{"id":100487,"date":"2026-06-25T20:56:18","date_gmt":"2026-06-25T20:56:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4652-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:56:18","modified_gmt":"2026-06-25T20:56:18","slug":"stc4652-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4652-2017\/","title":{"rendered":"STC4652-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4652-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-002-2017-00041-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 3 de marzo de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Neiro Alexander Santos Morales contra la Comisi\u00f3n de la Carrera Especial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todos los interesados en la convocatoria no. 004-2008 para el cargo de profesional universitario grado II.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        El interesado reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a \u00abdebido proceso administrativo, igualdad y acceso a cargos p\u00fablicos\u00bb, presuntamente vulnerados por la entidad accionada al negarse a efectuar la reclasificaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n de la lista de elegibles de la convocatoria n\u00ba 004-2008 de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de la queja expuso que particip\u00f3 en el concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos para el cargo de profesional universitario grado II, hoy profesional de gesti\u00f3n II, superando todas las etapas eliminatorias, luego, mediante Resoluci\u00f3n 29 de 13 de julio de 2015, se conform\u00f3 la lista de elegibles en la que ocup\u00f3 el puesto 224 para 95 vacantes.  <\/span><\/p>\n

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El 19 de enero de 2017, present\u00f3 petici\u00f3n solicitando reclasificaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n del registro de elegibles anexando documentaci\u00f3n con la cual acredita experiencia acad\u00e9mica y profesional adicional, sin embargo, tal pedimento fue denegado; alega que dicha pretensi\u00f3n se encuentra soportada en el art\u00edculo 24 del Acuerdo 001 de 30 de junio de 2006, que reglament\u00f3 el concurso.  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia pide que se ordene a la Comisi\u00f3n de la Carrera Especial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que \u00ab(\u2026) proceda a verificar la documentaci\u00f3n que aport\u00e9 para la reclasificaci\u00f3n del puntaje para el cargo de Profesional de Gesti\u00f3n II, convocatoria n\u00ba 004-2008, grupo 1, \u00e1rea jur\u00eddica, conforme al art\u00edculo 24 del acuerdo 0001 del 30 de junio de 2006. (\u2026) se ordene que una vez realizada la reclasificaci\u00f3n procedan al nombramiento del cargo, en el puesto que me corresponda luego de la actualizaci\u00f3n del registro de elegibles\u00bb (ff. 1 a 12, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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La Directora Jur\u00eddica de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 desestimar la pretensi\u00f3n del querellante por cuanto en las normas que regulan el concurso cuestionado no se tienen previstas etapas de reclasificaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n del puntaje consolidado de los participantes, y agreg\u00f3, \u00ab(\u2026) la actualizaci\u00f3n de las hojas de vida de los aspirantes con base en la experiencia adquirida con posterioridad al cierre de la convocatoria i) no hace parte de las etapas establecidas en la convocatoria y ii) conllevar\u00eda la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad de los dem\u00e1s participantes (\u2026)\u00bb, precis\u00f3 que el Acuerdo aludido por el actor no hace parte de la convocatoria 004-2008; y finaliz\u00f3 indicando que la lista ha sido modificada y actualizada pero producto \u00ab (\u2026) de la no aceptaci\u00f3n de unos nombramientos por algunos concursantes (\u2026)\u00bb  (ff. 84 a 96, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 por improcedente la protecci\u00f3n suplicada, con fundamento en que para atacar el acto administrativo reprochado, el peticionario ten\u00eda a su alcance otros recursos tales como la v\u00eda contenciosa administrativa, y adem\u00e1s que es inoportuno \u00ab(\u2026) alegar la existencia de un perjuicio irremediable por el vencimiento de la lista el 13 de julio de 2017, cuando la misma fue publicada hace m\u00e1s de 18 meses (\u2026)\u00bb(ff. 99 a 102, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El querellante inconforme se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo entendido por el juez de primera instancia, no est\u00e1 atacando la ilegalidad de la Resoluci\u00f3n que conform\u00f3 el registro de elegibles, su pretensi\u00f3n concreta se encuentra dirigida es a la reclasificaci\u00f3n del puntaje seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 24 del Acuerdo 0001 de 2006, reglamentario del concurso, lo cual fue negado por la Comisi\u00f3n de Carrera de la Fiscal\u00eda \u00ab(\u2026) sin ning\u00fan argumento serio y jur\u00eddico\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, destac\u00f3 que s\u00ed se evidenciaba un perjuicio inminente, \u00ab(\u2026) pues de acudir a la Jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, se torna a\u00f1o (sic) en litigio el acto administrativo que neg\u00f3 la reclasificaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n del registro de elegibles que est\u00e1 pr\u00f3ximo a vencer \u2013 13 de julio de 2017 \u2013 y para cuando se resuelva el pleito el concurso ya caduc\u00f3\u00bb (ff. 105 a 111, ib\u00eddem, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed que dicho principio emerge como criterio decisorio al hacerse evidente en este asunto, porque est\u00e1 claro para esta Sala que el demandante tiene a su alcance ante la controversia suscitada con la interpretaci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n de la Carrera Especial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, con la posibilidad jur\u00eddica frente al perjuicio reclamado de solicitar la suspensi\u00f3n provisional de los actos frente a los cuales mostr\u00f3 su desacuerdo, tr\u00e1mite regulado en los art\u00edculos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y que en virtud del art\u00edculo 233 ejusdem puede resolverse incluso desde la admisi\u00f3n de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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2.        A prop\u00f3sito de la eficacia que reviste la solicitud de suspensi\u00f3n, dicho tr\u00e1mite es tanto o m\u00e1s eficaz que la acci\u00f3n tutelar, sin desconocer que, si bien, ordinariamente los procesos contencioso administrativos resultan mucho m\u00e1s prolongados en el tiempo, no por ello pierden la idoneidad como senda jur\u00eddica para controvertir los excesos de la administraci\u00f3n y, la suspensi\u00f3n, al resolverse desde el mismo momento de la admisi\u00f3n de la demanda se erige como una medida cautelar apta y procedente para contener las consecuencias de la actuaci\u00f3n cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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En asuntos similares al que ahora se estudia esta Corporaci\u00f3n ha precisado que \u00ablas inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb (CSJ STC, 20 Feb. 2013, Rad. 2012-00100-01), que es el escenario natural donde \u00abes posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterada en STC795-2016, 1 feb. 2016 ).  <\/span><\/p>\n

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Y sobre la posibilidad de suspender los actos administrativos la Sala dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2011, Rad. 00330-01, reiterada en STC7687-2015, STC11056-2015 y STC594-2016).  <\/span><\/p>\n

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Si bien el cuestionamiento se deriva de la respuesta dada por la entidad accionada el 6 de febrero de 2017 a la petici\u00f3n elevada por el actor el 19 de enero mediante la cual pretendi\u00f3 la recalificaci\u00f3n de su puntaje en virtud de la acreditaci\u00f3n adicional de experiencia acad\u00e9mica y profesional, no es ello \u00f3bice para que la negativa contenida en dicho pronunciamiento se controvierta en sede de lo contencioso administrativo, en la que medida en que, lo dispuesto en el oficio radicado 20177010000581 de 6 de febrero de 2017, suscrito por la Subdirectora Nacional de Apoyo a la Comisi\u00f3n de la Carrera Especial de la Fiscal\u00eda (ver ff. 42 a 46, ib), constituye en s\u00ed mismo un acto administrativo demandable, pues niega la configuraci\u00f3n de un derecho reclamado y compromete directamente la postura de la entidad vincul\u00e1ndola respecto de la situaci\u00f3n planteada por el promotor del amparo.  <\/span><\/p>\n

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De all\u00ed que no resulta admisible la pretensi\u00f3n tendiente a la sustituci\u00f3n del juez competente por el de tutela, pues la jurisprudencia de esta Sala ha sido suficiente en precisar que de cara a los concursos m\u00e9ritos las prerrogativas de los aspirantes son meras expectativas frente a las resultas de los mismos (ver entre otras CSJ STC 27 ene. 2012, Rad. 2011-01635-01; reiterado en STC400-2014 y STC795-2016), lo que quiebra la alegada vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados a trav\u00e9s de \u00e9ste mecanismo subsidiario y residual.  <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora bien, es cierto que, trat\u00e1ndose de concursos de m\u00e9ritos la tendencia de la Corte Constitucional ha sido la de darle m\u00e1s fuerza a la viabilidad de la acci\u00f3n de amparo sobre todo en asuntos donde, habi\u00e9ndose consolidado expectativas con la finalizaci\u00f3n de los procesos, la entidad demandada encargada del concurso omite los resultados o los modifica vi\u00e9ndose tal alteraci\u00f3n reflejada en la conformaci\u00f3n de las listas de elegibles; empero, situaci\u00f3n diferente acaece cuando lo que se pretende es, a trav\u00e9s del mecanismo tutelar, cuestionar o pretender se adicione una etapa particular al proceso concursal, que es precisamente lo que busca el demandante en el presente asunto.  <\/span><\/p>\n

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Sobre \u00e9ste particular, de tiempo atr\u00e1s la misma Corte Constitucional precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa jurisprudencia constitucional ha explicado que el amparo por v\u00eda de tutela en esta materia no es absoluto sino que est\u00e1 restringido a aquellos eventos relacionados con el rechazo del m\u00e9rito como criterio relevante para acceder a los cargos, en detrimento de principios de objetividad y buen servicio que en muchas ocasiones se refleja con el desconocimiento de la lista de elegibles para proveer vacantes en la administraci\u00f3n p\u00fablica. Ante la arbitrariedad la tutela se constituye como el \u00fanico medio id\u00f3neo para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos de quien ha resultado lesionado con una conducta de tal entidad. (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Por el contrario, el cuestionamiento sobre la conformaci\u00f3n de la lista de elegibles, el desarrollo de una determinada prueba o su elaboraci\u00f3n, o el posible primer puesto que puede llegar a tener un aspirante dentro del registro, son problemas en principio ajenos al \u00e1mbito constitucional y deben ventilarse ante la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, escenario id\u00f3neo para debatir asuntos de esta naturaleza, as\u00ed como  cualquier otro que surja en el tr\u00e1mite y desarrollo del proceso de selecci\u00f3n, clasificaci\u00f3n o integraci\u00f3n de la lista de elegibles\u00bb (CC. T-1110\/03)  <\/span><\/p>\n

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4.        En estas condiciones, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo demandado, ya que es la senda ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa a la que debe recurrir el interesado para exponer sus inconformidades y no a la acci\u00f3n de tutela, que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, menos a\u00fan para crear instancias adicionales a las existentes.  <\/span><\/p>\n

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5.  Finalmente, advierte la Sala que tampoco se demostraron las circunstancias necesarias para otorgar la citada protecci\u00f3n de manera transitoria, m\u00e1s a\u00fan cuando, como se se\u00f1al\u00f3 en precedencia dentro de los medios de control ordinarios existe la posibilidad de acceder a la suspensi\u00f3n provisional de las decisiones administrativas.  <\/span><\/p>\n

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Y es que en definitiva no se prob\u00f3 el supuesto f\u00e1ctico previsto en la ley, con las caracter\u00edsticas que impondr\u00edan brindar la salvaguarda de forma temporal, esto es, el perjuicio irremediable que se derivar\u00eda de no acceder a la petici\u00f3n de amparo, raz\u00f3n por la cual tampoco por dicha alternativa podr\u00eda concederse el resguardo pues repetidamente se ha dicho que \u00ab[n]o prospera la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio cuando quiera que no se encuentre probado el perjuicio irremediable, ni lo alegado cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad inminencia y urgencia del perjuicio\u00bb (CC sent. T 1525 de 2000, reiterada en CSJ STC 12 de mar. de 2012, rad. 00411y STC 8564-2014, 14 jul, rad 0097001).  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la providencia controvertida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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