{"id":100466,"date":"2026-06-25T20:54:12","date_gmt":"2026-06-25T20:54:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4608-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:54:12","modified_gmt":"2026-06-25T20:54:12","slug":"stc4608-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4608-2017\/","title":{"rendered":"STC4608-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2017-00107-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el primero de marzo de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Alcald\u00eda de La Virginia, el Ministerio P\u00fablico, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por las autoridades accionadas, por cuanto en la acci\u00f3n popular con radicado n.\u00b0 2016-00095-00 se debe aplicar la falta de competencia por vencimiento de t\u00e9rminos contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y adem\u00e1s porque la instituci\u00f3n encargada de la defensa de la ciudadan\u00eda no ha impetrado tutelas en su nombre.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, pretende, que se ordene al juzgado accionado que declare su falta de competencia y env\u00ede ese asunto al despacho que le sigue en turno, y aporte copia de la sentencia SC16426-2015 del 27 de noviembre de 2015 de esta Corporaci\u00f3n, y se determine si la Defensor\u00eda del Pueblo ha violado sus garant\u00edas superiores. [Folio 1, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 7 de mayo de 2015, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga present\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Cooperativa La Rosa La Virginia Risaralda, ante la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos por atender al p\u00fablico en un inmueble que no cuenta con servicios sanitarios para el uso de la ciudadan\u00eda en general y de la poblaci\u00f3n que se encuentre en situaci\u00f3n de discapacidad y se movilice en silla de ruedas.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3 en auto fechado el 12 de mayo siguiente, en el que orden\u00f3 el traslado a la parte pasiva y las comunicaciones al Ministerio P\u00fablico, la Alcald\u00eda Municipal y los miembros de la comunidad.  <\/span><\/p>\n

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3. La persona jur\u00eddica accionada se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones denominadas \u00abinexistencia de vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos colectivos\u00bb, \u00abcaducidad de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abimprocedencia del incentivo econ\u00f3mico\u00bb y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el juzgador emiti\u00f3 sentencia el 13 de enero de 2017, donde declar\u00f3 probado el medio exceptivo de cumplimiento de la normatividad y dispuso que la entidad accionada no hab\u00eda violado o puesto en peligro los derechos colectivos aludidos.  <\/span><\/p>\n

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5. La providencia anterior, fue notificada en el estado del 16 de enero posterior.  <\/span><\/p>\n

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6. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga interpuso el recurso de apelaci\u00f3n y solicit\u00f3 la nulidad por no haberse notificado el fallo mediante edicto ni haberse notificado a la entidad territorial.  <\/span><\/p>\n

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7. En prove\u00eddo del 7 de febrero del a\u00f1o cursante, el juez de la causa rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n de nulidad y neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por extempor\u00e1neo.  <\/span><\/p>\n

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8. De otro lado, el tutelante asegura que la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas se niega a asistirlo en la presentaci\u00f3n de acciones de tutela, a pesar de que \u00e9l lo ha solicitado en m\u00faltiples ocasiones.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 16 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Alcald\u00eda de La Virginia, el Ministerio P\u00fablico, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 4, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Procuradur\u00eda Regional de Risaralda indic\u00f3 que su intervenci\u00f3n en las acciones populares est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos en la etapa de pacto de cumplimiento. [Folio 7, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Alcald\u00eda de La Virginia manifest\u00f3 que no observa transgresi\u00f3n alguna de los derechos fundamentales del quejoso en el proceso cuestionado. [Folio 12, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia inform\u00f3 que emiti\u00f3 fallo el 13 de enero de 2017 dentro de la acci\u00f3n popular instaurada por el actor, motivo por el cual no es procedente la salvaguarda deprecada. [Folio 17, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 1\u00b0 de marzo de 2017, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira declar\u00f3 improcedente el amparo, debido a que existe carencia actual de objeto para emitir alguna determinaci\u00f3n relacionada con la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento de t\u00e9rminos, pues en la acci\u00f3n popular censurada ya se profiri\u00f3 la sentencia correspondiente, y de otro lado, no es procedente el resguardo frente a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas porque no se acredit\u00f3 que el accionante hubiera acudido a esa entidad para que promoviera acciones de esta misma naturaleza en su nombre, por lo que no se prob\u00f3 que aquella hubiera incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n que amerite brindar la protecci\u00f3n reclamada. [Folios 24-28, c. 1]  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual \u00fanicamente solicit\u00f3 que se amparara su acci\u00f3n. [Folios 31-32, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que viene de comentarse, pues el querellante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se encuentra que la queja del accionante recae en la supuesta p\u00e9rdida de competencia por vencimiento de t\u00e9rminos, contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en la que habr\u00eda incurrido el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia dentro de la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2016-00095-00, promovida por aquel.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto se observa que el peticionario no ha presentado los argumentos en los que funda la presente acci\u00f3n excepcional ante el funcionario competente para que, de esa manera, se pronuncie concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende, mediante las herramientas que la ley adjetiva le confiere; de lo que se deduce, entonces, la improcedencia de la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que se torne improcedente el amparo solicitado, porque es al interior del proceso censurado que el impulsor de la salvaguarda tiene la oportunidad de esbozar las razones que expone por esta v\u00eda, y no puede pretender que mediante la presente acci\u00f3n de tutela, el juez constitucional se anticipe a la decisi\u00f3n del juez natural.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este tema, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Sumado a lo anterior, la Corporaci\u00f3n advierte que no se demostr\u00f3 la amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores del quejoso por el presunto incumplimiento de sus deberes por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas al no presentar acciones de tutela en su nombre, a fin de garantizarle el debido proceso en sus acciones populares, puesto que aquella persona no acredit\u00f3 que hubiera acudido ante esa entidad p\u00fablica para tal finalidad. Por consiguiente, no existe fundamento probatorio que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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