{"id":100461,"date":"2026-06-25T20:53:38","date_gmt":"2026-06-25T20:53:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4598-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:53:38","modified_gmt":"2026-06-25T20:53:38","slug":"stc4598-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4598-2017\/","title":{"rendered":"STC4598-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4598-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-22-08-003-2017-00006-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 de febrero de 2017, proferido por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Yudy Patricia Contreras Rivera contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con la decisi\u00f3n de fondo que result\u00f3 contraria a sus intereses, dentro del proceso ordinario de nulidad de promesa de compraventa que promovi\u00f3 contra Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona, \u00abtomar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja, expone en compendio, que pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, el Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota declar\u00f3 la \u00abNULIDAD ABSOLUTA\u00bb de la promesa de compraventa celebrada el 22 de abril de 2009 respecto del inmueble ubicado en esa misma localidad, por carecer de la estipulaci\u00f3n del plazo, neg\u00f3 la restituci\u00f3n del bien y el reconocimiento y pago de los frutos civil.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n circunscribiendo su reclamo a la restituci\u00f3n del predio y \u00abla demandada respecto de las costas impuestas\u00bb, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona, \u00abextralimit[ando] su[s] funciones\u00bb, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, para entonces, \u00abdeclar[ar] PROBADA OFICIOSAMENTE la excepci\u00f3n de COSA JUZGADA\u00bb, haciendo, dice, una interpretaci\u00f3n equivocada del art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el \u00fanico competente para declarar de oficio los medios exceptivos era el Juez de primera instancia, y desconociendo lo dispuesto en el art\u00edculo 328 de la misma normatividad, razones por las cuales acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 1 a 4, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        La Juez Segunda Civil del Circuito de Oralidad de Pamplona, puntualiz\u00f3, en lo fundamental, que el proceso ordinario criticado, y en especial la alzada, \u00abfue debidamente tramitada conforme la normatividad vigente para la \u00e9poca en que se decidi\u00f3 en es[a] instancia (Art\u00edculos 325, 327 y 328 del C.G. del P.), observ\u00e1ndose el debido proceso respectivo y, en la decisi\u00f3n emitida (\u2026), se esgrimieron los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos o legales, para ello, como era el deber\u00bb (fls. 165 a 166, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b.         La titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota \u2013Norte de Santander, precis\u00f3 que no hay lugar a formular pronunciamiento alguno respecto del litigio que conoci\u00f3, pues la controversia se centra en las actuaciones y decisiones all\u00ed tomadas por el superior funcional (fl. 167, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, tras considerar que en la decisi\u00f3n reprochada \u00abno se encuentra una lesi\u00f3n en grado superlativo de las normas jur\u00eddicas que regula la materia discutida en esa sede. Por el contrario se evidencia que la providencia est\u00e1 motiva, es coherente con el material probatorio existente en el plenario y fruto de un ejercicio interpretativo acorde con la Constituci\u00f3n, las leyes y jurisprudencia sobre la materia, pudi\u00e9ndose constatar que la misma fue edificada en reflexiones que sin duda consultaron reglas m\u00ednimas de razonabilidad jur\u00eddica\u00bb (fls. 169 a 177, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La parte actora recurri\u00f3 el anterior fallo, sin expresar los motivos de su inconformidad (fl. 178, reverso \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    Del relato contenido en el escrito introductor, se observa que la censura est\u00e1 encaminada, concretamente, contra el prove\u00eddo proferido en audiencia el 25 de noviembre de 2016, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona resolvi\u00f3 \u00abREVOCAR\u00bb la sentencia dictada en audiencia del 12 de mayo anterior, y adicionada el 25 de agosto siguiente por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota, para en su lugar, entonces, disponer entre otras, \u00abDECLARAR PROBADA oficiosamente la excepci\u00f3n de cosa juzgada (\u2026). En consecuencia, se NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA\u00bb, dentro del proceso de nulidad de contrato de promesa de compraventa que promovi\u00f3 contra Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez (fl.  26, \u00edd.), pues en su criterio, en la mentada decisi\u00f3n la funcionaria de segunda instancia excedi\u00f3 el marco de sus competencias con lo resuelto.  <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, establecido lo anterior, es del caso se\u00f1alar que examinada tal determinaci\u00f3n con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de una hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, y que por tanto, no puede calificarse de antojadiza o caprichosa, tal como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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3.1.         Ciertamente, la funcionaria accionada para resolver de la manera como lo hizo, en punto de declarar de oficio la excepci\u00f3n de cosa juzgada, luego memorar los art\u00edculo 282 y 303 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a la facultad oficiosa de declarar probadas las excepciones y la cosa juzgada, respectivamente, as\u00ed como los efectos que tienen las conciliaciones judiciales y extrajudiciales de cara al asunto puesto en conocimiento, puntualiz\u00f3 que si bien el debate estaba centrado en la nulidad del contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes en contienda, por carecer de los requisitos de que trata el art\u00edculo 89 de la Ley 153 del a\u00f1o 1987, lo cierto es que en el plenario se \u00abobserv[\u00f3] un acta de conciliaci\u00f3n, la n\u00famero 01600084 de a\u00f1o 2015, suscrita por las partes demandante y demandada ante el Centro de Conciliaci\u00f3n Asociaci\u00f3n Manos Amigas, en el cual consignaron un acuerdo, acuerdo que no debe ser ignorado, dados los efectos de cosa juzgada que le pueden caracterizar o mejor que le caracterizan, efectos que tienen sus sustento en los art\u00edculo 66 de la ley 446 de 1998, y el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 1818 de 1998\u00bb, y de contera, la misma \u00abfuerza vinculante de una sentencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y  siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, adujo que la convenci\u00f3n precontractual el d\u00eda 11 de junio del a\u00f1o 2015, fue objeto de controversia ante el Centro de Conciliaci\u00f3n Asociaci\u00f3n Manos Amigas; luego, \u00abcuatro meses despu\u00e9s, el d\u00eda 6 de octubre de este a\u00f1o, se radic\u00f3 la demanda dando inicio a este debate judicial\u00bb sin advertir de tal documento  hasta la contestaci\u00f3n de la demanda, oportunidad en que se ados\u00f3 el legajo al expediente, por lo que dando aplicaci\u00f3n a la normatividad en cita, infiri\u00f3 que se hac\u00eda necesario analizar si respecto de tal acto operaba el fen\u00f3meno de la cosa juzgada.  <\/span><\/p>\n

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3.2.         Ahora al estudiar el tan mentado tr\u00e1mite extrajudicial, y luego de destacar que las convocadas a conciliar eran las mismas partes reconocidas en el litigio, se\u00f1al\u00f3 que los hechos fundamento de la solicitud fueron que la demandante  <\/span><\/p>\n

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\u00aben [su] condici\u00f3n de madre leg\u00edtima de la menor Keyla Dayana C\u00e1rdenas Contreras celebr\u00f3 el 22 de abril del a\u00f1o 2009 mediante documento privado de promesa de compraventa con la convocada Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez del inmueble ubicado en la calle 6\u00aa No. 4-69 del Centro de la poblaci\u00f3n de Chin\u00e1cota (\u2026). Se dijo (\u2026), que el inmueble fue adquirido a nombre de la menor Keyla Dayana C\u00e1rdenas Contreras, por la suscrita madre leg\u00edtima Yudy Patricia Contreras Rivera (\u2026).  Contin\u00faa relatando (\u2026) la se\u00f1ora convocante, que (\u2026) Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez se oblig\u00f3 a pagar la totalidad del precio, o sea la suma de Veinticinco Millones, cancelando tan s\u00f3lo (\u2026) [a] la firma de la promesa de venta el 22 de abril de 2009, la suma de Diecisiete Millones de pesos; adeudando desde entonces la suma de Ocho millones de pesos, los cuales se ha negado a cancelar sistem\u00e1ticamente durante el transcurso de m\u00e1s de 7 a\u00f1os, aduciendo que (\u2026) carece de los medios econ\u00f3micos para honrar el saldo se\u00f1alado, y contin\u00faa diciendo, a pesar del incumplimiento de la promitente compradora la promesa de venta no re\u00fane los requisitos legales que exige este tipo de contrato, pues carece de dos elementos fundamentales para que sea v\u00e1lida, cuales son, la ausencia de la tradici\u00f3n y el plazo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y en cuanto a las pretensiones expuestas en dicha oportunidad, indic\u00f3 que de la lectura del acta se extrae que all\u00ed se requiri\u00f3  <\/span><\/p>\n

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Y destac\u00f3, que el acuerdo conciliatorio aceptado por las partes, se circunscribi\u00f3 a que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab1\u00ba.        La se\u00f1ora Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez, manifiesta en audiencia que se compromete a cancelar a favor de la se\u00f1ora Yudy Patricia Contreras Rivera, la suma de $22.251.400, correspondientes a la deuda pendiente de $8.000.000, m\u00e1s intereses al mes de junio del a\u00f1o en curso, m\u00e1s pago de impuesto predial del a\u00f1o 2015 (\u2026), por la compraventa del inmueble.  <\/span><\/p>\n

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2\u00ba.        Que la se\u00f1ora Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez manifiesta que se compromete a cancelar la suma antes mencionada en  (\u2026) ocho cuotas de $2.781.425,oo, cancel\u00e1ndolas para el \u00faltimo d\u00eda de cada mes empezando un primer pago para el d\u00eda 31 de julio del a\u00f1o 2015. (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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4\u00ba.        Que la se\u00f1ora Dora Patricia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez manifiesta que acepta que la se\u00f1ora Yudy Patricia Contreras inicie el proceso respectivo si ella incumple con uno de los pagos en la fecha aqu\u00ed acordadas donde la convocante podr\u00e1 exigir el pago total de lo aqu\u00ed acordado m\u00e1s intereses moratorios hasta que se logre efectuar el pago total.  <\/span><\/p>\n

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5\u00ba.        La se\u00f1ora Yudy Patricia Contreras se compromete a realizar el proceso pertinente para lograr la autorizaci\u00f3n y vender el bien inmueble que se encuentre en cabeza de su hija menor, Keyla Dayana C\u00e1rdenas Contreras, y as\u00ed poder firmar las respectivas escrituras de venta a favor de la se\u00f1ora Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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8\u00ba. Las partes acuerdan que los gastos referentes a la venta del inmueble (\u2026) ser\u00e1n asumidos as\u00ed: El Cien por ciento (100%), de los gastos de notar\u00eda por la parte convocante y la se\u00f1ora Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez asume el valor de retenci\u00f3n de boleta fiscal y de registro.  <\/span><\/p>\n

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9\u00ba.        En caso del incumplimiento de la se\u00f1ora Yudy Patricia Contreras en cuanto a la iniciaci\u00f3n del proceso de autorizaci\u00f3n judicial de venta de menor, y en la realizaci\u00f3n de las escritura de venta, faculta a la se\u00f1ora Fanny Antonio M\u00e9ndez para iniciar los tr\u00e1mites legales pertinentes para lograr que se cumpla el acuerdo aqu\u00ed pactado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.3.         De otra parte, y haciendo alusi\u00f3n a los requisitos de la memorada cosa juzgada, concluy\u00f3 que en efecto \u00e9stos se encontraban probados en el asunto, pues \u00abla demanda y la decisi\u00f3n que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada tienen los mismos fundamentos o hechos como sustento\u00bb, destacando adem\u00e1s, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abLos hechos de la demanda versan sobre el contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes de fecha 22 de abril del a\u00f1o 2009, sobre el inmueble de matr\u00edcula 26412048, (\u2026)  documento que  (\u2026) [se alega] no cumple con lo ordenado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1987; que el 22 de abril del a\u00f1o 2009, la promitente compradora entreg\u00f3 parte del precio $17.000.000,oo, a la promitente vendedora y que la promitente compradora se oblig\u00f3 a pagar la suma de $25.000.000,oo, que a la promitente compradora le fue entregada la posesi\u00f3n del bien, el d\u00eda de la suscripci\u00f3n del contrato de promesa de venta, estos mismo hechos, fueron relatados en la audiencia de conciliaci\u00f3n, inclusive el que la promesa de venta no reun\u00eda los requisitos legales que exige este tipo de contratos por carecer de dos elementos fundamentales para que sea v\u00e1lida, as\u00ed lo dijeron en la conciliaci\u00f3n, cuales son, la ausencia de la tradici\u00f3n y el plazo, igualmente adicionaron otros hechos en la audiencia de conciliaci\u00f3n, cumpli\u00e9ndose entonces este mismo requisito, es decir, no solamente trajeron como identidad de causa petendi, o los hechos que ahora plasman en la demanda, sino adicionaron otros hechos que fueron objeto de controversia en esa conciliaci\u00f3n, otro de los requisitos para la cosa juzgada, no solamente es la identidad del objeto que ya dijimos que se da en este caso, y la identidad de causa petendi, si no tambi\u00e9n, la identidad de las partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes, y son las mismas partes las que concurrieron a la audiencia de conciliaci\u00f3n y suscribieron el acta respectiva\u00bb (fl. 135, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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4.        De este modo, examinadas tales motivaciones al margen de lo permitido dentro de la acci\u00f3n de tutela, se concluye que no pueden tildarse de incongruentes o injustificadas, sino que por el contrario, son el fruto del estudio de las probanzas obrantes en el proceso, por lo que la decisi\u00f3n cuestionada en el terreno de los derechos fundamentales descansa en argumentos razonados que, si bien pueden o no  compartirse en su totalidad, de manera alguna pueden calificarse como constituyentes de una causal de procedencia del amparo, m\u00e1xime, si se tiene en cuenta, que no solo, el Juez de segunda instancia, al haberse apelado la sentencia conjuntamente, esto es, por las partes en controversia, ten\u00eda la posibilidad de estudiar la totalidad de las excepciones que pudiesen estar probadas de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 328 del C.G.P.1, sino que, en efecto, al evidenciarse una acta de conciliaci\u00f3n celebrada con posterioridad al contrato de promesa de compraventa cuestionado, en la que hab\u00eda igualdad de partes, hechos y pretensiones a las expuestas en el litigio, era del caso, inexorablemente, declarar la existencia de cosa juzgada.  <\/span><\/p>\n

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\u00abal margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no, el an\u00e1lisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb ( ver entre otras STC737-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (ver entre otras STC737-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo anterior, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso, el superior resolver\u00e1 sin limitaciones.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC4598-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-22-08-003-2017-00006-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100461","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100461","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100461"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100461\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100461"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100461"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100461"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}