{"id":100476,"date":"2026-06-25T20:55:07","date_gmt":"2026-06-25T20:55:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4638-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:55:07","modified_gmt":"2026-06-25T20:55:07","slug":"stc4638-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4638-2017\/","title":{"rendered":"STC4638-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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STC4638-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2017-00235-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 23 de febrero de 2017, que neg\u00f3 la tutela de Alberto Joaqu\u00edn Silgado Ar\u00e9valo frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal que se adelanta en contra del accionante.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El actor, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales a la libertad y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, por cuanto, casi cumplidos dos a\u00f1os desde que finalizara el juzgamiento, no se ha proferido sentencia.  <\/span><\/p>\n

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2.        Relat\u00f3 que fue capturado el 8 de julio de 2013, acusado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterog\u00e9neo con concierto para delinquir y el tr\u00e1mite procesal, que cursa bajo la Ley 600 de 2000, lo conoce actualmente el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3 que ya se agotaron todas las etapas procesales y el asunto se encuentra a Despacho para emitir fallo desde el 10 de junio de 2015, sin que hasta ahora eso haya sucedido.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aleg\u00f3 que es evidente el vencimiento de t\u00e9rminos y que en virtud de ello debe otorg\u00e1rsele la libertad, aunque admiti\u00f3 que existe un vac\u00edo legal en la ley 600 en ese sentido, que debe llenarse, alega, con fundamento en los precedentes jurisprudenciales que remiten al principio de favorabilidad aplicando en lo pertinente la norma que al respecto se encuentra consagrada en la Ley 906 de 2004, art\u00edculo 317 numeral 6.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que no existe justificaci\u00f3n en la mora y se ha desconocido el plazo razonable en la resoluci\u00f3n de su caso; por lo que solicit\u00f3 ante el juzgado de conocimiento la libertad provisional por vencimiento de t\u00e9rminos, negada mediante auto de 4 de mayo de 2016, confirmado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal en segunda instancia el 26 de julio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En b\u00fasqueda de la concesi\u00f3n de dicha prerrogativa, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela y luego al h\u00e1beas corpus, ambos con resultados negativos, este \u00faltimo resuelto el 20 de diciembre de 2016, por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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3.        Se infiere del escrito introductorio que la petici\u00f3n est\u00e1 encaminada a que se revoque las determinaciones adoptadas por las autoridades demandadas atendiendo el criterio del cumplimiento del plazo razonable para resolver y se le conceda su libertad por vencimiento de t\u00e9rminos (ff. 1 a 15, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Especializado de Bogot\u00e1, explic\u00f3 que la mora se debe a una serie de determinaciones que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, ha adoptado como medidas de descongesti\u00f3n en los \u00faltimos dos a\u00f1os en los juzgados especializados; adujo, que en junio de 2014 por orden de esa Corporaci\u00f3n asumi\u00f3 una carga adicional proveniente del Juzgado Once de la misma especialidad y para julio de 2016 le fue asignada de manera exclusiva los tr\u00e1mites \u00ab(\u2026) de los procesos penales relacionados con homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, eliminando al Juzgado Cincuenta y Seis del programa  de descongesti\u00f3n OIT\u00bb   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior sumado a que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia igualmente le arrog\u00f3 la competencia de todos los asuntos donde sean v\u00edctimas dirigentes o afiliados sindicales sin importar el delito \u00ab(\u2026) es decir que este Juzgado termina conociendo de punibles que son de competencia de jueces de circuito\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero adem\u00e1s indic\u00f3 que tiene a cargo el proceso del carrusel de la contrataci\u00f3n el cual tambi\u00e9n implica una dedicaci\u00f3n especial semanal.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente afirm\u00f3 que \u00ab(\u2026) adem\u00e1s de la cantidad de procesos que se adelantan en este Despacho, se debe tener en cuenta la naturaleza, la entidad de los delitos, los sujetos procesales y el volumen de los procesos ya que (\u2026) se tramitan actuaciones con los c\u00f3digos de Procedimiento Penal de Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004\u00bb (ff. 86 a 94, ib\u00eddem).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal, precis\u00f3 que respecto al plazo razonable que alega trasgredido el actor se dijo en la decisi\u00f3n cuestionada que \u00ab(\u2026) si bien se super\u00f3 el t\u00e9rmino legal para emitir decisi\u00f3n de fondo, obedece a la complejidad de los expedientes a ese despacho judicial, que de por s\u00ed son voluminosos y requieren dedicaci\u00f3n completa para el correcto an\u00e1lisis probatorio, como ocurre en la actuaci\u00f3n surtida en contra de Silgado Ar\u00e9valo, la cual consta de 15 cuadernos de aproximadamente 200 hojas cada uno, con gran cantidad de pruebas, que no puede ser desatado sin mayor elucubraci\u00f3n; sumado a las m\u00faltiples peticiones que semanalmente radica el procesado que implican una especial atenci\u00f3n\u00bb (ff. 99 a 101, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        El Fiscal 120 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, al referirse al juzgado accionado manifest\u00f3 que \u00ab(\u2026) no es aventurado decir que maneja un volumen elevado de casos toda vez que la violencia sindical es end\u00e9mica en nuestro pa\u00eds y nuestro propio despacho es conocedor de ese fen\u00f3meno al dedicarse en exclusivo a este tipo de casos.  Y si hablamos del tipo de inter\u00e9s involucrado existen pocos temas m\u00e1s complejos que los delitos cometidos contra los sindicalistas, ya que los mismos fueron cometidos dentro del marco del conflicto armado interno colombiano por parte de grupos armados al margen de la ley\u00bb (ff. 117 a 119, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3 que \u00ab(\u2026) el procesado no puede soportar la negligencia de la organizaci\u00f3n del Estado en materia judicial, en el trasteo de procesos de un juzgado a otro, en la desaparici\u00f3n o fusi\u00f3n de despachos judiciales, en el aumento de carga laboral de un despacho, en el cambio de funcionarios judiciales etc, debe primar la aplicaci\u00f3n de los valores, reglas y principios constitucionales para garantizarle al detenido el debido proceso y el derecho a una pronta, cumplida y eficaz justicia (\u2026)\u00bb (ff. 139 a 147, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo pues no advirti\u00f3 v\u00eda de hecho en las decisiones judiciales cuestionadas que facultar\u00edan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, y resalt\u00f3 \u00ab(\u2026) Quien administra justicia tiene autonom\u00eda para interpretar la norma que m\u00e1s se ajuste al caso, para valorar las pruebas y para decidir el asunto con fundamento en las prescripciones legales y constitucionales pertinentes. La labor de interpretaci\u00f3n, como consecuencia de la autonom\u00eda judicial que reconoce la Carta Pol\u00edtica, permite que la comprensi\u00f3n que se llegue a tener de una misma norma por distintos operadores jur\u00eddicos sea diversa, pero ello, per se no hace procedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que la demanda se aprecia igualmente improcedente cuando \u00ab(\u2026) se promueve a fin de llevar a conocimiento del juez de tutela posibles v\u00edas de hecho de las providencias mediante las cuales se resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, sin alegar y demostrar violaci\u00f3n o puesta en riesgo de derechos fundamentales distintos a los que se expusieron a los jueces que resolvieron \u00e9sta.  En conclusi\u00f3n, cuando se acude al juez de h\u00e1beas corpus y \u00e9ste encuentra que la actuaci\u00f3n judicial acusada de afectar los derechos fundamentales en verdad no incurre en tal vicio, luego no es posible acudir, por esos mismos motivos, al juez de tutela, en tanto sobre tal asunto ya se ha emitido una decisi\u00f3n de car\u00e1cter constitucional que en esos precisos aspectos resulta inmodificable\u00bb (ff. 199 a 210, cd.1).   <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La plante\u00f3 el querellante b\u00e1sicamente reiterando los argumentos de la demanda inicial, acusa la sentencia de primer grado de haber abordado lo expuesto \u00ab(\u2026) de manera superficial y ligera sin estudiar los argumentos detallados que se expusieron en el escrito de tutela [y] se diga que las providencias de los accionados se basaron en razones serias y sensatas porque resolvieron el asunto de cara a la normatividad aplicable y las pruebas allegadas\u00bb, seguidamente insisti\u00f3 en que \u00ab[c]asi dos a\u00f1os para emitir una sentencia no tiene justificaci\u00f3n razonable alguna. (\u2026) lo que no se entiende es que ya culminado el juicio oral, escuchada las alegaciones conclusivas de las partes, la judicatura tarde tanto tiempo, en desmedro del derecho de la libertad en tomar una decisi\u00f3n\u00bb (ff. 229 a 236, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la salvaguarda \u00absolo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb, disposici\u00f3n reafirmada por el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, acorde con el cual \u00ab\u2026no proceder\u00e1: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb; de manera que, en presencia de otros instrumentos adecuados de protecci\u00f3n, a ellos se debe acudir previo a hacerlo ante el juez de amparo.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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       No est\u00e1 por dem\u00e1s indicar que cuando la demanda tiene dicho prop\u00f3sito, su procedencia no es excepcional\u00edsima, pues tiene el promotor la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad, adem\u00e1s de probar con suficiencia los defectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en que incurri\u00f3 el funcionario acusado que revelar\u00edan la v\u00eda de hecho denunciada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Bajo ese entendimiento la Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en tanto la acci\u00f3n de amparo se opone a los criterios de procedibilidad que habilitan la tutela contra actuaciones judiciales, en especial, cuando los planteamientos en ella esbozados ya fueron objeto de decisi\u00f3n por los jueces constitucionales encargados de resolver su petici\u00f3n en el h\u00e1beas corpus.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, aparece en el diligenciamiento el auto de 20 de diciembre de 2016 del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, (ver ff. 184 a 195, ib.), donde se defini\u00f3 el tema relacionado con la prolongaci\u00f3n il\u00edcita de la libertad del accionante, determinando que no hab\u00eda lugar a otorgar la prerrogativa all\u00ed invocada, porque el supuesto de hecho planteado y que dar\u00eda lugar a una posible libertad provisional para el caso del procesado, no se encuadra dentro de las causales previstas en el art\u00edculo 365 de la Ley 600 de 2000.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el incumplimiento del plazo razonable en la definici\u00f3n del proceso indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) este ocurre por la cantidad y complejidad de los casos asignados a cada despacho judicial, los cuales requieren de atenci\u00f3n y cuidado para poder desarrollar un an\u00e1lisis probatorio, sin que se puede desconocer el tipo de delito que debe ser decidido ante el juzgado de conocimiento que, sin que pueda este juzgado determinar la variedad de expedientes, cu\u00e1les merecen mayor atenci\u00f3n o prioridad, pues a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional no se puede observar complejidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, si el demandante pretende que, luego de agotado ese medio constitucional prospere el de la tutela, yerra en su apreciaci\u00f3n, pues si bien la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 previ\u00f3 en su art\u00edculo 86 que la acci\u00f3n de amparo es el instrumento al cual puede acudir cualquier persona para solicitar protecci\u00f3n a sus derechos fundamentales cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, no se\u00f1al\u00f3 que fuera \u00e9sa la \u00fanica y exclusiva herramienta que se pod\u00eda activar para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se trata de una cl\u00e1usula general de resguardo constitucional que concurre con otras especiales del mismo nivel de importancia, siendo para el caso del derecho a la Libertad el instrumento principal la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, cuando se acude previamente al precitado accionamiento, no es posible recabar sobre los mismos planteamientos ante el juez de tutela; ello, s\u00f3lo ser\u00eda factible en virtud de alegar y demostrar la violaci\u00f3n o puesta en riesgo de cualquier otro derecho fundamental, m\u00e1s no nuevamente el de la libertad, pues tal asunto fue resuelto por los jueces constitucionales de dicho mecanismo de defensa, donde especialmente se someti\u00f3 a consideraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, se itera, el debate sobre la libertad no es posible trasladarlo de nueva cuenta a la tutela; empero, lo que s\u00ed puede examinarse en esta sede es si la providencia que decidi\u00f3 el mencionado recurso tuvo alg\u00fan tipo de defecto que se traduzca en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de quien interpone la presente acci\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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Y en ese sentido no advierte la Sala que el fallador del h\u00e1beas corpus que neg\u00f3 el pedimento del actor, haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n constitucional, pues qued\u00f3 claro tambi\u00e9n en dicha instancia que la mora judicial criticada se apreciaba justificada, no solo por la espec\u00edfica complejidad del caso, sino por las especiales circunstancias de congesti\u00f3n laboral que padece el juzgado acusado, de modo que, no puede atribuirse un actitud dolosa o negligente al funcionario que lo preside.  <\/span><\/p>\n

Al respecto, no sobra precisar que frente a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se han cuestionado situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a la protecci\u00f3n perseguida, la jurisprudencia de esta Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir  <\/span><\/p>\n

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\u00abAqu\u00e9llas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros fallos STC9488-2015, STC13059-2015 y, STC180-2016, 21 ene. rad. 03053-00).  <\/span><\/p>\n

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Por ese mismo sendero, la Corporaci\u00f3n ha precisado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC, 14 nov. 2012, rad. 2012-02222-01 y STC872-2015, 6 feb. rad. 2014-01948-03).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Finalmente, si en criterio del demandante, el juez penal de quien reprocha la falta de diligencia merece ser investigado disciplinariamente, puede acudir a las autoridades respectivas a denunciar tal circunstancia, pues ellas son las encargadas de definir si le asiste o no raz\u00f3n en sus afirmaciones.  <\/span><\/p>\n

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4.        Por los fundamentos se\u00f1alados, se confirmar\u00e1 la negativa del amparo.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA      STC4638-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2017-00235-01            (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100476","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100476\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}