{"id":100495,"date":"2026-06-25T20:57:22","date_gmt":"2026-06-25T20:57:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4704-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:57:22","modified_gmt":"2026-06-25T20:57:22","slug":"stc4704-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4704-2017\/","title":{"rendered":"STC4704-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

STC4704-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00149-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de febrero de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Gonzalo Abd\u00f3n Guarnizo \u00c1lvarez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad y la Fiscal\u00eda No. 107 Especializada de DDHH y DIH de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso penal a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicci\u00f3n, a la igualdad, a la libertad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas, con ocasi\u00f3n de los autos de 12 de septiembre y 9 de diciembre de 2016, mediante los cuales le fueron denegadas las solicitudes de nulidad invocadas dentro del juicio penal seguido en su contra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene a los Despachos accionados,  i) \u00abdecretar las nulidades procesales\u00bb; y, que ii) se declare la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal respecto del delito de concierto para delinquir\u00bb (fl. 100 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Para respaldar su reparo, aduce en s\u00edntesis, que mediante prove\u00eddo del 23 de diciembre de 2015, la Fiscal\u00eda Cuarta Especializada de DDHH y DIH de Bogot\u00e1, calific\u00f3 el m\u00e9rito del sumario y profiri\u00f3 en su contra resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n como presunto autor de los punibles de \u00abhomicidio agravado y concierto para delinquir\u00bb, por la pertenencia al grupo armado ilegal denominado Autodefensas Unidas de Colombia y la incursi\u00f3n que esa organizaci\u00f3n criminal realiz\u00f3 los d\u00edas 23 y 24 de diciembre de 2000 en el Municipio de Barrancabermeja (Santander), la cual dej\u00f3 como resultado la muerte de los se\u00f1ores Gustavo Adolfo Lobo Salcedo y Edwin Bayona Manosalva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que una vez ejecutoriada la anterior determinaci\u00f3n, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga asumi\u00f3 el conocimiento de la causa penal aludida, y el 10 de agosto de 2016 se adelant\u00f3 la audiencia preparatoria, en la que solicit\u00f3 la nulidad de dicho tr\u00e1mite, toda vez que a.) no fue debidamente notificado del proceso; b.) la indagatoria se surti\u00f3 36 horas despu\u00e9s de su captura, pues fue aprehendido el 2 de junio de 2014 y aquella diligencia se llev\u00f3 a cabo dos d\u00edas despu\u00e9s; c.) para el momento en que fue privado de la libertad la orden respectiva no se encontraba vigente; d.) el estrado judicial del conocimiento carec\u00eda de competencia para adelantar la etapa de juzgamiento, dado que para la \u00e9poca en que sucedieron los hechos por los cuales fue acusado no estaba vigente la Jurisdicci\u00f3n especializada; y, e.) porque, asegura, el delito de concierto para delinquir prescribi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente se\u00f1ala, que en autos del 12 de septiembre y 9 de diciembre de 2016, respectivamente, las autoridades judiciales querelladas negaron las peticiones memoradas, circunstancia que, en su sentir, quebranta las garant\u00edas invocadas, habida cuenta que, insiste, s\u00ed se re\u00fanen los presupuestos previstos en la normatividad penal vigente para acceder a sus aspiraciones, es decir, la invalidaci\u00f3n de lo actuado en su contra (fls. 1 a 101, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. \u00d3scar Norberto Plata Santos, quien aduce ser el apoderado del actor dentro del juicio penal censurado, aleg\u00f3 que los Despachos acusados ciertamente conculcaron los derechos de su defendido, raz\u00f3n por la que es procedente la solicitud de protecci\u00f3n aqu\u00ed deprecada (fls. 193 a 215, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. A su turno, la Fiscal\u00eda 107 Especializada de DDHH y DIH de Bogot\u00e1, se opuso a la prosperidad del presente reclamo, tras advertir que las decisiones cuestionadas se encuentra ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, raz\u00f3n por la que, entonces, se descarta el quebrantamiento alegado por el actor (fls. 216 a 218, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, pidi\u00f3 declarar improcedente la demanda de tutela incoada, ya que \u00abbusca debatir indefinidamente variados asuntos que se resolvieron por el juez natural, el cognoscente en primer grado y la Sala Penal en alzada, \u00faltima decisi\u00f3n frente a la cual no cabe recurso alguno conforme la preceptiva procesal penal\u00bb (fls. 233 y 234, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras considerar que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abtal como se colige de la documentaci\u00f3n aportada al diligenciamiento, y lo reconoce el propio demandante, el proceso penal en cuyo desarrollo advierte se gest\u00f3 la vulneraci\u00f3n para sus garant\u00edas fundamentales, actualmente se encuentra en curso, espec\u00edficamente, surti\u00e9ndose la etapa del juzgamiento, circunstancia que ab initio denota la palmaria improcedencia del amparo solicitado, dado que carece de facultad el Juez de tutela para inmiscuirse en el curso de los procesos, en cuanto ello compete a los Jueces naturales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Significa lo anterior, contrario sensu a lo esgrimido por el accionante, que los cuestionamientos frente a las presuntas irregularidades en la adopci\u00f3n del auto que resolvi\u00f3 la alzada sobre las solicitudes de nulidad y recusaci\u00f3n planteados, deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas al interior del mismo, si es del caso, recurriendo la sentencia en el evento de resultar contraria a sus intereses o, incluso, eventualmente, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro lado, estim\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abfrente a [la] decisi\u00f3n [cuestionada], esta Sala debe insistir que la misma fue proferida al interior de un tr\u00e1mite ordinario y con presencia de las partes interesadas, sin que se advierta que dicha postura de denegar las nulidades propuestas por el defensor t\u00e9cnico del actor sea producto del capricho o la arbitrariedad, raz\u00f3n por la cual esta herramienta de amparo no puede ser utilizada como una instancia adicional, simplemente por no estar de acuerdo con lo resuelto\u00bb (fls. 235 a 247 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 275 a 285, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En este caso, el accionante cuestiona los autos de 12 de septiembre y 9 de diciembre, ambos de 2016, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas le negaron las solicitudes de nulidad que formul\u00f3 dentro del juicio penal seguido en su contra; no obstante, para la Corte las determinaciones censuradas estuvieron soportadas en argumentos que no lucen caprichosos ni arbitrarios, lo que impide su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de este especial mecanismo, y anticipa entonces, el fracaso de lo reclamado.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En efecto, el Tribunal convocado para confirmar lo resuelto dentro del citado asunto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, y desestimar las peticiones de nulidad formuladas por el acusado, consider\u00f3 lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En cuanto a la supuesta falta de notificaci\u00f3n del juicio penal el ad-quem acusado, apreci\u00f3 que:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[A] pesar de haberse obtenido informaci\u00f3n de que uno de los posibles autores del hecho de sangre conocido de autos podr\u00eda ser Gonzalo Abd\u00f3n Guarnizo \u00c1lvarez, con anterioridad a su vinculaci\u00f3n mediante indagatoria, esto sucedi\u00f3 en atenci\u00f3n a la actividad de investigaci\u00f3n previa que se adelantaba conforme al art\u00edculo 322 de la Ley 600 de 2000, encaminada a dilucidar aspectos relativos a la comisi\u00f3n del delito, con el fin, entre otros, de obtener plena certeza de la identificaci\u00f3n del eventual sindicado antes de vincularlo, m\u00e1xime cuando este aspecto surgi\u00f3 a medida que se fueron recolectando diferentes pruebas, como el mismo apelante lo refiere, por lo que fue vinculado hasta el 4 de junio de 2015 cuando tuvo lugar la diligencia de indagatoria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, para este tipo de audiencias rige el art\u00edculo 323 ib\u00eddem que plantea la reserva que deben tener las investigaciones previas dado su grado de confidencialidad judicial. Dicha reserva judicial se levant\u00f3 con la resoluci\u00f3n de apertura de instrucci\u00f3n, como lo establece el art\u00edculo 330 \u00eddem, la cual se emiti\u00f3 el 20 de febrero de 2014 al mismo tiempo que se expidi\u00f3 orden de captura dada la gravedad de los delitos investigados, precisamente con el fin de vincular a Guarnizo \u00c1lvarez mediante diligencia de indagatoria, sin que exista norma procedimental que en el caso concreto exija al Fiscal citar al imputado o notificar la orden de captura, debido a los tipos penales por los cuales se acus\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Respecto de la supuesta demora en que incurri\u00f3 el ente acusador entre la captura del sindicado y el momento en que se adelant\u00f3 la diligencia de indagatoria, el juzgador de segundo grado precis\u00f3:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[S]e equivoca el recurrente al se\u00f1alar que la diligencia de indagatoria se debe realizar dentro de las 36 horas siguientes a la captura del sindicado, comoquiera que el art\u00edculo 340 de la Ley 600 de 2000, norma aplicable en el caso concreto, dispone que la indagatoria deber\u00e1 recibirse en la mayor brevedad posible o a m\u00e1s tardar dentro de los tres d\u00edas siguientes a aqu\u00e9l en que el capturado haya sido puesto a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n o su delegado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Del texto de la referida norma surge, sin lugar a duda, que el t\u00e9rmino m\u00e1ximo para recibir la indagatoria del encartado es de tres d\u00edas, el cual se cuenta a partir de que el aprehendido es puesto a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, mas no, desde el momento de privaci\u00f3n de su privaci\u00f3n de la libertad como tal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso concreto, Guarnizo \u00c1lvarez fue capturado el 23 de junio de 2015 a las 17:25 horas y puesto a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda competente el 3 de junio siguiente a las 11:48 a.m., donde se orden\u00f3 escucharlo en indagatoria, lo cual sucedi\u00f3 el d\u00eda siguiente, siendo entonces evidente que se actu\u00f3 dentro de lo establecido en la ley sin afectar de ninguna manera el debido proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En relaci\u00f3n con la p\u00e9rdida de vigencia de la orden de captura para el momento en que fue aprehendido el accionante, el ad-quem acusado estim\u00f3 lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[E]l art\u00edculo 344 [de la Ley 600 de 2000] no se\u00f1ala ning\u00fan t\u00e9rmino de caducidad para la orden de captura, sino que permite a la Fiscal\u00eda vincular al sindicado mediante declaraci\u00f3n de persona ausente cuando despu\u00e9s de diez d\u00edas de proferida la orden de captura no se ha obtenido respuesta alguna de las autoridades que deben ejecutar la aprehensi\u00f3n, medida con la que el legislador pretende evitar que el proceso penal se paralice por la imposibilidad de capturar al imputado para vincularlo mediante indagatoria y la falta de respuesta de los estamentos de polic\u00eda del Estado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En lo atinente a la supuesta falta de competencia del Juzgado accionado para conocer de la causa penal, el Tribunal querellado apreci\u00f3:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abTampoco le asiste raz\u00f3n al recurrente, comoquiera que de acuerdo con el art\u00edculo 5\u00b0 transitorio de la Ley 600 de 2000 corresponde a los Jueces Penales del Circuito Especializados conocer de los delitos por los cuales se profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra de Guarnizo \u00c1lvarez, quien fue llamado a juicio por el punible de homicidio contenido en el art\u00edculo 103, agravado por las causales 3\u00b0, 7\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 104 del C.P., en concurso con el delito de concierto para delinquir agravado previsto en el inciso 2\u00b0 art\u00edculo 340 ib\u00eddem  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, al comparar la acusaci\u00f3n con esta norma, es evidente que el conocimiento del proceso penal de marras corresponde al Juez Especializado, lo cual descarta que se haya quebrantado el debido proceso por desconocimiento de la garant\u00eda del juez natural prevista en el art\u00edculo 11 de la Ley 600 de 2000\u00bb.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal del punible de concierto para delinquir, el Tribunal accionado consider\u00f3 que:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[E]l tipo penal de concierto para delinquir al ser de car\u00e1cter permanente, su consumaci\u00f3n se extiende hasta la finalizaci\u00f3n del acuerdo de voluntades tranzado con el fin de cometer otros tipos de delitos o hasta la perpetraci\u00f3n del \u00faltimo acto delictivo, por lo que en aplicaci\u00f3n del 2\u00b0 inciso del art\u00edculo 84 C.P., son \u00e9stos los escenarios en donde inicia el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que se equivoca el apelante en la forma de contabilizar el t\u00e9rmino prescriptivo, puesto que en realidad la acci\u00f3n penal no estuvo, ni est\u00e1 actualmente prescrita. En la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n se determin\u00f3 la posible vinculaci\u00f3n del procesado al grupo armado ilegal de las autodefensas unidas del sur de Bol\u00edvar y Santander, que posteriormente y fusion\u00e1ndose con otros grupos similares conformaron el Bloque Central Bol\u00edvar de las Autodefensas Unidas de Colombia aunque posteriormente se independizara de nuevo, sin que obre prueba en el expediente que pueda indicar la desmovilizaci\u00f3n individual del Guarnizo \u00c1lvarez antes de la realizada de manera general dentro del marco del proceso de paz adelantado entre el Gobierno Nacional y esta agrupaci\u00f3n paramilitar en Santa Fe de Ralito, la cual tuvo lugar en el Municipio de Remedios, Antioquia, el 12 de diciembre de 2005.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, para determinar la fecha de finalizaci\u00f3n del acuerdo mediante el cual se congregaron personas para cometer varios delitos debe tomarse la referida en el p\u00e1rrafo anterior, por cuanto en dicha oportunidad los miembros de esta agrupaci\u00f3n decidieron no continuar con sus actividades delictivas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, el tipo penal de concierto para delinquir agravado previsto en el 2\u00b0 inciso del art\u00edculo 340 C.P., por el cual se acus\u00f3, comporta una pena entre 6 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n, y en atenci\u00f3n al art\u00edculo 83 ib\u00eddem, la acci\u00f3n penal prescribe en el m\u00e1ximo de la pena, por lo que observando que la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria el 12 de febrero de 2016, surge evidente que entre las \u00faltimas dos fechas no trascurrieron los 12 a\u00f1os correspondientes a la pena m\u00e1xima del tipo penal analizado\u00bb (fls. 146 a 156, cdno. ppal).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Como se observa, el Tribunal atacado desestim\u00f3 las solicitudes de nulidad y prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal formuladas por el procesado \u2013aqu\u00ed accionante, con fundamento en que i) no fue notificado indebidamente del tr\u00e1mite penal seguido en su contra, pues el ordenamiento procesal penal vigente para la \u00e9poca de los hechos motivo de indagaci\u00f3n, no contempla el enteramiento del sindicado de la etapa de investigaci\u00f3n, ya que su vinculaci\u00f3n al proceso se perfecciona con el llamamiento a indagatoria; ii) el art\u00edculo 340 de la Ley 600 de 2000 establece, que la diligencia de indagatoria se debe realizar lo m\u00e1s pronto posible e impone un l\u00edmite temporal de tres (3) d\u00edas siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n o su delegado, lo cual se cumpli\u00f3 en el caso sub-examine, habida cuenta que dicha actuaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo dos d\u00edas despu\u00e9s de su captura; iii) la orden de captura se encontraba vigente para el momento en que fue aprehendido el sindicado, pues la Ley 600 de 2000 no estipula un plazo de caducidad para aquella; iv) seg\u00fan el art\u00edculo 5\u00ba transitorio de la normatividad aludida, el Juez Penal del Circuito Especializado es competente para conocer de la etapa de juzgamiento de los punibles por los que fue acusado; y, finalmente, v) el delito de concierto para delinquir es de car\u00e1cter permanente, lo que quiere decir que su consumaci\u00f3n se extiende hasta la finalizaci\u00f3n del acuerdo de voluntades tranzado con el fin de cometer otros tipos de delitos o hasta la perpetraci\u00f3n del \u00faltimo acto delictivo y esto \u00faltimo ocurri\u00f3 el 12 de diciembre de 2005 cuando en virtud del proceso de paz los grupos paramilitares se desmovilizaron, de manera que tomando esa fecha y teniendo en cuenta que la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n cobr\u00f3 firmeza el 12 de febrero de 2016, la acci\u00f3n penal no prescribi\u00f3, puesto que para que dicho fen\u00f3meno ocurra debe superar el m\u00e1ximo de la pena contemplada para el punible, valga decir, 12 a\u00f1os, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 83 ib\u00eddem.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Entonces, para la Corte la autoridad atacada al resolver la controversia motivo de censura, se fund\u00f3 en un entendimiento atendible con las particularidades del caso puesto a su conocimiento; luego, se desprende de lo expuesto, que la decisi\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 y soport\u00f3 en una razonada interpretaci\u00f3n, que con independencia de que se comparta o no por el quejoso, se itera, no se muestra irrazonable, y por ende, no quebranta las garant\u00edas reclamadas, lo que descarta cualquier posible intervenci\u00f3n del juez de tutela para modificarla, pues a \u00e9ste    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC12953-2014 y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7  mar. 2008, Rad.  00514-01, reiterada, entre otros en STC7950-2014; STC8572-2014; STC8880-2014; STC9717-2014; STC11408-2014; STC12953-2014; y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1. Por las razones anteriormente expuestas, se ratificar\u00e1 el fallo constitucional controvertido.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC4704-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00149-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100495","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100495"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100495\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100495"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}