{"id":100489,"date":"2026-06-25T20:56:33","date_gmt":"2026-06-25T20:56:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4697-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:56:33","modified_gmt":"2026-06-25T20:56:33","slug":"stc4697-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4697-2017\/","title":{"rendered":"STC4697-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4697-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2017-00049-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de febrero de 2017, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Comercializadora & Distribuidora de Colombia Ltda contra el Juzgado Octavo Civil Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso ejecutivo a que alude la demanda inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La sociedad promotora de la salvaguarda reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a \u00abobtener una pronta respuesta de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y a la defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al rechazar por competencia, de la demanda ejecutiva acumulada que instaur\u00f3 contra Ucigea S.A.S.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita concretamente, que se ordene al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, \u00abdej[ar] sin efectos jur\u00eddicos los autos de fecha 05 de junio de 2015, 09 de febrero (\u2026) y 27 de mayo de 2016, y [que] por consiguiente [contin\u00fae] con las etapas procesales del proceso ejecutivo singular incoado\u00bb (fl. 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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       2.        Como sustento de tal pedimento, expuso la accionante en s\u00edntesis, que formul\u00f3 la acci\u00f3n ejecutiva antes referida, con base en \u00abfacturas cambiarias en las que se describen art\u00edculos referentes a las drogas para el consumo humano y que no cancel\u00f3 oportunamente la enjuiciada\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Despacho accionado, tr\u00e1mite que fue  acumulado al proceso que del mismo linaje promovi\u00f3 Distrimedicine S.A.S. frente a Ucigea S.A.S., y respecto del cual se libr\u00f3 mandamiento de pago el 9 de diciembre de 2013; que pese a lo anterior, por auto del 17 de junio de 2015, tal autoridad judicial declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir de la determinaci\u00f3n antes citada, por supuestamente \u00abconfigurarse la causal 2\u00aa del art\u00edculo 140 del C.P.C., esto es, falta de competencia funcional\u00bb, decisi\u00f3n que atac\u00f3 sin \u00e9xito a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues la juez del conocimiento la mantuvo inc\u00f3lume y deneg\u00f3 la alzada por improcedente, en providencia adiada 9 de febrero de 2016.  <\/span><\/p>\n

       Alega que dado lo anterior, mediante memorial radicado el 24 de mayo siguiente, solicit\u00f3 al Juzgado censurado, que dejara sin valor ni efecto el citado rechazo, con base en pronunciamientos del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, asegura, en casos de similares perfiles, pedimento que le fue denegado en auto del d\u00eda 27 de ese mismo mes y a\u00f1o, lo que a todas luces, dice, trasgrede sus garant\u00edas ius fundamentales, pues corresponde a la especialidad civil conocer del litigio coercitivo aludido (fls. 5 a 13, ejusdem)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, luego de realizar un recuento del tr\u00e1mite procesal surtido con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis, indic\u00f3 que \u00abla solicitud de amparo es improcedente, anotando que las actuaciones realizadas en el curso del proceso se cumplieron con las formalidades de rigor, sin vulneraci\u00f3n de derecho alguno por parte de es[a] judicatura, dentro del cual se le brind\u00f3 a las partes la oportunidad de controvertir las decisiones adoptadas\u00bb (fls. 120 a 125, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo reclamado, al considerar que, independientemente de compartir o no la decisi\u00f3n motivo de cr\u00edtica, \u00ablo cierto es que en el evento de (sic) que el Juez Laboral considere que no le asiste competencia para tramitar el proceso ejecutivo que aqu\u00ed se analiza, bien podr\u00eda, a petici\u00f3n de parte o de oficio, proponer un conflicto negativo de competencia, dentro del cual finalmente se deber\u00e1 establecer c\u00faal ser\u00e1 el funcionario que debe conocer de dicho litigio, de modo que a trav\u00e9s de este medio excepcional de defensa no resulta procedente anticiparse a decisiones que en su momento ser\u00e1n dilucidadas por el Juez natural, pues con ello se desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (folios 127 a 131, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La compa\u00f1\u00eda accionante se mostr\u00f3 inconforme frente a la referida decisi\u00f3n, reiterando, en suma, los motivos expuestos en el escrito tutelar; a m\u00e1s de agregar, que contrario a lo expuesto por el Tribunal de primer grado, a la fecha no cuenta con ning\u00fan medio de defensa al interior del litigio ejecutivo referenciado para hacer las garant\u00edas superiores que le fueron quebrantadas (fls. 134 a 139, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, y una vez revisadas las diligencias, se anticipa el fracaso de lo pretendido por la Comercializadora & Distribuidora de Colombia Ltda a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, como quiera que en esencia sus cuestionamientos est\u00e1n dirigidos contra la decisi\u00f3n del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, de rechazar por competencia, la demanda ejecutiva singular acumulada que interpuso contra Ucigea S.A.S., siendo el \u00faltimo pronunciamiento efectuado por el Despacho en este sentido del 27 de mayo de 2016, en tanto que la demanda de tutela se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 17 de febrero de 2017 (fl. 111, cdno. 1), de donde deviene claro que la solicitud fue presentada tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013nueve meses, sin que la interesada solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dicha actuaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3  oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en CSJ STC848-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.        Y para ahondar en argumentos desestimatorios de lo aqu\u00ed pretendido, la Sala tambi\u00e9n observa que todav\u00eda, o por lo menos, no existe prueba de lo contrario dentro del expediente, no ha sido definida la autoridad que debe asumir el conocimiento del asunto, pues si bien el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena rechaz\u00f3 la demanda tantas veces referida por falta de atribuciones, no obra constancia de que las diligencias ya hubieren sido calificadas por el Juez Laboral, autoridad a quien le fueron remitidas las diligencias y a quien le corresponde en \u00faltimas establecer si asume el conocimiento de las mismas, o si por el contrario plantea conflicto negativo de competencia, por lo cual el presente resguardo constitucional resulta prematuro, \u00absin que sea permitido que a trav\u00e9s suyo se suplan los mecanismos procesales de defensa\u00bb (CSJ STC, 12 abr. 2012, rad. 00482-01, reiterada en STC16235-2016).  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, resulta fundamental recalcar en esta oportunidad, que la Corte en varias oportunidades ha enfatizado que no es procedente acudir a este mecanismo residual y subsidiario para definir cu\u00e1l juez tiene la facultad de conocer un determinado asunto, porque con ese proceder se estar\u00eda usurpando la atribuci\u00f3n constitucional y legalmente asignada a esta Corporaci\u00f3n en el respectivo tr\u00e1mite legal, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia.  <\/span><\/p>\n

Al respecto la Sala ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel despacho accionado adopt\u00f3 su decisi\u00f3n al estimar que no le correspond\u00eda asumir el conocimiento del libelo, y en esa medida, envi\u00f3 dicho expediente al que consider\u00f3 que lo era, en aplicaci\u00f3n de la norma rese\u00f1ada. \u2026el funcionario al que corresponda por reparto el asunto, decidir\u00e1 si asume conocimiento de la demanda que interpuso el actor o suscita un conflicto negativo de competencia, sin que le sea dable al juez de tutela emitir un pronunciamiento al respecto, pues invadir\u00eda \u00f3rbitas que no son de su resorte (\u2026) En ese sentido, tampoco puede anticipar de qu\u00e9 manera se resolver\u00e1 el asunto (\u2026) pues si el operador judicial asume el conocimiento, el peticionario all\u00ed podr\u00eda defender sus intereses o en el evento de plantearse el referido conflicto negativo, tiene la posibilidad de presentar alegatos y pedir pruebas, al tenor del art\u00edculo 148 \u00eddem\u00ab (CSJ STC, 4 dic. 2012, rad. 00816-01, reiterada en STC4246-2016 y STC16235-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y a los dem\u00e1s intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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