{"id":100456,"date":"2026-06-25T20:52:59","date_gmt":"2026-06-25T20:52:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4592-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:52:59","modified_gmt":"2026-06-25T20:52:59","slug":"stc4592-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4592-2017\/","title":{"rendered":"STC4592-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4592-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00084-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de marzo de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acci\u00f3n de amparo, promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcadas por la autoridad jurisdiccional accionada, al proferir sentencia dentro de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-00240-00, sin tener en cuenta, dice, que carec\u00eda de competencia.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, declarar \u00abla nulidad del fallo\u00bb, con sustento en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 1 y 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que aunque transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o desde que se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n de la entidad demandada al interior del asunto referido en l\u00edneas anteriores, el Despacho convocado dict\u00f3 sentencia de fondo, desconociendo con ello, asegura, que seg\u00fan la citada norma del C. G. del P., ya no era competente para ello, motivo por cual acude al presente mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de la garant\u00eda superior invocada (ib.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a).        La Procuradora Regional de Risaralda, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, luego de aclarar que la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales del gestor es ajena a su competencia, pues su intervenci\u00f3n en este tipo asuntos \u00abest\u00e1 orientada a verificar (\u2026) la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb en caso de suscribirse el correspondiente pacto de cumplimiento (fl. 9, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b).        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia de las actuaciones surtidas dentro de la acci\u00f3n constitucional objeto de reproche (fl. 12. \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).        El Banco de Occidente por intermedio de su representante legal para asuntos judiciales, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda rogada, tras se\u00f1alar que el aqu\u00ed inconforme incumpli\u00f3 las cargas procesales al interior del tr\u00e1mite censurado, y omiti\u00f3 no s\u00f3lo asistir a la audiencia de pacto de cumplimiento, sino adem\u00e1s, recurrir las actuaciones cuestionadas; de otro lado indic\u00f3, que la finalidad de las acciones p\u00fablicas promovidas por el se\u00f1or \u00c1rias Id\u00e1rraga es \u00abmeramente econ\u00f3mic[a]\u00bb (fl. 13, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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d).   La Personera Municipal de Pereira y la Alcald\u00eda de la misma urbe, coincidieron en indicar, aunque en escritos separados, que las inconformidades del promotor son ajenas a sus competencias, pues versan sobre aspectos netamente judiciales (fls. 18 a 20, 22 y 23, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por incumplir con el requisito general de la subsidiariedad, pues el gestor \u00abpretermiti\u00f3 agotar el recurso de reposici\u00f3n (Art\u00edculo 39, Ley 472), frente al auto que rechaz\u00f3 la nulidad, cuando ese era el mecanismo ordinario y expedito que ten\u00eda para procurar que el estrado judicial accionado reconsiderara aquella determinaci\u00f3n y analizara la posibilidad de declarar la incompetencia\u00bb, de acuerdo con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y nada \u00abarguy\u00f3 y menos acredit\u00f3\u00bb, referente a que es una \u00abpersona que requiere protecci\u00f3n reforzada o que estaba en imposibilidad para recurrir el mencionado\u00bb prove\u00eddo (fls. 41 a 43, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el promotor, sin expresar las razones de su inconformidad (fl. 47, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor se dirige, puntualmente, contra la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2016, mediante la cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira declar\u00f3 la \u00abimprocedencia\u00bb de la acci\u00f3n p\u00fablica identificada con el consecutivo 2015-00240-00, promovida por \u00e9ste frente a la sucursal del Banco de Occidente ubicada en la carrera \u00ab8\u00aa No. 20-53\u00bb de la citada ciudad (fl. 32, cdno 1); y, frente al auto proferido el 7 de febrero de 2017, a trav\u00e9s del cual se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad del fallo por aqu\u00e9l invocada (fls. 34 37, ib.), pues en su criterio, dicha autoridad judicial carec\u00eda de competencia para resolver de fondo el asunto, en tanto que, asegura, hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde que la entidad financiera demandada fue notificada de la demanda popular.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas con respecto a las actuaciones aludidas, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de la prenotada controversia el actor no hizo uso de la herramienta de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.2. As\u00ed, lo ha referido esta Corporaci\u00f3n en innumerables ocasiones, al sostener que cuando la parte interesada no propone oportunamente los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, \u00abqueda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le fue adversa, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 2002-2302; reiterada en STC119-2016).  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido esta Sala ha precisado de vieja data, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 de ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC310-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Conforme a lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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