{"id":100490,"date":"2026-06-25T20:56:38","date_gmt":"2026-06-25T20:56:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4698-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:56:38","modified_gmt":"2026-06-25T20:56:38","slug":"stc4698-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4698-2017\/","title":{"rendered":"STC4698-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4698-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00037-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C. treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por William Mayorga P\u00e9rez contra la Fiscal\u00eda General del Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, todas sede Norte de Santander, asunto al que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la citada capital, la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol (DIJIN) y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, as\u00ed como la parte pasiva del tr\u00e1mite incidental a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del resguardo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y al debido proceso, presuntamente conculcados por las entidades convocadas, al no ejercer sus funciones frente a la falta de resoluci\u00f3n de la petici\u00f3n que elev\u00f3 ante el \u00c1rea Jur\u00eddica de la Direcci\u00f3n del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de C\u00facuta (COCUC), con el fin de obtener el beneficio de permiso por 72 horas.  <\/span><\/p>\n

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De la demanda de amparo se colige, que lo pretendido por el actor, de manera puntual, es que se ordene a la Fiscal\u00eda General del Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con sede en Norte de Santander, que requieran a la citada dependencia carcelaria, de acuerdo al \u00e1mbito de sus competencias, para que d\u00e9 una respuesta concreta a lo solicitado (fls. 1 a 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en s\u00edntesis, que en atenci\u00f3n a que no obtuvo pronta resoluci\u00f3n a la solicitud referida en l\u00edneas anteriores, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, quien acogi\u00f3 su reclamo, por lo que le orden\u00f3 a la entidad accionada, \u00abhacer llegar la documentaci\u00f3n para dicho beneficio\u00bb, mandato que, asegura, no fue atendido, hecho que lo motiv\u00f3 a instaurar el respectivo incidente de desacato, tr\u00e1mite dentro del cual se requiri\u00f3 a la incidentada para que diera las razones del incumplimiento, sin que hasta el momento haya \u00abobtenido una respuesta clara y eficaz\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente refiere, que como las autoridades acusadas \u00abno han hecho cumplir la ley\u00bb, ello ha generado la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas, raz\u00f3n por la que considera que su ruego debe ser atendido a trav\u00e9s de esta especial v\u00eda de protecci\u00f3n (ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.   La Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol (DIJIN), Seccional C\u00facuta, luego de enumerar los requisitos que se deben cumplir para que se expidan por parte de esa entidad los antecedentes de una persona privada de la libertad para efectos de alcanzar beneficios de tipo administrativo, inform\u00f3 que \u00abconsultada la base de datos disponible se logr\u00f3 ubicar oficio 4222-COCUC-AJUR-466, recibido el 12-Dic-16, requerimiento en el que se relaciona el interno WILLIAM MAYORGA PEREZ, TD 205295, para tr\u00e1mite de solicitud de antecedentes para efectos de [permiso de] 72 horas\u00bb, al cual \u00abse dio respuesta al INPEC mediante oficio No. 2016-0672883\/SUBIN-GRAIC 1.9 del 16 de diciembre de 2016\u00bb, motivo por el cual no se le puede endilgar a esa direcci\u00f3n \u00abfalta o falla presunta (\u2026) que conlleve la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales referidos por el accionante\u00bb (fls. 20 y 21, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.   La Subdirectora Seccional de Fiscal\u00edas y Seguridad Ciudadana de la citada municipalidad, se limit\u00f3 a informar que el 23 de agosto de 2016, remiti\u00f3 a la coordinaci\u00f3n jur\u00eddica del complejo penitenciario en donde se encuentra recluido el actor, su registro de antecedentes y anotaciones judiciales para que fueran tenidos en cuenta en el estudio del beneficio administrativo de 72 horas, el cual fue enviado nuevamente pese a no existir otra solicitud pendiente de atender (fls. 22 y 23, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.   El Procurador Regional Norte de Santander, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, con fundamento en que \u00abni la constituci\u00f3n ni la ley faculta a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para ejecutar ninguna de las pretensiones del accionante\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00e9ste no le ha solicitado a la entidad su intervenci\u00f3n, de ah\u00ed que \u00abera imposible que es[e] despacho desplegara actuaci\u00f3n alguna\u00bb (fls. 34 y 35, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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d.  La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la aludida capital, despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones m\u00e1s relevantes que despleg\u00f3 con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional y del tr\u00e1mite incidental aludidos en el escrito de tutela, tambi\u00e9n pidi\u00f3 ser apartada de esta actuaci\u00f3n, aduciendo que con la decisi\u00f3n del 26 de enero de los corrientes, por medio de la cual se abstuvo de proseguir el referido incidente, \u00abno se avizora que (\u2026) se vulneren derechos fundamentales del accionante\u00bb (fl. 37, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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e.  La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de dicha urbe, inst\u00f3 declarar improcedente el auxilio invocado, en atenci\u00f3n a que esa dependencia mediante \u00abOficio No. 1072011237-950-5623 de fecha 27 de junio de 2016\u00bb, atendi\u00f3 la solicitud de informaci\u00f3n elevada por el querellante constitucional; de ah\u00ed que no se le puede endilgar omisi\u00f3n alguna en el cumplimiento de sus obligaciones (fls. 79 y 80, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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f.  Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio.    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la s\u00faplica invocada, tras considerar lo siguiente:   <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el presente asunto, ser\u00edan varios los motivos por los cuales no procede el amparo constitucional deprecado por el quejoso constitucional, pero resulta suficiente reconocer la duplicidad de tutelas instauradas por el accionante, toda vez que con la documentaci\u00f3n que obtuvo la Sala y que obra a folio 38 del expediente, se prob\u00f3 que el actor hab\u00eda instaurado con anterioridad a esta acci\u00f3n, una tutela ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, en la cual se concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional pretendida. En dicha acci\u00f3n se planteaba similar situaci\u00f3n que la que ahora se analiza, pues se procuraba que el \u00c1REA JUR\u00cdDICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE C\u00daCUTA \u2013COCUC- y la DIRECCI\u00d3N DEL [CITADO] ESTABLECIMIENTO (\u2026), dieran respuesta a un derecho de petici\u00f3n relacionado con los antecedentes judiciales, para as\u00ed obtener el beneficio de las 72 horas que reclama.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Pues bien, el quejoso constitucional, promovi\u00f3 incidente de desacato dentro del tr\u00e1mite de aquella tutela, el cual fue archivado al comprobarse que ya se hab\u00eda resuelto la petici\u00f3n presentada por el actor, relacionada con los antecedentes judiciales a fin de obtener el beneficio de las 72 horas.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, son dos los supuestos que configuran una violaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n: (i) la ausencia de respuesta de forma clara, congruente y de fondo dentro del t\u00e9rmino legal, por parte de la autoridad ante la cual se presenta la petici\u00f3n y (ii) la falta de notificaci\u00f3n efectiva de la respuesta a la persona interesada.  <\/span><\/p>\n

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En situaci\u00f3n diferente, no se puede pregonar su vulneraci\u00f3n, como ocurre en el caso sub examine, pues reposa en el expediente respuesta al derecho de petici\u00f3n donde literalmente, se le indic\u00f3: [\u201c]No es posible la elaboraci\u00f3n de la propuesta del beneficio administrativo de las 72 horas (\u2026) en tanto no se cuenta con los antecedentes de la DIJIN y sin \u00e9ste es imposible elaborar dicha solicitud, que una vez se cuente con dichos antecedentes se proceder\u00e1 a la elaboraci\u00f3n del beneficio y su posterior env\u00edo al juez que concede el nombrado beneficio\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n est\u00e1 acreditada la notificaci\u00f3n, pues en el escrito tutelar se hace referencia a la respuesta obtenida al pluricitado derecho de petici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, no se advierte vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A lo que agreg\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAhora bien, no se puede sostener la existencia de cosa juzgada porque la primera acci\u00f3n se promovi\u00f3 contra el \u00c1REA JUR\u00cdDICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE C\u00daCUTA \u2013COCUC- y la DIRECCI\u00d3N DEL [CITADO] ESTABLECIMIENTO (\u2026), y en el presente caso es contra la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N REGIONAL NORTE DE SANTANDER, DEFENSOR\u00cdA DEL PUEBLO REGIONAL NORTE DE SANTANDER y PROCURADUR\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N REGIONAL NORTE DE SANTANDER, entidades respecto de las cuales, no se evidencia una cierta y patente conculcaci\u00f3n de derechos constitucionales fundamentales al reclamante de amparo. En otros t\u00e9rminos, aqu\u00ed no se identifica que los sujetos pasivos de la acci\u00f3n hayan vulnerado al titular de aqu\u00e9lla, derechos constitucionales fundamentales en concreto, raz\u00f3n por la cual, la presente acci\u00f3n de tutela no puede prosperar.  <\/span><\/p>\n

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Lo que s\u00ed se advierte al rompe, es un simple desacuerdo con la decisi\u00f3n surtida dentro del tr\u00e1mite incidental, pues, contrario a lo dicho por el accionante, el escrito a folio 73 resuelve de manera precisa, clara, de fondo, y en debida forma los pedimentos del solicitante; aunque la soluci\u00f3n result\u00f3 no ser la esperada por \u00e9l\u00bb (fls. 98 a 102, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El tutelante impugn\u00f3 el anterior fallo, sin esgrimir las razones de su inconformidad (fl. 103, Cit.).     <\/span><\/p>\n

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1.    De acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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Respecto al derecho de petici\u00f3n, no se discute que \u00e9ste ciertamente tiene raigambre constitucional fundamental, como se infiere de lo previsto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y que este se concreta en la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades para obtener de ellas una respuesta oportuna y completa sobre el particular.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se tiene dicho que el contenido de la respuesta deber\u00e1 ser adecuado, es decir, que ha de guardar correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable, adem\u00e1s de que ella ha de ser dada de manera completa frente a todos los interrogantes que se planteen; desde luego, el derecho a que se alude se contrae tambi\u00e9n a que la petici\u00f3n se tramite y resuelva oportunamente y a que la respuesta se d\u00e9 a conocer al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2.        De acuerdo con lo manifestado en el escrito de tutela y los documentos aportados a la presente actuaci\u00f3n constitucional, la Corte concluye que la petici\u00f3n de amparo presentada por William Mayorga P\u00e9rez no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, puesto que no logr\u00f3 demostrar de qu\u00e9 manera las seccionales en Norte de Santander de la Fiscal\u00eda General del Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, le est\u00e1n vulnerando las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed reclama, ya que en el expediente no hay evidencia que corrobore que tales entidades desatendieron sus obligaciones constitucionales y legales frente a la petici\u00f3n que el accionante denuncia no ha obtenido una respuesta \u00abclara\u00bb por parte del \u00c1rea Jur\u00eddica de la Direcci\u00f3n del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de C\u00facuta (COCUC), con el fin de obtener el beneficio del permiso por 72 horas, de tal suerte que se le estuviese ocasionando un perjuicio de las caracter\u00edsticas de irremediable que amerite de manera urgente la intervenci\u00f3n del juez tutela para conjurar dicha situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.        En efecto, no existe prueba alguna en el plenario que indique que el aqu\u00ed interesado solicit\u00f3 de las aludidas autoridades su intervenci\u00f3n, de acuerdo a sus competencias, en aras que vigilaran o colaboraran para que el referido establecimiento penitenciario atendiera su petici\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos de ley, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 23 de la Ley 1755 de 20151, antes o despu\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que promovi\u00f3 contra dicho centro reclusorio, pues, por el contrario, se observa que acudi\u00f3 al aludido mecanismo excepcional y, posteriormente, al incidente de desacato, para alcanzar lo finalmente pretendido, esto es, que le sea autorizado el susodicho beneficio de las 72 horas de permiso, circunstancia que descarta, entonces, la posibilidad de endilgarles omisi\u00f3n alguna a las rese\u00f1adas autoridades que d\u00e9 lugar a la vulneraci\u00f3n alegada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.   Por lo anterior, conviene recordar que para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza, carece de sentido hablar de la necesidad de amparo, criterio igualmente sostenido por la jurisprudencia constitucional al se\u00f1alar que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abes indispensable un m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o o en el menoscabo material o moral del derecho cuya efectividad se solicita a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Por consiguiente, quien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u00bb (C.C. T-864\/99, reiterada en T-088\/08, citadas recientemente en CSJ STC2446-2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Por otro lado, t\u00e9ngase en cuenta que, a m\u00e1s de lo dicho por el a quo constitucional en relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n de archivo del memorado tr\u00e1mite incidental, la informaci\u00f3n que necesitaba la Direcci\u00f3n del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de C\u00facuta para adoptar una decisi\u00f3n frente a lo requerido por el tutelante, ya fue remitida a ese establecimiento por parte de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol con sede en la misma ciudad, mediante \u00aboficio No. 2016-0672883\/SUBIN-GRAIC 1.9 del 16 de diciembre de 2016\u00bb, por lo que, si a\u00fan no lo ha hecho, aqu\u00e9l podr\u00e1 solicitar a dicha autoridad penitenciaria que se pronuncie al respecto de manera definitiva.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Por los argumentos anotados, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, pero por las razones consignadas en el presente fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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1 \u201cLos servidores de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, de la Defensor\u00eda del Pueblo, as\u00ed como los personeros distritales y municipales, seg\u00fan la \u00f3rbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petici\u00f3n. Si fuere necesario, deber\u00e1n intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. As\u00ed mismo recibir\u00e1n, en sustituci\u00f3n de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se cerciorar\u00e1n de su debida tramitaci\u00f3n.\u201d      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC4698-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00037-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C. treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100490","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100490"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100490\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100490"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}