{"id":100464,"date":"2026-06-25T20:53:55","date_gmt":"2026-06-25T20:53:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4603-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:53:55","modified_gmt":"2026-06-25T20:53:55","slug":"stc4603-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4603-2017\/","title":{"rendered":"STC4603-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4603-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2017-00033-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013Familia- Laboral del Tribunal Superior de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Dolores Segura \u00c1lvarez, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n;  tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de El Agrado \u2013Huila y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio de la presente tutela, la ciudadana solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera conculcados por la autoridad judicial accionada, al negar la solicitud de nulidad que impetr\u00f3 pues en su sentir, la falta de competencia funcional, no puede ser saneada,  toda vez que el valor de las pretensiones para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, ascend\u00edan a la suma de $93.740.458,oo; y en ese entendido, el juzgador de segunda instancia debi\u00f3 declararla al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 145 del C. de P. C.  <\/span><\/p>\n

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Cuestion\u00f3 que la oficina judicial acusada se pronunciara acerca de la solicitud de nulidad al dictar la sentencia de segunda instancia, y no en auto aparte, como deb\u00eda, pues esta actuaci\u00f3n  le impidi\u00f3 agotar los recursos que proced\u00edan contra la primera negativa aludida.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se conceda el resguardo implorado y que el juzgado accionado emita un nuevo pronunciamiento en donde realice un \u00abestudio minucioso de las normas que regulan las nulidades procesales, y m\u00e1s concretamente la nulidad por falta de competencia funcional\u00bb.  [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Guillermo Leiva Aguirre promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra la aqu\u00ed accionante con el prop\u00f3sito de conseguir el pago de la suma dineraria contenida en la letra de cambio que le fue endosa en propiedad.  <\/span><\/p>\n

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2. El 29 de abril de 2014 el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de El Agrado -Huila libr\u00f3 mandamiento de pago por los conceptos pretendidos y orden\u00f3 el enteramiento de la pasiva.  <\/span><\/p>\n

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3. El 29 de agosto del mismo a\u00f1o, se tiene por notificada por conducta concluyente al haberse allegado poder para actuar el d\u00eda 25 anterior.  <\/span><\/p>\n

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4. El 16 de septiembre de 2014, la parte demandada radic\u00f3 escrito de excepciones de m\u00e9rito, del que se corri\u00f3 traslado al ejecutante.  <\/span><\/p>\n

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5. El 12 de mayo de 2015, se dict\u00f3 sentencia en la que se resolvi\u00f3 denegar por improcedente las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la ejecutada;  en consecuencia, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. La accionante, inconforme apel\u00f3 la determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. El 7 de septiembre de 2015, la quejosa radic\u00f3 escrito que titul\u00f3 incidente de nulidad fundamentada en la causal segunda del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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8. El 18 de julio de 2016, le pidi\u00f3 al juzgador pronunciarse sobre la solicitud de nulidad previo a resolver el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. El 24 de agosto de 2016 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n \u2013Huila, procedi\u00f3 a decidir de plano la solicitud de nulidad y seguidamente, a desatar el recurso vertical formulado, para lo que resolvi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPrimero: Denegar la solicitud de nulidades propuesta por la parte demandada.  <\/span><\/p>\n

Segundo: Confirmar la sentencia proferida el 12 de mayo de 2015 por el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal del Agrado Huila (\u2026)  <\/span><\/p>\n

Tercero: Condenar en costas a la parte demandada (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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          10. En criterio de la peticionaria, la autoridad encausada vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales al no decretar la nulidad invocada cuando la falta de competencia funcional es insaneable, am\u00e9n que debi\u00f3 haberse resuelto tal pedimento en prove\u00eddo aparte y no en la sentencia de segunda instancia, como se surti\u00f3, pues con ello qued\u00f3 en imposibilidad de hacer uso de los recursos pertinentes.  [Folios 1- 3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 9 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 correr traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 7, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de El Agrado \u2013Huila, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo que se adelanta contra la accionante, y cont\u00f3 que en segunda instancia se confirm\u00f3 en su integridad el fallo que se dict\u00f3 el 12 de mayo de 2015, en donde se negaron por improcedentes las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la pasiva y en consecuencia, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n.  [Folios 12- 14, c. 1]   <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n \u2013Huila expres\u00f3 que si bien no decidi\u00f3 por separado la solicitud de nulidad, ello no implic\u00f3 vulneraci\u00f3n del debido proceso de la accionante.  Indic\u00f3 que deneg\u00f3 la nulidad planteada por hallarse saneada y que los hechos que constituyen una excepci\u00f3n previa en el proceso ejecutivo, debi\u00f3 alegarlo mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, motivo por el cual solicit\u00f3 denegar la acci\u00f3n de tutela por improcedente.  [Folio 22, c.1]  <\/span><\/p>\n

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       De otro lado, Guillermo Leiva Aguirre, en su calidad de ejecutante en el proceso materia de reproche, arguy\u00f3 que siempre que le resulta adversa una decisi\u00f3n a la accionante, \u00e9sta opta por acudir a la acci\u00f3n de tutela para corregir su desidia, cuando ya le fue resuelta su solicitud de nulidad y por tanto, esa decisi\u00f3n hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, por lo que se torna improcedente el resguardo constitucional. [Folio 25 \u2013 30, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 22 de febrero de 2017, el Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 la solicitud de amparo incoada, por considerar que no se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad pues que se despachara desfavorablemente su solicitud de nulidad en providencia de 24 de agosto de 2016, obedeci\u00f3 a que no la propuso en la oportunidad que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico, esto es, por v\u00eda de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo, por tratarse de la competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda.  [Folios 54 a 57, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con el fallo anterior, la tutelante lo impugn\u00f3 bajo el argumento que el juzgado accionado neg\u00f3 la nulidad planteada en la misma providencia que confirm\u00f3 la sentencia apelada, situaci\u00f3n que no le \u00abpermiti\u00f3 interponer ning\u00fan recurso contra el auto que neg\u00f3 la nulidad\u00bb;  a su vez, insisti\u00f3 en las razones esgrimidas en el escrito tutelar. [Folios 74 a 76, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. La salvaguarda en el presente asunto no se aviene al principio de subsidiariedad, pues advierte la Sala que la accionante no utiliz\u00f3 el medio defensivo con el cual contaba para replicar la determinaci\u00f3n que alega afecta sus garant\u00edas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la queja se dirige contra la decisi\u00f3n que data de 24 de agosto de 2016 dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n -Huila, mediante la cual deneg\u00f3 la solicitud de nulidad formulada por la ejecutada consistente en la falta de competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, cuando a todas luces, dicho reparo debi\u00f3 formularlo mediante el recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, por ser el mecanismo establecido por el legislador para tal efecto, desaprovechando de esta manera el momento para plantear ante el juez natural los argumentos que por esta v\u00eda esgrime, oportunidad derrochada por su descuido.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, no puede admitirse que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al funcionario judicial que conoce del asunto, en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 el medio de defensa judicial ordinario, pues la demanda de amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los mecanismos de oposici\u00f3n establecidos por la ley, los cuales dilapid\u00f3 la interesada como consecuencia de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si la inconforme no aprovech\u00f3 el instrumento de defensa establecido en el ordenamiento jur\u00eddico para controvertir la supuesta irregularidad en cuanto a la competencia del juez de conocimiento en raz\u00f3n de la cuant\u00eda de las pretensiones, resulta evidente que de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 102 del C\u00f3digo General del Proceso,  que prev\u00e9: \u00abLos hechos que configuran excepciones previas no podr\u00e1n ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones\u00bb;  no puede ahora aspirar a que en esta v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (CSJ STC, 26 en. 2011, rad. 00027-00).  <\/span><\/p>\n

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Y es que, la misma accionante en su escrito introductor, narr\u00f3: \u00abencontr\u00e1ndose el expediente en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, Huila, para que se surtiera el recurso de apelaci\u00f3n oportunamente interpuesto, se advirti\u00f3 que se hab\u00eda incurrido por parte del Juzgado \u00fanico Promiscuo Municipal de Agrado, Huila, en una causal de nulidad, dado que el valor de las pretensiones para la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda (abril 21 de 2014), ascend\u00edan a la suma de $93.740.458,oo (\u2026)\u00bb;  lo que confirma que dej\u00f3 de ventilar su reparo a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, que, como se dej\u00f3 visto, era la oportunidad id\u00f3nea para resolver su reproche.  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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       4. Con todo, si censur\u00f3 que el juzgador de segundo grado no resolviera su solicitud de nulidad en auto aparte a la sentencia que dict\u00f3 al desatar el recurso de apelaci\u00f3n, tal situaci\u00f3n tampoco puede tildarse como transgresora de las garant\u00edas de la promotora del amparo, cuando aquella  no intent\u00f3 ning\u00fan recurso contra la decisi\u00f3n que discute por esta v\u00eda, ni puso en conocimiento del juez de segunda instancia, su inconformidad para que fuera el operador judicial, el cognoscente del asunto, quien entrara a analizar su queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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