{"id":100479,"date":"2026-06-25T20:55:31","date_gmt":"2026-06-25T20:55:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4641-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:55:31","modified_gmt":"2026-06-25T20:55:31","slug":"stc4641-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4641-2017\/","title":{"rendered":"STC4641-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4641-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00200-01  <\/span><\/p>\n

             (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Defensor del Pueblo \u2013 Regional de esa urbe y el Ministerio P\u00fablico.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, quien inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular promovida por Cristian V\u00e1squez, con fundamento en requisitos no contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, pretende, que se dejen sin efecto las referidas decisiones y se ordene tramitar la acci\u00f3n constitucional mencionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1. El 22 de noviembre de 2016 Cristian V\u00e1squez promovi\u00f3 acci\u00f3n popular a efectos de que el Banco BBVA contratara un gu\u00eda interprete que permitiera que la poblaci\u00f3n con disminuci\u00f3n visual o auditiva, pudiera acceder sin ning\u00fan tipo de limitaci\u00f3n a los servicios financieros que all\u00ed se prestan.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, quien en prove\u00eddo de 25 de noviembre siguiente inadmiti\u00f3 la demanda, a efectos de que: i) se precisara la entidad demandada, pues en el encabezado se endilg\u00f3 la vulneraci\u00f3n al Banco BBVA, no obstante en el ac\u00e1pite de notificaciones se relaciona a Bancolombia; y ii) se aportara certificado de la existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad demandando a efectos de verificar su domicilio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        3. Inconforme con la referida decisi\u00f3n el actor popular interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. Como fundamento de los anteriores medios de impugnaci\u00f3n, expuso el promotor de la queja constitucional que la acci\u00f3n constitucional se present\u00f3 contra BBVA y la exigencia restante no est\u00e1 contempladas en la ley 472 de 1998 como presupuesto de inadmisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        4. En auto de 6 de diciembre de 2016 el juzgador rechaz\u00f3 la demanda por considerar que la misma no se subsan\u00f3 dentro de la oportunidad indicada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       As\u00ed mismo declar\u00f3 improcedentes los recursos formulados por el actor popular, de atender que de conformidad con el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, el auto que inadmite la demanda no es susceptible de ning\u00fan medio de impugnaci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         6. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos fundamentales, insistiendo en que el rechazo de la acci\u00f3n popular obedeci\u00f3 a exigencias no contempladas en la ley que regula su tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Por auto del 28 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el litigio y se orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 5, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto su intervenci\u00f3n se limita a la protecci\u00f3n de los derechos colectivos. [Folio 17, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n censurada. [Folio 10, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 9 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional por considerar que el accionante carece de legitimaci\u00f3n para promover el amparo, en la medida en que el demandante en la acci\u00f3n popular es Cristian V\u00e1squez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, Cristian V\u00e1squez la impugn\u00f3. Adujo que autoriz\u00f3 \u00abVERBALMENTE AL SR JAVIER ARIAS, A FIN QUE IMPETRARA LA ACCION DE TUTELA A FIN QQ SE ME GARANTIZAR EL ART 13 CN\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el de la legitimaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente asunto, estim\u00f3 el juzgador de primer grado que el presupuesto en comento no se cumpl\u00eda de atender que quien promovi\u00f3 la presente queja constitucional no es parte en el juicio en el que se predica ocurri\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Sin embargo, estima la sala que a pesar de que Javier El\u00edas Arias Idarraga no es quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular, pues tal mecanismo fue ejercido por Cristian V\u00e1squez, atendiendo las caracter\u00edsticas especiales de ese tipo de acciones, cuando su procedimiento sea sometido al escrutinio de la tutela, necesario es tener por superado el requisito de procedibilidad que estudi\u00f3 el a quo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior de atender que la acci\u00f3n popular es un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00ba, Ley 472 de 1998), cuya titularidad esta en cabeza de la ciudadan\u00eda en general, de ah\u00ed que cualquier ciudadano est\u00e9 legitimado para cuestionar por esta v\u00eda las providencias que en su curso emiten.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero adem\u00e1s de lo anterior, ha de advertirse que el escrito de impugnaci\u00f3n fue remitido por Cristian V\u00e1squez, por lo que si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara la ausencia de legitimaci\u00f3n del promotor de la queja de tutela, dicho documento se tiene como una ratificaci\u00f3n del proceder del tutelante en el presente caso y por tanto, supera la falta de legitimaci\u00f3n advertida por el a quo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Resuelto lo anterior, y con el fin de establecer la ocurrencia o no de la vulneraci\u00f3n reclamada, necesario es recordar que de manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para cuestionar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se ha considerado que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la providencia a trav\u00e9s de la cual se rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular no fue recurrida, es evidente que el Juzgador incurri\u00f3 en una protuberante irregularidad que afecta el debido proceso del actor y quienes tengan inter\u00e9s en el referido tr\u00e1mite, toda vez que la exigencia por aquel, no est\u00e1 contemplada por el legislador como supuesto de inadmisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, mediante prove\u00eddo de veinticinco de noviembre anterior, el juzgador accionado decidi\u00f3 inadmitir la referida demanda para que el actor popular: i) aclarara contra qui\u00e9n dirig\u00eda la demanda, pues del escrito genitor se generaba una confusi\u00f3n entre el Banco BBVA y Bancolombia; y ii) aportara certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, en el que conste el domicilio de la entidad bancaria que pretende demanda, para lo cual otorg\u00f3 un lapso de tres (3) d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se encuentra que dicha providencia no se profiri\u00f3 de conformidad con la ley estatutaria 472 de 1998, que regula de forma especial, la acci\u00f3n popular, establecida en el art\u00edculo 88 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, lo que vulnera los derechos del actor.  <\/span><\/p>\n

En efecto, establece el art\u00edculo 18 de la Ley  472 de 1998, que regula de manera especial el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que, para promover una acci\u00f3n popular se presentar\u00e1 una demanda o petici\u00f3n con los siguientes requisitos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) La indicaci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado;  <\/span><\/p>\n

b) La indicaci\u00f3n de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petici\u00f3n;  <\/span><\/p>\n

c) La enunciaci\u00f3n de las pretensiones;  <\/span><\/p>\n

d) La indicaci\u00f3n de la personas natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;  <\/span><\/p>\n

e) Las pruebas que pretenda hacer valer;  <\/span><\/p>\n

f) Las direcciones para notificaciones;  <\/span><\/p>\n

g) Nombre e identificaci\u00f3n de quien ejerce la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en su inciso final indica \u00abque la demanda se dirigir\u00e1 contra el presunto responsable del hecho u omisi\u00f3n que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenar\u00e1 su citaci\u00f3n en los t\u00e9rminos en que aqu\u00ed se prescribe para el demandado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, indica el art\u00edculo 20 de la referida normatividad, que el juzgador \u00abInadmitir\u00e1 la demanda que no cumpla con los requisitos se\u00f1alados en esta ley, precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas\u00bb. (Subrayado fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Normas de las que se desprende, que el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, no es un presupuestos exigido en el procedimiento de la acci\u00f3n popular, mecanismo constitucional establecido para la defensa de los derechos colectivos, pues en tal tr\u00e1mite de conformidad con las normas especiales, en la que \u00fanicamente se hace referencia a que se se\u00f1ale a las personas natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en sentencia reciente esta Corporaci\u00f3n, en un asunto de similares caracter\u00edsticas indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abel certificado de existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, no es un presupuesto exigido en el procedimiento de la acci\u00f3n popular, mecanismo constitucional establecido para la defensa de los derechos colectivos, pues en tal tr\u00e1mite de conformidad con las normas especiales, \u00fanicamente se hace referencia a que se se\u00f1ale a las personas natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible, por lo que el mencionado documento no era requisito indispensable para admitir la demanda. (CSJ STC- STC2809-2017,  2 Mar. 2017, Rad. 2016-01279-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, solamente la primera de las exigencias realizadas por el despacho podr\u00eda tenerse como causa justificada de la inadmisi\u00f3n y al ser esta acatada en el escrito a trav\u00e9s del cual se formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto inadmisorio, pues en el mismo el promotor de la queja popular especific\u00f3 que \u00abla accionada es el Banco BBVA con DOMICILIO EN la Ciudad de Pereira\u00bb, no habr\u00eda raz\u00f3n jur\u00eddicamente v\u00e1lida para el rechazo de la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda el fallador exigir al demandante aportar documentos que la normatividad aplicable al asunto no consagra, as\u00ed como tampoco omitir informaci\u00f3n que el accionante efectivamente aport\u00f3, y mucho menos, rechazar las demandas como consecuencia de la falta de subsanaci\u00f3n, tal como ocurri\u00f3 en auto de 6 de diciembre de 2017.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Al respecto es necesario aclarar, que la acci\u00f3n popular fue establecida en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y reglamentada en la Ley 472 de 1998, norma en la que se dispusieron los requisitos especiales que debe cumplir la demanda y en qu\u00e9 en casos se puede inadmitir, por lo no es posible acudir a las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para resolver tales temas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agr\u00e9guese que enterado de la inadmisi\u00f3n, el actor la impugn\u00f3 y como base de su censura argument\u00f3, precisamente, que el funcionario judicial no pod\u00eda imponerle cargas que la ley no preve\u00eda, no obstante lo cual se mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n cuestionada, que, como ya se vio, es desconocedora de las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Al margen de lo anterior, es claro que en los dem\u00e1s procesos civiles, debe acreditarse la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas que sean partes, as\u00ed como el domicilio de \u00e9stas, con el certificado expedido por la entidad respectiva, para efectos de la verificaci\u00f3n de los presupuestos de capacidad para ser parte y para comparecer a juicio, seg\u00fan se desprende de los art\u00edculos 53, 54, 84-2 y 85 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual es posible con el documento respectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, en la actualidad tal documento no puede exigirse por el Juez, cuando se trate de personas jur\u00eddicas de derecho privado cuya informaci\u00f3n \u00abconste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla\u00bb, tal cual lo establece el mentado precepto 85 del ib\u00eddem, mismo que tambi\u00e9n enfatiza: \u00abCuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n, que se advierte atiende a los esfuerzos encaminados a procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones al interior del proceso, de acuerdo lo dispuesto por el art\u00edculo 103 de la norma adjetiva civil, as\u00ed como la Ley 527 de 199, que propenden porque en todas las actuaciones judiciales, se haga uso de las mismas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo cual ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, encuentra importante relevancia en la acci\u00f3n popular, por tratarse de un \u00abmecanismo constitucional para la defensa de derechos e intereses colectivos, exigi\u00f3 que el legislador haya enfatizado la aplicaci\u00f3n de los principios de \u201cprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u201d, los cuales deben materializarse por v\u00eda del impulso oficioso, preferente y proactivo por parte del Juez en orden a obtener una decisi\u00f3n de fondo, as\u00ed como de la prescripci\u00f3n de facilidades para la formulaci\u00f3n de la \u201cdemanda o petici\u00f3n\u201d\u00bb (arts. 5, 6, 14, 17, 18, entre otros de la Ley 472 de 1998). (CSJ AC013-201712 Ene. 2017, Rad. 2016-03353-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera, que si los jueces advierten que no se alleg\u00f3 la prueba de existencia y representaci\u00f3n, pero que la persona jur\u00eddica es privada y que dicha informaci\u00f3n consta en la base de datos de las entidades p\u00fablicas o privadas que tienen a su cargo la certificaci\u00f3n de \u00e9stas, deben acudir a tales registros, para verificar tal situaci\u00f3n, sin que se pueda inadmitir.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed, que en el caso de las personas jur\u00eddicas controladas y vigiladas por las Superintendencias Financiera y la de Subsidio Familiar, as\u00ed como el Ministerio del Interior, encargadas de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n de las empresas y entidades religiosas a su cargo de acuerdo al art\u00edculo 326 del estatuto Financiero y el la Ley 25 de 1981, como quiera que tales entidades cuentan con base de datos en los cuales se puede verificar la existencia y representaci\u00f3n, as\u00ed como del domicilio de \u00e9stas, seg\u00fan se puede verificar en las p\u00e1ginas web de cada una1, los jueces y Magistrados, pueden consultarlas a fin de verificar el requisito referido en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, la Superintendencia Nacional de Salud2, lleva el Registro Especial de Prestadores de Salud, en donde se puede verificar la informaci\u00f3n antes referida, base de datos que tiene como funci\u00f3n documentar el funcionamiento y habilitaci\u00f3n de las empresas administradoras de planes de beneficios (Empresas de Promotoras de Salud del R\u00e9gimen Contributivo, Empresas d\u200be Promotoras de Salud del R\u00e9gimen Subsidiado, Medicina Prepagada y Servicios de ambulancia Prepagada), para acreditar que existe jur\u00eddicamente y est\u00e1n autorizadas para la operaci\u00f3n como actor en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo criterios t\u00e9cnicos de calidad, financiero y jur\u00eddicos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, en relaci\u00f3n a las dem\u00e1s sociedades, que en su mayor\u00eda est\u00e1n inscritas en las C\u00e1maras de Comercio del pa\u00eds, que actualmente se agremian como CONFECAMARAS, entidad privada sin \u00e1nimo de lucro, que administra el Registro \u00danico Empresarial y Social RUES desarrollado en virtud de la ley 590 de 2000, en su calidad de particulares encargados de una funci\u00f3n administrativa p\u00fablica, tambi\u00e9n es posible tener acceso a esa informaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 15 del Decreto 19 de 2012, aplicable a tal entidad, indica que: \u00abLas entidades p\u00fablicas y las privadas que cumplan funciones p\u00fablicas o presten servicios p\u00fablicos pueden conectarse gratuitamente a los registros p\u00fablicos que llevan las entidades encargadas de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las personas jur\u00eddicas\u2026 en las condiciones y seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la informaci\u00f3n obviar\u00e1 la solicitud del certificado y servir\u00e1 de prueba bajo la anotaci\u00f3n del funcionario que efect\u00fae la consulta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  De ah\u00ed, que los despachos judiciales del pa\u00eds pueden solicitar a la entidad encargada de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal (CONFECAMARAS), se les permita conectarse, es decir acceder a esos registros, a fin de cumplir con su funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, caso en cu\u00e1l dicha entidad tendr\u00e1 que informarles de que forma podr\u00e1n ingresar y cu\u00e1les ser\u00e1n  las seguridades requeridas para ello, usuario y contrase\u00f1as.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior, la referida norma en su art\u00edculo 172, indica que \u00aba partir de, para fines informativos, las C\u00e1maras de Comercio dar\u00e1n acceso gratuito, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web del RUES al menos a la siguientes i9nformaci\u00f3n b\u00e1sica de las personas incorporadas en su registro; C\u00e1mara de comercio donde se registra la persona, raz\u00f3n social, n\u00famero de identificaci\u00f3n tributaria, fecha de renovaci\u00f3n, fecha de matr\u00edcula, fecha de vigencia, tipo organizaci\u00f3n, categor\u00eda de la matr\u00edcula, estado de la matr\u00edcula, actividad econ\u00f3mica, establecimientos, agencias o sucursales, representantes legales principales y suplentes, y limitaciones de su capacidad de contratar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud de dicha disposici\u00f3n Confec\u00e1maras, la entidad que se refiri\u00f3 antes es la administradora del Registro \u00danico Empresarial y Social, creo la p\u00e1gina web de RUES3, en el cual se puede hacer una consulta b\u00e1sica de la raz\u00f3n social de las personas jur\u00eddicas que certifica dicha entidad, as\u00ed como quienes son sus representantes legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que tambi\u00e9n pueden los despachos judiciales acudir a tal informaci\u00f3n, sin necesidad de solicitar el certificado correspondiente, sin perjuicio, de que como se se\u00f1al\u00f3 antes,  pidan a la entidad encargada de expedir los mismos, los dejen ingresar de manera gratuita a los registros p\u00fablicos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, de acuerdo a lo consagrado en los art\u00edculos 85 y 103 del C\u00f3digo General, y teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los funcionarios judiciales de  acudir a cualquiera de los medios antes referidos, no es dable que \u00e9stos, de manera autom\u00e1tica, exijan la prueba de existencia y representaci\u00f3n, e inadmitan por dicho requisito, sin que previamente hubiesen verificado que tal informaci\u00f3n no reposaba en ninguna de las bases de datos citadas o cualquier otra que repose en entidades encargadas de su certificaci\u00f3n lleven, porque ello traslada una carga a la parte que la misma Ley le ha quitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. De manera, que como la sociedad accionada en el caso, es una de aquellas vigiladas por la Superintendencia Financiera, la informaci\u00f3n de existencia y representaci\u00f3n reposa en la base de datos que dicha entidad publica en su p\u00e1gina de internet, la cual pudo ser revisada por la autoridad judicial, y por ende, no era requisito indispensable para inadmitir las demandas, sobre todo porque de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no est\u00e1 consagrado como tal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto esta Sala, en un precedente anterior, en donde tambi\u00e9n se hizo referencia a los mecanismos con los que cuenta el juez para verificar la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abDe acuerdo a lo consagrado en los art\u00edculos 85 y 103 del C\u00f3digo General, y teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los funcionarios judiciales de acudir a cualquiera de los medios antes referidos, no es dable que \u00e9stos, de manera autom\u00e1tica, exijan la prueba de existencia y representaci\u00f3n, e inadmitan por dicho requisito, sin que previamente hubiesen verificado que tal informaci\u00f3n no reposaba en ninguna de las bases de datos citadas o cualquier otra que la entidad encargada de su certificaci\u00f3n lleve, porque ello lleva a imponer una carga a la parte, de la que la misma Ley le ha relevado. (CSJ ST2809-2017, 2 Mar. 2017, Rad. 2016-01279-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin que pueda considerarse que lo aqu\u00ed advertido contravenga la providencia empleada por el despacho accionado para justificar la inadmisi\u00f3n de la demanda que se formul\u00f3, pues de la misma no se desprende la obligatoriedad de adjuntar al escrito inicial el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad demandada, sino la posibilidad que tiene el juez para requerir al promotor de la queja popular a efectos de que clarifique las situaciones que impiden que el mismo logre el convencimiento necesario para continuar el tr\u00e1mite respectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto la decisi\u00f3n emitida en el tramite cuestionado el 6 de diciembre de 2016 y, en su lugar, continu\u00e9 con el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1https:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/jsp\/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61694; http:\/\/www.ssf.gov.co\/wps\/portal\/ES\/superintendencia\/cajasdecompensacionfamiliar\/directorio-cajas.  <\/span><\/p>\n

http:\/\/arncbpm.mininterior.gov.co\/? <\/A><\/span><\/p>\n

2 https:\/\/www.supersalud.gov.co\/vigilados\/vigilados\/datos-vigilados.    <\/span><\/p>\n

3 http:\/\/www.rues.org.co\/RUES_Web\/Consultas.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4641-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00200-01                (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100479","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100479"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100479\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}