una indemnizaci\u00f3n de perjuicios por raz\u00f3n de un incumplimiento contractual de arrendamiento habido entre la demandante y su demandado, contrato que nuestra legislaci\u00f3n no tiene previsto como solemne, luego puede asumir la forma verbal o escrito, pero en todo caso debe ser probada su existencia bajo el principio de la carga probatoria que nuestro sistema procesal tambi\u00e9n prev\u00e9. Esto es que cada parte debe acreditar sus afirmaciones de hecho para lograr el efecto jur\u00eddico perseguido por ella.  <\/span><\/p>\n

Al respecto se debe decir desde ya que no obra prueba escrita por la cual se pueda determinar que quienes hoy fungen como contrapartes hayan suscrito un contrato de arrendamiento, que en este sentido coinciden las afirmaciones hechas por la se\u00f1ora VALLEJO TORRES y el se\u00f1or ARISTIZABAL GALLO dentro de las declaraciones evacuadas en la audiencia del art\u00edculo 101 del C.P.C. (folios 503 al 505) luego esa opci\u00f3n se debe descartar. En su lugar, existe prueba escrita de un contrato de arrendamiento suscrito desde el 28 de febrero del 2002 con vigencia hasta el 5 de noviembre de 2013, entre el hoy demandado y los se\u00f1ores DIEGO CAICEDO, JOS\u00c9 LU\u00cdS HOYOS, MAURICIO DE FRANCISCO y JES\u00daS ARMANDO CAICEDO (esposo de la demandante) contrato que versa sobre dicho establecimiento y en el que en forma expresa en la cl\u00e1usula primera se anot\u00f3 que se da en arrendamiento un establecimiento comercial llamado PARADOR MARINELA destinado a restaurante y de propiedad del arrendador ALFONSO ARISTIZABAL GALLO, se especifica adem\u00e1s la ubicaci\u00f3n del mismo y se incluye un anexo contentivo de los elementos que lo integran (\u2026), con lo cual se denota que en efecto no se arrend\u00f3 tan solo un local sino un establecimiento de comercio propiamente dicho a saber restaurante.  <\/span><\/p>\n

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Debemos evaluar y considerar enseguida la existencia de un contrato verbal de arrendamiento de local y\/o del restaurante MARINELA. Al respecto se observa desde ya que seg\u00fan la demandante dicho establecimiento le pertenece y as\u00ed lo escribi\u00f3 en C\u00e1mara de Comercio para cuya acreditaci\u00f3n alleg\u00f3 certificado (\u2026) visto a folios 4,5, sin embargo dentro del interrogatorio de parte ya mencionado al responder la pregunta No. 17 indic\u00f3 que dicha figuraci\u00f3n en c\u00e1mara fue producto de acuerdo con DIEGO CAICEDO, MAURICIO DE FRANCISCO y JES\u00daS ARMANDO CAICEDO, quien resulta ser su esposo, situaci\u00f3n que le resta credibilidad al se\u00f1alamiento de propietaria aducido.  <\/span><\/p>\n

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Se observa que las pretensiones de su calidad de arrendataria se aducen en el hecho de haber ella administrado por varios a\u00f1os el mencionado restaurante y tener a su nombre varios recibos de pago de arrendamiento, sin embargo de acuerdo con la contestaci\u00f3n de la demanda se ripost\u00f3 afirmando que se tiene conocimiento que los mencionados 4 arrendatarios se distribuyeron por tiempos la administraci\u00f3n del establecimiento tomado en alquiler, que en la media que el doctor JES\u00daS ARMANDO CAICEDO, de profesi\u00f3n m\u00e9dico, no lo pod\u00eda hacer, s\u00ed lo hac\u00eda su esposa las se\u00f1ora VALLEJO TORRES, situaci\u00f3n que concuerda con la respuesta dada por dicha se\u00f1ora a las preguntas 5, 6 , 7, 8 y 9 del interrogatorio de parte (folio 503 vto) cuando se\u00f1al\u00f3 que en efecto por tiempos 2003 a 2007 y luego a 2013 se alternaron la administraci\u00f3n del mencionado negocio y se compartieron las utilidades, adem\u00e1s se enviaban la rendici\u00f3n de cuentas, con las debidas variaciones en cuanto que en una \u00e9poca determinada se retir\u00f3 el se\u00f1or HOYOS y luego el se\u00f1or DE FRANCISCO a quien se le dio una compensaci\u00f3n por derecho sociales equivalente a $25.000.000. Dichas afirmaciones permiten asumir que no existe tal relaci\u00f3n contractual aducida por la demandante, la cual neg\u00f3 su contraparte, sino que su participaci\u00f3n en el manejo del mencionado restaurante corresponde a la ejecuci\u00f3n del contrato de alquiler acreditado por la parte pasiva\u00bb (fls. 33 a 43).  <\/span><\/p>\n

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Inferencia que reforz\u00f3 al se\u00f1alar:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno tiene raz\u00f3n de ser la respuesta y justificaci\u00f3n dada al contestar la pregunta 16 por parte de la se\u00f1ora VALLEJO TORRES en cuanto dice que el establecimiento estaba a nombre de ella y lo otro era una sociedad entre amigos desde el a\u00f1o 2004. No tiene aceptaci\u00f3n que si ella \u00fanica arrendataria y \u00fanica propietaria del establecimiento en menci\u00f3n, haya aceptado compartir sus utilidades y rendir cuentas a una sociedad de hecho que seg\u00fan da a entender es ajena al negocio en menci\u00f3n, en ese mismo sentido contest\u00f3 las preguntas dentro del statu quo (folio 347 a 350) m\u00e1xime si se hace consideraci\u00f3n que de acuerdo con el registro en C\u00e1mara de Comercio y lo informado por ella al reportar sus generales de ley indic\u00f3 ser comerciante, calidad que por s\u00ed, resulta ajena al esp\u00edritu altruista de las personas civiles.  <\/span><\/p>\n

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Se debe observar que lo dicho en el interrogatorio de parte rendido en este proceso concuerda con las aseveraciones recaudadas dentro del proceso de statu quo anexo en el cuaderno 1B de este expediente en el cual los testigos (328 a 332 statu quo) que comparecieron indicaron ser trabajadores del mencionado establecimiento y coincidieron en se\u00f1alar que en efecto la administraci\u00f3n del mencionado negocio se alternaba entre la demandante, el se\u00f1or DIEGO CAICEDO y el se\u00f1or DE FRANCISCO.  <\/span><\/p>\n

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En su lugar tenemos que el demandado ARISTIZABAL GALLO fue consistente tanto al contestar esta demanda como al rendir el interrogatorio de parte ante este juzgado que no existi\u00f3 tal contrato, as\u00ed mismo se pronunci\u00f3 al declarar ante el se\u00f1or inspector de polic\u00eda (folios 322, 323) que en ese sentido su aseveraci\u00f3n coincide con la del se\u00f1or DIEGO CAICEDO, quien no obstante ser su yerno debe ser asumido con credibilidad dentro de este asunto en el que se debate una relaci\u00f3n de comercio y trabajo en el que de una parte existe un grupo de personas con rasgos de parentesco entre s\u00ed.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas se debe asumir que si el cambio de administraci\u00f3n del mencionado restaurante gener\u00f3 o no una causaci\u00f3n de perjuicios por haber terminado dicho contrato en forme debida o no, no es la se\u00f1ora VALLEJO TORRES la legitimada para solicitar dicha compensaci\u00f3n toda vez que no se prob\u00f3 su calidad de arrendataria sino su participaci\u00f3n administrativa por ser la c\u00f3nyuge de uno de los inquilinos que como coarrendatarios contrataron por escrito con el demandado, su calidad qued\u00f3 clara que depende de su v\u00ednculo conyugal con el se\u00f1or JES\u00daS ARMANDO CAICEDO\u00bb (fls. 8 a 12).  <\/span><\/p>\n

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4.    Por otra parte, el Tribunal criticado al estudiar los dos reproches expuestos por la demandante, aqu\u00ed accionante, en el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la anterior decisi\u00f3n, los mismos que expuso en el escrito de tutela, los refut\u00f3 tambi\u00e9n, con apoyo en las memoradas pruebas, se\u00f1alando frente al primero, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl fundamento toral del presente reparo (a saber, que el contrato de arrendamiento sobre el cual descansan las pretensiones de la demanda fue consecuencia o \u201cproducto\u201d [de la terminaci\u00f3n] del \u00fanico contrato de arrendamiento que el juzgado a-quo reput\u00f3 acreditado en el proceso) parte de un supuesto f\u00e1ctico no planteado en la demanda. Y desde esa sola perspectiva est\u00e1 llamado al fracaso, desde luego que no podr\u00eda el Tribunal sorprender al demandado con una decisi\u00f3n de segunda instancia fincada en un hecho que la demandante apenas vino a aducir al impugnar el fallo de primer grado, y que por ende aquel no tuvo la oportunidad de contradecir.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien: aunque se prescindiera de lo anterior \u2013y se fijara exclusivamente la atenci\u00f3n en el planteamiento seg\u00fan el cual existe prueba plena en el expediente del contrato verbal que la demandante afirma haber suscrito con el demandado- la suerte del reparo subex\u00e1mine seguir\u00eda siendo la misma, pues de los 79 recibos de pago de arrendamiento que la actora alleg\u00f3 con la demanda (los que a su juicio constituyen plena prueba del multicitado contrato de arrendamiento) solo 14 est\u00e1n expedidos a su nombre; los dem\u00e1s fueron expedidos a nombre de RESTAURANTE MARINELLA. Y entre dichos recibos aparece una comunicaci\u00f3n fechada a 13 de noviembre de 2013 que el demandado envi\u00f3 a los se\u00f1ores DIEGO CAICEDO ALVAREZ y JESUS ARMANDO CAICEDO ALVAREZ a trav\u00e9s de la demandante (bajo la f\u00f3rmula \u201cAtt. Angela Maria Vallejo\u201d), en la cual se dirige a los primeros como arrendatarios para reintegrar una suma de dinero, y a la segunda como la persona que \u201c\u2026estuvo dirigiendo la administraci\u00f3n del establecimiento por cuenta de los arrendatarios\u2026\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Lo que, sumado a las respuestas que dicha se\u00f1ora brind\u00f3 a las preguntas n\u00fameros 5, 6, 7, 8 y 9 del interrogatorio de parte al que fue sometida durante la fase instructiva del proceso, al matiz de las cuales (A) durante los a\u00f1os 2002 a 2013 administr\u00f3 alternadamente (con MURILLO DE FRANCISCO, JOSE LUIS HOYOS Y DIEGO CAICEDO) el RESTAURANTE MARINELLA \u201cpor periodos (\u2026) porque mi esposo no pod\u00eda, entonces yo lo representaba\u2026\u201d; (B) \u201cten\u00edamos participaciones todos los anteriores, entonces nos turn\u00e1bamos\u2026\u201d; y (C) cada tres meses se repart\u00edan las utilidades, permite concluir, como lo hizo la sentenciadora a-quo, que la se\u00f1ora VALLEJO TORRES no prob\u00f3 haber suscrito el contrato de arrendamiento cuya terminaci\u00f3n abrupta e ilegal sustenta sus pretensiones indemnizatorias.  <\/span><\/p>\n

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Corolario que ninguna alteraci\u00f3n experimenta ante la existencia de dos (2) cartas dirigidas por el demandado a la demandante el 3 de marzo de 2005 y el 2 de marzo de 2006 comunic\u00e1ndole el incremento del canon de arrendamiento, pues si seg\u00fan viene verse durante diversas \u00e9pocas \u00e9sta fungi\u00f3 como administradora, apenas es l\u00f3gico que a ella se le hubiesen dirigido esas dos (2) comunicaciones\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Mientras que en relaci\u00f3n al segundo, el cual se ci\u00f1\u00f3 a que el convenio que se hall\u00f3 probado no le era oponible de acuerdo a los art\u00edculos 28, 29 y 30 del C\u00f3digo de Comercio y, por ende, el \u00fanico v\u00e1lido era el invocado por la demandante, precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn la formulaci\u00f3n de este reparo se incurre nuevamente en el yerro de aducir hechos que no fueron expuestos en la demanda, circunstancia que \u2013so capa de desnaturalizar in r\u00e1dice el principio de la congruencia- impide su abordaje en esta instancia superior.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, aun dejando de lado esa limitaci\u00f3n, lo cierto es que ninguna de las tres disposiciones legales citadas en apoyo de esos argumentos sobrevinientes consagra lo que la censura propone, esto es, que un contrato \u2013como el de arrendamiento- que no transfiere la propiedad de un establecimiento de comercio, o de sus sucursales, ni modifica la administraci\u00f3n de \u00e9stos, y tampoco revoca o modifica la administraci\u00f3n \u201c\u2026parcial o general de bienes o negocios del comerciante\u2026\u201d, deba inscribirse en el registro mercantil, so pena de ineficacia frente a terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No solo eso: avanzando en el campo hipot\u00e9tico antes propuesto, no se ve como una eventual ineficacia del contrato de arrendamiento al que alude la censura pueda despuntar, sin m\u00e1s, en la prueba de un segundo contrato, de la misma laya, cuya existencia, seg\u00fan l\u00edneas atr\u00e1s se dej\u00f3 explicitado, la propia demandante se encarg\u00f3 de desvirtuar en su declaraci\u00f3n de parte\u00bb (fls. 13 a 20).   <\/span><\/p>\n

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5.        Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor las autoridades judiciales acusadas hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, las decisiones cuestionadas est\u00e1n soportadas en argumentos s\u00f3lidos y en una apreciaci\u00f3n razonable del material probatorio recaudado, los cuales detallan las razones por las cuales no se hall\u00f3 demostrado el contrato alegado por la tutelante, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las rese\u00f1adas providencias se hubiera incurrido en la causal de procedencia del amparo denunciada, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a ellas, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada \u00faltimamente, entre otros, en STC2443-2017, STC2847-2017, STC3231-2017 y STC2999-2017).  <\/span><\/p>\n

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6.         Por todo lo dicho, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC4584-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00707-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-            ANTECEDENTES      1.           […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100448","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100448"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100448\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}