{"id":100486,"date":"2026-06-25T20:56:12","date_gmt":"2026-06-25T20:56:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4649-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:56:12","modified_gmt":"2026-06-25T20:56:12","slug":"stc4649-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4649-2017\/","title":{"rendered":"STC4649-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4649-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00113-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 6 de marzo de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Magnolia Gonz\u00e1lez Cotrino, en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad, contra el Juzgado Octavo de Familia de la referida ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado Edgar Alejandro Cortes Santa.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La solicitante, quien act\u00faa por intermedio de abogada, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados a sus descendientes por la autoridad judicial demandada, en raz\u00f3n a que dentro del ejecutivo de alimentos que inici\u00f3 contra Edgar Alejandro Cortes Santa, si bien libr\u00f3 mandamiento de pago con fundamento en el acta de conciliaci\u00f3n 12435 de 16 de septiembre de 2015, no incluy\u00f3 el valor de los gastos que por concepto de educaci\u00f3n de sus hijos, aquel se hab\u00eda comprometido a cancelar, bajo el argumento de que \u00abno fueron acordados por la partes en el documento base de la acci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende en consecuencia, que se ordene al Despacho demandado \u00abadoptar todas las medidas necesarias para garantizar (…) el derecho que le[s] fue vulnerado\u00bb con auto de \u00abmandamiento de pago de fecha 29 de septiembre de 2016\u00bb (fls. 18 a 24, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Edgar Alejandro Cortes Santa, inform\u00f3 que el asunto que da lugar a este debate constitucional \u00abcursa en el Juzgado Octavo (8\u00ba)\u00bb, y que lo ahora pretendido es cobrar unos dineros que nunca fueron pactados, tambi\u00e9n informa que est\u00e1 sin trabajo pero aun as\u00ed ha consignado lo que ha podido, que sus hijos estudian en colegios caros y alejados de su residencia, afectando no solo su econom\u00eda sino tambi\u00e9n el r\u00e9gimen de visitas (fls. 46 a 47, cd 1).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, al encontrar que \u00abla decisi\u00f3n que se tilda de conculcadora de derechos, se halla acertada y ajustada a la normatividad sustancial y procedimental que rige la acci\u00f3n ejecutiva de alimentos\u00bb pues revisado el pacto suscrito que sirvi\u00f3 de base a la orden de pago \u00abfrente al rubro educaci\u00f3n, se limit\u00f3 a dos \u00edtems, (\u2026) \u00fatiles escolares y uniformes\u00bb de modo que no es viable \u00abhacer uso del mecanismo constitucional (\u2026) para complementar el convenio (\u2026) por lo que la omisi\u00f3n en determinar otros conceptos como son, la matr\u00edcula y las pensiones, entre otros, debe enmendarse haciendo uso del mecanismo judicial pertinente, ya sea ante la jurisdicci\u00f3n de familia (para adicionar el pacto alimentario en tal sentido)\u00bb (fls. 49 a 58, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la demandante sin expresar los motivos de su inconformidad (fl. 66, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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       1. La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que en principio la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC8417-2016, 22 jun. 2016, rad. 2016-00139-01).  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada frente el prove\u00eddo proferido el 29 de septiembre de 2016, por el Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual, libr\u00f3 mandamiento de pago contra Edgar Alejandro Cort\u00e9s Santa por las cuotas alimentarias fijadas en conciliaci\u00f3n de 16 de septiembre de 2015, pues en sentir de la all\u00ed ejecutante, ahora tutelante, se omiti\u00f3 incluir la partida \u00abeducaci\u00f3n\u00bb, compuesta por los gastos de \u00abpensi\u00f3n, cafeter\u00eda, matricula [e] ingresos a terceros\u00bb, que ella viene solventando en su totalidad, cuando es responsabilidad del padre asumir la mitad de estos costos, como lo acordaron en el documento base de ejecuci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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3. Dicho lo anterior, de entrada se anuncia que el resguardo pedido no puede salir avante por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la inconforme tuvo al alcance el recurso de reposici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, para refutar el auto que dict\u00f3 la orden de ejecuci\u00f3n sin incluir uno de los emolumentos que seg\u00fan dice fueron pactados, escenario propicio para exponer dicha queja.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, conforme se verifica de la inspecci\u00f3n realizada al proceso por el Tribunal Constitucional a quo y de las pruebas obrantes en el expediente, la interesada no acudi\u00f3 a ese mecanismo, de modo tal que el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir en los tr\u00e1mites respectivos.  <\/span><\/p>\n

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La referida restricci\u00f3n tiene su raz\u00f3n de ser en que la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan las herramientas de protecci\u00f3n previstas en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01)  <\/span><\/p>\n

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       En adici\u00f3n se anota que sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposici\u00f3n, ha sostenido la Corte que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (STC2016-2014, 20 feb., rad. 00201-00; STC8534-2014, 3 jul, rad. 00128-01; STC10218-2014, 1\u00b0 ago., rad. 00265-01; STC3953-2015, 9 abr., rad. 00686-00; reiteradas en STC2574-2016, 2 mar., rad. 00362-00).  <\/span><\/p>\n

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4. Al margen de lo anterior, a partir del examen de la providencia censurada, no logra advertirse una vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas invocadas, pues esa determinaci\u00f3n no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, luego de realizar una comparaci\u00f3n entre el acta de conciliaci\u00f3n 12435 de 16 de septiembre de 2015 y el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago con fundamento en esta, surge evidente que la orden de apremio se ci\u00f1\u00f3 estrictamente a lo pactado por las partes en el referido acuerdo, en el que, en relaci\u00f3n con el \u00edtem de educaci\u00f3n si bien se estableci\u00f3 que ser\u00eda asumido por partes iguales entre ambos padres, se limit\u00f3 a los conceptos de \u00ab\u00fatiles y uniformes\u00bb, pero nada se dijo respecto de la \u00abpensi\u00f3n, ruta escolar, cafeter\u00eda e ingresos a terceros\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De este modo, comoquiera que los aludidos valores no fueron objeto de compromiso en el documento base de la ejecuci\u00f3n, es razonable y jur\u00eddicamente acertado que el juez no haya emitido disposici\u00f3n para cobrarlos al demandado, pues la determinaci\u00f3n a adoptar en este tipo de tr\u00e1mites no puede exceder o variar el contenido de las obligaciones fijadas en el t\u00edtulo ejecutivo o reabrir el debate en torno de las mismas, so pena de incurrir en una v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular ha dicho esta Corte que:  <\/span><\/p>\n

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En este sentido, en el tr\u00e1mite de un proceso ejecutivo de alimentos, como el que aqu\u00ed se controvierte, no es posible hacer consideraciones de \u00edndole diversa a la existencia de la obligaci\u00f3n y a la falta de pago por parte del ejecutado\u00bb (STC17630-2016, 6 dic 2016, rad. 00627-01).  <\/span><\/p>\n

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Queda claro, entonces, que lo pretendido por la peticionaria del amparo es anteponer su propio criterio al del juez de la causa y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

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5. Ahora, tambi\u00e9n hay lugar a acoger las motivaciones del a quo, que evidenciaron que la omisi\u00f3n de incluir los conceptos en comento no puede enmendarse por esta v\u00eda, pues para ello la actora debe iniciar el correspondiente tr\u00e1mite de reconocimiento de dichos \u00edtems, bien sea adicionado el pacto alimentario.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el respectivo tr\u00e1mite ordinario no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las originadas en las decisiones tomadas dentro de un concurso de m\u00e9ritos, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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6. Con fundamento en lo expuesto, se ratificar\u00e1 la providencia del Tribunal.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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