{"id":100483,"date":"2026-06-25T20:55:53","date_gmt":"2026-06-25T20:55:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4645-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:55:53","modified_gmt":"2026-06-25T20:55:53","slug":"stc4645-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4645-2017\/","title":{"rendered":"STC4645-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4645  -2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2017-00031-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 15 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ramiro de Jes\u00fas D\u00e1vila Cartagena contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso Ejecutivo de Alimentos n\u00ba 1997-01070.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, expuso que dentro de la ejecuci\u00f3n antes referida, el 30 de enero de 2017, a las \u00ab3:00 p.m.\u00bb asisti\u00f3 ante el Despacho convocado para participar en la diligencia de remate del 50% de un inmueble perteneciente al ejecutado, y al cabo de una hora \u00abel empleado del Juzgado anunci\u00f3 que se cerraba la diligencia\u2026 manifestando que solo se hab\u00eda presentado un sobre cerrado\u00bb que correspond\u00eda a la oferta por \u00e9l realizada.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que seguidamente el Juzgado, aduciendo que tambi\u00e9n exist\u00eda la postura realizada por el apoderado de la parte demandante, quien la hab\u00eda realizado por cuenta del cr\u00e9dito ejecutado, opt\u00f3 por adjudicar el bien a favor de \u00e9stos por la suma de $62\u00b4585.630, correspondiente a la liquidaci\u00f3n de alimentos causada hasta octubre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que dicha actuaci\u00f3n no se ajusta a derecho por cuanto la norma procedimental solo exime al ejecutante de consignar el 40% del aval\u00fao, en caso de que su cr\u00e9dito no sea inferior a ese porcentaje, pero no de presentar el sobre cerrado con la oferta como se les exigen a los dem\u00e1s postores, y que tampoco era viable que se le solicitara \u00abmejorar la oferta para poderme quedar con el bien\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que habiendo interpuesto los recursos de ley contra dicha decisi\u00f3n, el Juzgado la mantuvo y no concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n por improcedente, al advertir que la adjudicaci\u00f3n se hizo porque la postura realizada por los ejecutantes conforme al art\u00edculo 451 del ordenamiento adjetivo es \u00abmejor\u00bb que la suya, pese a que en el expediente no obraba oferta ni tampoco \u00abliquidaci\u00f3n actualizada del cr\u00e9dito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que se \u00abdeje sin validez la adjudicaci\u00f3n del bien con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 005-0001567 hecha a los demandantes, toda vez que estos no hicieron ninguna propuesta, conforme a lo exigido por la ley\u00bb (fls. 1 a 5, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez S\u00e9ptimo de Familia de Medell\u00edn defendi\u00f3 la posici\u00f3n asumida en la actuaci\u00f3n que el accionante censura, porque las normas que rigen el remate, \u00abno obligan a quien sea el ejecutante de mejor derecho, como en el presente caso, a presentar su postura en sobre cerrado\u2026 incluso se le libera de un requisito a\u00fan m\u00e1s trascendental como lo es la consignaci\u00f3n del 40% del aval\u00fao para hacer postura\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que la adjudicaci\u00f3n se hizo por el valor de la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, aprobada el 22 de octubre de 2015, muestra notable diferencia con la oferta que realiz\u00f3 el ac\u00e1 accionante, pues aquella es por la suma de $62\u00b4585.630, mientras \u00e9sta lo fue por $31\u00b4250.000 (fl. 33, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La apoderada de los ejecutantes Johan Antonio y Eliana Marcela Mu\u00f1oz Caro, se opuso a lo pretendido, aduciendo como defensa que el Juzgado \u00abactu\u00f3 conforme al C\u00f3digo General del Proceso\u2026 art\u00edculos 451 y 452\u00bb (fls. 35 a 38, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. El Procurador 145 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, pidi\u00f3 \u00abno acceder a las s\u00faplicas de la tutela, toda vez que este no es el mecanismo id\u00f3neo, para ventilar este tipo de situaciones\u00bb, ya que contra esas decisiones proced\u00edan los recursos de ley; en suma, que el Juez se ajust\u00f3 a derecho al adjudicar el bien al \u00abmejor oferente\u00bb, pues el inconforme se neg\u00f3 a mejorar su oferta (fl. 39, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. Antonio Mar\u00eda Mu\u00f1oz \u00c1lvarez, vinculado por fungir como ejecutado en  el proceso cuya actuaci\u00f3n se cuestiona, dijo que en su sentir \u00abel juez no obr\u00f3 correctamente\u00bb por cuanto \u00abno le fue vendido el 50% de mi finca al se\u00f1or Ramiro D\u00e1vila, sabiendo que \u00e9l reuni\u00f3 todos los requisitos que exige la ley\u00bb, y agreg\u00f3 que al mencionado \u00abes a la \u00fanica persona que yo le entregar\u00eda la mitad de mi finca, a nadie m\u00e1s reconozco como nuevo due\u00f1o\u00bb (fl. 40, id.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 el resguardo al considerar que el accionado \u00abno realiz\u00f3 un juicio irrazonable o arbitrario por fuera de las reglas b\u00e1sicas de interpretaci\u00f3n y no existe ninguna base para afirmar que en su juicio err\u00f3 en forma ostensible, flagrante y manifiesta\u00bb, y conforme a la solicitud de adjudicaci\u00f3n realizada por los ejecutantes, tuvo en cuenta que \u00abla ley no exige a quien pretende rematar por cuenta de su cr\u00e9dito\u00bb. Agreg\u00f3 que haber dado la posibilidad para que se mejorara su oferta, cuando no estaban dadas las condiciones para ello, \u00abtal conducta no reviste la gravedad e ilicitud que estructure v\u00eda de hecho\u00bb (fls. 43 a 52, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el fallo anterior, reiterando los argumentos de su demanda, y enfatiz\u00f3 que no pod\u00eda adjudicarse el bien a los ejecutantes porque \u00e9stos no realizaron oferta alguna, sino que solo manifestaron su voluntad de hacer postura por cuenta de su cr\u00e9dito, y que tampoco pod\u00eda interpretarse que se hac\u00eda para cancelar la obligaci\u00f3n ejecutada cuando \u00e9sta no hab\u00eda sido actualizada (fls. 61 a 64, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes al proceso que adelanta la autoridad judicial accionada, establece la Sala que el fallo de primer grado deber\u00e1 respaldarse, en la medida en que no se configura defecto de procedibilidad alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n cuestionada, y en esas condiciones no es dable la concurrencia del juez excepcional.  <\/span><\/p>\n

3. En efecto, del an\u00e1lisis que la Sala realiza al auto mediante el cual se confirma la adjudicaci\u00f3n surtida en la diligencia de remate llevada a cabo el 30 de enero de 2017 (fls. 2-226 a 2-228, cd. de Copias), respecto del 50% de un predio rural identificado con matr\u00edcula n\u00ba 005-1567, a favor de los ejecutantes por cuenta del cr\u00e9dito alimentario a cargo de su progenitor Antonio Mar\u00eda Mu\u00f1oz \u00c1lvarez, no se vislumbra que pueda lesionar las garant\u00edas superiores del accionante, en tanto lo all\u00ed resuelto no se muestra como la manifestaci\u00f3n de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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3.1. Ciertamente, para llegar a la decisi\u00f3n en cuesti\u00f3n, el Juzgado tuvo en cuenta que una vez iniciada la diligencia, acudi\u00f3 el apoderado judicial de los demandantes, acreditando con el poder de sustituci\u00f3n, que \u00e9stos le hab\u00edan, entre otras facultades, la de \u00absolicitar la adjudicaci\u00f3n de bienes en la audiencia de Remate\u00bb (fls. 2-229, 2-233 y 2-234, cd. Copias), y en tal sentido \u00abse ratifica en la solicitud obrante a folios 2-220, en el sentido que se les adjudique a los demandantes ELIANA MARCELA y JOHAN ANTONIO MU\u00d1OZ CARO por el valor del cr\u00e9dito adeudado toda vez que obra a folios 64 y 68 del cuaderno principal, la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito alimentario, la que arroj\u00f3 un saldo adeudado por el demandado de $62.585.630 a octubre de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Enseguida dej\u00f3 constancia que tambi\u00e9n \u00abse presenta como postor el se\u00f1or RAMIRO DE JESUS DAVILA CARTAGENA identificado con CC. No. 3.498.462, quien presenta en sobre cerrado como oferta la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (31.250.000) M\/L, present\u00f3 as\u00ed mismo copia de la consignaci\u00f3n realizada en el Banco Agrario de Colombia con fecha del 30 de enero de 2017 por valor de $16.800.000 M\/L\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por cuanto al cierre de la diligencia se contaba con \u00abdos postores\u00bb, y mientras una oferta correspond\u00eda a la que ven\u00eda en el sobre, por un valor que no alcanzaba a cubrir la mitad de la deuda, el apoderado de los ejecutantes \u00abpor el valor del cr\u00e9dito adeudado, esto es la suma de $62.585.630\u00bb, previo a resolver el Juez opt\u00f3 por indagarle al ac\u00e1 accionante si estaba dispuesto a \u00absuperar la oferta que hace el acreedor\u00bb, y ante la respuesta negativa del oferente, dispuso que \u00abha de adjudicarse al acreedor el bien en subasta, dado que en la oferta que se pas\u00f3 se alude a adjudicaci\u00f3n en raz\u00f3n del cr\u00e9dito y dentro de esa misma diligencia de remate, el acreedor, se\u00f1ala que la adjudicaci\u00f3n se le haga precisamente por el valor que arroja la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, por ello resulta mejor postura y muy superior al del postor D\u00e1vila Cartagena\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.2. En este orden, prohijando el an\u00e1lisis realizado por el Tribunal a-quo, si bien de la actuaci\u00f3n descrita se desprenden situaciones que no se ci\u00f1en estrictamente al ordenamiento legal, entre ellas la de haber posibilitado la puja cuando lejos estaban las ofertas de configurar un empate (caso en el que procede esa figura – inciso 2\u00ba del art\u00edculo 452 del C\u00f3digo General del Proceso), se precisa que ello no constituye un comportamiento contrario al orden jur\u00eddico, en la medida que particularmente no atenta contra las prerrogativas superiores del postulante, y la adjudicaci\u00f3n, finalmente decidida a favor de los ejecutantes, tampoco puede considerarse como un acto susceptible de defecto de procedibilidad del amparo constitucional.  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, el reclamo que realiza el promotor del resguardo, podr\u00eda enmarcarse dentro del tenor literal del art\u00edculo 452 del estatuto procedimental vigente, en la medida en que para llevar a cabo la licitaci\u00f3n, es menester que los interesados en adquirir el bien a subastar, alleguen en sobre cerrado el monto de su oferta, acompa\u00f1ando el comprobante de consignaci\u00f3n del dep\u00f3sito para hacer postura. Lo anterior salvo cuando se trata del \u00fanico ejecutante o del acreedor de mejor derecho, a quien se le exime de realizar la consignaci\u00f3n si opta por rematar por cuenta de su cr\u00e9dito y \u00e9ste equivale \u00abpor lo menos al cuarenta por ciento (40%) del aval\u00fao en caso contrario consignar\u00e1 la diferencia\u00bb (inciso 2\u00ba del canon 451 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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No obstante, en el caso examinado a trav\u00e9s de esta sede excepcional, en el que los ejecutantes, tras una litigiosa filiaci\u00f3n, debieron recurrir, primero a trav\u00e9s de su progenitora y luego por s\u00ed mismos, al cobro coercitivo de la prestaci\u00f3n alimentaria a cargo de su padre, la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el juez de la causa al preferirlos como adjudicatarios del bien objeto de remate en lugar de un tercero, no luce arbitraria, sino m\u00e1s bien resulta conveniente y \u00fatil, al punto que tambi\u00e9n representa beneficio para el deudor.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que m\u00e1s all\u00e1 de que jur\u00eddicamente se haya indicado que los alimentarios son adjudicatarios, por haber presentado una oferta que supera ampliamente la del otro postor, en tanto su cr\u00e9dito asciende a $62\u00b4585.630 y ese fue el valor ofrecido para quedarse con el 50% del predio, mientras que la del accionante solo correspond\u00eda a $31\u00b4250.000, lo cierto es que la venta judicial en esos t\u00e9rminos, da lugar a que se libere en mayor proporci\u00f3n la obligaci\u00f3n ejecutada, frente a lo cual la jurisprudencia  recuerda que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa fijaci\u00f3n del precio real como par\u00e1metro legalmente establecido tambi\u00e9n tiene la finalidad de proteger los derechos del deudor, cualesquiera sean los supuestos en que se halle, ya que bien puede suceder que el valor del bien rematado no alcance para cubrir el monto de lo debido, caso en el cual al deudor le asiste la tranquilidad de pagar en la mayor medida posible y a\u00fan de poner a salvo otros bienes y recursos o de no comprometerlos en demas\u00eda. Pero tambi\u00e9n puede acontecer que el valor del inmueble rematado satisfaga lo adeudado, incluso de manera amplia, en cuyo caso el deudor tiene el derecho a liberarse de su obligaci\u00f3n y a conservar el remanente que, sin lugar a dudas, le pertenece\u00bb (CC T-531\/10).  <\/span><\/p>\n

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Por lo dem\u00e1s, quedando a salvo el derecho fundamental al debido proceso, se precisa que quien formula el reclamo, s\u00f3lo tiene una aspiraci\u00f3n de car\u00e1cter econ\u00f3mico dada su  condici\u00f3n de postor en la licitaci\u00f3n llevada a cabo dentro del tr\u00e1mite judicial, y que su pretensi\u00f3n de invalidez de la adjudicaci\u00f3n solo tiende a que pueda volver a participar en la subasta, m\u00e1s no hay una seria afectaci\u00f3n de linaje superior que merezca la protecci\u00f3n invocada.  <\/span><\/p>\n

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4. As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la actuaci\u00f3n de la autoridad accionada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, y en esas condiciones esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la salvaguarda, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, citada en STC527, 25 ene. 2017, rad. 00015-00).  <\/span><\/p>\n

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5. Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo que neg\u00f3 el amparo solicitado, por cuanto la actuaci\u00f3n censurada no evidencia defecto alguno de procedibilidad, y tampoco se demostr\u00f3 que se estuviera en presencia de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC4645  -2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2017-00031-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100483","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100483","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100483"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100483\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100483"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100483"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100483"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}