{"id":100477,"date":"2026-06-25T20:55:15","date_gmt":"2026-06-25T20:55:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4639-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:55:15","modified_gmt":"2026-06-25T20:55:15","slug":"stc4639-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4639-2017\/","title":{"rendered":"STC4639-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4639-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00126-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Defensor del Pueblo \u2013 Regional de esa urbe y el Ministerio P\u00fablico.    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, quien inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular de radicado 2016-00506, con fundamento en requisitos no contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, pretende, que se deje sin efecto la referida decisi\u00f3n y se ordene tramitar la acci\u00f3n constitucional mencionada.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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       1. El accionante present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Audifarma, asunto cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira \u2013 Risaralda bajo el radicado 2016-00506.  <\/span><\/p>\n

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        2. En prove\u00eddo de 21 de noviembre de 2016 el despacho accionado inadmiti\u00f3 la demanda formulada porque i) no alleg\u00f3 la prueba del domicilio de la parte demandada, lo que deb\u00eda realizase aportando el certificado de la existencia y representaci\u00f3n legal; ii) no indic\u00f3 el derecho colectivo que consideraba vulnerado y qui\u00e9nes podr\u00edan ser los perjudicados con tales infracciones y; iii) no present\u00f3 la prueba de los supuestos f\u00e1cticos que sustentan la pretensi\u00f3n, para cuyo efecto concedi\u00f3 tres d\u00edas al actor para corregir dichas falencias so pena de rechazo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        3. Inconforme con la decisi\u00f3n el tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. Como fundamento de los anteriores medios de impugnaci\u00f3n, expuso el promotor de la queja constitucional que las exigencias realizadas por el juzgador no est\u00e1n contempladas en la ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        4. En auto de 16 de enero de 2017 el juzgador mantuvo la decisi\u00f3n cuestionada y declar\u00f3 inadmisibles los recursos de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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         5. El 6 de febrero siguiente se rechaz\u00f3 la demanda, por cuanto el promotor de \u00e9stas no cumpli\u00f3 la carga impuesta. Igualmente se dispuso el archivo de las actuaciones.  <\/span><\/p>\n

Cartagena  <\/span><\/p>\n

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         6. El 16 de febrero de 2017 el actor popular formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela alegando la vulneraci\u00f3n de sus derechos, por cuanto el rechazo de la acci\u00f3n popular obedece a exigencias no contempladas en la ley que regula su tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto del 20 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el litigio y se orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 5, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto su intervenci\u00f3n se limita a la protecci\u00f3n de los derechos colectivos. [Folio 64, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad remiti\u00f3 copia de las actuaciones censuradas. [Folio 11, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 23 de febrero de 2017, el Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional tras advertir que por los mismos hechos y contra la misma autorizada judicial el accionante ya hab\u00eda presentado queja de similares caracter\u00edsticas.  En consecuencia lo conden\u00f3 a pagar a favor del Consejo Superior de la Judicatura la suma de un salario m\u00ednimo mensual vigente, por concepto de costas. [Folios 96, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el promotor de la acci\u00f3n la impugn\u00f3.  Advirti\u00f3 que las causales de rechazo no se encuentran contempladas en la ley que regula el tr\u00e1mite de las acciones populares.  En cuanto a la condena en costas impuesta en primera instancia, manifest\u00f3 que la misma no es procedente de atender que no est\u00e1 probada su mala fe, adujo que de existir dos acciones de tutela por los mismos hechos esto se debe \u00aba un error humano, ya que constante mente [debe] tutelar a este despacho judicial [Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira].  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia, de manera invariable, ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos, se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC 8 mayo 2012, rad. 0017-01 y STC 4 jul. 2013, rad. 0174-01).  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que se examina por esta instancia, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte es similar a la que en esta misma Sala se discute bajo el radicado 2016-00066-01, raz\u00f3n por la cual necesario es denegar el amparo ahora impetrado.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la referida queja constitucional, formulada el 9 de febrero de 2017, el tutelante solicit\u00f3 que se dejaran sin efecto las decisiones a trav\u00e9s de las cuales el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira inadmiti\u00f3 y posteriormente rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular que formul\u00f3 contra Audifarma, conocida en ese estrado judicial bajo el radicado 2016-00506, por considerar que las causales invocadas en el primer prove\u00eddo no estaban contempladas en la ley 472 de 1998 como presupuestos de inadmisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En esa decisi\u00f3n, verificadas por la Sala las exigencias que se le realizaron al accionante, se concluy\u00f3 su ausencia de justificaci\u00f3n legal, pues adem\u00e1s de que la ley citada no obliga al actor popular a allegar con la demanda el certificado de existencia y representaci\u00f3n de quien se considera infractor, como tampoco acreditar \u00ablos supuestos f\u00e1cticos que sustentan la pretensi\u00f3n\u00bb, toda vez que para ello la acci\u00f3n popular cuenta con una etapa probatoria, en su escrito genitor, Arias Idarraga se\u00f1al\u00f3 los derechos colectivos cuya protecci\u00f3n reclamaba.  <\/span><\/p>\n

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Por esas razones en la sentencia de tutela mencionada, esta Sala conceder\u00e1 el amparo deprecado, dejando sin efecto los prove\u00eddos cuestionados, para en su lugar ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que d\u00e9 el tr\u00e1mite que legalmente corresponde a la acci\u00f3n popular conocida bajo el radicado 2016-00506.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, evidente es que entre dicha reclamaci\u00f3n y la que aqu\u00ed se estudia, existe identidad de partes, hechos y pretensiones, y como quiera que no se advierte una circunstancia sobreviniente que permita diferenciar el presente reclamo constitucional del anteriormente impetrado, pues en nada var\u00eda la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada, suficiente es el pronunciamiento que all\u00ed se har\u00e1 para garantizar los derechos conculcados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por todo lo anotado, razonable resulta afirmar, como lo hizo el a quo que la pretensi\u00f3n del ciudadano comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que lo aqu\u00ed planteado, lo cometi\u00f3 con anterioridad a escrutinio en sede constitucional, siendo necesario recordar que al ejercicio de la tutela debe ser de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se concluye entonces que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, conforme lo indic\u00f3 el A Quo.  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora bien, en punto a la sanci\u00f3n que por tal proceder se impuso al accionante, esta Sala estima conveniente revocarla de atender que en el escrito de impugnaci\u00f3n, el tutelante se excus\u00f3 de la situaci\u00f3n advertida y manifest\u00f3 que obedeci\u00f3 a un error humano, circunstancia por la cual no es posible advertir mala fe en su proceder.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto ha establecido la Corte Constitucional que \u00abuna vez se acredita la existencia de una actuaci\u00f3n temeraria, adem\u00e1s de declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela puede imponer la sanci\u00f3n pecuniaria prevista en los art\u00edculos 72 y 73 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (hoy art\u00edculos 80 y 81 del C\u00f3digo General del Proceso) a quien incurre en dicho comportamiento, salvo que \u201cel ejercicio de las acciones de tutela se [haya] funda[do] (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensi\u00f3n, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho\u201d. En estos casos, si bien lo que se impone es declarar la improcedencia de las acciones de tutela indebidamente interpuestas como lo dispone la ley, no es viable la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n alguna en contra de quien incurre en dicha conducta, b\u00e1sicamente por la inexistencia de un supuesto que permita acreditar que se actu\u00f3 de mala fe.  <\/span><\/p>\n

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En suma, cuando quiera que una persona acuda ante el juez constitucional para que \u00e9ste resuelva id\u00e9ntica causa, busque la satisfacci\u00f3n de id\u00e9nticas pretensiones y demande a la misma parte, salvo que exista un motivo expreso y razonable, deber\u00e1 declararse la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela. En caso de que tal actuaci\u00f3n no haya obedecido \u2013entre otras hip\u00f3tesis\u2013 a la ignorancia, al asesoramiento errado o a un estado de indefensi\u00f3n, adem\u00e1s de tal declaratoria, deber\u00e1 sancionarse a qui\u00e9n obr\u00f3 con temeridad\u00bb (subrayado fuera del texto )1.  <\/span><\/p>\n

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Visto lo anterior, de cara a la excusa presentada por el accionante, posible es concluir que la formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n obedeci\u00f3 a la ignorancia y descuido del peticionario, situaciones que de ninguna manera pueden configurar la mala fe que requiere la sanci\u00f3n impuesta en primera instancia.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin que pueda considerarse que lo aqu\u00ed resuelto contrar\u00ede las decisiones que en ocasiones anteriores ha emitido esta Corporaci\u00f3n2, y en las cuales se confirman las sanciones que se han impuesto al actor popular por el ejercicio desmedido de las acciones constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, de atender que dichas condenas tienen origen en la reincidencia del actor popular en formular acciones de tutela contra la Defensor\u00eda del Pueblo, pese a que ya son varios los estrados judiciales que le han advertido que su proceder, en trat\u00e1ndose de la referida instituci\u00f3n, evidencia un abuso del derecho y revela un actuar temerario de su parte, en tanto no especifica de manera concreta la causa de vulneraci\u00f3n de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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5. Por las anteriores razones se revocar\u00e1 parcialmente la decisi\u00f3n emitida en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia emitida el 7 de marzo de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira dentro del presente tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: CONMINAR a Javier El\u00edas Arias Idarraga para que se abstenga de hacer un uso indiscriminado del presente mecanismo constitucional y atienda la responsabilidad que implica el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: CONFIRMAR las dem\u00e1s decisiones emitidas en la sentencia mencionada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia T-537-15    <\/span><\/p>\n

2 STC4244-2016, emitida el 24 de marzo de 2017.      <\/span><\/p>\n

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