{"id":100459,"date":"2026-06-25T20:53:20","date_gmt":"2026-06-25T20:53:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4596-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:53:20","modified_gmt":"2026-06-25T20:53:20","slug":"stc4596-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4596-2017\/","title":{"rendered":"STC4596-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4596-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00421-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de marzo de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Fernando P\u00e9rez Moreno contra los Juzgados Cuarenta y Nueve Civil del Circuito, y, Diecisiete Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito tambi\u00e9n de esta capital, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso ordinario a que alude el escrito de tutela  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del juicio reivindicatorio que en su contra y de M\u00f3nica Gonz\u00e1lez, promovi\u00f3 el se\u00f1or V\u00edctor Manuel Mart\u00ednez Chon.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene a los Juzgados Cuarenta y Nueve Civil del Circuito, y, Diecisiete Civil Municipal, ambos de esta capital, que tras \u00abrealizar el control de legalidad\u00bb a que haya lugar, \u00absuspenda[n] todo acto y declare[n] la nulidad del [referido] proceso\u00bb, a m\u00e1s de \u00abdevol[ver] el despacho comisorio No. 046\u00bb all\u00ed librado (fl. 50, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reparo, aduce en s\u00edntesis, que el 27 de abril de 2015, en el marco del litigio referido en l\u00edneas anteriores, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 condenarlo a \u00e9l y a M\u00f3nica Gonz\u00e1lez, all\u00ed demandados, \u00aba restituir, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la providencia, el inmueble ubicado en la calle 158 No. 117-55, Apartamento 401, del Barrio Suba Compartir de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, bien respecto del cual ostenta la \u00abposesi\u00f3n real y material\u00bb desde el 17 de marzo de 2005, ello en virtud del contrato de permuta que en tal data celebraron con el se\u00f1or Alejandro Becerra Mart\u00ednez.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que dicha autoridad jurisdiccional \u00abse fund\u00f3 en consideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas\u00bb, pues no solo desconoci\u00f3 \u00abla simulaci\u00f3n\u00bb en virtud de la cual el demandante adquiri\u00f3 el apartamento objeto del pleito, sino que adem\u00e1s, omiti\u00f3 notificarlo en debida forma del inicio del tr\u00e1mite, lo que, alega, le impidi\u00f3 ejercer su defensa, constituy\u00e9ndose as\u00ed una nulidad constitucional que incluso, asegura, debe ser declarada de oficio (fls. 45 a 52, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, advirti\u00f3 que \u00abno tuvo injerencia en la vulneraci\u00f3n de los derechos que reclama el accionante como conculcado\u00bb, pues la censura \u00fanicamente se enfila \u00abcontra las decisiones emitidas por los Juzgados cuarenta y Nueve Civil del Circuito y Diecisiete Civil Municipal\u00bb (fls. 76 y 77, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.  El Juzgado Diecisiete Civil Municipal de la misma ciudad manifest\u00f3, que se \u00abat[iene] a las actuaciones [por \u00e9l] desplegadas (\u2026) dentro del Despacho Comisorio con radicado en ese Juzgado\u00bb (fl. 82, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c.  El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito tambi\u00e9n de esta capital, tras memorar las actuaciones judiciales adelantadas en el marco del proceso ordinario por esta v\u00eda criticado, se\u00f1al\u00f3 que en dicho asunto \u00abno ha habido ninguna actuaci\u00f3n desviada o torticera por parte del Juzgador, por el contrario, lo que se evidencia es que la parte demandada no hizo uso de los recursos de ley para controvertir las decisiones a[ll]\u00ed tomadas\u00bb (fl. 104, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

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d.  V\u00edctor Manuel Mart\u00ednez Chon, demandante al interior del juicio reivindicatorio que aqu\u00ed se cuestiona, se opuso a las pretensiones formuladas por el interesado, aduciendo que la acci\u00f3n de tutela \u00abno puede ser utilizada para sustituir los mecanismos ordinarios de defensa a los cuales la parte accionante tuvo acceso desde hace aproximadamente cinco (5) a\u00f1os\u00bb (fls. 116 y 117, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por ausencia del presupuesto de la inmediatez, tras advertir que aun cuando el se\u00f1or P\u00e9rez Moreno \u00ablamenta la orden que le fue impartida en la sentencia calendada 27 de abril de 2015 por el Juzgado 16 Civil del Circuito de la Capital, esto es, la restituci\u00f3n del bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-20162617\u00bb, lo cierto es que por esta senda no es viable examinar la mentada decisi\u00f3n, \u00abtoda vez que desde que esta se emiti\u00f3 hasta el momento en que se impetr\u00f3 el [presente] tr\u00e1mite constitucional (\u2026), han trascurrido, por mucho, m\u00e1s de los seis (6) meses que la Doctrina Constitucional estima como lapso razonable para controvertir una providencia judicial\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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       Adicionalmente expuso, que de los hechos esbozados en el libelo de amparo \u00abtampoco se infiere que el quejoso (\u2026) hubiese echado mano de los mecanismos ordinarios, consagrados por el ordenamiento jur\u00eddico, a efectos de superar las prerrogativas superiores que hoy denuncia transgredidas\u00bb, pues no s\u00f3lo no interpuso recurso de apelaci\u00f3n en contra del fallo del que hoy se duele, sino que tampoco plante\u00f3 la nulidad que aqu\u00ed propone con fundamento en \u00abla indebida notificaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Finalmente resalt\u00f3, que de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, \u00aben principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por si misma, no es demostrativa de que se vulneren derechos fundamentales; (\u2026) de hecho, ese tipo de medidas responden a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque, en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (fls. 125 a 129, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el accionante, aduciendo, en suma, los mismos argumentos en que sustent\u00f3 el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que el Juez Constitucional de primera instancia omiti\u00f3 valorar el defecto f\u00e1ctico y el defecto sustancial en que, asegura, incurrieron las autoridades jurisdiccionales convocadas (fls. 143 a 146, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.  Sin embargo, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, sin asomo de duda lo aqu\u00ed reclamado est\u00e1 llamado al fracaso, pues como qued\u00f3 visto, la providencia de la cual se duele el actor data del 27 de abril de 2015, en tanto que la presente demanda se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 21 de febrero de 2017 (fl. 45, ib.).  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 9 meses, sin que el interesado solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la decisi\u00f3n adoptada dentro de la aludida controversia, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto, se itera, del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC506-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.  Por otro lado, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, advierte la Sala que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, pues del examen de las pruebas adosadas al expediente se encuentra que el se\u00f1or Fernando P\u00e9rez Moreno, en una conducta de incuria, dej\u00f3 de ejercer el recurso de apelaci\u00f3n que resultaba procedente para cuestionar la sentencia de la cual aqu\u00ed hoy se duele, ello en el marco del juicio reivindicatorio tantas veces mencionado, a m\u00e1s de que tampoco aleg\u00f3 all\u00ed la nulidad por indebida notificaci\u00f3n que ahora expone, lo que impone entonces la improcedencia del amparo, dado que dichos mecanismos de defensa estaban a su disposici\u00f3n para que pudiera debatir sus inconformidades y aun as\u00ed injustificadamente los desestim\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC2193-2016 entre otras).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC2193-2016).  <\/span><\/p>\n

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       5.  Ahora bien, la demanda de amparo tampoco se abre paso como mecanismo transitorio, pues recu\u00e9rdese que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]n principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, SC, 29 de noviembre de 2006, citada el 20 de marzo de 2014, exp. STC3468 y en STC226-2015).  <\/span><\/p>\n

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6.   Por las razones anteriormente expuestas, tal y como se anunci\u00f3, se ratificar\u00e1 el fallo constitucional controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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