{"id":100496,"date":"2026-06-25T20:57:26","date_gmt":"2026-06-25T20:57:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4705-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:57:26","modified_gmt":"2026-06-25T20:57:26","slug":"stc4705-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4705-2017\/","title":{"rendered":"STC4705-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4705-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00181-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de febrero de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jos\u00e9 Ramiro D\u00edaz Espejo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso penal a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abjusticia\u00bb y a la \u00abreparaci\u00f3n material de las v\u00edctimas\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas, con ocasi\u00f3n de los autos del 14 de abril y 13 de mayo, ambos de 2016, mediante los cuales fue excluido del tr\u00e1mite incidental de reparaci\u00f3n integral dentro del juicio penal seguido en contra de John Jairo Contreras Ram\u00edrez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene a los Despachos accionados, \u00abadelantar las medidas procesales tendientes a restituirles a las v\u00edctimas el derecho a obtener una reparaci\u00f3n material y moral de la afecci\u00f3n que sufri[\u00f3]\u00bb, y en consecuencia, que \u00abse le incluya en el incidente de reparaci\u00f3n integral que se adelanta en el Juzgado [atacado]\u00bb (fls. 19 y 20 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reparo, aduce en s\u00edntesis, que mediante sentencia del 26 de septiembre de 2014, el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 conden\u00f3 al citado se\u00f1or Contreras Ram\u00edrez a 62 meses de prisi\u00f3n y multa de 122.64 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, tras hallarlo responsable de los punibles de \u00abhomicidio culposo y lesiones personales culposas\u00bb, con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido en esta ciudad el 5 de mayo de 2009, decisi\u00f3n que apelada, fue revocada parcialmente el 27 de marzo de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en el sentido de decretar la prescripci\u00f3n del delito de lesiones personales culposas y modificar el quantum de la condena a 52 meses de prisi\u00f3n y multa de 106.64 s.m.l.m.v., determinaci\u00f3n que a su vez, fue impugnada a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero en prove\u00eddo del 5 de agosto siguiente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura inadmiti\u00f3 dicho mecanismo.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que una vez cobr\u00f3 firmeza la sentencia condenatoria, solicit\u00f3 el inicio del incidente de reparaci\u00f3n integral; sin embargo, en auto del 14 de abril de 2016, la sede judicial convocada desestim\u00f3 esa petici\u00f3n, tras advertir que el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 106 de la Ley 906 de 20041 hab\u00eda caducado, resoluci\u00f3n que apel\u00f3 sin \u00e9xito, pues el Tribunal querellado la confirm\u00f3 en providencia del 13 de mayo siguiente.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que las autoridades judiciales atacadas incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que desatendieron el derecho de las v\u00edctimas a la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica a que tienen derecho por los da\u00f1os sufridos como consecuencia del punible \u00abcon tan solo argumentos de derecho procesal\u00bb, y dejando de lado la prevalencia del derecho sustancial; y, desde el umbral del juicio penal las v\u00edctimas manifestaron su intenci\u00f3n de obtener la reparaci\u00f3n moral y material de los perjuicios irrogados por el condenado; empero, afirma, los estrados atacados omitieron que el ordenamiento procesal penal no establece \u00abla forma real en que se debe presentar la petici\u00f3n para que la v\u00edctima sea incluida en el incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb (fls. 1 a 22, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 precis\u00f3, que las actuaciones censuradas por esta v\u00eda se encuentran ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico (fls. 38 y 39, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. A su turno, el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Conocimiento de esta capital, expres\u00f3 que el accionante \u00abpretende revivir una acto procesal que muri\u00f3 por error del abogado que lo representaba (\u2026) quien dej\u00f3 vencer los plazos para iniciar el tr\u00e1mite incidental\u00bb (fl. 41 ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, luego de advertir que carece de inmediatez, pues \u00abla demanda de tutela fue presentada el 7 de febrero de 2017, lo que indica que [el interesado] esper\u00f3 m\u00e1s de 6 meses para acudir ante el juez constitucional en procura de lograr la protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, estim\u00f3 que  <\/span><\/p>\n

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\u00ablos jueces de instancia al valorar las pruebas obrantes en el expediente constataron que el actor no expres\u00f3 su intenci\u00f3n de promover el tramite incidental varias veces referido dentro de los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 106 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, esto es, dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria lo cual significa que dej\u00f3 caducar la oportunidad (\u2026) Por lo anterior, es claro que el actor busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n penal y, con ello, protestar por el sentido de las decisiones adoptadas\u00bb (fls. 156 a 164 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 170 a 173, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En este caso, el accionante cuestiona los autos de 14 de abril y 13 de mayo de 2016, por medio de los cuales las autoridades judiciales accionadas lo excluyeron del tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral iniciado dentro del juicio penal seguido en contra de John Jairo Contreras Ram\u00edrez; no obstante, para la Corte la solicitud de protecci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen.  <\/span><\/p>\n

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1. En primer lugar, la solicitud de protecci\u00f3n sin lugar a dudas carece del presupuesto de la inmediatez, puesto que entre la fecha en que se profiri\u00f3 la segunda de las decisiones objeto de reproche -13 de mayo de 2016, y el momento en que se interpuso la presente demanda de tutela -7 de febrero de 2017, transcurri\u00f3 con largueza un t\u00e9rmino superior a seis (6) meses, el cual es estimado como razonable por esta Corporaci\u00f3n para intentar la protecci\u00f3n reclamada.    <\/span><\/p>\n

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Es suficientemente conocido que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u2013m\u00e1s de 9 meses, sin que el promotor del amparo solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con la providencia de segunda instancia acusada, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este aspecto, reiteradamente se ha puntualizado, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]quellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-01, reiterada en STC5510-2015 y en STC4519-2016).  <\/span><\/p>\n

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1. Y a\u00fan con prescindencia de lo anterior, advierte la Sala que el Tribunal de Bogot\u00e1 para ratificar lo resuelto por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Conocimiento de la misma urbe dentro del citado asunto, y desestimar la solicitud de tramitar el incidente de reparaci\u00f3n integral, indic\u00f3 lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

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\u00ab[R]eafirma la Sala que aun cuando en el art\u00edculo 102 del C.P.P. no se precis\u00f3 si la \u201csolicitud expresa\u201d de la v\u00edctima, Fiscal\u00eda o Ministerio P\u00fablico de adelantar el incidente de reparaci\u00f3n integral debe ser verbal o escrita, en atenci\u00f3n a que con posterioridad a la ejecutoria del fallo de condena no se previ\u00f3 la realizaci\u00f3n de ning\u00fan tipo de audiencia, debe entenderse que la promoci\u00f3n del aludido tr\u00e1mite corresponde hacerla por escrito.  <\/span><\/p>\n

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Sin que lo anterior represente, como lo aduce el apoderado del lesionado Gilberto Rojas Hurtado que tal exigencia sea propia del sistema inquisitivo, pues tambi\u00e9n en el sistema procesal penal con tendencia acusatoria implementada con la Ley 906 de 2004, se prev\u00e9n varias actuaciones procesales de forma escrita, como la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n (art\u00edculo 336 C.P.P.) y las sentencias (art\u00edculos 165 y 178 C.P.P.).  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, se comparte la postura adoptada por el a quo al excluir la postulaci\u00f3n del apoderado de los familiares de los occisos \u00d3scar Sandoval Acosta y John Jairo D\u00edaz Guiza, porque tal como lo admiti\u00f3 en diligencia del 14 de abril del a\u00f1o en curso el abogado, \u00e9ste se abstuvo de solicitar el incidente de reparaci\u00f3n integral por escrito antes del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 106 del C.P.P., lo que significa que caduc\u00f3 la oportunidad de promover dicho tr\u00e1mite en curso del proceso penal en lo que a esas v\u00edctimas se refiere\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.1.  Como se observa, el Tribunal querellado concluy\u00f3 que el accionante omiti\u00f3 manifestar por escrito su intenci\u00f3n de iniciar el tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral dentro del t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas contado a partir de la firmeza del fallo de segunda instancia, tal y como lo dispone el art\u00edculo 106 de la Ley 906 de 2004, raz\u00f3n por la cual dicha oportunidad hab\u00eda caducado.  <\/span><\/p>\n

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\u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC12953-2014 y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7  mar. 2008, Rad.  00514-01, reiterada, entre otros en STC7950-2014; STC8572-2014; STC8880-2014; STC9717-2014; STC11408-2014; STC12953-2014; y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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1.   Ahora bien, respecto de la constitucionalidad del art\u00edculo 106 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional ha considerado que:    <\/span><\/p>\n

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\u00abLa caducidad constituye una figura procesal que ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden p\u00fablico fijado por la  ley, para el ejercicio de una acci\u00f3n o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jur\u00eddico. La caducidad es entonces un l\u00edmite temporal de orden p\u00fablico, que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente\u00bb (sentencia C-250 de 2011).  <\/span><\/p>\n

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1. Por las razones anteriormente expuestas, se ratificar\u00e1 el fallo constitucional controvertido.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1\u00abLa solicitud para la reparaci\u00f3n integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (30) d\u00edas despu\u00e9s de haber quedado en firme el fallo condenatorio\u00bb.      <\/span><\/p>\n

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