{"id":100454,"date":"2026-06-25T20:52:34","date_gmt":"2026-06-25T20:52:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4590-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:52:34","modified_gmt":"2026-06-25T20:52:34","slug":"stc4590-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4590-2017\/","title":{"rendered":"STC4590-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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STC4590-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00369-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Richard Alexis Pardo Z\u00e1rate contra el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito, y, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Zona Sur, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Bucaramanga y las partes de las ejecuciones a que hace alusi\u00f3n el escrito de tutela.   <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional y la entidad convocada, dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el se\u00f1or Edgar Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez inici\u00f3 en contra de los se\u00f1ores Huber Yara Barrag\u00e1n y Diocelina Nossa G\u00f3mez.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que de manera principal se ordene al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00abdej[ar] sin efecto el mandamiento de pago del proceso ejecutivo [criticado], y en su lugar [le imparta] tr\u00e1mite de (\u2026) ejecutivo singular\u00bb, o en subsidio, que se ordene a \u00e9ste y a la Oficina de Registro de Instrumentos p\u00fablicos de la misma ciudad \u2013 Zona Sur, \u00abanular la anotaci\u00f3n Nro. 12 de fecha 17 de noviembre de 2016 por medio de la cual se cancel\u00f3 la medida de embargo decretada por el Juzgado 17 Civil Municipal de Bucaramanga, dentro del proceso ejecutivo singular radicado 2012-554, [que promovi\u00f3] en contra de los [ejecutados en la aludida actuaci\u00f3n]\u00bb, y como consecuencia de ello, que \u00ab[le] otorgue[n] al mismo prelaci\u00f3n sobre el embargo decretado dentro del [juicio] hipotecario\u00bb (fl. 12, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que en el mes de julio de 2012, inici\u00f3 la ejecuci\u00f3n mencionada con antelaci\u00f3n, la cual correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga, quien libr\u00f3 orden de apremio contra los ejecutados y decret\u00f3 el embargo y secuestro de un bien inmueble de propiedad de \u00e9stos, el cual ten\u00eda registrado una hipoteca a favor del se\u00f1or Edgar Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, lo que motivo al Despacho a ordenar la notificaci\u00f3n de \u00e9ste para que hiciera valer sus derechos, actuaci\u00f3n que se surti\u00f3 el \u00ab29 de abril de 2014\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Expresa que agotadas las etapas siguientes del proceso, mediante providencia del 25 de agosto de 2014, se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, raz\u00f3n por la que se remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de la citada capital, quien a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 21 de octubre de 2016, fij\u00f3 para el 2 de febrero de 2017 el remate del bien objeto de litigio; sin embargo, dice, al tratar de aportar actualizado el certificado de tradici\u00f3n de \u00e9ste, como lo ordena la ley, se enter\u00f3 que la medida cautelar establecida a su favor \u00abfue cancelada, para en su defecto registrar el embargo decretado en el proceso ejecutivo hipotecario radicado 2014-664\u00bb, promovido por la prenombrada persona contra los ejecutados, el cual se tramita ante el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, circunstancia que gener\u00f3  que no se efectuara la almoneda.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente sostiene, que la actuaci\u00f3n desplegada por la citada oficina judicial \u00abconstituye un error judicial\u00bb susceptible de ser corregido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, ya que es \u00abcompletamente irregular\u00bb y \u00abviolatoria de [su] derecho fundamental al debido proceso\u00bb, en tanto que no solo se desconocieron los art\u00edculos 539 y 540 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sino tambi\u00e9n los c\u00e1nones 462 y 463 del C\u00f3digo General del Proceso, en la medida que se dio prelaci\u00f3n al acreedor hipotecario cuando \u00e9ste hab\u00eda dejado pasar las oportunidades de ley para hacer valer su garant\u00eda, vulneraci\u00f3n que tambi\u00e9n se predica, asegura, de la oficina de registro accionada, quien \u00abdesconoci\u00f3 el mandato del art\u00edculo 486.6 del [citado Estatuto Procesal] que le ordenaba que simult\u00e1neamente con la inscripci\u00f3n del embargo hipotecario y la [referida] cancelaci\u00f3n (\u2026), diera inmediatamente informe de ello al juez que lo decret\u00f3\u00bb, omisi\u00f3n que, afirma, \u00ab[l]e neg\u00f3 la posibilidad de solicitar oportunamente la nulidad de la actuaci\u00f3n judicial o de interponer acci\u00f3n de tutela para la protecci\u00f3n de [sus] derechos\u00bb, para que se pudiera evacuar la almoneda en la fecha programada (fls. 9 a 13, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  El Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de la Zona Sur de Bogot\u00e1, luego de rese\u00f1ar las actuaciones que ha desplegado con ocasi\u00f3n de la medida de embargo decretada en la ejecuci\u00f3n con t\u00edtulo hipotecario cuestionada, entre las cuales destac\u00f3 las anotaciones No. 12 y 13 del 17 de noviembre de 2016, por medio de las cuales se cancel\u00f3 la cautela decretada en favor del accionante y se registr\u00f3 la mencionada con antelaci\u00f3n, as\u00ed como los oficios No. 50S2016EE37862 de 19 de diciembre de 2016 y 50S2017EE05930 de 17 de febrero hoga\u00f1o, mediante los cuales dio informaci\u00f3n de las aludidas anotaciones a los despachos donde se emitieron aqu\u00e9llas, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con fundamento en que \u00abha obrado bajo los par\u00e1metros legales y constitucionales; y dentro de la eficacia y eficiencia que se le exige\u00bb (fls. 61 a 65, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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b.  La titular del Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad, se limit\u00f3 a resumir las acciones que ha efectuado al interior del rese\u00f1ado juicio compulsivo, siendo la \u00faltima de ellas el requerimiento que realiz\u00f3 a la parte demandante para que notifique la orden de apremio librada a los demandados, sin hacer manifestaci\u00f3n alguna frente a lo aqu\u00ed pretendido por el tutelante (fls. 42 y 48, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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d.   Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio.    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el presente asunto, el actor pretende que se declare la invalidez del mandamiento de pago dictado dentro del proceso cuestionado y, adem\u00e1s, [que] se ordene la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n 12, efectuada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien involucrado; entre otros, t\u00e9rminos, est\u00e1 cuestionando, al margen de la raz\u00f3n esgrimida y la validez de la misma, las actuaciones cumplidas dentro de un litigio del que no hace parte, en la medida en que no integra el v\u00ednculo sustancial; tampoco ha logrado su ingreso por alguno de los mecanismos previstos en la ley procesal civil.  <\/span><\/p>\n

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Sin duda, el accionante no tiene el grado de legitimaci\u00f3n para promover enmienda alguna o gestar correcci\u00f3n de cualquier naturaleza en el proceso hipotecario radicado No. 2014-00664 de Edgar Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez contra Huber Yara Barrag\u00e1n y Diocelina Nossa G\u00f3mez, adelantado en el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, pues, it\u00e9rase, no es parte del mismo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A lo cual agreg\u00f3, que   <\/span><\/p>\n

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\u00ablos debates cualquiera que sea su naturaleza, alrededor de un determinado tr\u00e1mite o actuaci\u00f3n judicial, deben surtirse dentro del proceso correspondiente y, como el mismo actor lo reconoce, ni siquiera ha concurrido ante la Juez 47 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, accionada en este tr\u00e1mite, a vindicar sus derechos, lo que evidencia una incontrovertible transgresi\u00f3n a uno de los pilares de la acci\u00f3n de tutela como lo es la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, ante la funcionaria acusada no se ha puesto en consideraci\u00f3n ninguna solicitud formal respecto a la ejecuci\u00f3n adelantada o la cautela ordenada, luego mal puede el accionante denunciar una vulneraci\u00f3n de su debido proceso cuando no ha acudido a las mismas leyes que lo gobiernan para salvaguardar el derecho que aqu\u00ed denuncia como violentado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y finalmente se\u00f1al\u00f3, que    <\/span><\/p>\n

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\u00abde una parte, objetivamente, los funcionarios acusados han cumplido, a cabalidad, lo previsto en las normas invocadas alusivas a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y de cautelas. De otra, los t\u00e9rminos o la oportunidad previstos en las normas procesales no han finiquitado el derecho del petente para gestionar las decisiones que a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional, est\u00e1 pretendiendo\u00bb (fls. 69 a 79, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, esgrimiendo los mismos reparos que expuso como sustento de la presente queja constitucional (fls. 84 a 87, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal instrumento de protecci\u00f3n, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Carta, es de car\u00e1cter residual y subsidiario porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Acorde con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 estableci\u00f3 como causal de improcedencia, la de disponer el interesado de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara de forma provisional para evitar un da\u00f1o que no pudiera corregirse, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos instrumentos ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.     Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Richard Alexis Pardo Z\u00e1rate, de entrada se anuncia que el fallo cuestionado habr\u00e1 de ratificarse, pues, tal como lo indic\u00f3 el a quo constitucional, el amparo suplicado no cumple el presupuesto de procedibilidad general de la subsidiariedad, toda vez que el reclamante dispone de otro medio de defensa id\u00f3neo y eficaz para defender el derecho que aduce tener por cuenta del cr\u00e9dito que persigue dentro de la ejecuci\u00f3n que inici\u00f3 en contra de los se\u00f1ores Huber Yara Barrag\u00e1n y Diocelina Nossa G\u00f3mez, como lo es acudir al proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el se\u00f1or Edgar Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez promovi\u00f3 en contra de las prenombradas personas para hacerlo valer, conforme al inciso 5\u00ba del art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso1, el cual se\u00f1ala que \u00ab[e]l demandante del proceso cuyo embargo se cancela, podr\u00e1 hacer valer su derecho en el otro proceso dentro de la oportunidad se\u00f1alada en el inciso primero del numeral 4. En tal caso, si en el primero se persiguen m\u00e1s bienes, se suspender\u00e1 su tr\u00e1mite hasta la terminaci\u00f3n del segundo, una vez que en aqu\u00e9l se presente copia de la demanda y del mandamiento de pago\u00bb (Resalto de la Sala), ello si en cuenta se tiene, que el legislador en el citado canon dispuso de una posibilidad para que las personas que se encuentran en la situaci\u00f3n narrada por el accionante puedan, mediando el tr\u00e1mite respectivo, reclamar el derecho que les asista, claro est\u00e1, acreditando los supuestos f\u00e1cticos en que fundan su solicitud.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, toda vez que del informe rendido por el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, donde actualmente se tramita la ejecuci\u00f3n cuestionada, se advierte que a los demandados a\u00fan no se les ha notificado el mandamiento de pago, acto procesal a partir del cual comienza a contabilizarse el t\u00e9rmino al que alude la norma en comento (10 d\u00edas), raz\u00f3n por la que el peticionario, se reitera, debe acudir al mecanismo que el procedimiento le otorga con el prop\u00f3sito de conseguir los fines que pretende por esta v\u00eda.      <\/span><\/p>\n

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3.   Resulta ostensible, entonces, que si el tutelante no ha agotado todos los recursos que le brinda el ordenamiento, no puede pretender a trav\u00e9s de este mecanismo especial\u00edsimo que se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s del mecanismo judicial, que se itera, a\u00fan no ha formulado, teniendo en cuenta que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC, 13 dic. 2012, Rad. 00201-01, reiterada \u00faltimamente en STC2488-2016, STC12260-2016 y STC3057-2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.    As\u00ed mismo, cabe arg\u00fcir, que lo anterior se refuerza con el hecho de que las actuaciones aqu\u00ed cuestionadas no lucen arbitrarias o antojadizas, pues se ajustan a la normatividad procesal aplicable al asunto, donde no resultan atendibles los art\u00edculos 462 y 463 de la aludida codificaci\u00f3n, echados de menos por el accionante, por expresa prohibici\u00f3n del par\u00e1grafo contenido en el canon citado l\u00edneas atr\u00e1s2.   <\/span><\/p>\n

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5.   Por tanto, como delanteramente se anunci\u00f3, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Vigente desde el 20 de agosto de 2013, de acuerdo con el art\u00edculo 91 de la Ley 1676 de 2013, \u201c[p]or la cual se promueve el acceso al cr\u00e9dito y se dictan normas sobre garant\u00edas mobiliarias.\u201d    <\/span><\/p>\n

2 \u201cEn los procesos de que trata este art\u00edculo no se aplicar\u00e1n los art\u00edculos 462, 463 y 600.\u201d      <\/span><\/p>\n

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