{"id":100484,"date":"2026-06-25T20:55:55","date_gmt":"2026-06-25T20:55:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4646-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:55:55","modified_gmt":"2026-06-25T20:55:55","slug":"stc4646-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4646-2017\/","title":{"rendered":"STC4646-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4646-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2017-00029-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el 2 de marzo de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Alirio Silva y Luz Marina Rodr\u00edguez contra la Polic\u00eda Nacional tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Subdirector General de dicha Instituci\u00f3n, Briggite Liliana L\u00f3pez Hern\u00e1ndez y el Juzgado Cuarto Oral de Familia de la citada ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Los solicitantes reclaman, por apoderado judicial, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la accionada al ordenar la redistribuci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reconocida mediante Resoluci\u00f3n 1382 de 6 de octubre de 2015, con ocasi\u00f3n de la muerte de su hijo \u00abel se\u00f1or Subintendente (F) MANUEL ALIRIO SILVA RODR\u00cdGUEZ\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de su reclamo se\u00f1alan, en s\u00edntesis, que en cumplimiento de la sentencia de 17 de febrero de 2016, proferida por Juzgado Cuarto Oral de Familia de C\u00facuta, la Polic\u00eda Nacional con Acto Administrativo 603 de 10 de mayo de 2016, revoc\u00f3 parcialmente y de manera unilateral la disposici\u00f3n que concedi\u00f3 dicha prestaci\u00f3n \u00fanicamente a su favor y en consecuencia orden\u00f3 reasignarla entre ellos y Briggite Liliana L\u00f3pez Hern\u00e1ndez, como compa\u00f1era permanente del causante \u00aben las porciones de ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Relatan que contra esa decisi\u00f3n interpusieron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, que fueron desatados de forma adversa con Resoluciones 1102 de 1\u00ba de septiembre y 7651 de 28 de noviembre, ambas de 2016, a pesar, de ser claro que la providencia judicial cuyo acatamiento invoc\u00f3 la demanda para adoptar la disposici\u00f3n reprochada \u00abnunca emiti\u00f3 orden de redistribuir la pensi\u00f3n, solo declar\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho y una sociedad patrimonial entre el fallecido subteniente Manuel Alirio Silva Rodr\u00edguez y la se\u00f1ora Briggite Liliana L\u00f3pez Hern\u00e1ndez\u00bb por tanto estiman que \u00abla actuaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional, fue alejada del principio de legalidad, carente de respaldo jur\u00eddico procedimental, que genera una transgresi\u00f3n abierta al principio constitucional del Debido Proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agregan que la autoridad tutelada incurri\u00f3 en defecto procedimental al revocar parcialmente \u00abla resoluci\u00f3n 01382 del seis (06) de octubre de 2015\u00bb por cuanto ellos \u00abno [lo] consintieron de manera expresa \u2013tampoco se le[s] solicit\u00f3 autorizaci\u00f3n- (\u2026) n[i] la precitada resoluci\u00f3n fue producto de medios ilegales o fraudulentos ni estaba contrariando la Constituci\u00f3n o la Ley\u00bb presupuestos que exige el art\u00edculo 97 de la Ley 1437 de 2011 para adoptar una decisi\u00f3n de esa naturaleza.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretenden en consecuencia, que se deje \u00absin efectos las Resoluciones No. 0063 del diez (10) de mayo de 2016 y 07651 del veintiocho (28) de noviembre de 2016\u00bb y en consecuencia \u00abcontinuar con el cumplimiento de la Resoluci\u00f3n No. 01382 del seis (06) de octubre de 2015, mediante el cual se le[s] reconoci\u00f3 el 50% de pensi\u00f3n de sobreviviente para cada uno de los hoy accionantes\u00bb (fls. 1 a 9, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Jefe del \u00c1rea de Prestaciones Sociales de la Polic\u00eda Nacional, se opuso al amparo por improcedente bajo el argumento de que el asunto que ac\u00e1 se controvierte \u00abes una cuesti\u00f3n que compete discernir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que es el mecanismo id\u00f3neo y eficaz de defensa en este tipo de procesos\u00bb agrega que el reconocimiento de los derechos a favor de Briggite Liliana L\u00f3pez Hern\u00e1ndez tiene fundamento en la declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho realizada por el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de C\u00facuta.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente aduce que en la actualidad los promotores de la salvaguarda a\u00fan siguen recibiendo una mesada pensional por parte de la Polic\u00eda Nacional como beneficiaros de su descendiente, situaci\u00f3n que descarta cualquier afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital (fls. 28 a 30, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso por ausencia del requisito de subsidiaridad \u00abpor existir v\u00eda judicial id\u00f3nea para controvertir los actos administrativos; en relaci\u00f3n con el m\u00ednimo vital y seguridad jur\u00eddica no (\u2026) hall\u00f3 prueba de su vulneraci\u00f3n\u00bb toda vez que a los actores \u00abal momento de proferirse la Resoluci\u00f3n 01382 de 6 de octubre de 2015, les cancelaron aproximadamente $93.000.000\u00bb y actualmente reciben un porcentaje de la pensi\u00f3n de sobrevivientes (fls. 109 a 119, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Fue formulada por los demandantes quienes estiman que este es el mecanismo id\u00f3neo \u00abpara atacar el proceder desprovisto de legalidad por parte de la Polic\u00eda Nacional, (\u2026) por qu\u00e9 (sic) la jurisdicci\u00f3n contenciosa es ineficaz en el presente asunto\u00bb, adem\u00e1s alegan que, es a la autoridad tutelada a quien le corresponde demandar su propio acto en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues este no fue expedido por medios ilegales \u00abni se autoriz\u00f3 de manera expresa a la entidad para que revocara la resoluci\u00f3n No. 01382 del seis (06) de octubre de 2015\u00bb (fls. 120 a 125, cit).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se censuran los actos administrativos por medio de los cuales se redistribuy\u00f3 entre Manuel Alirio Silva, Luz Marina Rodr\u00edguez y Briggite Liliana L\u00f3pez Hern\u00e1ndez, la pensi\u00f3n de sobrevivientes inicialmente concedida en la Resoluci\u00f3n 1382 de 6 de octubre de 2015, a favor de los dos primeros.  <\/span><\/p>\n

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La Polic\u00eda Nacional justific\u00f3 su determinaci\u00f3n en el cumplimiento de la sentencia de 17 de febrero de 2016, emitida por el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad, que declar\u00f3 la existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre la \u00faltima de las personas antes mencionadas y el causante de la prestaci\u00f3n, condici\u00f3n que dice le otorga el derecho a recibir una porci\u00f3n de ese emolumento.  <\/span><\/p>\n

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Frente a lo anterior alegan los tutelantes, quienes eran los \u00fanicos beneficiarios, que la decisi\u00f3n judicial, cuyo acatamiento invoca la Instituci\u00f3n Policial, no contiene disposici\u00f3n que ordene el reconocimiento de tal remuneraci\u00f3n a favor de terceros diferentes de ellos, por lo que el mandato de reasignaci\u00f3n pensional carece de fundamento legal.  <\/span><\/p>\n

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2. Frente aquellos casos donde el reparo recae sobre los actos administrativos que materializan las decisiones de los jueces, el Consejo de Estado ha sostenido de manera reiterada que si bien es cierto estas \u00abno son enjuiciables ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo mediante un mecanismo de control de legalidad, pues son actos de ejecuci\u00f3n, es decir, no crean, extinguen o modifican una situaci\u00f3n particular, sino que hacen efectiva una orden impartida por un Juez de la Rep\u00fablica, tambi\u00e9n lo es que se han aceptado excepciones, (\u2026) las cuales surgen del desconocimiento de la decisi\u00f3n judicial, en cuanto creen una situaci\u00f3n nueva\u00bb (CE 1350-13, rad 2008-00510-01, 9 de abril de 2014) sobre la cual es posible ejercer control jurisdiccional, en raz\u00f3n a que se apartan del contenido del fallo a acatar \u00abagreg\u00e1ndole o suprimi\u00e9ndole algo\u00bb resultando entonces incuestionable \u00abque en el nuevo temperamento no puede predicarse que el acto sea de simple ejecuci\u00f3n, pues nace un nuevo acto administrativo, y por lo mismo, controvertible judicialmente\u00bb (CE 20689, rad 1997-17648-01, 8 feb 2012).  <\/span><\/p>\n

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2.1 Dicho lo anterior, se advierte la improcedencia del resguardo constitucional por ausencia del principio de subsidiariedad, pues conforme a la jurisprudencia transcrita los interesados disponen de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011 para alegar lo que aqu\u00ed exponen, esto es, que los actos administrativos reprochados exceden el contenido de la decisi\u00f3n judicial que dicen acatar, en la medida en que el fallo en que se sustentan no reconoce prestaci\u00f3n social alguna a la compa\u00f1era del causante sino que declara la existencia de dicho v\u00ednculo civil y de la sociedad patrimonial que de este surge, por lo que el reconocimiento pensional se aparta del verdadero alcance del mandato del fallador, generando un hecho nuevo.  <\/span><\/p>\n

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En esos t\u00e9rminos, es al juez ordinario a quien le corresponde dirimir el asunto en tanto al de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse, pues escapa de su resorte, ya que el debate implica una discusi\u00f3n de orden legal que gira en torno al alcance de la sentencia que tuvo por cierta la uni\u00f3n marital de hecho entre el fallecido Manuel Alirio Silva Rodr\u00edguez y Briggite L\u00f3pez Hern\u00e1ndez, frente a la determinaci\u00f3n de reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes generada con ocasi\u00f3n del fallecimiento del referido policial y las normas que regulan ese beneficio, cuesti\u00f3n que no involucra derechos de rango fundamental, raz\u00f3n por la cual no corresponde abordarla en este escenario constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte ha expresado:  <\/span><\/p>\n

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\u00abDe otra parte, en lo tocante con que se ordene al Ministerio de Defensa continuar pagando la pensi\u00f3n  de sobreviviente reconocida mediante resoluci\u00f3n No. 2382 del 7 de mayo de 1991 y dejada de cancelar en raz\u00f3n a la redistribuci\u00f3n decretada en el acto administrativo 5563 de 10 de noviembre de 2014, dicha pretensi\u00f3n resulta improcedente por cuanto que, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, en l\u00ednea de principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, ya sean generales, impersonales y abstractos, ora particulares y concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde puede allegar los elementos demostrativos que aqu\u00ed aporta y explicar sus argumentos, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada.  <\/span><\/p>\n

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Repetidamente sobre el particular la Corte ha dicho que: [L]a acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable.  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes (arts. 238 C. P. y 152 C.C.A.)\u00bb (STC12677-2015, 17 sep 2015, rad. 00447-01).  <\/span><\/p>\n

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2.2 Por consiguiente, la pretensi\u00f3n invocada desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, porque frente a los actos administrativos objetados debe agotarse el instrumento jurisdiccional rese\u00f1ado, pues esta sede excepcional no es una v\u00eda paralela ni sustitutiva de los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa.  <\/span><\/p>\n

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3. Debe a\u00f1adirse, que de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 229 y siguientes de la Ley 1437, en el decurso del referido tr\u00e1mite contencioso administrativo, est\u00e1 prevista la posibilidad de obtener como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del supuesto acto ilegal as\u00ed como otra amplia gama de cautelas encaminadas a impedir la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, motivo por el que, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, se concluye que \u00abno puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para admitir la presente acci\u00f3n como mecanismo transitorio\u00bb, ya que \u00abdentro de un eventual proceso contencioso- administrativo, (\u2026) [se] tiene la posibilidad de solicitar la suspensi\u00f3n provisional del acto que presuntamente vulnera [los] derechos, con lo cual se desvirt\u00faa tambi\u00e9n la inminencia del perjuicio\u00bb (CSJ STC, 24 ene. 2007, rad. 2006-00227-01; criterio reiterado en STC7077-2014, STC16698-2015; STC4676-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00039-01 y STC 8324 22 de jun. 2016, rad. 2016-00600-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Por otra parte, se aclara que las determinaciones que dispusieron la redistribuci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en comento, no constituyen una revocatoria directa del acto administrativo mediante el cual se les concedi\u00f3 dicha asignaci\u00f3n a los tutelantes, como ellos lo entienden, pues en ning\u00fan momento se les suspendi\u00f3 su pago.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no es de recibo la argumentaci\u00f3n de los actores seg\u00fan la cual es la Polic\u00eda Nacional la encargada de demandar la Resoluci\u00f3n 1382 de 6 de octubre de 2015, pues se reitera, no se trata de una revocatoria unilateral de esa decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       5. Finalmente, como en forma acertada lo precis\u00f3 el a quo, tampoco hay vulneraci\u00f3n al m\u00ednimo vital de los promotores de la salvaguarda, en tanto contin\u00faan devengando una parte de la referida retribuci\u00f3n e igualmente se les reconoci\u00f3 la suma de $93.632.851,20 por concepto de compensaci\u00f3n por muerte, con lo que se descarta cualquier afectaci\u00f3n a dicha garant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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6.  Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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                LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC4646-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2017-00029-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100484","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100484"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100484\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}