{"id":100488,"date":"2026-06-25T20:56:21","date_gmt":"2026-06-25T20:56:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4695-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:56:21","modified_gmt":"2026-06-25T20:56:21","slug":"stc4695-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4695-2017\/","title":{"rendered":"STC4695-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4695-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2016-00167-02  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 de septiembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Nayibe Arroyo Guevara contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Tumaco.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora por intermedio de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al trabajo, a la vida y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al negarse a reasignarle una plaza de trabajo acorde con la calificaci\u00f3n que obtuvo en el concurso de m\u00e9ritos a trav\u00e9s del cual se suplieron los empleos vacantes de \u00abDIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES, POBLACI\u00d3N AFROCOLOMBIANA, NEGRA, RAIZAL Y PALENQUERA\u00bb, en el municipio de Tumaco.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo pretende, que por esta v\u00eda se ordene a los entes convocados, ser reubicada laboralmente (fl.15, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja, aduce en lo esencial, que tras superar todas las pruebas realizadas por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil dentro del concurso de m\u00e9ritos referido en l\u00edneas anteriores, le fue asignada la plaza vacante ubicada en la \u00abInstituci\u00f3n Educativa San Juan Evangelista Sede No. 2\u00bb situada en el \u00e1rea rural de Tumaco, en cercan\u00edas al municipio de Francisco Pizarro, poblaci\u00f3n que, dice, no tiene servicios m\u00e9dicos y est\u00e1 \u00abplagado de miserias y desolaci\u00f3n\u00bb, cargo al que se posesion\u00f3 el 7 de junio de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Indica que con sustento en el puntaje obtenido en el citado concurso, y teniendo en cuenta que \u00abactualmente padece una enfermedad denominada ARTRITIS REUMATOIDE SEROPOSITIVA\u00bb, solicit\u00f3 a la CNS su traslado a otro lugar; no obstante, dicha pedimento le fue negado, raz\u00f3n por la cual acude al presente mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas (fls. 1 a 5, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil a trav\u00e9s de su asesor jur\u00eddico, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda rogada, luego de manifestar que \u00e9sta incumple el requisito de la subsidiariedad, toda vez que los cuestionamientos de la actora deben ser resueltos por la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo; as\u00ed mismo, aclar\u00f3 que no existe un riesgo inminente de vulneraci\u00f3n, ni est\u00e1 legitimado en la causa por pasiva, pues \u00abNO tiene injerencia alguna en relaci\u00f3n con los hechos sobre los cuales versa\u00bb la solicitud de amparo, en la medida que \u00e9stos fueron desplegados por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental de Nari\u00f1o (fls. 76 a 78, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b).        La Secretaria de Educaci\u00f3n del Municipio de Tumaco (E), indic\u00f3 que no ha quebrantado prerrogativa superior alguna a la accionante, comoquiera que ella aplic\u00f3 para un \u00abcargo que estaba ofertado y posterior al concurso dio aceptaci\u00f3n al sitio de trabajo determinado por el puntaje obtenido en el transcurso de las pruebas\u00bb; de otro lado, adujo que dado el car\u00e1cter residual de la presente v\u00eda, aqu\u00e9lla debi\u00f3 acudir primero a los medios de control \u00abid\u00f3neos para controvertir la legalidad del acto administrativo\u00bb motivo de su inconformidad (fls. 88 a 91, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).  La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Departamento de Nari\u00f1o por intermedio de su mandatario judicial, coincidi\u00f3 con los dem\u00e1s intervinientes en se\u00f1alar, que la gestora \u00abcuenta con otros mecanismos de defensa judicial\u00bb para obtener lo que a trav\u00e9s de esta v\u00eda reclama; as\u00ed mismo precis\u00f3, que los hechos relacionados en el escrito de tutela son competencia del Municipio de Tumaco, comoquiera que \u00e9ste es un ente territorial certificado en materia de educaci\u00f3n (fls. 109 a 113, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir en lo fundamental, que \u00e9sta no satisface el requisito general de la subsidiariedad, pues la accionante \u00abcuenta con otros recursos ordinarios eficaces para lograr su cometido, tales como la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, para efectos de controvertir actos administrativos como el ahora cuestionado, sin que pueda justificarse su no interposici\u00f3n por su tard\u00eda resoluci\u00f3n, pues desde la misma presentaci\u00f3n de la demanda, puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional\u00bb como medida cautelar; de otra parte, manifest\u00f3 que \u00ab[i]ncluso la se\u00f1ora Nayibe Arroyo puede acudir a la solicitud de traslado, con base en [el Decreto 520 de 2010], como mecanismo id\u00f3neo para lograr lo pretendido\u00bb (fls. 165 a 168, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Por conducto de su apoderado, la accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, sin expresar las razones de su inconformidad (fls. 188 y 189, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto se observa, que la censura de la actora est\u00e1 encaminada puntualmente, contra la \u00ablista de asignaci\u00f3n de Instituci\u00f3n Educativa PRIMARIA Grupo B\u00bb, proferida el 13 de abril de 2016 por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil dentro de la Convocatoria No. 247 de 2012, a trav\u00e9s de la cual le fue designado como lugar de trabajo la \u00abInstituci\u00f3n Educativa San Juan Evangelista Sede No. 2 Nidia Turbay Quintero\u00bb que se encuentra situada en zona rural del municipio de Tumaco, para desempe\u00f1ar el cargo de docente al servicio de la poblaci\u00f3n afrodescendiente, negra, raizal y palenquera, tras superar el concurso abierto de m\u00e9ritos correspondiente (fls, 41 a 62, ib.); pues en su sentir, dicha plaza no s\u00f3lo le desmejora las condiciones laborales, sino adem\u00e1s su salud, dados los quebrantos que actualmente padece, lo que, asegura, desconoce la calificaci\u00f3n que obtuvo durante las pruebas referidas y favorece a otros aspirantes que lograron un puntaje inferior.  <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, revisadas las diligencias observa la Sala que la vulneraci\u00f3n aqu\u00ed alegada es inexistente, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian.  <\/span><\/p>\n

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3.1.         Nayibe Arroyo Guevara super\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos previsto en la Convocatoria No. 247 de 2012, raz\u00f3n por la que el 7 de junio de 2016, se posesion\u00f3 al cargo de  \u00abdocente en periodo de prueba, en el \u00e1rea Primaria -nivel B\u00e1sica Primaria de la Instituci\u00f3n Educativa SAN JUAN EVANGELISTA \u2013SEDE #\u00b72 NIDIA QUINTERO DE TURBAY\u00bb, que funciona en la zona Rural del Municipio de Tumaco, nombrad[a] mediante Decreto 0310 del 07 de junio de 2016, emanado del despacho de la secretar\u00eda Municipal de Tumaco\u00bb (fl. 20, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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3.2.         La promotora alleg\u00f3 a la solicitud de amparo copia de la historia cl\u00ednica generada por Cosmitet Ltda, la cuales documenta como \u00faltimo diagn\u00f3stico de ingreso al servicio m\u00e9dico, \u00abARTRITIS REUMATOIDE SEROPOSITIVA\u00bb, el d\u00eda 2 de abril de 2016; as\u00ed mismo aport\u00f3 \u00abCONCEPTO DE RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES\u00bb expedida el 18 de mayo de la misma anualidad (fls. 22 a 27, ib.).  <\/span><\/p>\n

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4.        Bajo ese entendido, no cabe duda para la Sala que la prenombrada se\u00f1ora cuando acept\u00f3 el cargo asignado dentro del citado concurso de m\u00e9ritos, conoc\u00eda sus quebrantos de salud, y a pesar de ello accedi\u00f3 a ocupar la plaza referida, de modo que las autoridades convocadas, en \u00faltimas, no tuvieron injerencia en la presunta vulneraci\u00f3n aqu\u00ed alegada, pues, iterase, la se\u00f1ora Arroyo Guevara acept\u00f3 el nombramiento en el cargo aludido, pese a las situaciones que hoy alega en este escenario.  <\/span><\/p>\n

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5.  Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el \u00abius variandi\u00bb es \u00abuna de las manifestaciones del poder de subordinaci\u00f3n que ejerce el empleador sobre sus empleados, que se concreta en la facultad de variar o de modificar las condiciones en las que se realiza la prestaci\u00f3n personal del servicio, es decir, las condiciones de modo, tiempo, lugar y cantidad de trabajo\u00bb (C.C. ST-565 de 2014).  <\/span><\/p>\n

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En el caso de las entidades que hacen parte del sector p\u00fablico, espec\u00edficamente aqu\u00e9llas que cuentan con una planta de personal global, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado, que \u00abel margen de discrecionalidad con el que cuenta el empleador para ejercer la facultad del ius variandi es m\u00e1s amplio, en la medida en que debe privilegiarse el cumplimiento de la misi\u00f3n institucional que les ha sido encargada sobre los intereses particulares de los afectados, todo con miras a atender de la mejor manera las necesidades del servicio\u00bb (C.C. ST-565 de 2014).  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, tambi\u00e9n se ha se\u00f1alado que la facultad del empleador de reubicar a un trabajador en un lugar diferente por motivo de necesidad del servicio no es absoluta y en ese sentido, se ha orientado a proteger a las personas que est\u00e9n en especiales condiciones y que por tal motivo se vean afectadas con la medida de traslado, \u00abcomo cuando \u00e9ste perturbe la salud del trabajador o la de su familia; genere una ruptura intempestiva del n\u00facleo familiar que no sea superable; o se ponga en peligro la vida o la integridad personal del funcionario o la de su familia\u00bb (CSJ STC, 14 sep. 2011, rad. 2011-00248-01).  <\/span><\/p>\n

De manera que, \u00absi bien el traslado geogr\u00e1fico o locativo es parte de la facultad que tiene la entidad p\u00fablica de variar algunos aspectos de la prestaci\u00f3n del servicio por parte del trabajador, ella debe ser ejercida consultando las necesidades reales que plantea la misi\u00f3n institucional a cargo del empleador p\u00fablico, y bajo el entendido de que ese traslado no puede significar ni el desmejoramiento de las condiciones laborales del servidor ni tampoco la afectaci\u00f3n de sus derechos y garant\u00edas fundamentales\u00bb (C.C. ST-565 de 2014).  <\/span><\/p>\n

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Visto lo anterior, resulta claro que en el caso bajo estudio la Secretaria de Educaci\u00f3n Municipal de Tumaco no ejerci\u00f3 su facultad discrecional para asignar a la aqu\u00ed inconforme a la Instituci\u00f3n Educativa censurada, y por el contrario, \u00e9sta fue quien luego de conocer la calificaci\u00f3n que obtuvo dentro de la pruebas tantas veces mencionadas, acept\u00f3 libremente el nombramiento en el mismo; luego entonces, no se advierte conculcaci\u00f3n alguna a las garant\u00edas superiores invocadas.  <\/span><\/p>\n

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6.        Por otra parte, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, debe advertirse que la promotora del amparo no fue diligente en el uso del medio judicial de defensa que el sistema jur\u00eddico le ofreci\u00f3 frente a la determinaci\u00f3n cuestionada en aras de obtener la reubicaci\u00f3n laboral aqu\u00ed reclamada, pues omiti\u00f3 acudir a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo a trav\u00e9s del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, escenario donde incluso pudo haber solicitado como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de los efectos de la decisi\u00f3n objeto de reproche, de conformidad con lo previsto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 230 de la Ley 1437 de 2011, m\u00e1xime cuando los actos de la administraci\u00f3n suponen de suyo una presunci\u00f3n de legalidad que s\u00f3lo puede ser desvirtuada ante la jurisdicci\u00f3n mencionada, lo que desvirt\u00faa, en consecuencia, la configuraci\u00f3n de un agravio irreversible.  <\/span><\/p>\n

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Al punto ha sido reiterativa esta Corte en se\u00f1alar, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[l]a acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable.  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes\u00bb (CSJ STC, 5 oct. 2010, Rad. 00087-01, citada recientemente entre otras, en STC726-2016 y STC2160-2017).  <\/span><\/p>\n

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7.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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