{"id":100491,"date":"2026-06-25T20:56:55","date_gmt":"2026-06-25T20:56:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4699-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:56:55","modified_gmt":"2026-06-25T20:56:55","slug":"stc4699-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4699-2017\/","title":{"rendered":"STC4699-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4699-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00030-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jhon Jairo Rozo Jaimes contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, y, la Universidad Manuela Beltr\u00e1n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los participantes de la convocatoria cuestionada, as\u00ed como la IPS Fundemos.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso \u00abadministrativo\u00bb, a la igualdad, a la defensa y \u00aba la contradicci\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, al haberlo excluido del concurso de m\u00e9ritos convocado para proveer empleos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC, conforme lo previsto en la Convocatoria No. 335 de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene a los entes atacados, i) \u00abreha[cer] el examen m\u00e9dico ocupacional de optometr\u00eda (\u2026) con el objeto de constatar la existencia o no de la presunta inhabilidad m\u00e9dica\u00bb que le fue diagnosticada, y, que una vez practicado el mismo; ii) sea reincorporado al concurso antes mencionado \u00aba efectos de culminar las fases de[l mismo], garantiz\u00e1ndole todos los derechos y recursos de ley\u00bb (fl. 23, cdno. 1)  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que aspir\u00f3 al empleo de \u00abdragoneante\u00bb ofertado en la convocatoria referida, superando satisfactoriamente las pruebas de antecedentes, conocimientos y psicol\u00f3gica; no obstante, la valoraci\u00f3n m\u00e9dica exigida como requisito para el curso de formaci\u00f3n al cargo aludido, arroj\u00f3 como resultado que no era apto, pues Fundemos IPS diagnostic\u00f3 que presentaba \u00abinhabilidad en examen de optometr\u00eda\u00bb, motivo por el que fue excluido de la competencia.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que una vez enterado de lo anterior, y dentro del t\u00e9rmino reglamentario, \u00abpresent\u00f3 objeci\u00f3n y reclamaci\u00f3n administrativa con el resultado de la prueba m\u00e9dica por medio del cual se le excluy\u00f3 de la convocatoria, solicitud a la cual aport\u00f3 las respectivas pruebas t\u00e9cnicas que demostraba[n] que no exist\u00edan tales inhabilidades m\u00e9dicas y en la que solicitaba que se revalorara (\u2026) [pues] deb\u00eda garantiz\u00e1rsele el derecho de contradicci\u00f3n\u00bb; empero, dichas solicitudes fueron contestadas desfavorablemente en escrito del 18 de noviembre de 2016, bajo el argumento que \u00abel \u00fanico dictamen aceptado y avalado es el emitido por la comisi\u00f3n nacional del servicio civil para determinar si el aspirante cumple con los requerimientos f\u00edsicos y de salud para ejercer eficientemente el cargo al cual se postul[\u00f3]\u00bb lo que a todas luces, dice, vulnera las prerrogativas ius fundamentales invocadas (fls. 17 a 24, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a. Fundemos I.P.S. aleg\u00f3, que los ex\u00e1menes m\u00e9dicos practicados a los concursantes dentro de la oferta de empleos criticada, cumplieron \u00abcon todos los protocolos para un resultado \u00f3ptimo, es decir que est\u00e1n debidamente calibrados y aprobados por las respectivas entidades de control\u00bb, raz\u00f3n por la que se descarta el quebrantamiento aqu\u00ed endilgado (fls. 38 a 41, Cit.).    <\/span><\/p>\n

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a. De otro lado, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil argument\u00f3, que el peticionario cuenta con la posibilidad de cuestionar los \u00abactos administrativos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto\u00bb que desarrollan la Convocatoria No. 335; y, que tiene adem\u00e1s a su alcance otros mecanismos con el fin de atacar el \u00abacto por el cual fue excluido de la convocatoria, como son la nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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De otro lado, indic\u00f3 que su actuaci\u00f3n estuvo ce\u00f1ida a las normas del concurso de m\u00e9ritos aludido, ya que consultada la historia cl\u00ednica del actor, se observa que \u00abpresenta inhabilidad con relaci\u00f3n al examen de optometr\u00eda por ametrop\u00eda (astigmatismo), lo cual impide continuar en el proceso de selecci\u00f3n, es decir, se configur\u00f3 la causal de exclusi\u00f3n consagrada en el numeral 6 del art. 10 del Acuerdo 563 de 2016\u00bb (fls. 43 a 47, Id).  <\/span><\/p>\n

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a. Por su parte, el representante legal de la Universidad Manuela Beltr\u00e1n, pidi\u00f3 denegar el amparo suplicado, toda vez que agot\u00f3 las etapas del concurso cuestionado cumpliendo las formalidades y los criterios de selecci\u00f3n previstos en las normas jur\u00eddicas que reglamentan lo reglamentan; a m\u00e1s que, de conformidad a lo normado en el precepto 50 del Acuerdo 563 de 2016, \u00abel legislador previ\u00f3 la forma de garantizar la seguridad jur\u00eddica de dicho procedimiento, al NO ACEPTAR ex\u00e1menes m\u00e9dicos de instituciones diferentes a la designada por la Universidad contratada para operar el concurso de m\u00e9rito y al NO practicar segundos ex\u00e1menes\u00bb, contrario a lo pretendido por el aqu\u00ed inconforme (fls. 57 a 69, ejusdem).    <\/span><\/p>\n

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a. Finalmente, el Coordinador del Grupo Tutelas del INPEC, aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues ninguna injerencia tiene dicha entidad en el asunto que se discute frente a las inconformidades expuestas por el se\u00f1or Rozo Jaimes, por lo que solicita su desvinculaci\u00f3n (fls. 234 a 235, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que  <\/span><\/p>\n

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       \u00abel accionante solicita que se rehaga el examen m\u00e9dico ocupacional con el objeto de constatar la existencia o no de la presunta inhabilidad m\u00e9dica, ya que ello fue el sustento para emitir el acto administrativo personal y concreto por el cual se le excluy\u00f3 de la Convocatoria 335 del INPEC. De entrada se debe precisar que ante un acto administrativo de ese talante la Ley 1437 de 2011 consagra unas v\u00edas por medio de las cuales puede el afectado reclamar directamente contra dicha decisi\u00f3n, como son la v\u00eda gubernativa (recurso de apelaci\u00f3n contra el acto administrativo) o la v\u00eda jurisdiccional (acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho), circunstancia por la cual se hace improcedente el amparo de tutela contra un acto administrativo de esta clase, toda vez que \u00e9ste es subsidiario, es decir s\u00f3lo se puede acudir a \u00e9l cuando no se disponga de otro medio de defensa para buscar el amparo del derecho fundamental presuntamente vulnerado o amenazado, salvo que se pretenda acudir a la tutela como medida provisional para evitar un perjuicio irremediable con la aplicaci\u00f3n de tal disposici\u00f3n, lo cual, en el asunto en estudio, no se prob\u00f3 por el interesado, por lo que el accionante no puede pretender que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela se decida un asunto para el cual la legislaci\u00f3n vigente contencioso administrativo tiene previstos otros medios de protecci\u00f3n los cuales no se han agotado\u00bb. (fls. 236 a 247, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 270 a 275, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        Sin duda, el promotor se queja porque fue excluido del concurso de m\u00e9ritos previsto en la Convocatoria No. 335 de 2016, para proveer empleos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC, con base en la patolog\u00eda que le fue diagnosticada en la valoraci\u00f3n m\u00e9dica practicada, esto es, \u00abASTIGMATISMO MIOPICO\u00bb, limitaci\u00f3n que conforme al Acuerdo 563 de 2016 y la Resoluci\u00f3n No. 005657 de 2015, le impide desempe\u00f1ar el cargo de dragoneante para el cual opt\u00f3 (dragoneante), pues en su criterio, deben practic\u00e1rsele nuevos ex\u00e1menes m\u00e9dicos especializados para determinar si, en efecto, padece de tal afectaci\u00f3n visual.  <\/span><\/p>\n

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3.        Bajo la anterior premisa, la Sala estima que el presente reclamo resulta improcedente, como quiera que el gestor cuenta o contaba con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa con el fin de procurar la defensa de sus garant\u00edas; obs\u00e9rvese que Jhon Jairo Rozo Jaimes tiene o ten\u00eda a su alcance la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, oportunidad en la que podr\u00e1 debatir los motivos por los cuales fue excluido del concurso al cargo de dragoneante de que trata la mencionada convocatoria, e incluso, solicitar el decreto de la medida cautelar que estim\u00e9 necesaria, seg\u00fan lo disponen los art\u00edculos 229 y 230 de la Ley 1437 de 20111.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha considerado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]n principio las controversias en torno de la legalidad de los \u2018Actos Legislativos\u2019 y \u2018actos administrativos\u2019, como lo son, ya los preparatorios ora los de ejecuci\u00f3n (\u2026), deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, sin que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo especial de protecci\u00f3n de las garant\u00edas inherentes a las personas, lo cual desnaturaliza la s\u00faplica tutelar que, en modo alguno, puede servir de medio para ventilar disconformidades que no se han puesto previamente en conocimiento de los acusados, habida cuenta de su car\u00e1cter subsidiario\u00bb (ver entre otras, en STC1672-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.   As\u00ed las cosas, es evidente la improcedencia del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, ante la existencia de mecanismos al alcance del aqu\u00ed interesado para la defensa de sus prerrogativas esenciales, en armon\u00eda con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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5.        Ahora bien, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aquella se formule para evitar un perjuicio irremediable, sin embargo, en el sub examine el accionante no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el presente reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio. Sobre el tema la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC15970-2016 y STC1672-2017, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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6.        Por lo dem\u00e1s, cumple precisar, que el requisito de aptitud f\u00edsica exigido al gestor no resulta desproporcionado o irrazonable, pues seg\u00fan se contempl\u00f3 previamente en la reglamentaci\u00f3n del concurso y en el profesiograma y perfil profesional elaborado para tal efecto por el Grupo de Salud Ocupacional de la Subdirecci\u00f3n de Talento Humano y la empresa Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros ARL adoptado mediante Resoluci\u00f3n No. 005657 de 2015, la \u00abametrop\u00eda por astigmatismo miopico\u00ab se encuentra como criterio de inhabilidad en el documento actualizado de \u00abInhabilidades m\u00e9dicas para el cargo de dragoneante V2\u00bb, en la que se le define como una \u00abdefecto \u00f3ptico producido por un error de refracci\u00f3n. Las principales ametrop\u00edas son miop\u00edas, astigmatismo e hipertropia; que se pueden corregir en algunas ocasiones con el uso de lentes o con cirug\u00eda refractiva\u00bb, con la cual, seg\u00fan su fisiopatolog\u00eda, existe \u00abalteraci\u00f3n en el enfoque tanto cercano como lejano\u00bb; de este modo, entonces, observa la Corte que s\u00ed se encuentra justificada la citada patolog\u00eda como impedimento para ejercer el empleo al que aspir\u00f3 el actor.  <\/span><\/p>\n

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7.        En ese orden de ideas, las razones consignadas se estiman suficientes para ratificar la sentencia de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC4699-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00030-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100491","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100491"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100491\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}