{"id":100494,"date":"2026-06-25T20:57:14","date_gmt":"2026-06-25T20:57:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4703-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:57:14","modified_gmt":"2026-06-25T20:57:14","slug":"stc4703-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4703-2017\/","title":{"rendered":"STC4703-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4703-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jos\u00e9 Guillermo Ruiz Paz y Marga Lida Mej\u00eda de Ruiz contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los accionantes a trav\u00e9s de gestora judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, dentro del proceso concursal que promovieron con base en la Ley 222 de 1995.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, exigen para la protecci\u00f3n de su prerrogativa, que se declare \u00abLA INVALIDEZ, NULIDAD O INEFICACIA DE LOS ACTOS INICIALES Y LOS QUE SE HAN DESARROLLADO DENTRO DEL [CITADO] PROCESO\u00bb, espec\u00edficamente, los relacionados con \u00abla Celebraci\u00f3n del Contrato de Compraventa sobre el \u00fanico bien inmueble de [su] propiedad (\u2026) y activo de la liquidaci\u00f3n\u00bb (fl. 8, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aducen en lo esencial, que luego de haberse decretado la liquidaci\u00f3n obligatoria dentro del tr\u00e1mite concursal referido en l\u00edneas precedentes, el liquidador procedi\u00f3 a celebrar un contrato de promesa de compraventa para enajenar la propiedad mencionada con antelaci\u00f3n, teniendo en cuenta, dice, el \u00abVALOR IRRISORIO\u00bb que arroj\u00f3 la experticia rendida por un perito al inicio del tr\u00e1mite, en tanto que \u00e9ste se fij\u00f3 en $47.526.000,oo, cuando para la fecha en que aqu\u00e9lla se practic\u00f3 estaba alrededor de \u00abcasi $100.000.000\u00bb, tal y como lo determin\u00f3 \u00abun profesional de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de la Regi\u00f3n\u00bb, negociaci\u00f3n que se realiz\u00f3 adem\u00e1s, sin la aprobaci\u00f3n de la junta asesora, contrariando con ello los art\u00edculos 173, 178 y 194 de la Ley 222 de 1995.        <\/span><\/p>\n

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Finalmente refieren, que pese a que en enero de 2016 solicitaron al juez del concurso que declarara la ilegalidad de tales actuaciones, \u00e9ste se pronunci\u00f3 el 26 de abril siguiente, afirma, con una \u00abESCUETA RESOLUCION JUDICIAL, sin profundizar, sin motivar, sin analizar todos los aspectos presentados\u00bb, decisi\u00f3n que recurrieron sin suerte a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, pues \u00e9ste no prosper\u00f3, quedando as\u00ed sin m\u00e1s herramientas para salvaguardar sus derechos, raz\u00f3n por la que consideran que su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n (fls. 1 a 9, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.   El se\u00f1or Adolfo Rodr\u00edguez Gantiva, liquidador del tr\u00e1mite concursal debatido, luego de memorar las actuaciones que se han desplegado con ocasi\u00f3n del citado juicio, solicit\u00f3 denegar el auxilio invocado, tras manifestar, por un lado, que no era procedente la aprobaci\u00f3n de la enajenaci\u00f3n del \u00fanico bien inmueble a liquidar por parte de la junta asesora, ya que \u00e9sta nunca fue conformada, raz\u00f3n por la que el juez del concurso fue quien vigil\u00f3 y control\u00f3 la legalidad de tal acto; y por el otro, el avalu\u00f3 realizado por el perito designado no fue objetado por los accionantes, lo que ocasion\u00f3 que cobrara firmeza (fls. 18 a 20, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.   El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, aduciendo que no atiende los requisitos de la subsidiariedad y la inmediatez, sumado a que en el tr\u00e1mite del proceso criticado \u00abse cumplieron con las actuaciones procesales de acuerdo con el ordenamiento procesal civil, dando aplicaci\u00f3n a la Ley 222 de 1995 y en acatamiento al debido proceso, y en especial del respeto y garant\u00eda del derecho de contradicci\u00f3n frente a las decisiones adoptadas\u00bb (fls. 22 y 23, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia, tras citar los requisitos de procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales, lo desestim\u00f3, tras considerar que  <\/span><\/p>\n

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\u00abeste remedio superior deviene frustr\u00e1neo por incumplir con (\u2026) [e]l principio de subsidiariedad habida consideraci\u00f3n que los hoy reclamantes no hicieron uso de los medios expeditos dise\u00f1ados por el legislador para ejercer su tutela judicial en el escenario propicio para ello, es decir, ante el juez natural.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el paginario da cuenta de que en el tr\u00e1mite liquidatorio, los actores han asumido una conducta pac\u00edfica y sosegada frente a las decisiones que hoy critica[n] como lesivas de sus garant\u00edas, pues no elevaron petici\u00f3n alguna de forma tempestiva, tendiente a que el Juez natural se pronunciara frente a la autorizaci\u00f3n previa de la junta asesora para la enajenaci\u00f3n del inmueble invocada en esta sede o para censurar que el valor en que fue estimado su valor era irrisorio.  <\/span><\/p>\n

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Obs\u00e9rvese que la cr\u00edtica enarbolada por los convocantes frente a la providencia adiada marzo 11 de 2015 (folio 4 cuad. De inventarios), a trav\u00e9s de la cual fue autorizada la enajenaci\u00f3n, estuvo enderezada solamente a fustigar la validez de la promesa y que el valor de la venta teniendo como precio el avalu\u00f3 que milita en la foliatura no reflejaba el valor comercial del bien, por tanto, es coruscante que los promotores de este remedio no blandieron censura alguna teniendo como aspecto medular la falta de autorizaci\u00f3n en mientes.  <\/span><\/p>\n

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Sumado a lo anterior, los promotores de este remedio no izaron censura alguna frente al dictamen pericial puesto de presente mediante auto del 14 de septiembre de 2011 (folio 55), como tampoco frente al prove\u00eddo del 10 de diciembre de 2012, donde fue resuelta desfavorablemente la solicitud de un nuevo aval\u00fao. En este orden, si los actores consideraban que el valor asignado por el perito al inmueble como aval\u00fao no reflejaba su valor comercial debieron alegar su inconformidad objetando la experticia allegada, sin embargo, en la oportunidad brindada para plantear la correspondiente r\u00e9plica, la parte interesada guard\u00f3 silencio permitiendo continuar el normal decurso de la actuaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A lo que agreg\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abComo si lo anterior no fuera suficiente, tambi\u00e9n se observa que la solicitud de protecci\u00f3n deviene frustr\u00e1nea ante el desconocimiento del principio de inmediatez connatural a la tutela que propende porque la misma sea interpuesta dentro de un plazo razonable con el fin de evitar que este mecanismo de defensa judicial sea usado con temeridad, negligencia o desidia o que sea convertido en un factor de inseguridad jur\u00eddica.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la autorizaci\u00f3n para la enajenaci\u00f3n del inmueble elevada por el liquidador desde el 17 de enero de 2012 fue resuelta favorablemente mediante auto del 11 de marzo de 2015 (Fl. 4 Cdno. Ppal), siendo fustigada a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, frente a los cuales el Juez de la causa a trav\u00e9s del prove\u00eddo del 11 de mayo de 2015 resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n y abstenerse de conceder el recurso vertical por considerarse no susceptible de la alzada, determinaci\u00f3n ratificada a trav\u00e9s de auto del 12 de agosto de 2015 que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n con ocasi\u00f3n del recurso de queja interpuesto. Posteriormente, mediante providencia del 19 de octubre de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, resolvi\u00f3 estimar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto frente al auto del 11 de mayo de 2015 y e[n] virtud de ello el Juez de Instancia, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 16 de diciembre de 2015 (notificado el 15 de enero de 2016) dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el superior.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, en lo que respecta al valor asignado al bien, como se expuso l\u00edneas atr\u00e1s, el dictamen pericial fue puesto de presente mediante auto del 14 de septiembre de 2011 (folio 55) y a trav\u00e9s del prove\u00eddo del 10 de diciembre de 2012 (notificado el 19 de diciembre de 2012) no fue acogida la solicitud de un nuevo aval\u00fao.  <\/span><\/p>\n

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Quiere ello decir que desde el 19 de diciembre de 2012 y 15 de enero de 2016, los gestores del amparo sab\u00edan que el juez conocedor del asunto no acceder\u00eda a estimar nuevamente el valor del bien y tampoco acoger\u00eda la oposici\u00f3n planteada frente a su enajenaci\u00f3n, por tanto no se explica la Sala c\u00f3mo se acude al remedio constitucional a censurar dichas decisiones tan solo el 9 de febrero de 2017 cuando, frente a la primera de ellas hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 4 a\u00f1os y respecto de la segunda casi 13 meses, de la presunta transgresi\u00f3n sin justificar su tardanza, de tal manera que las pretensiones no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y as\u00ed se declarar\u00e1\u00bb (fls. 22 a 39, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Los tutelantes a trav\u00e9s de su apoderada, se mostraron inconformes con el anterior fallo, esgrimiendo, en suma, los mismos reparos con los que sustentaron la presente queja constitucional (fls. 62 a 64, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por los se\u00f1ores Jos\u00e9 Guillermo Ruiz Paz y Marga Lida Mej\u00eda de Ruiz, de entrada se advierte que la misma no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, en lo que toca con las decisiones por medio de las cuales el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali aprob\u00f3 el avalu\u00f3 practicado y autoriz\u00f3 la enajenaci\u00f3n del \u00fanico bien inmueble inventariado, dentro del proceso concursal de liquidaci\u00f3n obligatoria instaurado por los accionantes, el resguardo no cumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, si en cuenta se tiene que la \u00faltima de las citadas determinaciones data del 11 de marzo de 2015, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 9 de febrero de 2017 (fl. 11, cdno. 1), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a las aludidas decisiones no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u2013un a\u00f1o y casi 4 meses1, sin que los tutelantes solicitaran la protecci\u00f3n de la prerrogativa que consideran hoy vulnerada con las demarcadas providencias, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado requisito, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.   <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-00; citada entre otras en STC1898-2016, STC2172-2016, STC1536-2017 y STC3830-2017).  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; mencionada recientemente en STC1897-2016, STC2512-2016 y STC1726-2017).  <\/span><\/p>\n

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Puntualizando que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago. 2008, Rad. 01343-00; citada \u00faltimamente en STC1722-2017 y STC3830-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.   Por \u00faltimo, basta decir, en cuanto al reproche endilgado contra la providencia emitida por el Despacho acusado el 26 de octubre de 2016, por medio de la cual se abstuvo de efectuar el control de legalidad solicitado por los aqu\u00ed interesados, que la misma se encuentran ajustada a la normatividad procesal vigente, pues es claro el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso en disponer, que \u00ab[a]gotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisi\u00f3n y casaci\u00f3n\u00bb, por lo que en el presente asunto no proced\u00eda dicho control para analizar la legalidad de la aprobaci\u00f3n del aval\u00fao y la autorizaci\u00f3n de la enajenaci\u00f3n del referido bien inmueble, en tanto que es evidente que no se trata de hechos nuevos susceptibles de estudio, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la rese\u00f1ada decisi\u00f3n se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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5.   Por tanto, las razones que anteceden se estiman suficientes para mantener inc\u00f3lume el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Contados desde la fecha en que se tuvo por bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n que los actores formularon contra dicho prove\u00eddo, esto es, el 19 de octubre de 2015.      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC4703-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100494","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100494","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100494"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100494\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100494"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100494"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}