{"id":100492,"date":"2026-06-25T20:57:00","date_gmt":"2026-06-25T20:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4700-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:57:00","modified_gmt":"2026-06-25T20:57:00","slug":"stc4700-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4700-2017\/","title":{"rendered":"STC4700-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4700-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2017-00008-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 27 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil  Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Santiago Botero Giraldo contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Distrito Militar No. 31 del Ej\u00e9rcito Nacional, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Octava Zona de Reclutamiento y Control de esa \u00faltima entidad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la educaci\u00f3n y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, con ocasi\u00f3n de los actos administrativos No. 0831086175 del 1\u00ba de diciembre de 2016 y No. 011 del 3 de enero de 2017, en virtud de los cuales se efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la cuota de compensaci\u00f3n militar a que se encuentra obligado.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Distrito Militar No. 31 del Ej\u00e9rcito Nacional, \u00abefectuar una nueva liquidaci\u00f3n de la cuota de compensaci\u00f3n militar, teniendo en cuenta los ingresos mensuales de [su] n\u00facleo familiar al momento de realizarse [la misma]\u00bb, o en su defecto, \u00abdividir el valor [de la misma] en dos, considerando que [su] hermana depende econ\u00f3micamente de [sus] padres y no ha obtenido su t\u00edtulo profesional\u00bb (fl. 15, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que el 1\u00ba de diciembre de 2016, el Comandante del citado Distrito castrense emiti\u00f3 el acto administrativo No. \u00ab0831086175\u00bb del 1\u00ba de ese mismo a\u00f1o, en virtud del cual se \u00able impuso pagar, por concepto de cuota de compensaci\u00f3n militar, el valor de cuatro millones setecientos [diecis\u00e9is] mil pesos ($4.716.000)\u00bb; determinaci\u00f3n respecto de la cual interpuso el recurso de reposici\u00f3n que resultaba procedente, solicitando: i. \u00abla reliquidaci\u00f3n del valor\u00bb total de la referida cuota; que ii. \u00able fuesen tenidos en cuenta los ingresos mensuales de [su] n\u00facleo familiar durante el a\u00f1o inmediatamente anterior; y, subsidiariamente, iii. que dicha obligaci\u00f3n \u00abfuera dividida en dos, considerado que su hermana Juliana Botero Giraldo (\u2026), a pesar de haber cumplido los 25 a\u00f1os de edad, (\u2026) no hab\u00eda obtenido su t\u00edtulo profesional y depend\u00eda econ\u00f3micamente de sus padres\u00bb; sin embargo, alega, a pesar de la argumentaci\u00f3n por \u00e9l esgrimida, mediante Resoluci\u00f3n No. 011 del 3 de enero de 2017, el recurso fue resuelto de manera adversas a sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que el pasado mes de septiembre, su progenitora Gladys Giraldo Montoya, \u00abde quien depend[e] econ\u00f3micamente, fue notificada de la terminaci\u00f3n de su contrato laboral en la Fundaci\u00f3n CINDE\u00bb, encontr\u00e1ndose en la actualidad desempleada, a m\u00e1s de que su padre, Antonio Botero Carvajal, \u00fanicamente \u00abpercibe un salario m\u00ednimo legal mensual vigente a t\u00edtulo de mesada pensional\u00bb, lo que indudablemente demuestra \u00abla precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica [en que se encuentra] su familia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que como consecuencia de lo anterior, y una vez notificado del valor de la cuota de compensaci\u00f3n militar que le fue impuesto, se vio en la obligaci\u00f3n de solicitar el aplazamiento de la beca de la que es beneficiario en la Universidad Javeriana de Cali, reservando su cupo en la carrera de derecho, pues \u00abel pago de [tal] valor, implica dejar desatendidas las necesidades b\u00e1sicas de subsistencia\u00bb de su n\u00facleo familiar, por lo que acude a este medio excepcional en procura de la defensa de sus intereses superiores (fls. 12 a 15, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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El Comandante del Distrito Militar No. Treinta y Uno del Ej\u00e9rcito Nacional, tras efectuar un recuento de las actuaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite administrativo por esta v\u00eda cuestionado, afirm\u00f3 que no es posible predicar vulneraci\u00f3n alguna a las prerrogativas fundamentales del se\u00f1or Santiago Botero Giraldo, pues la determinaci\u00f3n en que radica su inconformidad fue tomada \u00abdentro del \u00e1mbito de funciones del Ej\u00e9rcito Nacional, Direcci\u00f3n de Reclutamiento y Control de Reservas, Octava Zona de Reclutamiento, Distrito Militar No.31, raz\u00f3n por la cual no le corresponde al Juez de Tutela desconocer las competencias que el legislador le ha asignado a las instituciones p\u00fablicas\u00bb (fls. 29 a 35, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que \u00abla jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, es la v\u00eda judicial id\u00f3nea para definir la controversia que existe en torno a las decisiones contenidas en los actos administrativos No. 0831086175 (que impuso el pago de una suma de dinero por concepto de cuota de compensaci\u00f3n militar) y No. 011 del 3 de enero de 2017 (que confirm\u00f3 el anterior); siendo all\u00ed donde deben estudiarse todas las argumentaciones expuestas por la parte tutelante, de lo que se colige que (en principio) no [es] el Juez Constitucional quien debe intervenir en el t\u00f3pico puesto en conocimiento de la Sala\u00bb; en este sentido concluy\u00f3, que no le compete entonces pronunciarse sobre la presunta vulneraci\u00f3n denunciada en el \u00e1mbito de dichas actuaciones administrativas, pues las mismas \u00abgozan de presunci\u00f3n de legalidad, ejecutoriedad y ejecutividad hasta tanto el juez competente no determine lo contrario\u00bb (fls. 55 a 58, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, aduciendo, en suma, que aun cuando de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales \u00abno puede predicarse la idoneidad y eficacia de un recurso sin hacerse un an\u00e1lisis concreto [del mismo]\u00bb, lo cierto es que en su asunto en particular, \u00abel juez de instancia omiti\u00f3 dicho [estudio], toda vez que se limit\u00f3 a se\u00f1alar el medio de control que potencialmente podr\u00eda atender la situaci\u00f3n\u00bb; a m\u00e1s que, a su juicio, a diferencia de lo rese\u00f1ado en el fallo constitucional de primera instancia, \u00abla prueba del perjuicio irremediable [que se le causa], puede ser inferida de la piezas procesales\u00bb por \u00e9l aportadas, pues como se desprende de los hechos en que se sustent\u00f3 la demanda de amparo, \u00abcon motivo de la liquidaci\u00f3n de la cuota de compensaci\u00f3n militar, [\u00e9l se ha] visto en la penosa necesidad de suspender [sus] estudios, solicitando el aplazamiento de la beca de la cual [es] beneficiario en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente resalt\u00f3, que contrario a los sostenido por el Comandante del Distrito Militar accionado, sus pretensiones no se encuentran encaminadas a \u00abevadir [su] obligaci\u00f3n con las Fuerzas Militares, \u00e9sta de naturaleza legal y constitucional, [sino a evitar] (\u2026) que [se] le imponga el pago de una contribuci\u00f3n cuya liquidaci\u00f3n escapa a la vigencia y supremac\u00eda de [la] Constituci\u00f3n, [pues] la prestaci\u00f3n del servicio militar, si bien es exigible a todos los nacionales, con las excepciones que la ley consagra, debe someterse a los postulados constitucionales y legales, y respetar los derechos fundamentales y las libertades b\u00e1sicas de los llamados a filas\u00bb (fls. 69 a 75, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        Examinado el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n, se advierte que el peticionario enfila su inconformidad concretamente, frente a la Resoluci\u00f3n No. 0831086175 del 1\u00ba de diciembre de 2016, en virtud de la cual el Comandante del Distrito Militar No. 31 del Ej\u00e9rcito Nacional, le impuso \u00abpagar la suma de cuatro millones setecientos diez y seis mil pesos ($4.716.000,00), por concepto de cuota de compensaci\u00f3n militar\u00bb; y, contra la No. 011 del 3 de enero del a\u00f1o en curso, que confirm\u00f3 tal determinaci\u00f3n (fls. 46 a 51, cdno. 1); pues, en su sentir, dicha entidad omiti\u00f3 valorar la \u00abprecaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb en que se encuentra su n\u00facleo familiar, imponi\u00e9ndole as\u00ed una \u00abpena irredimible\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, la Sala concluye de entrada que lo pretendido deviene improcedente, en virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario de este especial mecanismo de protecci\u00f3n, toda vez que el suplicante tiene a su disposici\u00f3n otro medio de defensa eficaz e id\u00f3neo a trav\u00e9s del cual puede procurar ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos al interior de la causa donde se efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la cuota de compensaci\u00f3n militar a que se encuentra obligado, por cuanto tal decisi\u00f3n constituye actos administrativos cuya legalidad puede ser demandada en acci\u00f3n nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, m\u00e1xime cuando ante la citada jurisdicci\u00f3n en el proceso correspondiente, y como medida cautelar \u2013art\u00edculo 229 y 230 Ib\u00eddem-, puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional de las determinaciones atacadas, configur\u00e1ndose entonces la causal de improcedibilidad de la acci\u00f3n de tutela prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4.    En relaci\u00f3n con lo anteriormente expuesto, la Sala ha  explicado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla tutela fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (CSJ, 8  nov. 2012, rad. 00430-01, reiterada en CSJ, 12 mar. 2013, rad. 00016-01, STC15617-2014 y STC2388-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.   Ahora bien, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aqu\u00e9lla se formule para evitar un perjuicio irremediable; sin embargo, en el sub examine, el accionante no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el presente reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio. Sobre el tema la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, STC15617-2014 y STC15970-2016, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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       6.   En ese orden de ideas, las razones consignadas se estiman suficientes para ratificar el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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