{"id":100498,"date":"2026-06-25T20:57:45","date_gmt":"2026-06-25T20:57:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4707-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:57:45","modified_gmt":"2026-06-25T20:57:45","slug":"stc4707-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4707-2017\/","title":{"rendered":"STC4707-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4707-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2017-00033-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por la Cooperativa de Caficultores del Norte de Nari\u00f1o  contra el Juzgado Civil del Circuito de La Uni\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, \u00abdejar sin eficacia jur\u00eddica la sentencia, fechada a 02 de febrero de 2017 (\u2026) y en su lugar (\u2026) declarar prosperas las excepciones de m\u00e9rito presentadas por la parte demandada\u00bb (fl. 31, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja, expone en compendio y en lo que interesa para la soluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, acredit\u00f3 que la relaci\u00f3n con el demandante se circunscrib\u00eda a un contrato de dep\u00f3sito respecto de las cargas determinadas de caf\u00e9, el Juzgado Civil del Circuito de La Uni\u00f3n \u2013Nari\u00f1o, revoc\u00f3 el fallo proferido por el Promiscuo Municipal de la misma localidad que le hab\u00eda sido favorable, y en su lugar, dispuso declarar la existencia de un contrato de compraventa de \u00abcaf\u00e9 pergamino tipo federaci\u00f3n\u00bb con el correspondiente pago de la obligaci\u00f3n insoluta, con lo cual, asegura, no solo se desconoci\u00f3 que \u00abno se cumplieron los requisitos exigidos -axiol\u00f3gicos – necesarios para que nazca a la vida jur\u00eddica, el supuesto acto realizado por la parte demandante\u00bb, sino que el \u00abagente de compras\u00bb de la asociaci\u00f3n no estaba \u00abautorizado\u00bb para obligarse de manera alguna con los productores, adem\u00e1s que de los testimonios y las pruebas recaudadas se pod\u00eda concluir, que \u00ab[n]o existi\u00f3 una verdadera entrega de la cosa, ni mucho menos un precio real y efectivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indica que a pesar de que el contrato pretendido ten\u00eda un car\u00e1cter privado, raz\u00f3n por la cual, se deb\u00eda regir por los art\u00edculos 1501 y siguientes del C\u00f3digo Civil, el memorado Despacho judicial dio aplicaci\u00f3n \u00fanica y exclusivamente a la normatividad comercial, circunstancia que, asegura,  vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 1 a 33, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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a.        El titular del Juzgado Civil del Circuito de La Uni\u00f3n, luego de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 en el marco de la citada controversia, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado derecho superior alguno de la parte actora con lo resuelto, pues lo cierto es que las pretensiones de la demandada siempre estuvieron dirigidas a que se declarara la existencia del referido contrato de compraventa celebrado entre las partes, convenci\u00f3n respecto de la cual se acreditaron los elementos esenciales a trav\u00e9s de los testimonios, los documentos que no fueron tachados de falsos y las presunciones de que trata el art\u00edculo 920 del C\u00f3digo de Comercio (fls. 241 y 242, \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, tras considerar que la decisi\u00f3n reprochada \u00abno se fundament\u00f3 en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n, por el contrario, es coherente, no s\u00f3lo entre pretensiones y decisi\u00f3n, sino tambi\u00e9n entre fundamentos y parte resolutiva\u00bb (fls. 247 a 250, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La asociaci\u00f3n actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 256 a 267, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.   Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    Del relato contenido en el escrito introductor se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, concretamente, contra el prove\u00eddo proferido en audiencia el 2 de febrero pasado, mediante el cual el Juzgado Civil del Circuito de La Uni\u00f3n -Nari\u00f1o, resolvi\u00f3 \u00abRevocar en su integridad\u00bb la sentencia dictada el 27 de julio de 2016, por el Juzgado Promiscuo Municipal de la misma localidad, para entonces disponer, \u00abdeclarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte demandada\u00bb, y, \u00abDeclarar que entre el se\u00f1or Harold Montero Gamboa (\u2026) y la Cooperativa de Caficultores de Norte de Nari\u00f1o Ltda., (\u2026) existi\u00f3 un contrato de compraventa de (\u2026) 5.425.,30 Kgs de caf\u00e9 pergamino, tipo federaci\u00f3n, fijando como precio, el m\u00e1s alto pagado por la mencionada Cooperativa, seg\u00fan registros de pago de \u00e9sta, en los meses de mayo y junio 2012, \u00e9poca en que se efectu\u00f3 el negocio jur\u00eddico\u00bb, en el marco del proceso ordinario que Harold Montero Gamboa promovi\u00f3 en contra de la memorada asociaci\u00f3n (fls. 227 o 228, \u00edd.), pues en sentir de esta \u00faltima, aqu\u00ed tutelante, en la mentada decisi\u00f3n se realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria.     <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, establecido lo anterior, es del caso se\u00f1alar que examinada tal determinaci\u00f3n con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de una hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, y que por tanto, no puede calificarse de antojadiza o caprichosa, tal como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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3.1.         Ciertamente, el funcionario accionado para resolver de la manera como lo hizo, en punto de declarar la existencia del citado contrato de compraventa, luego de advertir que si bien el encabezado de la demanda se refiri\u00f3 a un proceso de resoluci\u00f3n de contrato, precis\u00f3 que de la interpretaci\u00f3n de \u00e9sta y sus pretensiones, as\u00ed como del dicho de las partes en controversia, se pod\u00eda concluir que dicho asunto preliminarmente estaba dirigido a que se declarara la existencia de la convenci\u00f3n, y como consecuencia, el pago de la cosa.   <\/span><\/p>\n

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Ahora, al analizar los elementos estructurales del contrato de compraventa pretendido, indic\u00f3 que el debate se deb\u00eda circunscribir, entonces, al punto de la entrega del producto y el precio fijado al mismo, teniendo claro, de acuerdo a los testimonios recaudados, que el demandante entreg\u00f3 una cantidad determinada de caf\u00e9 al se\u00f1or Juan Fidencio Zambrano Benavides, quien ejerce funciones en representaci\u00f3n de la cooperativa, en raz\u00f3n del convenio suscrito entre aqu\u00e9llos, en el que se faculta expresamente al primero para la compra del caf\u00e9 \u00fanica y exclusivamente para la agremiaci\u00f3n; ciudadano que adem\u00e1s acept\u00f3 que recibi\u00f3 dicho producto y que \u00e9ste ingres\u00f3 a la asociaci\u00f3n, pero con destinos diferentes, pues el representante de \u00e9sta no report\u00f3, como era debido, no solo la compra del caf\u00e9 del se\u00f1or Montero, sino la de otros muchos caficultores.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, concluy\u00f3 que no exist\u00eda prueba alguna que desvirtuara que el se\u00f1or Zambrano \u00abretir\u00f3 o no entreg\u00f3 las cargas de caf\u00e9\u00bb a otro destinatario, pues todos los testimonios coincidieron en afirmar que \u00abse entreg\u00f3\u00bb a la asociaci\u00f3n y que fue \u00abrevuelto\u00bb con otra semilla de la misma especie en sus instalaciones; aunado al hecho de que existen unos recibos firmados por referido individuo y su auxiliar, en donde constan las fechas exactas y las cantidades, se itera, entrega del caf\u00e9, que se depositaron en la cooperativa, documentos que fueron reconocidos por el \u00faltimo y que no tachados por la parte demandada.  <\/span><\/p>\n

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3.2.         Por otra parte, para analizar el elemento esencial del precio en el contrato, puntualiz\u00f3 que si bien en los memorados recibos no se fij\u00f3 el valor asignado a la mercanc\u00eda, lo cierto era que, por una parte, los testimonios recaudados eran congruentes en manifestar que la costumbre de cooperativa era que en su desarrollo,  \u00abdepositar y dejar el caf\u00e9 para que les sea cancelado con el mejor precio para esa \u00e9poca, y desde luego, la cooperativa no va a recibir un caf\u00e9 si no hay un m\u00ednimo de preciso fijado para la \u00e9poca en que se desarroll\u00f3 la compra\u00bb; y, por la otra, que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 920 del C\u00f3digo de Comercio, al tener claro que los granos de caf\u00e9 fueron recibidos por la asociaci\u00f3n, el importe de los mismos se presum\u00eda \u00aben el d\u00eda y lugar de la entrega\u00bb, norma que resultaba aplicable al asunto y adem\u00e1s se corrobora con los documentos contables de la agrupaci\u00f3n, en la que se advierten pagos el mismo d\u00eda de entrega de la mercanc\u00eda o en fechas posteriores (Cit.).   <\/span><\/p>\n

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4.        De este modo, examinadas tales motivaciones al margen de lo permitido dentro de la acci\u00f3n de tutela, se concluye que no pueden tildarse de incongruentes o injustificadas, sino que por el contrario, son el fruto del estudio de las probanzas obrantes en el proceso, por lo que la decisi\u00f3n cuestionada en el terreno de los derechos fundamentales descansa en argumentos razonados que, si bien pueden o no  compartirse en su totalidad, de manera alguna pueden calificarse como constituyentes de una causal de procedencia del amparo, m\u00e1xime, si se tiene en cuenta, se acreditaron los elementos esenciales del contrato de compraventa, en el marco del desarrollo negocial de la citada asociaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5.        As\u00ed las cosas, no cabe duda acerca del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, pues como esta Colegiatura de vieja data ha considerado,  <\/span><\/p>\n

\u00abal margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no, el an\u00e1lisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb ( ver entre otras STC737-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (ver entre otras STC737-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Finalmente t\u00e9ngase en cuenta, que la promotora del resguardo no acredit\u00f3 la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio, en raz\u00f3n a que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2015; reiterado en STC9557-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo anterior, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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