{"id":100480,"date":"2026-06-25T20:55:35","date_gmt":"2026-06-25T20:55:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4642-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:55:35","modified_gmt":"2026-06-25T20:55:35","slug":"stc4642-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4642-2017\/","title":{"rendered":"STC4642-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4642-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2017-00100-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 2 de marzo de 2017, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Civil del Circuito de la Dosquebradas, y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Alcald\u00eda de ese lugar, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n  y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, y al que adem\u00e1s se acumul\u00f3 la acci\u00f3n constitucional de radicado N\u00b0 2017-00103-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Obrando en su propio nombre, el actor reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la debida administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, dentro del tr\u00e1mite de las acciones populares \u00ab2009-257\u00bb y, \u00ab2009-137\u00bb, afirma adem\u00e1s que present\u00f3 las demandas de manera directa, toda vez que la Defensor\u00eda del Pueblo de Manizales se niega a hacerlo por \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirma, que el juez encartado debe dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, de conformidad con el precedente de la Corte Suprema de Justicia que refiere.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Pretende en consecuencia, que se ordene al convocado declarar de manera inmediata la falta de competencia para decidir las acciones populares, remitirlas al juez que le siga en turno y comunicar lo enunciado al Consejo Seccional de la Judicatura y a su vez tramitar la queja contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, para determinar si posiblemente vulnera la Ley 734 de 2002 al negarse a impetrar tutelas a su nombre (ff. 1 y 3 Cd 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Civil del Circuito de Dosquebradas refiri\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab1. El amparo constitucional est\u00e1 dirigido a que le protejan al se\u00f1or Javier Ellas Arias Id\u00e1rraga, los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por este Juzgado, en la Acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra BANCO DAVIVIENDA S.A -DOSQUEBRADAS, radicado bajo el n\u00famero 2010-137, argumentando, en s\u00edntesis, la mora en el tr\u00e1mite, lo que a su juicio viola el art. 5o de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el numeral 4o de la parte resolutiva del auto admisorio de la demanda se indic\u00f3 expresamente que \u00abSeg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de \u00e9ste auto, el demandante publicar\u00e1 el presente auto en el medio masivo de comunicaci\u00f3n, aportando la prueba del cumplimiento de ello\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el expediente claramente se observa que el actor popular no ha cumplido con la carga procesal que alude el punto anterior, no obstante ello de manera oficiosa y en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7, numeral 11 de la Ley 472 de 1998, se orden\u00f3 oficiar a la Defensor\u00eda del Pueblo (fl.7), para que financiera la publicaci\u00f3n ordenada en el numeral 5 del auto admisorio de la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La Defensor\u00eda del Pueblo respondi\u00f3 que la financiaci\u00f3n solicitada se hac\u00eda con cargo al Fondo para la Defensa de los Derecho e Intereses Colectivos de dicha entidad, para lo cual se requer\u00eda el env\u00edo de los documentos all\u00ed relacionados (fl. 8-9).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Para dar cumplimiento a lo anterior, por auto del 24 de septiembre de 2010 se requiri\u00f3 al actor con el fin de que suministrara las expensas para ello, lo cual no cumpli\u00f3, no obstante los requerimientos posteriores que se le han formulado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Atendiendo la petici\u00f3n del actor por auto del 13 de junio de 2011 (FI.35) se orden\u00f3 oficiar al Consejo Seccional de la Judicatura para que dispusiera lo necesario con el fin de informar a la comunidad a trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n sobre la existencia de la acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Con oficio de 14 de julio de 2011 (fl. 43) la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, inform\u00f3 que se hab\u00eda dado traslado del oficio anterior al Dr. Lucas Ignacio Arbel\u00e1ez Cifuentes, Director Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, por ser la persona administradora del presupuesto.  <\/span><\/p>\n

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1. El doctor Lucas Ignacio Arbel\u00e1ez Cifuentes, en su calidad anotada, por oficio del 8 de agosto de 2011 (fl.53) dio respuesta a lo peticionado, indicando que la oficina que dirige no estaba en capacidad de efectuar lo solicitado, y manifest\u00f3 que se pidiera colaboraci\u00f3n a la emisora de la Polic\u00eda Nacional.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Por auto del 9 de octubre de 2012 (fl. 68), se orden\u00f3 remitir a la emisora de la Polic\u00eda Nacional un extracto de la demanda, para que fuera difundido y de esa manera darse cumplimiento al art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998, sin que hasta la fecha ello se haya materializado no obstante el requerimiento hecho de forma posterior. Agregando a ello, que por ser la entidad accionada de car\u00e1cter privada, su notificaci\u00f3n personal corresponde al actor bajo los lineamientos de C\u00f3digo de Procedimiento Civil (Hoy art. 289 y ss C\u00f3digo General del Proceso), de conformidad con el art\u00edculo 21 inciso 4 de la Ley 472 de 1998, lo cual tampoco ha cumplido…\u00bb    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Por auto del 23 de agosto de 2016 se requiri\u00f3 al actor en los t\u00e9rminos del art. 317 del C.G.P., para que diera cumplimiento al art. 21, inciso 4o de la Ley 472 de 1.998, otorg\u00e1ndole para el efecto un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, en cuyo lapso de tiempo manifest\u00f3 que carec\u00eda de medios econ\u00f3micos para ello, por lo que en providencia del 7 de septiembre del a\u00f1o en curso se le asign\u00f3 dicha carga a la Personer\u00eda Municipal de Dosquebradas, quien respondi\u00f3 que ello compet\u00eda al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensor\u00eda del Pueblo, a quien se orden\u00f3 comunicar adjunt\u00e1ndole copia de la demanda y del auto admisorio, con auto del 9 de noviembre de 2016.    <\/span><\/p>\n

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1. Por auto del 8 de febrero de 2017 (fl. 94) se orden\u00f3 fijar el aviso de que trata la norma citada, tanto en la Secretar\u00eda de este Juzgado como en la Alcald\u00eda Municipal de Dosquebradas, atendiendo lo expresado por la Defensor\u00eda del Pueblo en oficio 201700011140, respecto de otras acciones populares, en el sentido que \u00ab…en reuni\u00f3n de comit\u00e9 t\u00e9cnico, se decidi\u00f3 NO financiar las acciones populares donde el actor sea el se\u00f1or ARIAS IDARRAGA…\u00bb (negrillas fuera de texto original), en el que adem\u00e1s indic\u00f3 que dicha entidad se reserva el derecho de seleccionar las acciones que a su juicio conviene respaldar econ\u00f3micamente; que en las acciones populares all\u00ed descritas instauradas por el se\u00f1or Javier Elias Arias Id\u00e1rraga, fue sancionado con multas a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, las cuales no ha cancelado; que el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 permite al Juez utilizar emisoras comunitarias, p\u00e1ginas web, fijaci\u00f3n de avisos notificatorios en lugares visibles de las entidades p\u00fablicas, entre otros.    <\/span><\/p>\n

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1. Sobre este punto, ya se hab\u00eda oficiado con anterioridad a la Defensor\u00eda del Pueblo (fls. 7 12), en cuya oportunidad expres\u00f3, entre otros, \u00abEl Juzgado debe tener en cuenta que el ejercicio de los derechos libertades reconocidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica implica responsabilidades por parte de los actores y que en acciones populares es su deber suministrar los gastos necesarios para las publicaciones y notificaciones, asistir a la audiencia de pacto de cumplimiento, demostrar con pruebas los hechos de la demanda y alegar de conclusi\u00f3n…\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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1. Tambi\u00e9n en providencia obrante a fls. 30 – 31, se le indic\u00f3 que \u00abal encontrarse pendiente el cumplimiento de dicha carga procesal que compete al actor, ha impedido trabar la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, lo que trae consigo que no pueda avanzar el tr\u00e1mite constitucional, pues la facultad oficiosa de este juzgador no va hasta pretermitir etapas procesales, so pena de vulnerarle el derecho fundamental al debido proceso a la parte demandada\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. De acuerdo con lo anterior, Honorable Magistrado, la actuaci\u00f3n desplegada por este Despacho en los tr\u00e1mites constitucionales de la referencia est\u00e1 lejos de constituir vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales al se\u00f1or Javier Elias Arias Id\u00e1rraga, se repite, el actor ha sido renuente al cumplimiento de las cargas procesales que le competen, y ante ello, mal puede dolerse de la mora en el tr\u00e1mite de las acciones populares impetradas. Agregando, que la p\u00e9rdida de competencia reglada en el art. 121 del C\u00f3digo General del Proceso, se aplica para aquellas demandadas radicadas en este Distrito Judicial a partir del 1o de enero de 2016.\u00bb (ff. 9 a 17 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Alcald\u00eda Municipal de Dosquebradas indic\u00f3 que no ha vulnerado o transgredido derechos fundamentales del actor, por lo cual, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (ff. 20 a 23 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Risaralda, indic\u00f3 que a esa Agencia del Ministerio P\u00fablico se han comunicado los autos que admiten las respectivas acciones populares y como consecuencia de ello han designado a los diferentes profesionales para dar cumplimiento al art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998; a su vez aleg\u00f3 que la situaci\u00f3n planteada por el actor es ajena a su funci\u00f3n, por lo cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (ff. 34 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El Banco Davivienda, a trav\u00e9s de representante legal precis\u00f3 que \u00abno ha sido notificado de las acciones populares de radicaciones 2009-257 y 2009-137\u00bb por lo cual, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela (f. 37 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional deneg\u00f3 los amparos sosteniendo que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular N\u00b0 2009-257 se incumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad y en relaci\u00f3n con la de radicado N\u00b0 2009-137, los hechos en los que  fundament\u00f3 la queja no han tenido ocurrencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas  advirti\u00f3 que no era del caso estudiar de fondo el asunto puesto que previamente y en varias acciones de tutela  la Corporaci\u00f3n se ha pronunciado respecto de id\u00e9nticas causas, pretensiones, derechos y partes los mismos hechos y derechos (ff 53 a 57. Cd.1).  <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante \u00abSOLICITO AMPARAR DE MANERA INTEGRAL MI TUTELA Y UNA VEZ MAS, DE MANERA COMEDIDA PIDO SE ME PRUBE MI TEMERIDAD Y MALA FE, Y SE APLIQUE ART 83 CN  A MI BIEN\u00bb  (f. 64 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 protegida de manera inmediata, mediante un procedimiento breve y sumario sin que sea un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En este evento, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad y al no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n; en este sentido ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente el examen de los aspectos propuestos como censura contra la actuaci\u00f3n cuestionada, est\u00e1 vedado por la apat\u00eda del reclamante al no haber elevado solicitud alguna en el desarrollo de la demanda, acerca de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, situaci\u00f3n que ahora plantea el recurrente en esta excepcional sede, lo cual, supone el fracaso del amparo, de conformidad con lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala ha sido enf\u00e1tica al indicar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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