{"id":100469,"date":"2026-06-25T20:54:24","date_gmt":"2026-06-25T20:54:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4613-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:54:24","modified_gmt":"2026-06-25T20:54:24","slug":"stc4613-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4613-2017\/","title":{"rendered":"STC4613-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4613-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00123-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dos de marzo de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Regional Risaralda de la Defensor\u00eda del Pueblo y de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como a la Alcald\u00eda Municipal de aquella localidad.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, por cuanto en la acci\u00f3n popular con radicado No. 2016-00509 se le exigieron requisitos no contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998,  lo que conllev\u00f3 a que fuera inadmitida y luego rechazada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, pretende, se ordene al juzgado accionado tramitar su queja. [Folios 1- 2, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 17 de noviembre de 2016 el reclamante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Audifarma, sucursal de la carrera 19 No. 14-20 de Bosconia (Santander), por carecer de sanitarios para los usuarios en condici\u00f3n de discapacidad, que se movilizan en silla de ruedas, en el local comercial donde funciona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Mediante auto de 21 de noviembre del mismo a\u00f1o, el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Pereira, inadmiti\u00f3 la demanda y concedi\u00f3 al actor un t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas para subsanarla y, en ese sentido, allegar prueba de la existencia y representaci\u00f3n de la demandada, indicar el derecho colectivo vulnerado y aportar las pruebas de los hechos denunciados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

4. El 16 de enero de 2017 se dispuso mantener inc\u00f3lume la inadmisi\u00f3n y negar por improcedente la censura subsidiaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 6 de febrero posterior, se rechaz\u00f3 la acci\u00f3n por no haber sido subsanado el libelo petitorio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos por cuanto su demanda se inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 con fundamento en requisitos no establecidos en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Por auto del 17 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el litigio y se orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 5, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto su intervenci\u00f3n se limita a la protecci\u00f3n de los derechos colectivos y, en ese sentido, es ajena a los hechos que originan la inconformidad. [Folio 7, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Juzgado Segundo Civil del Circuito accionado, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de copia de la actuaci\u00f3n censurada por el actor. [Folios 10-17, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el mismo sentido, la Alcald\u00eda Municipal de Pereira, manifest\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al no ser la autoridad generadora de la violaci\u00f3n alegada. [Folios 18-27, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 2 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional tras se\u00f1alar que una vez verificadas las diligencias se observa que contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la demanda no se interpuso recurso alguno y en esa medida, insatisfecho estaba el requisito de la subsidiaridad. [Folios 30-35, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n el promotor de la acci\u00f3n la impugn\u00f3 para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 \u00abSOLICITO AMPARAR MI ACCI\u00d3N Y VALORAR EL APARENTE ABUSO DE LA TUTELADA\u00bb [Folio 42, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para cuestionar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se ha considerado que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01)  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de subsidiariedad, por no recurrirse una de las providencias objeto de la queja, es evidente que el Juzgador incurri\u00f3 en una protuberante irregularidad que afecta el debido proceso del actor, habida cuenta que la acci\u00f3n popular que present\u00f3 contra Audifarma -sucursal de la carrera 19 No. 14-20 de Bosconia (Santander), fue inadmitida y posteriormente rechazada, con fundamento en la falta de tres exigencias no consagradas por el legislador en la normatividad especial que regula la materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, mediante prove\u00eddo de 21 de noviembre de 2016, el juzgador accionado decidi\u00f3 inadmitir la referida demanda para que el actor popular: i) aportara prueba del domicilio de la parte demandada con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal; ii) indicara el derecho colectivo que considera vulnerado y qui\u00e9nes podr\u00edan ser los perjudicados con tales infracciones; y iii) presentara la prueba de los supuestos f\u00e1cticos que sustentan su pretensi\u00f3n, para lo cual otorg\u00f3 un lapso de tres (3) d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se encuentra que dicha providencia no se profiri\u00f3 de conformidad con la ley estatutaria 472 de 1998, que regula de forma especial, la acci\u00f3n popular, establecida en el art\u00edculo 88 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, lo que vulnera los derechos del actor.  <\/span><\/p>\n

En efecto, establece el art\u00edculo 18 de la norma en comento, que para promover una acci\u00f3n popular se presentar\u00e1 una demanda o petici\u00f3n con los siguientes requisitos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) La indicaci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado;  <\/span><\/p>\n

b) La indicaci\u00f3n de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petici\u00f3n;  <\/span><\/p>\n

c) La enunciaci\u00f3n de las pretensiones;  <\/span><\/p>\n

d) La indicaci\u00f3n de la personas natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;  <\/span><\/p>\n

e) Las pruebas que pretenda hacer valer;  <\/span><\/p>\n

f) Las direcciones para notificaciones;  <\/span><\/p>\n

g) Nombre e identificaci\u00f3n de quien ejerce la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en su inciso final indica \u00abque la demanda se dirigir\u00e1 contra el presunto responsable del hecho u omisi\u00f3n que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenar\u00e1 su citaci\u00f3n en los t\u00e9rminos en que aqu\u00ed se prescribe para el demandado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, indica el art\u00edculo 20 de la referida normatividad, que el juzgador \u00abInadmitir\u00e1 la demanda que no cumpla con los requisitos se\u00f1alados en esta ley, precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas\u00bb. (Subrayado fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Reglas de las que se desprende, que el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, no es un presupuesto exigible en el procedimiento de la acci\u00f3n popular, mecanismo constitucional establecido para la defensa de los derechos colectivos, pues en tal tr\u00e1mite, de conformidad con las normas especiales, en las que \u00fanicamente se hace referencia a que se se\u00f1ale a la persona natural o jur\u00eddica, o a la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en sentencia reciente esta Corporaci\u00f3n, en un asunto de similares caracter\u00edsticas indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, no es un presupuesto exigido en el procedimiento de la acci\u00f3n popular, mecanismo constitucional establecido para la defensa de los derechos colectivos, pues en tal tr\u00e1mite de conformidad con las normas especiales, \u00fanicamente se hace referencia a que se se\u00f1ale a las personas natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible, por lo que el mencionado documento no era requisito indispensable para admitir la demanda. (CSJ STC- STC2809-2017,  2 Mar. 2017, Rad. 2016-01279-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, en relaci\u00f3n a la segunda exigencia, se establece que tambi\u00e9n la autoridad encartada incurri\u00f3 en error al omitir que efectivamente el actor en su demanda s\u00ed se\u00f1al\u00f3 los derechos colectivos que estim\u00f3 vulnerados por cuanto expuso como tales los se\u00f1alados en el \u00ab1 inciso m, d, l, ENTRE OTROS QUE DETERMINE EL JUEZ, del art\u00edculo 4 de la ley 472 de 1998, ley 161 de 1997, entre otras m\u00e1s\u00bb y tambi\u00e9n manifest\u00f3 que la entidad demandada no cuenta con \u00abun ba\u00f1o p\u00fablico que sea apto para ser empleado por ciudadanos que se movilicen en silla de ruedas\u00bb. [Folio 11, vuelto, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, en torno al tercer requerimiento, se observa que en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no se\u00f1ala que con la demanda deban probarse \u00ablos supuestos f\u00e1cticos que sustentan la pretensi\u00f3n\u00bb, toda vez que para ello la acci\u00f3n popular cuenta con una etapa probatoria (Art\u00edculo 28  y siguientes de la Ley 472 de 1998.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda el fallador exigir al demandante aportar documentos que la normatividad aplicable al asunto no consagra y mucho menos, omitir informaci\u00f3n que el accionante efectivamente aport\u00f3, y mucho menos, rechazar la demanda como consecuencia de la falta de subsanaci\u00f3n, tal como ocurri\u00f3 en auto de 6 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto es necesario aclarar, que la acci\u00f3n popular fue establecida en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y reglamentada en la Ley 472 de 1998, norma en la que se consagraron los requisitos especiales que debe cumplir la demanda y en qu\u00e9 en casos se puede inadmitir, por lo que no es posible acudir a las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para resolver tales temas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agr\u00e9guese que enterado de la inadmisi\u00f3n, el actor la impugn\u00f3 y como base de su censura argument\u00f3, precisamente, que el funcionario judicial no pod\u00eda imponerle cargas que la ley no preve\u00eda, no obstante lo cual se mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n cuestionada que, como ya se vio es desconocedora de las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Al margen de lo anterior, es claro que en los dem\u00e1s procesos civiles debe acreditarse la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas que sean partes, as\u00ed como el domicilio de \u00e9stas, con el certificado expedido por la entidad respectiva, para efectos de la verificaci\u00f3n de los presupuestos de capacidad para ser parte y para comparecer a juicio, seg\u00fan se desprende de los art\u00edculos 53, 54, 84-2 y 85 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual es posible con el documento respectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, en la actualidad tal documento no puede exigirse por el Juez, cuando se trate de personas jur\u00eddicas de derecho privado cuya informaci\u00f3n \u00abconste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla\u00bb, tal cual lo establece el precepto 85 ib\u00eddem, donde se enfatiza en que: \u00abCuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n que, se advierte, atiende a los esfuerzos encaminados a procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones al interior del proceso, de acuerdo lo dispuesto por el art\u00edculo 103 de la norma adjetiva civil, as\u00ed como la Ley 527 de 1999, que propenden porque en todas las actuaciones judiciales, se haga uso de las mismas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo cual, ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, encuentra importante relevancia en la acci\u00f3n popular, por tratarse de un \u00abmecanismo constitucional para la defensa de derechos e intereses colectivos, exigi\u00f3 que el legislador haya enfatizado la aplicaci\u00f3n de los principios de \u201cprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u201d, los cuales deben materializarse por v\u00eda del impulso oficioso, preferente y proactivo por parte del Juez en orden a obtener una decisi\u00f3n de fondo, as\u00ed como de la prescripci\u00f3n de facilidades para la formulaci\u00f3n de la \u201cdemanda o petici\u00f3n\u201d\u00bb (arts. 5, 6, 14, 17, 18, entre otros de la Ley 472 de 1998). (CSJ AC013-201712 Ene. 2017, Rad. 2016-03353-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que si los jueces advierten que no se alleg\u00f3 la prueba de existencia y representaci\u00f3n, pero que la persona jur\u00eddica es privada y que dicha informaci\u00f3n consta en la base de datos de las entidades p\u00fablicas o privadas que tienen a su cargo la certificaci\u00f3n de \u00e9stas, deben acudir a aquellos registros, para verificar tal situaci\u00f3n, sin que se pueda inadmitir la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed, que en el caso de las personas jur\u00eddicas controladas y vigiladas por las Superintendencias Financiera y la del Subsidio Familiar, as\u00ed como por el Ministerio del Interior, encargadas de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n de las empresas y entidades a su cargo, de acuerdo al art\u00edculo 326 del estatuto Financiero y el la Ley 25 de 1981, como quiera que cuentan con bases de datos en las cuales se puede verificar la existencia y representaci\u00f3n, as\u00ed como el domicilio de \u00e9stas, seg\u00fan se puede verificar en las p\u00e1ginas web de cada una1, los jueces y Magistrados, pueden consultarlas a fin de verificar el requisito referido en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s sociedades, que en su mayor\u00eda est\u00e1n inscritas en las C\u00e1maras de Comercio del pa\u00eds, que actualmente se agremian como CONFECAMARAS, entidad privada sin \u00e1nimo de lucro, que administra el Registro \u00danico Empresarial y Social RUES desarrollado en virtud de la ley 590 de 2000, en su calidad de particulares encargados de una funci\u00f3n administrativa p\u00fablica, tambi\u00e9n es posible tener acceso a esa informaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 15 del Decreto 19 de 2012, aplicable a tal entidad, indica que: \u00abLas entidades p\u00fablicas y las privadas que cumplan funciones p\u00fablicas o presten servicios p\u00fablicos pueden conectarse gratuitamente a los registros p\u00fablicos que llevan las entidades encargadas de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las personas jur\u00eddicas\u2026 en las condiciones y seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la informaci\u00f3n obviar\u00e1 la solicitud del certificado y servir\u00e1 de prueba bajo la anotaci\u00f3n del funcionario que efect\u00fae la consulta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que los despachos judiciales del pa\u00eds pueden solicitar a la entidad encargada de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal (CONFECAMARAS), se les permita conectarse, es decir acceder a esos registros, a fin de cumplir con su funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, caso en cu\u00e1l dicha entidad tendr\u00e1 que informarles de que forma podr\u00e1n ingresar y cu\u00e1les ser\u00e1n las seguridades requeridas para ello -usuario y contrase\u00f1a-.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior, la referida norma en su art\u00edculo 172, indica que \u00aba partir de, para fines informativos, las C\u00e1maras de Comercio dar\u00e1n acceso gratuito, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web del RUES al menos a la siguientes i9nformaci\u00f3n b\u00e1sica de las personas incorporadas en su registro; C\u00e1mara de comercio donde se registra la persona, raz\u00f3n social, n\u00famero de identificaci\u00f3n tributaria, fecha de renovaci\u00f3n, fecha de matr\u00edcula, fecha de vigencia, tipo organizaci\u00f3n, categor\u00eda de la matr\u00edcula, estado de la matr\u00edcula, actividad econ\u00f3mica, establecimientos, agencias o sucursales, representantes legales principales y suplentes, y limitaciones de su capacidad de contratar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud de dicha disposici\u00f3n Confec\u00e1maras, que es la entidad que se refiri\u00f3 antes, es la administradora del Registro \u00danico Empresarial y Social, cre\u00f3 la p\u00e1gina web de RUES3, en el cual se puede hacer una consulta b\u00e1sica de la raz\u00f3n social de las personas jur\u00eddicas que certifica dicha entidad, as\u00ed como qui\u00e9nes son sus representantes legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que tambi\u00e9n pueden los despachos judiciales acudir a tal informaci\u00f3n, sin necesidad de solicitar el certificado correspondiente, sin perjuicio, de que como se se\u00f1al\u00f3 antes, pidan a la entidad encargada, los dejen ingresar de manera gratuita a los registros p\u00fablicos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, de acuerdo con lo consagrado en los art\u00edculos 85 y 103 del C\u00f3digo General, y teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los funcionarios judiciales de  acudir a cualquiera de los medios antes referidos, no es dable que \u00e9stos, de manera autom\u00e1tica, exijan la prueba de existencia y representaci\u00f3n, e inadmitan por dicho requisito, sin que previamente hubiesen verificado que tal informaci\u00f3n no reposaba en ninguna de las bases de datos citadas o cualquier otra que repose en entidades encargadas de su certificaci\u00f3n lleven, porque ello traslada una carga a la parte que la misma Ley le ha quitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. De modo que como la sociedad accionada en el caso, es una de aquellas que se encuentra inscrita en la C\u00e1mara de Comercio, la informaci\u00f3n de existencia y representaci\u00f3n reposa en la base de datos del RUES, el cual pudo ser revisado por la autoridad judicial, y por ende, no era requisito indispensable para inadmitir la demanda, sobre todo porque de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no est\u00e1 consagrado como tal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto esta Sala, en un precedente anterior, en donde tambi\u00e9n se hizo referencia a los mecanismos con los que cuenta el juez para verificar la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo a lo consagrado en los art\u00edculos 85 y 103 del C\u00f3digo General, y teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los funcionarios judiciales de acudir a cualquiera de los medios antes referidos, no es dable que \u00e9stos, de manera autom\u00e1tica, exijan la prueba de existencia y representaci\u00f3n, e inadmitan por dicho requisito, sin que previamente hubiesen verificado que tal informaci\u00f3n no reposaba en ninguna de las bases de datos citadas o cualquier otra que la entidad encargada de su certificaci\u00f3n lleve, porque ello lleva a imponer una carga a la parte, de la que la misma Ley le ha relevado. (CSJ ST2809-2017, 2 Mar. 2017, Rad. 2016-01279-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos las actuaciones objeto de censura a partir del auto inadmisorio de la acci\u00f3n popular No. 2016-00509-00, inclusive, y en su lugar le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos las actuaciones objeto de censura a partir del auto inadmisorio de la acci\u00f3n popular No. 2016-00509-00, inclusive, y en su lugar le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1https:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/jsp\/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61694; http:\/\/www.ssf.gov.co\/wps\/portal\/ES\/superintendencia\/cajasdecompensacionfamiliar\/directorio-cajas.  <\/span><\/p>\n

http:\/\/arncbpm.mininterior.gov.co\/? <\/A><\/span><\/p>\n

2 https:\/\/www.supersalud.gov.co\/vigilados\/vigilados\/datos-vigilados.    <\/span><\/p>\n

3 http:\/\/www.rues.org.co\/RUES_Web\/Consultas.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4613-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00123-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100469","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100469","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100469"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100469\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100469"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100469"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100469"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}