{"id":100471,"date":"2026-06-25T20:54:35","date_gmt":"2026-06-25T20:54:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4627-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:54:35","modified_gmt":"2026-06-25T20:54:35","slug":"stc4627-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4627-2017\/","title":{"rendered":"STC4627-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4627-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el ocho de marzo de dos mil diecisiete por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Pool Security Solution S.A.S. contra el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, buena fe y debido proceso, que estima vulnerados por la autoridad judicial encausada al emitir sentencia de segunda instancia dentro de la acci\u00f3n de esta misma naturaleza promovida por Luisa Fernanda Castillo Camargo en su contra, y al negar la solicitud de aclaraci\u00f3n de esa providencia.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se deje sin valor ni efecto las providencias cuestionadas y se ordene al ad quem que emita una nueva determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Luisa Fernanda Castillo Camargo suscribi\u00f3 un contrato individual de trabajo con Pool Security Solution S.A.S. el 1\u00b0 de marzo de 2016, para prestar el servicio de salvavidas durante el proyecto Mora Verde II.  <\/span><\/p>\n

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2. La trabajadora comunic\u00f3 a su empleador que estaba embarazada, sin embargo se le inform\u00f3 que a partir del 1\u00b0 de mayo siguiente no laborar\u00eda m\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

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3. En efecto, la se\u00f1ora Castillo Camargo present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra la persona jur\u00eddica citada, con el objetivo de obtener la protecci\u00f3n a la estabilidad laboral reforzada por la maternidad, el reintegro y reubicaci\u00f3n a su puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, dict\u00f3 sentencia de 19 de julio de 2016, en la que concedi\u00f3 la salvaguarda rogada y orden\u00f3 a Pool Security Solution S.A.S. que vinculara nuevamente a la accionante en un cargo de similares condiciones remuneratorias al que desempe\u00f1aba y que atienda su estado de gravidez.  <\/span><\/p>\n

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5. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte desfavorecida la impugn\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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6. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en fallo adiado el 16 de agosto de la misma anualidad, adicion\u00f3 la providencia cuestionada en el sentido de ordenar a la accionada el pago a favor de la se\u00f1ora Castillo Camargo de la indemnizaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 239 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo.  <\/span><\/p>\n

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7. El aqu\u00ed quejoso solicit\u00f3 que se aclarara esa decisi\u00f3n, respecto al reconocimiento de prestaciones econ\u00f3micas, su car\u00e1cter ultra petita y la supuesta desvinculaci\u00f3n de la empleada.  <\/span><\/p>\n

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8. En auto fechado el 23 de agosto posterior se neg\u00f3 la solicitud anterior.  <\/span><\/p>\n

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9. La Corte Constitucional, en prove\u00eddo del 7 de octubre de 2016, no seleccion\u00f3 para revisi\u00f3n los fallos anteriores.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que la sede judicial acusada profiri\u00f3 una sentencia en segunda instancia en contrav\u00eda del principio de la non reformatio in pejus, pues agrav\u00f3 su situaci\u00f3n como \u00fanico impugnante al condenarlo al pago de la indemnizaci\u00f3n, motivo por el cual incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho y, por ende, constituye un caso especial de procedencia de acci\u00f3n de tutela contra sentencias de la misma naturaleza. [Folios 57-75, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 27 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial acusada y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 76-77, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la providencia censurada se bas\u00f3 en los criterios que la jurisprudencia constitucional ha establecido en materia de estabilidad reforzada y que el principio de la non reformatio in pejus no es aplicable a ese tipo de acciones. [Folios 89-90, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, sin dejar ver su disenso con el fallo. [Folio 111, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso. (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00)  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto que es objeto de estudio, Pool Security Solution S.A.S. pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido el 16 de agosto de 2016 por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en sede constitucional, por medio del cual se adicion\u00f3 la sentencia emitida por el a quo en el sentido de ordenar a esa persona jur\u00eddica que pagara a favor de Luisa Fernanda Castillo Camargo la indemnizaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 239 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, y el auto del 23 de agosto siguiente, en el que se neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n de esa providencia; situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el criterio jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica del estrado judicial acusado, se\u00f1alamientos que debieron ser ventilados en el respectivo procedimiento de tutela y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.  <\/span><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2026 Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

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La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 2003-00561-01; 10 nov. 2003, rad. 2003-00747-01; 23 ag. 2004, rad. 2004-00840-00; 14 oct. 2004, rad. 2004-01120; 8 mar. 2006, rad. 2006-00263-00; reiterada el 7 mar. 2013, rad. 2013-00122-01)  <\/span><\/p>\n

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3. En adici\u00f3n a lo anterior, se reitera que como la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n las mencionadas diligencias, seg\u00fan auto fechado el 7 de octubre de 2016, emerge, entonces, la inmutabilidad de la cosa juzgada, que comprende el fallo emitido por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, e impide volver sobre aspectos ya definidos en instancias anteriores.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) [si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental. (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 2013-00851-01, reiterada en CSJ STC, 3 sep. 2015, rad. 2015-00086-03).  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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