{"id":100501,"date":"2026-06-25T20:58:02","date_gmt":"2026-06-25T20:58:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4719-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:58:02","modified_gmt":"2026-06-25T20:58:02","slug":"stc4719-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4719-2017\/","title":{"rendered":"STC4719-2017"},"content":{"rendered":"

      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4719-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2017-00127-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el nueve de febrero de dos mil diecisiete por la Sala de casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rigoberto Su\u00e1rez Valc\u00e1rcel contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, actuaci\u00f3n a la que vincul\u00f3 a la Sala Laboral del tribunal Suprior de Bogot\u00e1, al Juzgado Once Laboral del mismo Distrito Judicial y a la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales \u2013UGPP-.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio, el accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y \u00abdebida aplicaci\u00f3n de la norma m\u00e1s favorable al trabajador\u00bb, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, (i) al haber rechazado por improcedente, por no alegarse en una de las causales establecidas en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo, que \u00e9l inici\u00f3 contra las sentencias de primera y segunda instancia que denegaron la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n, y (ii) porque denegaron sus pretensiones en el referido proceso ordinario, tras considerar que tal derecho estaba prescrito, en contrav\u00eda de la jurisprudencia constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se dejen sin efectos las referidas determinaciones. [Folios 6, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El accionante interpuso demanda  ordinaria laboral  contra la Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones \u201cCAPRECOM\u201d, para que se reliquidara la pensi\u00f3n que \u00e9sta le hab\u00eda otorgado el 24 de noviembre de 2016, a fin de que \u00e9sta incluyera en la referida cuenta todos los factores salariales legales y extralegales que gan\u00f3 durante el \u00faltimo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, autoridad que admiti\u00f3 la demanda el 28 de agosto de 2013.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La entidad demandada, se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 como excepciones las que denomin\u00f3: \u00abinexistencia del derecho, prescripci\u00f3n, buena fe y falta de prueba del dep\u00f3sito de la convenci\u00f3n colectiva\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Mediante sentencia de fecha 11 de mayo de 2014, el Juzgado deneg\u00f3 las pretensiones, tras encontrar configurada la defensa de \u00abinexistencia del derecho\u00bb, tras considerar que la liquidaci\u00f3n realizada por la pasiva, se apegaba en forma integral art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 33 de 1985,  suma indexada de acuerdo a lo establecido en la Ley 100 de 1993. Y adem\u00e1s expuso que al margen de lo anterior, tambi\u00e9n se encontraba que se hab\u00eda configurado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para solicitar la reliquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Inconforme con la decisi\u00f3n el demandante la impugn\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. La Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad, en prove\u00eddo de fecha 28 de agosto de 2014, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el a-quo, tras exponer que si bien al tutelante le asist\u00eda el derecho a solicitar la inclusi\u00f3n de factores salariales a la base de liquidaci\u00f3n, lo cierto es que su acci\u00f3n hab\u00eda prescrito, pues transcurrieron tres a\u00f1os luego de reconocida la pensi\u00f3n sin que se hiciera la correspondiente reclamaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Contra los referidos fallos el demandante interpuso recurso de revisi\u00f3n con sustento en la causal 1\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es \u00abhaberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella\u00bb, pues posteriormente la Corte Constitucional profiri\u00f3 la sentencia SU-298 de 21 de mayo de 2015. [Folios 34-41, c.1]  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

        8. En prove\u00eddo de 30 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rechaz\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, tras considerar que se sustentaba en una causal diferente de las taxativas que establece el art\u00edculo 31 de la Ley 712 de 2001 y Ley 797 de 2003, para asuntos laborales, sin que se pudiera aplicar las del nuevo estatuto procesal civil, ante la regulaci\u00f3n especial que hac\u00edan las normas en cita.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. En criterio del peticionario del amparo el despacho accionado vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados al rechazar por improcedente el recurso de revisi\u00f3n aludido, cuando ciertamente invoc\u00f3 la causal 1\u00aa del art\u00edculo 355 del CGP, que consiste en documentos que aparecen despu\u00e9s de proferida la determinaci\u00f3n, por cuanto despu\u00e9s de proferidos los fallos del juicio ordinario laboral, la Corte Constitucional profiri\u00f3 la sentencia SU 298 de 2015, en la que se fij\u00f3 que \u00ablas  solicitudes de reclamaci\u00f3n con el fin de obtener la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n para la inclusi\u00f3n de factores salariales, no prescriben\u00bb; la cual, seg\u00fan \u00e9l, es completamente admisible su aplicaci\u00f3n por tratarse de una norma m\u00e1s favorable para el trabajador. [Folios 1 a 14, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. En auto de 31 de enero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 35, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Unidad de Pensiones y Parafiscales, solicit\u00f3 se declarara improcedente el amparo, por cuanto no se reun\u00edan los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, as\u00ed como lo fallado por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ya hab\u00eda hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada. [Folio 45 a 64, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Corte Suprema Justicia, tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se denegara la protecci\u00f3n, toda vez que la decisi\u00f3n proferida por esa Corporaci\u00f3n, no obedeci\u00f3 a una debida aplicaci\u00f3n de las normas que regulan los asuntos laborales y no vulnera derecho fundamental alguno del tutelante. [Folios 65 y 66, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 9 de febrero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 improcedente la tutela, por encontrar que la providencia censurada es razonada y ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que el sistema procesal aplicable al asunto es el contenido en la Ley 712 de  2001 y la Ley 797 de 2003, m\u00e1s no el C\u00f3digo General del Proceso, como erradamente lo pretende el apoderado del accionante. [Folios 75, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor del amparo la impugn\u00f3, tras considerar que el a-quo no actu\u00f3 como juez constitucional, sino que se enfoc\u00f3 en la parte taxativa y no de darle prevalencia a la norma m\u00e1s favorable al trabajador. [Folio 88, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

       1.2. En el caso, en cuanto al cumplimiento del requisito de procedibilidad de inmediatez de la acci\u00f3n, advierte esta Sala, que aunque la acci\u00f3n se dirija, concretamente, contra las sentencias de 20 de mayo de 2014, del Juzgado Once Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante la cual se negaron las pretensiones dentro del proceso de reliquidaci\u00f3n que inici\u00f3 el ac\u00e1 tutelante, y el fallo de 28 de agosto de 2014 del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a-quo, tras considerar que la acci\u00f3n estaba prescrita; lo cierto es que por tratarse de un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su vulneraci\u00f3n siempre ser\u00e1 actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia SU-1073 de 2012, al tratar sobre la actualizaci\u00f3n de la mesada pensional, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo cual tambi\u00e9n es extensible, a la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, como quiera que tanto en \u00e9sta, como en la indexaci\u00f3n se discute el derecho de las personas a reclamar sobre un incorrecto c\u00e1lculo de su mesada pensional, a fin de recibir un salario digno y justo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, la Sala considera satisfecho el requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n a que se ha hecho alusi\u00f3n, en especial, cuando no hace mucho que se profirieron los fallos objeto de censura y de igual forma, se intent\u00f3 la revisi\u00f3n frente a los mismos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a que el accionante, tiene sesenta y cinco a\u00f1os de edad y es sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 46 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En cuanto al requisito de subsidiariedad, se advierte que cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como lo es el derecho al debido proceso, entre otros, la concesi\u00f3n del amparo se torna obligatoria y no puede desconocerse so pretexto de que no se cumplieron unos requisitos de naturaleza procesal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que a pesar de que el reclamante no haya utilizado los medios de defensa legales para impugnar las decisiones que censura por v\u00eda de tutela, excepcionalmente es posible \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01, reiterada en CSJ STC, 01 dic. 2014, rad. 2014-02694-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que, en el presente asunto, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de la subsidiariedad, al no interponerse los mecanismos de defensa judicial contra las sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral promovido por el reclamante, esto es el recurso de casaci\u00f3n, es evidente la incursi\u00f3n de los despachos accionados en un defecto sustancial que habilita la intervenci\u00f3n del juez de tutela para conjurar la ostensible transgresi\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales de esa persona, pues se deneg\u00f3 la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n por prescripci\u00f3n, cuando ya jurisprudencialmente, por parte del de la Corte Constitucional, en varios fallos de tutela, hab\u00eda establecido la improcedencia de tal declaratoria, por cuanto los derechos pensionales son imprescriptible e irrenunciables, circunstancia que impone la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n deprecada, como pasa a explicarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En especial, cuando se encuentra que en este caso el demandante, no interpuso el recurso de  casaci\u00f3n, como quiera que en la fecha en la que se profiri\u00f3 la sentencia objeto de reparo, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y por ende los Tribunales, a\u00fan no hab\u00edan unificado las pautas sobre la declaratoria de prescripci\u00f3n de las solitudes de reliquidaci\u00f3n, y ello le imped\u00eda conocer con certeza la forma en la que dicho procedimiento deb\u00eda realizarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, mientras en que en algunas providencias se casaban las sentencias que denegaban la reliquidaci\u00f3n de la sentencia por la configuraci\u00f3n del decaimiento del derecho, tal como en fallo de 22 de enero de 2013, Rad. 40993, en el que se indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Corresponde reiterar en torno al punto tratado que si bien la regla general trazada por la jurisprudencia laboral es la de la imprescriptibilidad de las pensiones ello no se extiende a las mesadas pensionales, sobre las que si obra cuando su reclamaci\u00f3n no se hace dentro del t\u00e9rmino previsto por la ley; lo que no se opone como ya se indic\u00f3 a que en cualquier momento se exija el reajuste de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n cuando \u00e9sta no ha sido reconocida de acuerdo con el monto del ingreso base de liquidaci\u00f3n previsto en las normas que la regulan, o bien se han desconocido los par\u00e1metros establecidos para su obtenci\u00f3n en esas mismas disposiciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

En otras decisiones de la misma Corporaci\u00f3n, haciendo referencia un precedente de 2003, se establec\u00eda que si eran prescriptibles, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, dejando de lado esos dislates de t\u00e9cnica, de todos modos el cargo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues la jurisprudencia de la Sala desde la sentencia CSJ SL, 15 jul 2003, rad. 19557, tiene por mayor\u00eda establecido el criterio de que si bien el derecho a la pensi\u00f3n como tal es imprescriptible, la acci\u00f3n judicial por la no inclusi\u00f3n de factores salariales, o por considerarlos deficitariamente en el c\u00e1lculo de las pensiones, prescribe transcurridos tres (3) a\u00f1os contados a partir de la fecha del reconocimiento. En otras palabras, el transcurso del tiempo y el silencio del interesado afecta el derecho al reajuste pensional, en trat\u00e1ndose de la inclusi\u00f3n de nuevos factores salariales, l\u00ednea doctrinal reiterada en las sentencias CSJ SL,  26 jul. 2011, rad. N\u00b0 39098; 7 feb. 2012, rad. N\u00b0 36495 y 20 jun. 2012, rad. N\u00b0 43899.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y s\u00f3lo a partir del fallo de 15 de junio de 2016, Rad. 45050, esta Corporaci\u00f3n, corrigi\u00f3 su postura negativa e indic\u00f3 que: Por esto, la seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habilita a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacci\u00f3n, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado social de Derecho. (CSJ SL8544-2016, 15 Jun. 2016, Rad. 45050).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Establece el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el derecho de seguridad social es irrenunciable, lo que significa que no puede ser objeto de disposici\u00f3n por parte de su titular, como tampoco ser extinguido por el paso del tiempo sea total o parcialmente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo cual se desprende, que el derecho de la pensi\u00f3n, que hace parte de la garant\u00eda dispuesta en la norma constitucional, tiene un car\u00e1cter personal, que implica no s\u00f3lo que sea imprescriptible, sino tambi\u00e9n que deba ser satisfecho de manera completa, es decir que las prestaciones fundamentales que la componen sean reconocidas de forma real y efectiva, no s\u00f3lo formalmente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia C-230 de 1998, indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, vejez e invalidez, entre otras, no admiten una prescripci\u00f3n extintiva del derecho en s\u00ed mismo como cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa que se atente contra el principio de seguridad jur\u00eddica; por el contrario, constituye un pleno desarrollo de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad, la protecci\u00f3n y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para mantener unas condiciones de vida digna, as\u00ed como el derecho irrenunciable a la  seguridad  social  (C.P., arts. 1, 46 y 48), determinando a su vez una realizaci\u00f3n efectiva del valor fundante que impone la vigencia de un orden econ\u00f3mico y social justo, dentro de un Estado social de derecho; consideraciones que hacen inexequible la disposici\u00f3n demandada (…).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que si la mesada es liquidada sin incluir todos los factores salariales, se afecta de manera sustancial \u00e9sta, en tanto que no es otorgada en su monto real y con todos los elementos que la componen y con ello, se desconoce el derecho fundamental a la seguridad social.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo que hace necesario una revisi\u00f3n de la misma, para lo cual la ley habilita a su titular a requerir su reajuste o reliquidaci\u00f3n, en cualquier tiempo, a fin de que se fije correctamente a las cifras que realmente corresponden y que ofrezcan, por tanto, la posibilidad material a la persona de tener una renta vitalicia digna y proporcional al salario que deveng\u00f3 cuando tenida su capacidad laboral, pues su reconocimiento no es m\u00e1s que una consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los principios de justicia y equidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, en providencia de 26 de mayo de 2000, consider\u00f3 que el car\u00e1cter imprescriptible de la pensi\u00f3n, inclu\u00eda la posibilidad de reajustar a la misma y reiterando una jurisprudencia de 26 de mayo de 1986, se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[L]a pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por ser una prestaci\u00f3n social de tracto sucesivo y de car\u00e1cter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en s\u00ed mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres a\u00f1os, y adem\u00e1s, trae aparejada una situaci\u00f3n jur\u00eddica regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes econ\u00f3micos de tal derecho. Estos reajustes como integrantes del status pensional son consustanciales a \u00e9l y, por ende, no prescriben en cuanto tales, sino en tanto afectan la cuant\u00eda de determinadas mesadas. De suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripci\u00f3n con arreglo a los art\u00edculos 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y 151 del C\u00f3digo Procesal Laboral, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su cuant\u00eda durante el t\u00e9rmino prescriptivo de tres a\u00f1os.  (CSJ SL, 26 May. 1986, Rad. 0052; reiterado SL, 23 Jul. 1998, Rad. 10784, 26 Sep. 2000, Rad. 14184 y 26 May. 2000, Rad. 13475).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       No obstante, en fallo de 15 de julio de 2003, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cambi\u00f3 su jurisprudencia, luego de estimar que la reliquidaci\u00f3n, hac\u00eda parte de los derechos personales o crediticios que surgen de la relaci\u00f3n laboral, por lo que si prescrib\u00edan, posici\u00f3n en la que sustent\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisa la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda de la pensi\u00f3n, cuya declaraci\u00f3n judicial de existencia resulta ser imprescriptible (Sentencia de 21 de octubre de 1985, Radicaci\u00f3n 10.842), con los derechos personales o cr\u00e9ditos que surgen de la relaci\u00f3n laboral y que sirven de base o soporte al c\u00e1lculo de su valor, los cuales, s\u00ed prescriben en los t\u00e9rminos de las citadas normas laborales\u2026 No aparece entonces razonable afirmar la extinci\u00f3n de los cr\u00e9ditos sociales del trabajador por efectos del acaecimiento de la prescripci\u00f3n al haberse cumplido el plazo trienal establecido por la ley y, a la vez, sostener su vigencia por constituir parte de la base econ\u00f3mica de la prestaci\u00f3n pensional. (CSJ SL, 15 Jul. 2003. Rad. 19557)  <\/span><\/p>\n

       Esta posici\u00f3n fue declarada contraria a los postulados constitucionales en sentencias T-762 de 2011 y T-456 de 2013, por parte de la Corte Constitucional, la cual se sustent\u00f3, entre otros, en los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social de los pensionados que tiene derecho a que se les aplique el r\u00e9gimen legal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la primera se indic\u00f3 que: \u00ab[S]\u00ed (sic) una entidad encargada del reconocimiento de una pensi\u00f3n vulnera el derecho fundamental a la correcta liquidaci\u00f3n de la misma, el afectado no puede renunciar a reclamar lo debido, y por tanto, no resulta razonable ni proporcionado sancionarlo con la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para hacer efectivo su goce\u00bb. (CC T-762, 7 de octubre de 2011).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en la segunda se reiter\u00f3 lo dicho, en cuanto a que: \u00abla interpretaci\u00f3n constitucional fijada por la Corte determina el contenido y el alcance de los preceptos de la Constituci\u00f3n y hace parte, a su vez, del \u201cimperio de la ley\u201d, por lo tanto, \u201cel desconocimiento de las interpretaciones realizadas por la Corte Constitucional implica el desconocimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, y en esa medida, constituye una infracci\u00f3n al debido proceso\u00bb (CC, T-456, 15 de julio de 2013).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero aclar\u00f3 que la no aplicaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n para el derecho a reclamar el nuevo c\u00e1lculo de la pensi\u00f3n no afecta la prescripci\u00f3n de la que s\u00ed son objeto las mesadas dejadas de percibir y no reclamadas despu\u00e9s de tres a\u00f1os. As\u00ed pues \u00abla materializaci\u00f3n de este derecho pensional, representado en las mesadas pensionales si tiene un t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de tres (3) a\u00f1os para su cobro o reclamaci\u00f3n\u00bb (CC, T-456, 15 de julio de 2013).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU298 de 31 de mayo de 2015, concluy\u00f3 luego de citar los anteriores precedentes, que el derecho a reclamar la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n est\u00e1 estrechamente vinculado con el derecho a \u00e9sta en s\u00ed misma, por lo tanto tambi\u00e9n es imprescriptible. Adem\u00e1s, que resultaba desproporcionado que los afectados con una indebida liquidaci\u00f3n no pudiesen  reclamar en cualquier tiempo, por lo que al decretarse la p\u00e9rdida de tal derecho por el paso del tiempo, afectaba el derecho al debido proceso, porque se desconoc\u00eda el precedente constitucional, y era necesario la concesi\u00f3n del amparo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[N]o desconoce la Sala que existen dos precedentes que en la misma materia tienen dos posturas diferentes. Uno, el precedente de la jurisdicci\u00f3n especializada; y otro, el constitucional. Ante esta situaci\u00f3n, la Sala recuerda que el precedente constitucional, por ser producto de la interpretaci\u00f3n autorizada de la Constituci\u00f3n, que es norma de normas, debe irradiar la doctrina de las dem\u00e1s jurisdicciones. En virtud del principio de supremac\u00eda constitucional, los jueces y las autoridades administrativas en su labor de aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico deben dar prevalencia a los postulados constitucionales cuyo contenido est\u00e1 expuesto no s\u00f3lo por la literalidad de las normas, sino por la interpretaci\u00f3n que de ellas hace la Corte Constitucional.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En orden, record\u00f3 que el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional implica una violaci\u00f3n del art\u00edculo 53 de la Carta Pol\u00edtica y cuando una autoridad judicial se aparta de la interpretaci\u00f3n hecha por esta la Corte Constitucional, viola las garant\u00edas de la Constituci\u00f3n al trabajador porque no es respetuosa del alcance de los postulados de la Carta Pol\u00edtica y por ende.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, inst\u00f3 a los jueces de la jurisdicci\u00f3n laboral para que en las decisiones que deban tomar en la materia objeto de estudio, aplicaran la interpretaci\u00f3n constitucional del derecho a la pensi\u00f3n y armonicen la aplicaci\u00f3n de las normas legales con los postulados constitucionales que prevalecen en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. De lo contrario, sus decisiones no proteger\u00edan de forma adecuada los derechos a la seguridad social y al debido proceso cuyo alcance est\u00e1 definido con la regla de la jurisprudencia constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior, se indic\u00f3 en la referida providencia que dar la prevalencia a tal interpretaci\u00f3n, implica que se aplique la analisis m\u00e1s favorable al trabajador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, en fallo de 15 de junio de 2016, Rad. 45050, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, corrigi\u00f3 su postura negativa y regreso a la que inicialmente hab\u00eda manejado, para se\u00f1alar que el derecho a reclamar la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n no prescrib\u00eda, para lo cual expuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en espec\u00edfico, del derecho a la pensi\u00f3n, que se desprende de su car\u00e1cter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino tambi\u00e9n el derecho a obtener su entera satisfacci\u00f3n, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma \u00edntegra o completa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el calificativo irrenunciable de la seguridad social no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que, desde un enfoque material, busca su satisfacci\u00f3n in toto, a fin de que los derechos y los intereses objeto de protecci\u00f3n, sean reales, efectivos y practicables.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este sentido, el derecho a la pensi\u00f3n se ve sustancialmente afectado cuando la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si adem\u00e1s se tiene en cuenta que una pensi\u00f3n deficitaria no cumple su prop\u00f3sito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador deveng\u00f3 cuando ten\u00eda su capacidad laboral inalterada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por esto, la seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habilita a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacci\u00f3n, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado social de Derecho. (CSJ SL8544-2016, 15 Jun. 2016, Rad. 45050).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Bajo las anteriores orientaciones jurisprudenciales, es indudable que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, torn\u00e1ndose necesaria la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n constitucional a fin de remediar la violaci\u00f3n cometida por esa entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el Tribunal accionado, pese a que reconoci\u00f3 que el tutelante ten\u00eda el derecho a reclamar la inclusi\u00f3n de factores salariales a la base de liquidaci\u00f3n de su primera mesada pensional, no accedi\u00f3 a las pretensiones, tras considerar que la acci\u00f3n hab\u00eda prescrito, en tanto, que para la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda ya se hab\u00eda superado ampliamente los tres a\u00f1os establecidos por la Ley, para para realizar dicho reclamo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, Sala de Casaci\u00f3n Laboral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin que tener en cuenta, que por jurisprudencia constitucional, en sentencias T-762 de 2011 y T-456 de 2013, ya en esa \u00e9poca se hab\u00eda reconocido que dicha interpretaci\u00f3n era contraria a los principios de nuestra carta pol\u00edtica y, por ende, no pod\u00eda ser sustento de los fallos laborales, en tanto que se desconoc\u00eda el car\u00e1cter de imprescriptible del derecho de pensi\u00f3n, pues se desconoc\u00eda que tal derecho no s\u00f3lo ten\u00eda un contenido formal, sino que implicaba un reconocimiento material, es decir que la persona reciba una renta vitalicia digna y proporcional al salario que deveng\u00f3 cuando tenida su capacidad laboral, lo que no es m\u00e1s que una consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los principios de justicia y equidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y es que obligar, a las personas a que reciban una suma de dinero nominal muy inferior a la que realmente le corresponde, no es admisible, y es contrario a los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social de los pensionados que tiene la prerrogativa a que se les aplique el r\u00e9gimen legal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed que todos los ellos tengan derecho al reajuste de su mesada, sin importar la naturaleza de su prestaci\u00f3n ni la fecha en que les fue declarado el derecho a la pensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta garant\u00eda, que posee el car\u00e1cter de universal, no es objeto de dudas en la actualidad, por lo que tiene el car\u00e1cter de cierto, tal como fuera reconocido en las sentencias de la Corte Constitucional C-230 de 1998; T-762 de 2011; T-456 de 2013; SU-298 de 2015; y de la Corte Suprema de Justicia SL8544-2016, de 15 junio de 2016, Rad. 45050.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En especial, porque en \u00e9ste caso, se forz\u00f3 al tutelante, quien tiene 65 a\u00f1os edad y es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, a recibir una suma de dinero nominal muy inferior a la que realmente ten\u00eda derecho, lo que afecta su m\u00ednimo vital seriamente.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Sin embargo, es necesario precisar que en virtud del criterio de sostenibilidad financiera consagrado en el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005), y a fin de garantizar el principio de seguridad jur\u00eddica, debe recordarse que de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-496 de 15 de julio de 2013, si bien no se puede declarar la prescripci\u00f3n del derecho solicitar la reliquidaci\u00f3n, lo cierto es \u00ablas mesadas pensionales si tiene un t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de tres (3) a\u00f1os para su cobro o reclamaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Raz\u00f3n por la cual las diferencias causadas antes de la reclamaci\u00f3n si pueden ser objeto de la declaratoria de dicho fen\u00f3meno -en acatamiento de los par\u00e1metros realizados por la jurisprudencia- seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se cuenta \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, esta  Sala revocar\u00e1 el fallo impugnado, y en su lugar, conceder\u00e1 el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital y debido proceso del accionante, respecto de las sentencias emitidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Once Laboral del Circuito, proferidas en el proceso ordinario laboral iniciado por el ac\u00e1 tutelante, en los t\u00e9rminos referidos en la presente providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       7. Sin embargo, respecto a la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por medio de la cual se rechaz\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por el accionante, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, para adoptar su determinaci\u00f3n, la autoridad  accionada, luego de establecer que el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra las sentencias proferidas en asuntos correspondientes a la especialidad laboral, est\u00e1 regulado de manera especial por la leyes 712 de 2001 y 797 de 2003, por lo que no eran aplicables las causales dispuestas en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo las cuales sustentaba la impugnaci\u00f3n el tutelante, raz\u00f3n por la que no hab\u00eda lugar a otra determinaci\u00f3n que rechazar la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a subjetivos disensos frente a las razones en que el fallador accionado se soport\u00f3 para arribar a su conclusi\u00f3n, inconformidades que, naturalmente, exceden el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran, en relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y frente a ella se denegar\u00e1 el amparo.  <\/span><\/p>\n

4. En ese orden de ideas, esta  Sala revocar\u00e1 el fallo impugnado, y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital y debido proceso del accionante, \u00fanicamente respecto de la sentencia el 28 de agosto de 2014, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario laboral iniciado por el ac\u00e1 tutelante, y se denegar\u00e1 frente al auto de 30 de noviembre de 2016, que profiri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se dejar\u00e1 sin valor y efectos, la sentencia emitida el 28 de agosto de 2014, por el referido Tribunal y en su lugar, se le ordenar\u00e1 que vuelva a resolver la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia dentro del litigio identificado con el radicado No. 2013-00470-01, teniendo en cuenta lo expuesto en esta providencia, esto es, la imprescriptibilidad del derecho a solicitar la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

II. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de tutela que fue objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO. TUTELAR los derechos fundamentales del accionante a derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital y debido proceso, respecto de la sentencia de 28 de agosto de 2014, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario laboral iniciado por el ac\u00e1 tutelante, y se denegarla frente al auto de 30 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO. En consecuencia se DEJA SIN EFECTOS la sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CUARTO. En su lugar, se ORDENA a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a resolver de nuevo la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia dentro del litigio identificado con el radicado No. 2013-00470-01, teniendo en cuenta lo expuesto en esta providencia, esto es, la imprescriptibilidad del derecho a solicitar la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

QUINTO. COMUN\u00cdQUESE esta decisi\u00f3n a todos los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

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      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4719-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2017-00127-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el nueve de febrero de dos mil diecisiete por la Sala de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100501","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100501"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100501\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}