{"id":100467,"date":"2026-06-25T20:54:17","date_gmt":"2026-06-25T20:54:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4610-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:54:17","modified_gmt":"2026-06-25T20:54:17","slug":"stc4610-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4610-2017\/","title":{"rendered":"STC4610-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4610-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2017-00106-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el tres de marzo de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lilia Hern\u00e1ndez Ortega  contra el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Tunja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La ciudadana solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la autoridad judicial accionada, quien al desatar el tr\u00e1mite incidental que promovi\u00f3, lo conden\u00f3 en costas sin especificar las razones que lo llevaron a fijar el monto de agencias en derecho que deb\u00eda incluirse en la liquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto esa decisi\u00f3n y, en su lugar, se ordene motivarla en debida forma.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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2. Agotadas las etapas pertinentes, el 3 de septiembre de 2015 se realiz\u00f3 diligencia para inventariar los bienes que integran la sucesi\u00f3n y se dispuso que su aval\u00fao se hiciera a trav\u00e9s de perito.  <\/span><\/p>\n

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3. En cumplimiento de lo anterior, el 1 de febrero de 2016 el auxiliar de la justicia rindi\u00f3 la experticia encomendada.  <\/span><\/p>\n

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4.  Por auto de 15 de abril siguiente se dispuso el traslado del avalu\u00f3 realizado.  <\/span><\/p>\n

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5. Dentro de la oportunidad pertinente, la accionante formul\u00f3 objeci\u00f3n, pues en su criterio no se valoraron la totalidad de los inmuebles construidos en una finca de propiedad del causante.    <\/span><\/p>\n

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6. Surtido el traslado pertinente, en auto de 4 de noviembre de 2016 la autoridad judicial accionada desech\u00f3 la objeci\u00f3n, advirtiendo que en vista de que los bienes a los que en ella se hizo alusi\u00f3n no fueron inventariados en la sucesi\u00f3n, no habr\u00eda raz\u00f3n para considerar que aquellos deb\u00edan ser valorados por el auxiliar, pues el quehacer de \u00e9ste se limita de manera exclusiva al listado aprobado en la diligencia de inventarios.   <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, conden\u00f3 en costas a la objetante, fijando como agencias en derecho la suma de 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. [Folio 13, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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7.  Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, la convocante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, insistiendo en la necesidad de avaluar los inmuebles a los que hizo referencia.  <\/span><\/p>\n

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8. El 5 de diciembre de 2016 se concedi\u00f3 la alzada, para cuyo fin era necesario que el recurrente sufragara las expensas pertinentes.  <\/span><\/p>\n

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9. Teniendo en cuenta que dentro de la oportunidad pertinente el recurrente no cancel\u00f3 el valor de las copias, en auto de 5 de diciembre de 2016, se declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. La Secretar\u00eda del despacho procedi\u00f3 a realizar la liquidaci\u00f3n de costas, incluyendo en esta la suma de 1\u2019475.434. por concepto de agencias en derecho.  <\/span><\/p>\n

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11. El 13 de febrero de la presente anualidad se imparti\u00f3 su aprobaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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12. Contra la anterior decisi\u00f3n no se formul\u00f3 ning\u00fan medio de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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13. La accionante acude al amparo constitucional por considerar que el juzgador accionado vulner\u00f3 sus derechos, pues si bien la ley procesal civil establece la necesidad de condenar en costas a quien se le resuelva  desfavorablemente un incidente, era necesario que se justificara el valor que se fij\u00f3 por concepto de agencias en derecho.   <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 23 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 16, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Primero de Familia de Tunja remiti\u00f3 copia electr\u00f3nica del cuaderno contentivo del tr\u00e1mite incidental cuestionado. [Folio 19, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. El 3 de marzo de 2017 la Sala Civil Familia de Tunja deneg\u00f3 el amparo constitucional peticionado, por considerar que el mismo no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que la situaci\u00f3n que alega la accionante debi\u00f3 alegarse por v\u00eda de reposici\u00f3n o apelaci\u00f3n, contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, en la medida en que la accionante no ejerci\u00f3 de forma oportuna los mecanismos de defensa que la ley le otorga para cuestionar el monto que por concepto de agencias en derecho se fij\u00f3 en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Con el fin de resolver la queja formulada por el accionante, necesario es iniciar por advertir que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, la condena en costas se \u00abhar\u00e1 en sentencia o auto que resuelva la actuaci\u00f3n que dio lugar a aquella\u00bb, al paso que el numeral 5 del art\u00edculo 366 de la misma codificaci\u00f3n contempla que el monto \u00abde las agencias en derecho s\u00f3lo podr\u00e1 controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n  apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente caso, establecido por parte del despacho judicial accionado la procedencia de la condena en costas, pues la objeci\u00f3n formulada por la accionante se resolvi\u00f3 desfavorablemente, el mismo procedi\u00f3, de conformidad con la norma inicialmente citada, a fijar el monto que por concepto de agencias en derecho deb\u00eda incluirse en la correspondiente liquidaci\u00f3n, considerando pertinente la suma de 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes1.   <\/span><\/p>\n

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Realizada la liquidaci\u00f3n correspondiente, en auto de 13 de febrero de la presente anualidad se procedi\u00f3 con su aprobaci\u00f3n, sin embargo, contra dicha decisi\u00f3n no se formularon ninguno de los medios de defensa que contempla el citado art\u00edculo 366, siendo evidente, de conformidad con dicha normatividad, era esa la oportunidad  pertinente para alegar la situaci\u00f3n que aqu\u00ed se expone.  <\/span><\/p>\n

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Sin que pueda aceptarse como excusa a tal desatenci\u00f3n lo que en la impugnaci\u00f3n al fallo de primera instancia se expone, pues con independencia de que la condena en costas se haya impuesto en auto de 4 de noviembre de 2016, lo cierto es que las inconformidades relacionadas con el monto de las agencias en derecho, incluyendo la aparente falta de motivaci\u00f3n aqu\u00ed invocada, debieron alegarse contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n, por as\u00ed disponerlo la codificaci\u00f3n procesal civil.    <\/span><\/p>\n

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As\u00ed la cosas, prudente es recordar que la acci\u00f3n de tutela no puede ser empleada para soslayar que es en el proceso judicial donde -por excelencia- debe procurarse la protecci\u00f3n de las prerrogativas de orden fundamental de quienes participan en el litigio.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si la tutelante no aprovech\u00f3 el instrumento de defensa establecido en el ordenamiento procesal para controvertir la providencia en cita, no pueden aspirar a que en esta excepcional v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ SC 26 Ene. 2011, Exp. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

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3. Las anteriores razones se estiman suficientes para concluir la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 El acuerdo 1887 de 2003, empleado por el Juzgado, establec\u00eda que en los tr\u00e1mites incidentales y especiales, se pod\u00eda fijar por concepto de agencias en derecho hasta cinco salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.      <\/span><\/p>\n

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