{"id":100475,"date":"2026-06-25T20:54:59","date_gmt":"2026-06-25T20:54:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4637-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:54:59","modified_gmt":"2026-06-25T20:54:59","slug":"stc4637-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4637-2017\/","title":{"rendered":"STC4637-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4637-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2017-00041-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el veintitr\u00e9s de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013Familia- Laboral del Tribunal Superior de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Collazos S\u00e1nchez, contra los Juzgados \u00danico Promiscuo Municipal de Rivera y Primero Civil del Circuito de Neiva;  tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de Oscar Andr\u00e9s Mart\u00ednez Flor, Oscar Fernando Collazos S\u00e1nchez y H\u00e9ctor Fabio Muriel Varela.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio de la presente tutela, el ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, acceso y confianza p\u00fablica de la administraci\u00f3n de justicia que considera conculcados por las autoridades judiciales accionadas, al incurrir \u00e9stas, en v\u00edas de hecho consistente en una la indebida valoraci\u00f3n probatoria y un exceso ritual manifiesto que los llev\u00f3 a denegar la solicitud de nulidad.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se conceda el resguardo implorado y se revoquen las decisiones de primer y segundo grado proferidas dentro del tr\u00e1mite incidental;  en su lugar, i) se dicte un nuevo prove\u00eddo que decrete la nulidad desde el auto admisorio de la demanda a fin de poder \u00abcontestarla, pedir y controvertir pruebas e interponer excepciones, etc.\u00bb y, ii) se condene al demandante en agencias en derecho y costas.  [Folio 2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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1. Oscar Andr\u00e9s Mart\u00ednez Flor promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra el aqu\u00ed accionante y Oscar Fernando Collazos S\u00e1nchez con el prop\u00f3sito de conseguir el pago de la suma dineraria contenida en el cheque N\u00b0 22741, los intereses corrientes bancarios y la sanci\u00f3n comercial por falta de fondos para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. El 28 de octubre de 2011 el juzgado de conocimiento libr\u00f3 mandamiento de pago por los conceptos pretendidos y orden\u00f3 el enteramiento de la pasiva.  <\/span><\/p>\n

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3. La notificaci\u00f3n personal de la parte demandada se intent\u00f3 a la direcci\u00f3n suministrada en la demanda, a su vez, la misma que figura registrada en el certificado de matr\u00edcula mercantil del se\u00f1or Oscar Fernando Collazos S\u00e1nchez, esto es, \u201cKil\u00f3metro 1 v\u00eda Bajo Pedregal de Rivera Huila\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Se agreg\u00f3 al expediente las certificaciones expedidas por la empresa de correo con la anotaci\u00f3n de devoluci\u00f3n \u201crehusado\u201d, por lo que se procedi\u00f3 a efectuar la notificaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 320 del C. de P. C.,  obteniendo el mismo resultado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Mediante auto de 21 de septiembre de 2012, se orden\u00f3 realizar un nuevo intento de notificaci\u00f3n personal a la misma direcci\u00f3n aportada.  <\/span><\/p>\n

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6. La oficina de correo certific\u00f3 la devoluci\u00f3n con la nota de \u201cno reside\u201d y en el espacio de observaciones, consign\u00f3: \u201cse insisti\u00f3 varias veces en entregar la notificaci\u00f3n pero nunca se pudieron localizar en el destino, muchas veces se negaban o los empleados nos informaban que no viv[\u00ed]an en el lugar\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 21 de junio de 2013, el operador judicial procedi\u00f3 a emplazar a los ejecutados y nombrarles curador ad litem quien se notific\u00f3 de la demanda y en su contestaci\u00f3n expuso que no le constaban los hechos all\u00ed narrados y se abstuvo de proponer excepciones de m\u00e9rito.  <\/span><\/p>\n

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8. El 10 de octubre de esa misma anualidad se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. El accionante, junto con su hermano \u2013tambi\u00e9n ejecutado-, presentaron el 27 de abril de 2016, por intermedio de apoderado judicial incidente de nulidad, invocando las causales 8 y 9 del art\u00edculo 140 del C. de P. C., en concordancia con el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C. G. del P. y nulidad constitucional del canon 29 de la C. N.  <\/span><\/p>\n

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10. Realizado el tr\u00e1mite de rigor, el 11 de noviembre de 2016 el a quo resolvi\u00f3 el incidente de forma negativa tras considerar que las gestiones de notificaci\u00f3n se surtieron de conformidad con las reglas previstas para tal efecto y en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los demandados, se procedi\u00f3 a emplazarlos y ante la no comparecencia, se nombr\u00f3 curador ad litem para que lo representara.  <\/span><\/p>\n

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11. Inconforme, la parte incidentante interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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12. El 19 de diciembre de 2016, al desatar el recurso vertical propuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n aludida y conden\u00f3 en costas a los recurrentes.  <\/span><\/p>\n

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          13. En criterio del peticionario, las autoridades encausadas vulneraron sus garant\u00edas fundamentales al no decretar la nulidad invocada al tener como \u00fanico valor probatorio de su direcci\u00f3n para efectos de notificaciones, el certificado de c\u00e1mara de comercio del negocio \u201cLos Manguitos\u201d, cuando este no correspond\u00eda a la verdadera direcci\u00f3n, y se abstuvo de pronunciarse acerca de la \u201cnulidad constitucional\u201d;  adem\u00e1s por la indebida representaci\u00f3n otorgada por el curador al litem que se nombr\u00f3, quien no formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito como la prescripci\u00f3n a que hab\u00eda lugar declararse ni tampoco aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa.  [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 13 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 correr traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 16, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Rivera \u2013Huila, expuso que la actividad judicial desplegada se ha surtido con apego las ritualidades propias de la norma adjetiva, tanto en el proceso como en el tr\u00e1mite incidental;  a su vez, esgrimi\u00f3 que los pronunciamientos proferidos se hicieron con base a los elementos de conocimiento obrantes en el expediente, sin que se vislumbre vulneraci\u00f3n alguna de las garant\u00edas superiores del accionante, motivo por el cual pidi\u00f3 denegar el auxilio reclamado.  [Folios 23 – 25, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva enlist\u00f3 las actuaciones proferidas en segunda instancia tras impetrarse el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de 11 de noviembre de 2016 dictado en primer grado.  [Folio 27, c.1]  <\/span><\/p>\n

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       De otro lado, Oscar Fernando Collazos S\u00e1nchez coadyuv\u00f3 en las pretensiones esbozadas en el escrito tutelar a fin de que se concediera el resguardo implorado.  [Folio 30 – 37, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 23 de febrero de 2017, el Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 la solicitud de amparo incoada, por considerar que las decisiones tomadas dentro del incidente de nulidad se encuentran sustentadas jur\u00eddica y f\u00e1cticamente y \u00abante la existencia de documentos que daban cuenta del lugar para notificaciones, no le asiste raz\u00f3n al actor al recriminar al juez el no haber ejercido, en su sentir, los poderes de instrucci\u00f3n que contempla el ordenamiento jur\u00eddico, a efectos de esclarecer si \u201clos Manguitos\u201d funcionaba efectivamente en el kil\u00f3metro 1 v\u00eda Bajo Pedregal\u00bb.  [Folios 47 a 52, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con el fallo anterior, el tutelante lo impugn\u00f3 bajo el argumento que al juez constitucional \u00able falt\u00f3 discernimiento y an\u00e1lisis jur\u00eddico concreto\u00bb;  as\u00ed mismo, se quej\u00f3 de la defensa realizada por el curador ad litem, pues reproch\u00f3 que \u00e9ste no formul\u00f3 excepciones como la prescripci\u00f3n e insisti\u00f3 en las razones esgrimidas en el escrito de tutela. [Folios 60 a 67, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub examine, el reclamante aduce  vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales por parte de los juzgados accionados, al incurrir estos en una v\u00eda de hecho que consisti\u00f3 en la indebida valoraci\u00f3n probatoria y un exceso ritual manifiesto, que los llev\u00f3 a denegar la nulidad que solicit\u00f3 a trav\u00e9s del tr\u00e1mite incidental.  <\/span><\/p>\n

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De lo anterior, si bien, el reclamo constitucional se dirige tambi\u00e9n contra la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Rivera, la Corte se ocupar\u00e1 \u00fanicamente de la que dict\u00f3 su superior, toda vez que \u00e9sta fue la que resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en este asunto.  <\/span><\/p>\n

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A partir del examen de la providencia a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva decidi\u00f3 confirmar el auto de 11 de noviembre de 2016 por medio del cual se dispuso denegar la invalidez de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda que deprecaron los ejecutados, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de sus derechos, toda vez que la interpretaci\u00f3n que all\u00ed se plasm\u00f3 no puede considerarse irracional o antojadiza, pues el despacho demandado motiv\u00f3 razonada y suficientemente las razones de su determinaci\u00f3n, ofreciendo respuesta a los argumentos que el libelista utiliz\u00f3 para fundamentar su postura.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el juez de segunda instancia, luego de ilustrar acerca  de las reglas previstas para surtir en debida forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio al demandando, pas\u00f3 a abordar la queja acerca de los actos de notificaci\u00f3n, que seg\u00fan la parte incidentanta se agot\u00f3 de manera irregular, al respecto, consider\u00f3:   <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) se observa que en el caso concreto se remitieron inicialmente las citaciones para notificaci\u00f3n personal a los demandados conforme se indica en la precedencia, es decir, a trav\u00e9s del servicio postal autorizado 4-72 a la direcci\u00f3n expuesta en el ac\u00e1pite de notificaciones, la que corresponde \u201cKil\u00f3metro 1V\u00cdA BAJO PEDREGAL de Rivera Huila\u201d, sin embargo, seg\u00fan certificaciones vistas a folios 17 y 23 del cuaderno principal, las mismas que iban dirigidas a los demandados, los se\u00f1ores MIGUEL Y OSCAR COLLAZOS S\u00c1NCHEZ fueron devueltas bajo la causal de rehusado, raz\u00f3n por la cual se efectu\u00f3 la notificaci\u00f3n por aviso, siendo estas nuevamente devueltas bajo la misma causal (fls. 36 y 47, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Frente a la palabra \u201cRehusado\u201d la Real Academia Espa\u00f1ola tiene definido, \u201cNo querer o no aceptar algo\u201d, por lo que se puede inferir que quien atendi\u00f3 al funcionario del servicio postal conoc\u00eda a los ahora incidentantes, pues en caso de no hacerlo la causal de devoluci\u00f3n hubiese sido diferente, y en consecuencia, pese no vivir o no laborar all\u00ed como lo precisan, la[s] citaciones y notificaciones cumplieron su finalidad, a\u00fan m\u00e1s cuando seg\u00fan certificado de matr\u00edcula mercantil expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Neiva a nombre del se\u00f1or OSCAR FERNANDO COLLAZOS S\u00c1NCHEZ (fl. 6- 7 cuaderno de medidas cautelares) se precisa como direcci\u00f3n para notificaciones judiciales la indicada en la demanda \u201cKILOMETRO 1 V\u00cdA BAJO PEDREGAL\u201d  sin m\u00e1s especificidad como lo refieren ahora y de la cual quieren valerse para menguar las consecuencias ya producidas.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, el juez de instancia, en raz\u00f3n a que el servicio postal no indic\u00f3 el nombre de quien se rehus\u00f3 a recibir las citaciones y posteriormente las notificaciones, a fin de garantizar los derechos de los demandados, a trav\u00e9s de auto calendado 21 de septiembre de 2012 orden\u00f3 realizar nuevamente el procedimiento desde la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal contemplada en el art\u00edculo 315 ib\u00eddem.  <\/span><\/p>\n

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Efectuadas nuevamente las citaciones para notificaci\u00f3n personal a los demandados de la forma antes enunciada, seg\u00fan certificaciones vistas a folios 58 y 62 ib\u00eddem, estas fueron devueltas bajo la causal \u201cNo reside\u201d, precis\u00e1ndose en las observaciones \u201cSe insisti\u00f3 varias veces en entregar la notificaci\u00f3n pero nunca se pudieron localizar en el destino, muchas veces se negaban o los empleados nos informaban que no vivian (sic) en el lugar\u201d, confirm\u00e1ndose con ello la hip\u00f3tesis antes planteada, en cuanto los demandados tienen o ten\u00edan un v\u00ednculo con el lugar en el cual se realizaron las citaciones y notificaciones;  sin embargo, teniendo en cuenta la nueva causal de devoluci\u00f3n, a fin de continuar con el tr\u00e1mite procesal, respetando los derechos de contradicci\u00f3n y defensa, y bajo la posibilidad que da el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 315 ib\u00eddem, el juez a quo a trav\u00e9s de auto calendado 21 de junio de 2013 (fl. 69, cuaderno principal)  procedi\u00f3 a realizar la notificaci\u00f3n conforme lo indica el art\u00edculo 318 ib\u00eddem, efectu\u00e1ndose el respectivo edicto y emplazamiento seg\u00fan se observa a folios 70 a 71 del cuaderno principal, del cual ante la no comparecencia de los demandados (fl. 72, ib\u00eddem), se les asign\u00f3 curador ad litem (fl. 73 ib\u00eddem), el cual se posesion\u00f3 (fl.77 ib\u00eddem) y dio contestaci\u00f3n de la demanda en t\u00e9rmino (fls. 80 y 81, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) No puede exig\u00edrsele a la parte actora lo imposible, ni haber indicado unas direcciones que no se ha probado aqu\u00ed que las conoc\u00eda (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, el tutelante critica la defensa desplegada por el curador ad litem, la que acusa de m\u00ednima, al ni siquiera proponer la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de prescripci\u00f3n que resultaba evidente;  sobre el punto el juzgador sent\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab (\u2026) se precisa que frente a la defensa de fondo realizada por el curador, no es procedente analizarla en esta etapa procesal, a\u00fan m\u00e1s cuando este es aut\u00f3nomo de realizar su defensa como bien le parezca, y en consecuencia, si los demandados tienen reparos sobre la misma, existen otros conductos a trav\u00e9s de los cuales pueden indicar su inconformidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 sobre la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa que recrimin\u00f3 el accionante enmarc\u00e1ndola en la causal de nulidad denominada \u201cconstitucional\u201d; al respecto le dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) se precisa que seg\u00fan lo indica el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1395 de 2010 aplicable en el presente asunto, la referida hace parte de las excepciones previas y [en] al ser un proceso ejecutivo, dicha excepci\u00f3n debi\u00f3 alegarse mediante reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago;  sin embargo, seg\u00fan se observa en constancia secretarial vista folio 82 ib\u00eddem, dicho t\u00e9rmino venci\u00f3 en silencio, raz\u00f3n por la que en esta instancia a trav\u00e9s de incidente de nulidad no puede alegarse la misma, a\u00fan m\u00e1s cuando expresamente el art\u00edculo 100 ib\u00eddem precisa, Los derechos que configuran excepciones previas, no podr\u00e1n ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones, as\u00ed lo (sic) tambi\u00e9n lo tiene previsto el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

Raz\u00f3n por la cual, al no estar contemplada taxativamente como causal de nulidad en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso la excepci\u00f3n planteada, no resulta procedente declararla\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a la valoraci\u00f3n probatoria del juzgador;  lo cual, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

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4. Como puede advertirse, al margen de que la Corte comparta o no el entendimiento del accionado, la determinaci\u00f3n adoptada no se manifiesta caprichosa, como tampoco las razones expuestas merecen el calificativo de absurdas, ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela para imponer al sentenciador un determinado criterio jur\u00eddico o un an\u00e1lisis probatorio, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Particularmente, en lo que refiere a la actividad evaluativa de los medios de persuasi\u00f3n, como l\u00edneas atr\u00e1s se indic\u00f3, el Juez de la causa cumpli\u00f3 con su deber legal de justificar sus conclusiones, de ah\u00ed que en el asunto no se habilita la intervenci\u00f3n en sede constitucional, m\u00e1xime cuando se tiene claro que el mecanismo excepcional al que ahora acude el reclamante, s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar si en el caso concreto se advierte que \u00abde manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb, relievando que \u00ab[e]l error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 16 jun. 2011, rad. 01192-00; y STC, 25 ene. 2012, rad. 00001-00; entre otras)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, dado que no se satisface ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, las cuales son capaces de estructurar defecto en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios persuasivos con entidad de tornar procedente la protecci\u00f3n bajo la perspectiva ius fundamental, no es posible en esta v\u00eda interferir en la tarea que el encausado acometi\u00f3 con respaldo en la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce como atributos necesarios del ejercicio de la funci\u00f3n judicial.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Consecuente con lo consignado, se confirmar\u00e1 el fallo que se revis\u00f3 por v\u00eda de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4637-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2017-00041-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100475","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100475","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100475"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100475\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100475"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100475"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100475"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}