{"id":100470,"date":"2026-06-25T20:54:29","date_gmt":"2026-06-25T20:54:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4615-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:54:29","modified_gmt":"2026-06-25T20:54:29","slug":"stc4615-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4615-2017\/","title":{"rendered":"STC4615-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4615-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dos de marzo de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rub\u00e9n Dar\u00edo Fandi\u00f1o Forero contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades,  partes e intervinientes del proceso penal que se adelanta en contra del accionante.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, habeas data, debido  proceso y libertad, que considera vulnerados por el Tribunal  accionado porque no ha dado respuesta a los diversos derechos de petici\u00f3n que ha presentado requiriendo se resuelva el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia proferida por el A Quo pese al tiempo que ha transcurrido desde su ingreso al despacho para tal fin aunado a que no se le ha asignado actividad de estudio o trabajo para efectos de descontar la pena debido a que ostenta la calidad de sindicado.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se tutelen los derechos invocados por cuanto al no \u00abpronunciarse a tiempo\u00bb la autoridad accionada est\u00e1 afectando su libertad toda vez que se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Carcelario La Modelo sin la oportunidad de acceder a actividades para redenci\u00f3n o cambiar de fase de tratamiento penitenciario. [Folio 2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de septiembre de 2013, el Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 emiti\u00f3 sentencia contra el accionante dentro del radicado No. 2009-07609 por el delito de Actos Sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, donde fue condenado a la pena de 160 meses de prisi\u00f3n, as\u00ed mismo, se le neg\u00f3 el subrogado penal de la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria.  <\/span><\/p>\n

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2. Inconforme con la decisi\u00f3n el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido el 17 de septiembre de ese a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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3. El asunto fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad e ingres\u00f3 al despacho del Magistrado Ponente, para dictar sentencia el 1\u00ba de octubre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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4. Refiere el actor que ha presentado varios derechos de petici\u00f3n requiriendo se emita pronunciamiento respecto al recurso interpuesto, sin obtener respuesta.  <\/span><\/p>\n

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5. Que se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Carcelario la Modelo sin la posibilidad de adelantar actividades carcelarias para reducir el monto de la pena y cambiar de fase de tratamiento por cuanto no ostenta la calidad de condenado sino de sindicado, lo que est\u00e1 vulnerando su derecho a la libertad.  <\/span><\/p>\n

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6. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que considera que la demora en la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto no es justificada; por ello, requiere que se le d\u00e9 respuesta a su derecho de petici\u00f3n y se de prelaci\u00f3n a su caso. [Folio 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 22 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al despacho accionado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 4-5, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado 26 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que una vez interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia emitida el 2 de septiembre de 2013 que conden\u00f3 al  accionante a la pena de 160 meses de prisi\u00f3n por el delito de Actos Sexuales Abusivos con menor de 14 a\u00f1os agravado, procedi\u00f3 a remitir las diligencias al superior para su tramitaci\u00f3n.  [Folio 21, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, manifest\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor \u00abse encuentra en estudio y se espera, en el menor tiempo posible, elaborar el proyecto correspondiente, que ser\u00e1 sometido a examen de la sala de decisi\u00f3n  en el curso de la pr\u00f3xima semana para que, una vez reciba aprobaci\u00f3n, se fije data para su lectura, de lo cual se le enterar\u00e1 en su momento\u00bb  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, expres\u00f3 que a partir de la fecha en que asumi\u00f3 funciones en esa Corporaci\u00f3n, se han evacuado en orden de prelaci\u00f3n m\u00e1s de 1.249 tutelas y 485 procesos penales de notoria complejidad, aparte de otras actividades propias de la sala de car\u00e1cter administrativo y judicial. [Folio 22, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el defensor del tutelante se\u00f1al\u00f3 que se han elevado varios derechos de petici\u00f3n al despacho accionado para que se resuelva en el menor tiempo posible el recurso interpuesto, sin que se haya procedido para tal efecto. [Folios 25-30, c.1]  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, puede solicitar al establecimiento carcelario donde se encuentra privado de la libertad para que sea inscrito en un programa de estudio con el fin de redimir pena para que con posterioridad pueda esgrimir esa circunstancia ante el juez competente en procura de una probable reducci\u00f3n de la sanci\u00f3n, situaci\u00f3n que no fue acreditada por el tutelante que haya elevado solicitud en tal sentido. [Folios 71-85, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, sin expresar las razones de su desacuerdo. [Folio 92, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n, reglamentado por la Ley 1755 de 2015, garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo, (iii) notificaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sin embargo, en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, la Corte ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb1.  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido, se precisa, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb2.  <\/span><\/p>\n

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Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer, si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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3. Descendiendo al caso sub examine, advierte esta Corporaci\u00f3n, que mediante las solicitudes presentadas por el actor, se requiri\u00f3 al despacho que tiene a cargo la ponencia de la decisi\u00f3n en su caso, que resolviera el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la determinaci\u00f3n de primera instancia en virtud que se encuentra en el estrado para tal efecto desde hace aproximadamente tres a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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Vista la pretensi\u00f3n del actor con su solicitud, surge di\u00e1fano que ese tipo de pedimentos no tienen el car\u00e1cter de una actuaci\u00f3n administrativa ajena a la funci\u00f3n jurisdiccional del despacho, porque su tr\u00e1mite est\u00e1 delineado por la normatividad que rige el desarrollo del proceso y no por aquella que disciplina a la judicatura.  <\/span><\/p>\n

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Siendo esto as\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de que el tutelante reclamara celeridad en su proceso por v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, es lo cierto que la decisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n  es un tr\u00e1mite expresamente regulado en el c\u00f3digo de procedimiento penal que debe gestionarse con plena observancia de sus lineamientos, entre ellos, el de resolver cada asunto en estricto orden de entrada al despacho, con miras a garantizar a todos los usuarios de la justicia, el derecho a recibir un trato igualitario, por lo que no es posible proteger la garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n invocada.  <\/span><\/p>\n

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4. De otra parte, si el quejoso considera que se ha presentado mora judicial en el tr\u00e1mite del proceso censurado, cuenta con la posibilidad de recusar al funcionario accionado, cuya dilaci\u00f3n se reclama, conforme a lo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 Ley 906 de  2004, que prev\u00e9 como causal de impedimento:  <\/span><\/p>\n

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\u00abQue el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera, el art\u00edculo 60 ib\u00eddem, dispone que si el funcionario no se declara impedido cuando concurre un motivo para ello, cualquiera de los sujetos procesales puede recusarlo.  <\/span><\/p>\n

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De lo anterior se colige que ese medio judicial se torna efectivo e id\u00f3neo, cuando se considere que un servidor de la justicia ha superado ampliamente los t\u00e9rminos establecidos en la ley para resolver sobre alg\u00fan asunto, cualquiera de las partes puede instaurar el incidente correspondiente y lograr que sea repartido a otro funcionario, quien deber\u00e1 ocuparse del mismo apremiantemente.  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, la persona que se siente afectada por la misma actitud se puede dirigir al juez disciplinario del funcionario (Consejo Seccional o Superior de la Judicatura) y formular la correspondiente queja, por ejemplo, por infracci\u00f3n a los art\u00edculos 34-2, 35-7, 35-8 y 50 del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico -Ley 734 del 2002-, con el fin de que sean tomados los correctivos establecidos en la misma legislaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver controversias como las aqu\u00ed planteadas, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se encuentra, que el tutelante no ha presentado los argumentos en los que funda la acci\u00f3n excepcional, ante el Establecimiento Carcelario la Modelo para que se pronuncie al respecto, de ah\u00ed, que se torne improcedente el amparo solicitado respecto a este punto, porque es ante esa autoridad carcelaria donde el promotor de la tutela tiene la oportunidad de esbozar las quejas que por esta v\u00eda expone y no puede pretender que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela incoada, el juez constitucional se anticipe a la decisi\u00f3n del encargado para tal fin.  <\/span><\/p>\n

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7. Las razones anteriores se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 C. S. de J. Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencias del 20 y 31 de marzo de 2000, exp. Nos. T. 4822 y T. 4867, respectivamente, entre otras.     <\/span><\/p>\n

2 Sentencia de 2 de agosto de 2002, exp. T-00199-01.      <\/span><\/p>\n

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