{"id":100457,"date":"2026-06-25T20:53:06","date_gmt":"2026-06-25T20:53:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4594-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:53:06","modified_gmt":"2026-06-25T20:53:06","slug":"stc4594-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4594-2017\/","title":{"rendered":"STC4594-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4594-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00159-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el diecis\u00e9is de febrero de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Luc\u00eda Mora Ot\u00e1lora, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de  Cundinamarca y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativ\u00e1; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso (principios de favorabilidad y legalidad), que considera vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, al improbar el preacuerdo que suscribi\u00f3 con la Fiscal\u00eda 4\u00aa Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de Facatativ\u00e1, con desconocimiento de la normatividad y el precedente jurisprudencial que gobierna la materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene dar v\u00eda libre a la negociaci\u00f3n. [Folios 1-10, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 6 de mayo de 2016, se llev\u00f3 a cabo ante el Juzgado 75 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, la audiencia preliminar de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n contra la tutelante, ex Alcaldesa del Municipio de Pul\u00ed (Cundinamarca), a quien la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n le endilg\u00f3 los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiaci\u00f3n y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico en concurso homog\u00e9neo, en calidad de coautora de los dos primeros y autora del \u00faltimo, delitos frente a los cuales la procesada se declar\u00f3 inocente.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 10 de mayo siguiente, a solicitud del ente investigador, la imputada fue cobijada con medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva en su lugar de residencia, decisi\u00f3n que apelada, fue integralmente confirmada por el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 1\u00ba de septiembre de 2016, la Delegada del ente persecutor y la procesada suscribieron acta de preacuerdo que presentaron al Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito de Facatativ\u00e1 (Cundinamarca), consistente en que la \u00faltima aceptaba su responsabilidad en los hechos punibles objeto de investigaci\u00f3n, previa consignaci\u00f3n por valor de $9.500.000, correspondientes al valor de lo apropiado m\u00e1s un monto adicional por concepto de perjuicios, a cambio de que le fuera degradado el grado de participaci\u00f3n de coautora y autora a c\u00f3mplice y en consecuencia, se le impusiera una pena de 62 meses de prisi\u00f3n, multa equivalente a 35 SMMLV para el a\u00f1o 2011 y se le otorgara el mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n domiciliaria.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

6. En audiencia de 9 de septiembre de 2016, el fallador cognoscente improb\u00f3 la negociaci\u00f3n, dada la prohibici\u00f3n legal de conceder el beneficio excarcelario a quienes son juzgados por este tipo de conductas delictivas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Inconforme, la defensa, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. El 15 de diciembre de 2016, el Tribunal accionado, ratific\u00f3 la providencia cuestionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. En criterio de la peticionaria del amparo, las anteriores decisiones vulneraron sus garant\u00edas fundamentales porque las autoridades judiciales, en una aut\u00e9ntica \u00ab\u2026v\u00eda de hecho acuden a una interpretaci\u00f3n restrictiva, desplazando al legislador y desconociendo el principio de favorabilidad.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque, en su sentir, \u00ab\u2026el art\u00edculo 68 A de la Ley 599 de 2000, en vigor de la Ley 1474 de 2011 para la \u00e9poca de los hechos, de manera clara permite la concesi\u00f3n\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La tutela fue admitida el 6 de febrero de 2017 y se orden\u00f3 enterar a los intervinientes para que ejercieran su derecho de defensa. [Folios 24-25, c. 1]  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Dentro de la oportunidad procesal, la Fiscal\u00eda vinculada, expuso su postura frente a la viabilidad jur\u00eddica del preacuerdo presentado ante los juzgadores cuestionados, y, en ese sentido, solicit\u00f3 acceder a la solicitud de amparo invocada por la libelista. [Folios 43-45, c.1]    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juez 2\u00ba Penal del Circuito de Facatativ\u00e1, tras corroborar los hechos narrados en la demanda, destac\u00f3 la improcedencia del resguardo constitucional, porque la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 tanto en primera como en segunda instancia, es respetuosa de la normatividad que rige el asunto, en tanto se ci\u00f1e estrictamente a la prohibici\u00f3n de la concesi\u00f3n del beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria, entre otros, a los responsables de actos de corrupci\u00f3n como los aqu\u00ed investigados; mandato que ha permanecido inc\u00f3lume, no obstante las reformas que se le han imprimido al C\u00f3digo Penal y, por tanto, no hay lugar a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad reclamado. [Folios 51-52, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Tribunal Superior de Cundinamarca, estim\u00f3 que no vulner\u00f3 con su decisi\u00f3n las prerrogativas fundamentales de la quejosa, porque sus argumentos no se apartaron del ordenamiento jur\u00eddico ni fueron arbitrarios, de cara a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada. [Folios 68-69, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 16 de febrero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo incoado, luego de concluir que las providencias objeto de reproche no pueden ser calificadas de arbitrarias, irrazonables ni caprichosas, como para considerar que vulneran garant\u00edas superiores a la promotora, en tanto se soportaron en una valoraci\u00f3n jur\u00eddica v\u00e1lida y sistem\u00e1tica de la normatividad vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme, la reclamante impugn\u00f3 el fallo, por desconocer que, tal como lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la autonom\u00eda judicial no es absoluta y en ese orden, la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo id\u00f3neo para salvaguardar las garant\u00edas de los ciudadanos, cuando en ejercicio de esa funci\u00f3n, los jueces de la rep\u00fablica incurren en v\u00edas de hecho. Acto seguido, insisti\u00f3 en que el preacuerdo debi\u00f3 ser aprobado, porque as\u00ed lo permit\u00eda el legislador, si a un an\u00e1lisis integral de la norma aplicable se hubiese acudido. [Folios 128-134, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Desde tiempos inmemorables la jurisprudencia nacional ha sostenido que cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201cotro medio de defensa judicial\u201d, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiaridad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, es evidente que la tutelante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para el pleno ejercicio del derecho al debido proceso que estima conculcado, sin que resulte imperiosa la intervenci\u00f3n del Juez de tutela, aunque sea de manera transitoria, porque no se advierte la existencia ni amenaza de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, como lo ha considerado pac\u00edficamente la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, cuando la investigaci\u00f3n penal se encuentra en curso, tanto el sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal como la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, como titular de la misma, cuentan con la posibilidad de utilizar todos los instrumentos legales que contempla el ordenamiento punitivo, para hacer valer sus garant\u00edas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Puntualmente, es de ver que el legislador no previ\u00f3 limitaci\u00f3n alguna a la posibilidad de realizar y presentar al juez de conocimiento diversas f\u00f3rmulas de negociaci\u00f3n para lograr su viabilidad, tal como se desprende de los art\u00edculos 348 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab  ART\u00cdCULO 348. Con el fin de humanizar la actuaci\u00f3n procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la soluci\u00f3n de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparaci\u00f3n integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participaci\u00f3n del imputado en la definici\u00f3n de su caso, la Fiscal\u00eda y el imputado o acusado podr\u00e1n llegar a preacuerdos que impliquen la terminaci\u00f3n del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ART\u00cdCULO 350. Desde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y hasta antes de ser presentado el escrito de acusaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda y el imputado podr\u00e1n llegar a un preacuerdo sobre los t\u00e9rminos de la imputaci\u00f3n. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentar\u00e1 ante el juez de conocimiento como escrito de acusaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El fiscal y el imputado, a trav\u00e9s de su defensor, podr\u00e1n adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarar\u00e1 culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Elimine de su acusaci\u00f3n alguna causal de agravaci\u00f3n punitiva, o alg\u00fan cargo espec\u00edfico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegaci\u00f3n conclusiva, de una forma espec\u00edfica con miras a disminuir la pena.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ART\u00cdCULO 351. La aceptaci\u00f3n de los cargos determinados en la audiencia de formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignar\u00e1 en el escrito de acusaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n podr\u00e1n el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relaci\u00f3n a la pena por imponer, esto constituir\u00e1 la \u00fanica rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusaci\u00f3n se proceder\u00e1 en la forma prevista en el inciso anterior.  <\/span><\/p>\n

\u2026  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Aprobados los preacuerdos por el juez, proceder\u00e1 a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, si en un primer proyecto de acuerdo puesto a consideraci\u00f3n de los juzgadores naturales, \u00e9stos decidieron improbarlo, es claro que el Delegado del ente acusador y la implicada, tienen entera libertad para intentar otra u otras f\u00f3rmulas, con miras a lograr la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, corrigiendo los eventuales yerros o circunstancias que motivaron el rechazo de la anterior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ello, si bien contra la decisi\u00f3n adversa a las pretensiones de los sujetos procesales se agot\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y tanto el Juez Penal del Circuito como su superior jer\u00e1rquico coincidieron en que el preacuerdo entre la tutelante y la Delegada del ente persecutor, era violatorio del principio de legalidad, es claro que, a condici\u00f3n de que se suplan las falencias advertidas por los sentenciadores de instancia, podr\u00eda volverse a plantear a la administraci\u00f3n de justicia el convenio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Incluso, las partes pueden buscar nuevas f\u00f3rmulas de arreglo que permitan la terminaci\u00f3n del proceso, sin que sea necesario agotar todas sus fases ordinarias, siempre, claro est\u00e1, con observancia de \u00ab\u2026las directivas de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y las pautas trazadas como pol\u00edtica criminal, a fin de aprestigiar la administraci\u00f3n de justicia y evitar su cuestionamiento\u2026\u00bb (Inc. 2\u00ba, art. 348, Ley 906 de 2004)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es m\u00e1s, la sentencia anticipada o no que finalmente se emita, en caso de resultar adversa a los intereses de la procesada, es a su vez susceptible del recurso de apelaci\u00f3n y del extraordinario de casaci\u00f3n, pues a voces de los art\u00edculos 177 y 181 del c\u00f3digo adjetivo penal, contra tal providencia pueden impetrarse dichos medios de censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ser\u00e1 entonces dentro de la actuaci\u00f3n del Juez natural que se diriman las controversias que al interior de la misma planteen los sujetos procesales, dado que la jurisdicci\u00f3n constitucional no est\u00e1 facultada para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Al margen de lo anterior, ha de recordarse que la Corte ha sido insistente en advertir que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

                 <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas constitucionales de quienes han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En el caso sub-examine, estima la Sala que la determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el Tribunal confirm\u00f3 la providencia proferida por el a quo, que improb\u00f3 el preacuerdo suscrito entre la Fiscal\u00eda y la ex Alcaldesa de Pul\u00ed (Cundinamarca), no resulta irrazonable o arbitraria, por cuanto se soport\u00f3 en la interpretaci\u00f3n razonada de la normatividad penal que regula el asunto y el precedente jurisprudencial que sobre la materia ha sentado el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la justicia penal ordinaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, tras analizar los t\u00e9rminos del pacto puesto de presente por la Delegada Fiscal, el Tribunal, estim\u00f3 inviable otorgar la aprobaci\u00f3n solicitada, porque ofrec\u00eda una inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por un lapso de 64 meses, cuando el art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra una sanci\u00f3n intemporal para servidores p\u00fablicos condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026No est\u00e1 dem\u00e1s advertir, que la pena de la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas tampoco se ci\u00f1e al sistema jur\u00eddico, puesto que las partes dejaron de lado el contenido del inciso 5\u00ba del art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 122. No habr\u00e1 empleo p\u00fablico que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de car\u00e1cter remunerado se requiere que est\u00e9n contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin perjuicio de las dem\u00e1s sanciones que establezca la ley, no podr\u00e1n ser inscritos como candidatos a cargos de elecci\u00f3n popular, ni elegidos, ni designados como servidores p\u00fablicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisi\u00f3n de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoci\u00f3n o financiaci\u00f3n de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotr\u00e1fico en Colombia o en el exterior\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, como el caso de la especie se adelanta por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, entre otros, y con tal punible se gener\u00f3 un detrimento al patrimonio estatal, era aplicable la previsi\u00f3n normativa citada, esto es que, la sanci\u00f3n de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, opera de manera intemporal en relaci\u00f3n a los derechos a inscribirse como candidato a cargos de elecci\u00f3n popular, ser elegido, ser designado servidor p\u00fablico y contratar con el Estado, directamente o por interpuesta persona, de conformidad con lo establecido en el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 122 de la Carta Pol\u00edtica, mientras que de los dem\u00e1s derechos pol\u00edticos no incluidos en la norma constitucional, s\u00f3lo queda inhabilitado hasta por el mismo t\u00e9rmino de la sanci\u00f3n privativa de la libertad que le fuera impuesta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La anterior consecuencia jur\u00eddica fue estudiada por la Corte Constitucional en sentencia C-652 de 2003, al analizar la constitucionalidad de la sanci\u00f3n de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo Penal, se\u00f1alando que el constituyente estableci\u00f3 la inhabilidad intemporal para los servidores p\u00fablicos condenados por delitos contra el patrimonio estatal\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, el \u00f3rgano l\u00edmite de la jurisdicci\u00f3n ordinaria dentro de los radicados 40.605 del 25 de mayo de 2016 y 36511 del 19 de junio de 2013, al ocuparse del alcance de la sanci\u00f3n intemporal en los delitos en que se afecte el patrimonio del Estado, ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c\u2026corresponde imponerle la sanci\u00f3n constitucional establecida en el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 122 de [la] Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es decir, la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas es intemporal, en los t\u00e9rminos definidos por esta Corporaci\u00f3n, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional\u2026\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, consider\u00f3 inviable el convenio, porque desconoc\u00eda la prohibici\u00f3n legal de otorgar el mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n domiciliaria a la procesada, dada la naturaleza de las conductas punibles que le fueron endilgadas y los esfuerzos en materia legislativa para hacer frente a la corrupci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el punto, el Juzgador de la segunda instancia, se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026el art\u00edculo 68 A del C\u00f3digo Penal se introdujo en el ordenamiento jur\u00eddico mediante la Ley 1142 de 2007, a partir de la cual el constituyente derivado hizo expreso su prop\u00f3sito de limitar el acceso a beneficios judiciales y administrativos, y a subrogados penales. Con posterioridad, esto es, con la Ley 1453 de 2011 se extendi\u00f3 la restricci\u00f3n a eventos en los que se procediera por una serie de delitos enlistados por el legislador, entre ellos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n, y desde la expedici\u00f3n de esa ley se incluy\u00f3 como par\u00e1grafo el inciso que ahora es objeto de debate en cuanto a su incidencia en el caso de la especie, el cual se mantuvo con la reforma adoptada por la ley 1474 de 2011, en el cual se ampli\u00f3 el cat\u00e1logo de conductas punibles frente a las cuales no proced\u00edan las mencionadas figuras, esta vez incluy\u00e9ndose todos los delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

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En esa oportunidad, el legislador busc\u00f3 fortalecer los mecanismos de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de actos de corrupci\u00f3n y la efectividad del control de la gesti\u00f3n p\u00fablica, plasm\u00e1ndose en la exposici\u00f3n de motivos respectiva, que la corrupci\u00f3n es uno de los fen\u00f3menos m\u00e1s lesivos para los Estados modernos, pues a trav\u00e9s del mismo se vulneran los pilares fundamentales de la democracia.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, se adoptaron una serie de medidas en diversos \u00e1mbitos, entre ellos el penal, con las cuales se pretend\u00eda, dotar al Estado de herramientas que le permitieran no solamente ejercer una represi\u00f3n del fen\u00f3meno, sino tambi\u00e9n hacer un llamado preventivo general a que las personas que se proyecten incurrir en un acto de corrupci\u00f3n desistan de tal finalidad, como se lee en la exposici\u00f3n de motivos de la mencionada normatividad, en la cual tambi\u00e9n se expres\u00f3 que se planteaba una pol\u00edtica de cero tolerancia a la corrupci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, es claro que se buscaba robustecer la persecuci\u00f3n penal de los delitos que atentan contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, al punto que la prevenci\u00f3n general alcanzara mayores niveles de efectividad, lo cual claramente dista del discurso de las partes al interpretar los \u00e1mbitos de aplicaci\u00f3n de la norma, por cuanto admitir que la procedencia de la prisi\u00f3n domiciliaria y en general de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, en trat\u00e1ndose de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, queda habilitada en escenarios de preacuerdos y allanamientos, contradice abiertamente el esp\u00edritu del legislador, orientado a disuadir a la ciudadan\u00eda de incurrir en tales comportamientos delictivos, pues en el imaginario colectivo, subrogados como la prisi\u00f3n domiciliaria pueden ser identificados como formas ben\u00e9volas de ejecuci\u00f3n de la pena y generan (\u2026) cierta sensaci\u00f3n de impunidad, de manera que para enviar un mensaje disuasivo a la sociedad, lo que de mejor manera se adaptaba a ello, era vedar el acceso a los mecanismos sustitutivos de la pena intramural, pues solo as\u00ed se hacen evidentes ante la comunidad las consecuencias negativas a las que conlleva incurrir en delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el fragmento de la norma \u201cni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y el allanamiento a cargos, no puede ser interpretado de manera descontextualizada, en el entendido que esa excepci\u00f3n a la restricci\u00f3n se identifica \u00fanicamente con los beneficios que comporta la justicia premial, como lo expusiera la se\u00f1ora Jueza de primer nivel, y no comprende el \u00e1mbito de los subrogados penales propiamente dichos respecto a los cuales se mantiene la exclusi\u00f3n para delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica. (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Para soportar su postura, el juzgador de la segunda instancia, adem\u00e1s de acudir al an\u00e1lisis de la exposici\u00f3n de motivos del estatuto anticorrupci\u00f3n (Ley 1474 de 2011), como qued\u00f3 visto en precedencia, memor\u00f3 el pronunciamiento jurisprudencial que hiciera la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal donde expuso:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026En tal sentido, la teleolog\u00eda del art\u00edculo no es la que equivocadamente infiere el censor, dado que lo consagrado en el inciso 3\u00ba es que, pese a la exclusi\u00f3n de beneficios y subrogados, para quienes afronten antecedentes penales, no se incluyen dentro de dicha prohibici\u00f3n las rebajas consagradas en los allanamientos a cargos y los preacuerdos como aqu\u00ed sucedi\u00f3, siendo all\u00ed en donde se estructura la confusi\u00f3n del jurista.  <\/span><\/p>\n

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Dicho en otras palabras, el inciso final de la disposici\u00f3n permite que, no obstante las restricciones, operen los descuentos por allanamiento a cargos o preacuerdos, pero en modo alguno lo que equivocadamente concluye el impugnante, esto es, que el solo allanamiento a cargos habilita la concesi\u00f3n de beneficios y subrogados penales, pues no fueron suprimidas las exigencias que para el reconocimiento de tales beneficios consagra el legislador.\u201d (Negrilla del texto transcrito)  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en tales asertos, la sede plural cuestionada, concluy\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn tales condiciones, fue acertada la interpretaci\u00f3n que la a quo le dio al inciso que ocupa nuestra atenci\u00f3n, al concluir que la restricci\u00f3n derivada de la norma no se extiende a las rebajas de pena inherentes a las salidas anticipadas y es fue la salvedad que quiso realizar el constituyente derivado, manteni\u00e9ndose la exclusi\u00f3n frente al acceso a subrogados penales, por lo cual la estipulaci\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria, para el caso de la especie contraria el ordenamiento jur\u00eddico y, por tanto, no era factible avalar el preacuerdo en ese espec\u00edfico punto, an\u00e1lisis que lleva a la Sala a confirmar la providencia recurrida.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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6. Entonces, es evidente que la pretensi\u00f3n del promotor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que los accionados se apoyaron para adoptar su determinaci\u00f3n, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, con independencia de que se comparta o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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7. Queda claro, por consiguiente, que las decisiones adoptadas por las autoridades accionadas no entra\u00f1an desconocimiento de la ley sustancial, vicios procedimentales; ni actuaci\u00f3n caprichosa o subjetiva, por lo que no se encuentra configurado ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4594-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00159-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100457","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100457"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100457\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}