{"id":100458,"date":"2026-06-25T20:53:10","date_gmt":"2026-06-25T20:53:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4595-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:53:10","modified_gmt":"2026-06-25T20:53:10","slug":"stc4595-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4595-2017\/","title":{"rendered":"STC4595-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4595-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-89899-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de febrero de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ismael David Paternina Y\u00e9pez contra la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bol\u00edvar, la Subdirecci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas y Seguridad Ciudadana del mismo departamento y la Fiscal\u00eda 32 de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Subdirecci\u00f3n del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n \u2013CTI, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Oficina de Asignaciones de la Seccional Bol\u00edvar, la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena, la Fiscal\u00eda 45 Seccional de la misma ciudad, la Oficina Delegada de la Direcci\u00f3n Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo de esa instituci\u00f3n; y la Direcci\u00f3n Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor de la salvaguarda reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la citadas autoridades, al no dar respuesta a las solicitudes que elev\u00f3 ante sus dependencias el 15 y 19 de mayo, 16 de septiembre de 2015, y, 17 de junio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, pide de manera concreta, que se ordene a las mentadas instituciones, resolver de inmediato cada uno de los puntos a los que se hizo referencia en dichas peticiones (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que desde el mes de mayo de 2014, viene denunciando \u00abel falso positivo montado por la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, EL CTI Y EL NOTICIERO ABC NEW en contra de [su] hijo JHANER ANTONIO PATERNINA SUAREZ\u00bb, quien result\u00f3 procesado junto con dos colombianos m\u00e1s y un ciudadano norteamericano, por el delito de inducci\u00f3n a la prostituci\u00f3n, con base en \u00abdos documentales que fueron trasmitidos por todo el mundo\u00bb, y que dice, fueron filmados sin autorizaci\u00f3n de aqu\u00e9l, caus\u00e1ndole da\u00f1os irreparables no solo a su descendiente sino a toda su familia, por lo que solicit\u00f3 a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bol\u00edvar, informaci\u00f3n acerca de tal material magnetof\u00f3nico, sin que a la fecha, asegura, haya recibido una respuesta efectiva sobre el asunto, raz\u00f3n por la cual acude al presente mecanismo excepcional (fls. 1 a 7, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        La Directora de la Seccional Bol\u00edvar de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, inform\u00f3 en lo fundamental, que el aqu\u00ed accionante elev\u00f3 requerimiento ante sus dependencias el d\u00eda 15 de mayo de 2015, con el fin que se le suministrara informaci\u00f3n acerca de los documentales antes memorados que sirvieron como prueba para el enjuiciamiento de su hijo por el delito de inducci\u00f3n a la prostituci\u00f3n; que a paso seguido, esto es, el 30 de junio, 21 de septiembre y 23 de noviembre, del mismo a\u00f1o, inst\u00f3 la contestaci\u00f3n del pedimento originario, por lo que \u00abse (\u2026) imparti\u00f3 tr\u00e1mite legal y oportuno de conformidad con la Resoluci\u00f3n 0-0474 de febrero 3 de 2005, la cual reglamenta la gesti\u00f3n que se debe dar a las quejas, peticiones y reclamos presentados por los usuarios\u00bb, en el sentido de remitirlas a las autoridades competentes, quienes desde el 4 de diciembre de esa anualidad, emitieron la correspondiente respuesta; a lo que agreg\u00f3, dicha Direcci\u00f3n fue \u00abtutelada ante el Juzgado Primero Civil del Circuito, siendo accionante el se\u00f1or ISMAEL PATERNINA YEPEZ, dentro del proceso en comento, por lo que sus acciones resultan temerarias ya que por los mismos y bajo los mismo argumentos ya un Juez constitucional declar\u00f3 la improcedencia de la solicitud de amparo constitucional\u00bb (fls. 62 a 68, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       b.)        Por su parte, el Fiscal Seccional 45 de Cartagena, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo inquirido, pues si bien la petici\u00f3n enviada a su Despacho mediante oficio 1463 del 14 de agosto de 2015, mediante la cual puntualmente se pregunt\u00f3: \u00ab\u00bfqui\u00e9n dio la orden de que se realizaran [los mentados] documentales Colombia?\u00bb, result\u00f3 traspapelada por haberse agregado al expediente de la indagaci\u00f3n que curs\u00f3 ante la denuncia del inconforme, y que result\u00f3 archivada por falta de elementos probatorios, una vez se evidenci\u00f3 tal situaci\u00f3n se dispuso a dar inmediata respuesta inmediata mediante oficio No. 61 del 8 de febrero de 2016, la cual fue recibida en la direcci\u00f3n del remitente (fls.181 a 186, id.).  <\/span><\/p>\n

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       c.)        A su turno, el Fiscal 32 Seccional de la citada ciudad \u2013CAIVAS, adujo, en suma, que los derechos de petici\u00f3n que ante esa dependencia se radicaron el 21 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, fueron debidamente resueltos el 1\u00ba de febrero y 4 de abril del a\u00f1o anterior, informando al interesado que los mismos fueron trasladados por competencia a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bol\u00edvar (fls. 188 y 189, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que  <\/span><\/p>\n

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\u00aben el caso concreto, durante la actuaci\u00f3n se estableci\u00f3 que ISMAEL DAVID PATERNINA YEPEZ promovi\u00f3 ante el Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito de Cartagena una acci\u00f3n de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones frente a la presente, en la que denunci\u00f3 la omisi\u00f3n de respuesta a las peticiones radicadas el 15 y 19 de mayo y el 2 y 21 de septiembre de 2015 ante la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bol\u00edvar, la Subdirecci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas y Seguridad ciudadana de la misma seccional y la Fiscal\u00eda 32 de Cartagena.  <\/span><\/p>\n

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En esa ocasi\u00f3n, por sentencia del 2 de febrero de 2016, el Juzgado 1\u00b0 Civil del circuito de Cartagena neg\u00f3 la petici\u00f3n de amparo tras considerar que contrario a lo afirmado por el actor sus requerimientos fueron atendidos y las respuestas notificadas en debida forma.  <\/span><\/p>\n

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Para el efecto, rese\u00f1\u00f3 que el escrito del 19 de mayo de 2015 constituye una denuncia penal formal y no una petici\u00f3n, como entiende el actor, raz\u00f3n por la cual no le son aplicables las reglas jurisprudenciales establecidas para dicha garant\u00eda constitucional, por ello, declar\u00f3 improcedente la solicitud de tutela respecto de esa pretensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, el Juzgado Civil del Circuito de Cartagena concluy\u00f3 que no existe violaci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n del actor y declar\u00f3 improcedente la solicitud de amparo respecto de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Cartagena.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la Sala advierte que la demanda es parcialmente temeraria, en lo que respecta a los reproches contra esa dependencia.  <\/span><\/p>\n

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Si bien la temeridad da lugar a sancionar a quien as\u00ed procede conforme al art\u00edculo 38 del Decreto 2591, la Sala se abstendr\u00e1 de imponer multa al accionante en consideraci\u00f3n a que las pruebas obrantes en el expediente permiten inferir que obr\u00f3 de tal manera \u00abpor la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe\u00bb (Sentencias T-184 de 2005 y T-1215 de 2003).  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se le exhortar\u00e1 que en el futuro se abstenga de instaurar otras demandas de tutela por los mismos hechos.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, en lo que concierne a la Fiscal\u00eda 32 Seccional de Cartagena, encuentra la Corte que ha dado respuesta a todas las postulaciones del accionante y su hijo. En efecto, por oficio 018 del 1\u00b0 de febrero de 2016 contest\u00f3 lo pretendido el 21 de septiembre de 2015, inform\u00e1ndole que desconoc\u00eda los pormenores relacionados con la grabaci\u00f3n del documental por parte de la cadena ABC NEWS.  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, el 4 de abril de 2016, dio respuesta a otro escrito del 16 de marzo de 2016, comunic\u00e1ndole que \u00e9ste reca\u00eda sobre una investigaci\u00f3n asignada a otro despacho.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la conducta negligente denunciada no tuvo lugar, ni se quebrant\u00f3 o puso en riesgo el derecho de petici\u00f3n o al debido proceso. En contraste, dichas contestaciones se ofrecen constitucionalmente admisibles, por cuanto son de fondo, claras, precisas y congruentes con lo requerido.  <\/span><\/p>\n

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En raz\u00f3n a lo expuesto se negar\u00e1 el amparo demandado respecto de la Fiscal\u00eda 32 Seccional de Cartagena.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, frente a la Subdirecci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bol\u00edvar, encuentra la Sala que m\u00e1s all\u00e1 de identificarla como una de las entidades accionadas el actor no le atribuy\u00f3 ninguna violaci\u00f3n de derechos fundamentales ni se\u00f1al\u00f3 alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de esta entidad que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb (fls. 204 a 215, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el accionante, con argumentos similares a los esbozados en la demanda inicial (fl. 228 a 230, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana.  <\/span><\/p>\n

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2.        Recu\u00e9rdese que el car\u00e1cter de fundamental del derecho de petici\u00f3n se encuentra reconocido expresamente en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional y se traduce en la posibilidad de acudir ante las autoridades \u2013excepcionalmente ante los particulares\u2013, con el objeto de obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas, que guarden correspondencia con lo solicitado, y que se den a conocer al interesado en los precisos plazos que para el efecto establece la ley.  <\/span><\/p>\n

3.        En el presente asunto es claro, que la queja del se\u00f1or Paternina Y\u00e9pez radica, b\u00e1sicamente, en que pese a las sendas peticiones que ha elevado ante las autoridades convocadas para establecer, en \u00faltimas, qui\u00e9n fue el que autoriz\u00f3 o dio la orden para la realizaci\u00f3n del documental trasmitido por la cadena televisiva ABC News, el que fue tenido en cuenta como medio de prueba en contra de su hijo dentro de la causa penal que se le sigue a \u00e9ste por el punible de inducci\u00f3n a la prostituci\u00f3n, a la fecha no ha sido posible obtener de manera precisa la informaci\u00f3n rogada.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin embargo, revisadas las documentales aportadas al presente tr\u00e1mite, encuentra la Corte que, tal y como ciertamente lo advirti\u00f3 el juez constitucional de instancia, el accionante present\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela respecto de los mismos hechos y derechos cuya protecci\u00f3n ya hab\u00eda reclamado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena contra la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas del departamento de Bol\u00edvar, tal y como qued\u00f3 demostrado en los folios 171 a 175 del cdno. inicial, informaci\u00f3n que por dem\u00e1s, fue validada en el sistema de consulta de procesos de la rama judicial.  <\/span><\/p>\n

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4.1.   Es m\u00e1s, en el fallo proferido por tal dependencia judicial el 2 de febrero del a\u00f1o pasado, se deneg\u00f3 el amparo deprecado por hallarse demostrado, que: i) en lo relativo al documento radicado el 19 de mayo de 2015, m\u00e1s que un derecho de petici\u00f3n lo que elev\u00f3 el actor fue una denuncia penal, a la que de hecho se le dio tr\u00e1mite, apertur\u00e1ndose la respectiva investigaci\u00f3n por el ente acusador, la cual fue clausurada por falta de material probatorio; ii) de otro lado, y ya en lo concerniente a la solicitud radicada en las dependencias de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bol\u00edvar el 15 de mayo de 2015, se logr\u00f3 constatar que de la misma se corri\u00f3 traslado a la Direcci\u00f3n Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, a la Coordinaci\u00f3n de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena y a las Fiscal\u00edas 32 y 45 Seccionales de esa misma urbe, a trav\u00e9s de los oficios identificados con los consecutivos Nos. 1639 a 1643, respectivamente, adiados 14 de agosto de 2015, situaci\u00f3n que aun cuando fue puesta en conocimiento del se\u00f1or Paternina Y\u00e9pez, no evit\u00f3 que \u00e9ste elevara nuevamente peticiones con el fin de averiguar acerca del tr\u00e1mite adelantado frente a la primera que radic\u00f3, los d\u00edas 2 y 21 de septiembre de 2015, y 13 de noviembre siguiente, misivas a las que como respuesta se reiter\u00f3 el mentado traslado a la autoridad competente.  <\/span><\/p>\n

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4.2.  De este modo, entonces, los datos antes enunciados coinciden con las solicitudes que el aqu\u00ed promotor denunci\u00f3 como no contestadas por parte de la mentada Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas, a m\u00e1s de tratarse, obviamente, de la misma tem\u00e1tica \u2013informaci\u00f3n acerca de la autorizaci\u00f3n de la realizaci\u00f3n del documental por parte de ABC News- (folios 171 a 175, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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4.3.   As\u00ed las cosas, sin que exista alguna justificaci\u00f3n para entender ese proceder, debe concluirse forzosamente que el extremo actor incurri\u00f3 en temeridad respecto de la queja frente a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bol\u00edvar \u2013se repite, situaci\u00f3n que impone, por lo tanto, mantener el fallo de primer grado en ese sentido, en el que claramente se se\u00f1al\u00f3 que deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n a la consecuencia prevista en el citado art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, denegando, sin m\u00e1s, las pretensiones de la demanda tuitiva, pues no existe duda de la identidad de partes, de hechos y de pretensiones en las acciones de tutela presentadas.  <\/span><\/p>\n

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4.4.   Al punto ha se\u00f1alado de tiempo atr\u00e1s esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[e]l abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC 6 de sep. 2012, Rad. 01223-01 reiterada en STC15044-2016 y STC3472-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.        Ahora bien, tal y como lo indic\u00f3 tambi\u00e9n el a quo constitucional, ya frente a la queja exteriorizada contra la Fiscal\u00eda 32 Seccional de Cartagena, ente acusatorio al que fueron trasladas las varias peticiones del gestor de la salvaguarda, qued\u00f3 establecido que mediante oficio No. 018 del 1\u00ba de febrero de 2016, se le inform\u00f3 a \u00e9ste que \u00abno tiene conocimiento del tr\u00e1mite que se le dio a la grabaci\u00f3n del documental que hizo circular el noticiero ABCNEWC.COM, THOMTHY BALLARD y la ACTRIZ LAURIE, como tampoco quien lo autoriz\u00f3 y quien pag\u00f3 por [su realizaci\u00f3n]\u00bb1, por lo que no se avizora la trasgresi\u00f3n alegada, y menos a\u00fan de la Subdirecci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas del varias veces mencionado ente territorial, que aunque fue accionado, no fue blanco de puntuales conductas vulneradoras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto tanto a las partes como al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Fl. 110, cdno. 1.      <\/span><\/p>\n

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      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO    Magistrado ponente      STC4595-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-89899-02   (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100458","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100458","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100458"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100458\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100458"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100458"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100458"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}