{"id":100506,"date":"2026-06-25T20:58:40","date_gmt":"2026-06-25T20:58:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4766-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:58:40","modified_gmt":"2026-06-25T20:58:40","slug":"stc4766-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4766-2017\/","title":{"rendered":"STC4766-2017"},"content":{"rendered":"

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         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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STC4766-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00418-01  <\/span><\/p>\n

               (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 3 de marzo de 2017, dictada por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela instaurada por el Banco BBVA Colombia S.A. en contra del Juzgado Sexto Civil del Circuito, extensiva al Juez Cuarenta y Uno Civil Municipal, ambos de esta capital, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil contractual iniciado por Rafael Antonio Salamanca respecto del aqu\u00ed gestor.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El ente promotor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

2. El Banco BBVA Colombia S.A. sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 34 a 44):  <\/span><\/p>\n

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2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el Juez Cuarenta y Uno Civil Municipal dict\u00f3 sentencia contraria a las pretensiones el 30 de junio de 2016, determinaci\u00f3n apelada por el extremo all\u00e1 actor.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito asumi\u00f3 conocimiento de la alzada y program\u00f3 la \u201caudiencia de sustentaci\u00f3n del recurso y fallo\u201d para el 3 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.3. En desarrollo de la aludida diligencia, el funcionario judicial permiti\u00f3 al all\u00ed demandante presentar alegatos, y una vez finalizada su intervenci\u00f3n \u201c(\u2026) no concedi\u00f3 el uso de la palabra a la abogada del Banco (\u2026)\u201d, y procedi\u00f3 a emitir decisi\u00f3n de fondo, revocando lo resuelto por el a quo, para en su lugar, acceder a lo reclamado por Rafael Antonio Salamanca.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El hoy actor cuestiona lo precedente, estimando cercenado el ejercicio de su defensa por no hab\u00e9rsele permitido exponer sus argumentos, tal como lo dispone el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Adem\u00e1s, critica la providencia a trav\u00e9s de la cual se zanj\u00f3 la segunda instancia, por cuanto, en ella el juzgador \u201c(\u2026) no se ajust\u00f3 a derecho, no atendi\u00f3 el sinn\u00famero de medios de prueba recaudados en la actuaci\u00f3n, (\u2026) incurriendo en defecto f\u00e1ctico (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora dejar sin efecto lo actuado desde el 3 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Sexto Civil del Circuito asever\u00f3 que no pod\u00eda \u201c(\u2026) hacer pronunciamiento alguno frente a lo narrado y expresado por la accionante, por carecer del expediente f\u00edsico (\u2026)\u201d, devuelto al despacho municipal vinculado el 15 de noviembre de 2016 (fls. 66 a 72).  <\/span><\/p>\n

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b. El Juez Cuarenta y Uno Civil Municipal efectu\u00f3 un recuento de las principales actuaciones surtidas en el decurso reprochado, del cual remiti\u00f3 copia (fl. 52).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Otorg\u00f3 el resguardo tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [P]ese a que la parte actora, all\u00ed demandada, no aleg\u00f3 la causal de nulidad que se configuraba ante la negativa a darle la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de 3 de noviembre de 2016, lo cierto es que, ante la gravedad del defecto en que incurri\u00f3 el Juez Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el amparo constitucional se abre paso, ya que negar la procedencia de la tutela en casos como el que ahora se examina ser\u00eda una determinaci\u00f3n desproporcionada, si en cuenta se tiene que la vulneraci\u00f3n enrostrada se origin\u00f3 en una decisi\u00f3n judicial que desconoci\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de la actora constitucional, concretamente porque se le cercen\u00f3 la posibilidad de que la apoderada del banco presentara sus alegatos, en contrav\u00eda de lo preceptuado en el pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso; a m\u00e1s que ninguna oportunidad le otorg\u00f3 para alegar la nulidad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) De otra parte, (\u2026) [v]\u00e9ase como en el fallo emitido por el juez accionado, \u00e9ste, no obstante revocar la decisi\u00f3n del a quo en la que se declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n denominada \u201cel banco no es responsable cuando ha mediado p\u00e9rdida del cheque por parte del cuenta corrientista\u201d, omiti\u00f3 pronunciarse respecto de los dem\u00e1s medios de defensa esgrimidos en la contestaci\u00f3n de la demanda, con lo cual se configura defecto procedimental por inaplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el tercer inciso del art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, declar\u00f3  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) sin valor ni efecto la actuaci\u00f3n surtida en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de 3 de noviembre de 2016, a partir del momento en que la parte demandante termin\u00f3 sus alegatos de conclusi\u00f3n (minuto 15:53), incluyendo la sentencia, a fin de que se le reponga al Banco demandado la oportunidad de alegar de conclusi\u00f3n (\u2026)\u201d (fls. 73 a 78).          <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 Rafael Antonio Salamanca exponiendo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El apoderado de la entidad bancaria desatendi\u00f3 el principio de oralidad en los procesos judiciales, al desconocer su deber de participar de manera activa en el desarrollo de la audiencia de alegaciones y fallo de segunda instancia, (\u2026) bajo el entendido que no agot\u00f3 los recursos ordinarios o extraordinarios para controvertir las actuaciones realizadas por el ad quem, en el desarrollo de la audiencia, o posterior a la misma, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 134, 135 y 136 de la Ley 1564 de 2012\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cContrario a lo expuesto por el juez de tutela, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en ning\u00fan momento incurri\u00f3 en un defecto procedimental, toda vez que su competencia radicaba en resolver exclusivamente los argumentos que dieron lugar al recurso de apelaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose limitado a tratar aspectos de fondo que no fueron objeto del recurso, no obstante (\u2026) el apoderado de la entidad bancaria no present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra del fallo de primera instancia, como tampoco se adhiri\u00f3 al presentado por la recurrente, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 322 y siguientes ib\u00eddem (\u2026)\u201d (fls. 95 a 99).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. El Banco BBVA Colombia S.A. censura a la autoridad judicial accionada, por cuanto, seg\u00fan afirma, en desarrollo de la audiencia consagrada en el canon 327 del C\u00f3digo General del Proceso, emiti\u00f3 providencia definitoria de la segunda instancia en el comentado asunto, sin correrle traslado para exponer sus alegatos, prove\u00eddo en el cual, \u201c(\u2026) no atendi\u00f3 el sinn\u00famero de medios de prueba recaudados en la actuaci\u00f3n, (\u2026) incurriendo en defecto f\u00e1ctico (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2. Quien funge como demandante en el juicio materia de este auxilio cuestiona la concesi\u00f3n del amparo, realzando la legalidad del proceder del despacho judicial acusado y aseverando que el ac\u00e1 querellante desatendi\u00f3 el presupuesto de subsidiariedad propio de esta especial acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. En lo relativo al primer punto de queja, esto es, que el despacho no le permiti\u00f3 argumentar de conclusi\u00f3n, se advierte, el ahora quejoso ninguna manifestaci\u00f3n efectu\u00f3 en la se\u00f1alada diligencia para ventilar las inconformidades ac\u00e1 expuestas, as\u00ed se vislumbra de la revisi\u00f3n del audio respectivo y del acta suscrita por quienes acudieron al mismo (fls. 69 a 72).  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese, la abogada vocera de los intereses del ente financiero guard\u00f3 silencio, cuando hubiera podido requerir el uso de la palabra para exigir se le permitiera exponer sus argumentos defensivos o interponer recursos.  <\/span><\/p>\n

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Inclusive, estaba facultada para proponer la nulidad a la cual hizo referencia el Tribunal constitucional a quo. Al respecto, la eventual invalidez se sane\u00f3 al no haberse impetrado antes de emitirse esa sentencia, tal como lo estatuyen los c\u00e1nones 134, inciso 1\u00ba, y 136, numeral 1\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso.    <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(…) [S]i hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Para sustentar sus aseveraciones, prima facie, sintetiz\u00f3 las conclusiones adoptadas por las partes de la siguiente forma:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El se\u00f1or Rafael Antonio Salamanca, propietario del establecimiento de comercio Dep\u00f3sito de Drogas Boyac\u00e1,  instaur\u00f3 una acci\u00f3n de responsabilidad contractual de menor cuant\u00eda en contra de la entidad bancaria BBVA, b\u00e1sicamente con estribo en (\u2026) que el Banco es responsable civilmente por el pago irregular de las sumas de dinero contenidas en dos t\u00edtulos valores, cheques, girados de una cuenta bancaria que all\u00ed tiene el demandante, (\u2026) que fueron cobrados mediante consignaciones en cuentas bancarias de la misma entidad a nombre de terceras personas beneficiarias de dichos t\u00edtulos, cobrados y presentados el 10 de octubre de 2008 hacia las 11.33 y 11:48 de la ma\u00f1ana\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAduce que al enterarse de parte del mismo banco mediante llamada telef\u00f3nica, el mismo d\u00eda 10 de octubre de 2008, hacia las 12:07 am y por conversaciones con el mismo banco imparti\u00f3 la orden de no pago de unos t\u00edtulos valores, entre ellos los aqu\u00ed rememorados y, sin embargo, el banco procedi\u00f3 a su respectivo pago, no acatando la orden de no pago, y , por lo tanto, dicha entidad bancaria debe de satisfacer las pretensiones que adujo en el cap\u00edtulo respectivo de su demanda (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) La parte demandada sale al paso y contesta formulando varias excepciones de fondo, b\u00e1sicamente argumentando que el pago de \u00e9stas sumas de dinero obedeci\u00f3 a que el demandante descuid\u00f3 sus deberes de guardi\u00e1n y de custodio de esa chequera, para lo cual, la ley le depara su responsabilidad exclusiva, y que, por lo tanto, al no haber recibido oportunamente el aviso de no pago, pues el \u00fanico responsable es el cuentacorrientista. Entonces, propuso varias excepciones: 1. El cumplimiento legal y contractual de parte del banco; 2. Que el banco no es responsable cuando ha mediado p\u00e9rdida del cheque por parte del cuentacorrientista; 3. La culpa grave del propietario del establecimiento de comercio; 4. Ausencia de los requerimientos de la responsabilidad contractual; 5. Culpa de terceros ajenos al banco; 6. Falta de legitimidad en la causa por pasiva; 7. Cobro de lo no debido; 8. Buena fe del BBVA Colombia y de sus funcionarios; 9. Caducidad y prescripci\u00f3n; y 10. La gen\u00e9rica que se pudiere comprobar (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, procedi\u00f3 a sustentar su postura arguyendo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [Los] cheques que son dubitados en cuanto a su autor\u00eda y que aleg\u00f3 en los hechos de la demanda la parte actora que hab\u00edan sido sustra\u00eddos en forma irregular de la chequera que custodiaba, fueron cobrados mediante consignaciones en cuenta de sus respectivos titulares, en donde fueron depositados para el cobro, no por ventanilla sino mediante el canje. El mismo d\u00eda 10 de octubre hacia las 11:33 y 11:48 de la ma\u00f1ana, (\u2026) hacia las 12:07 del mismo d\u00eda, (\u2026) a escasos 30 minutos y por una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica, y tal vez por sugerencia o instrucci\u00f3n del mismo banco, el cuentacorrientista le comunic\u00f3 a la entidad bancaria su orden de no atender los pagos de estos cheques, sin embargo, el banco en su contestaci\u00f3n lo que alega es que esta orden (\u2026) result\u00f3 totalmente extempor\u00e1nea toda vez que para el banco era corriente y aparente de total legalidad (\u2026) el giro de esos cheques y por lo tanto no pod\u00eda sustraerse de efectuar el pago, so pena de incurrir en la sanci\u00f3n prevista en el C\u00f3digo de Comercio. (\u2026) Aduce tambi\u00e9n el banco que merced a estas diligencias (\u2026) logr\u00f3 retener de esas cuentas el pago de algunas sumas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Elementalmente, lo que el despacho encuentra como argumento central para definir la alzada es que ciertamente esos cheques fueron cobrados no por ventanilla sino como la literalidad del t\u00edtulo lo dec\u00eda, es decir, por consignaci\u00f3n, porque estaba restringido el pago, es m\u00e1s, revisando el contenido de estos cheques no fue levantada esa restricci\u00f3n ni la de \u201cp\u00e1guese \u00fanicamente al primer beneficiario\u201d, sin embargo, se habr\u00eda podido dar perfectamente el evento de haberse cobrado por ventanilla, porque esa restricci\u00f3n no implica que fuese mediante consignaci\u00f3n, sin embargo, la persona que los cobr\u00f3 prefiri\u00f3 (\u2026) cobrarlos mediante canje, y sabemos que las operaciones de canje no son instant\u00e1neas, estos canjes se dan y el banco no le deja [el dinero] a disposici\u00f3n del titular de la cuenta en donde se haya consignado un cheque [inmediatamente], (\u2026) no se lo libera el mismo d\u00eda, salvo autorizaciones gerenciales especiales o cosas parecidas\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDe tal forma que para el despacho, habr\u00eda sido totalmente viable que el banco (\u2026) retuviera y esperara un poco m\u00e1s al resto de verificaciones, de tal suerte que su actuar habr\u00eda podido perfectamente evitar el da\u00f1o. Si bien es cierto que el aviso as\u00ed sea por media o una hora fue extempor\u00e1neo, y que como bien lo alega el banco tambi\u00e9n es notorio el descuido en el manejo de la chequera por parte del se\u00f1or Rafael Antonio Salamanca, (\u2026) porque ni siquiera se hab\u00eda dado cuenta en el momento en que se hab\u00edan pagado esos cheques que se le hab\u00edan extraviado, pero merced a la diligencia del banco para confirmar uno de ellos, fue cuando se dio cuenta que se le hab\u00edan sustra\u00eddo y procedi\u00f3 a las conductas para prevenir el resto de la graduaci\u00f3n de estos riesgos, de los da\u00f1os, bloqueando o dando aviso de que no pagaran los cheques\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEntonces, si bien asoma en el plenario que el cuentacorrientista incurri\u00f3 en esa culpa, pero eso no es \u00f3bice para que el despacho tenga tambi\u00e9n por sentado o por probado que el banco con ese aviso dado media hora despu\u00e9s y que teniendo en cuenta que el medio o la forma para cobrar esos cheques fue, no el cobro directo por ventanilla, porque nada hubiese podido hacer de esa forma, pero ac\u00e1, afortunadamente para el afectado, el cobro elegido por quien lo hizo (\u2026) fue la consignaci\u00f3n en una de sus cuentas, mecanismos que no dan disponibilidad inmediata de los dineros, sino que se someten a un tr\u00e1mite de canje interno. De tal forma, el banco luego de recibida la orden de no pagar, perfectamente habr\u00eda tenido (\u2026) m\u00e1s de un d\u00eda para tomar las acciones remediales y bloquear esos pagos, y exigirle por lo menos al titular de la cuenta afectada un denuncio penal u otro tipo de comprobaciones, previo a dejarle a disposici\u00f3n del beneficiario de los pagos el dinero para que lo retirara (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Est\u00e1 comprobada la responsabilidad contractual del banco, (\u2026) en cuanto no observ\u00f3 el cuidado en la relaci\u00f3n derivada del contrato de cuenta corriente suscrito con el titular de la misma y no hay curso a la excepci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 1733 del C\u00f3digo de Comercio, cuando dice que el aviso debe darse con la oportunidad, antes de que se procede con el pago del mismo importe, si bien es cierto que fue dado con media hora de posterioridad, lo cierto, es que se habr\u00eda podido evitar consumar ese il\u00edcito (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Con sustento en los supuestos descritos, el ad quem decidi\u00f3 revocar el fallo apelado y, en su lugar, accedi\u00f3 a las \u201cpretensiones propuestas\u201d sin aludir de modo alguno a la totalidad de los medios exceptivos invocados por el tutelante, descuido que torna viable el presente amparo por lesionar rectamente el debido proceso del ahora promotor, pues se qued\u00f3 sin conocer la suerte de todos los mecanismos de defensa propuestos frente a la demanda, constituyendo obligaci\u00f3n imperativa del colegiado pronunciarse sobre ellos y los fundamentos pilar de los mismos.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corte, en asuntos similares, ha otorgado el resguardo aunque no haya sido agotada la solicitud de adici\u00f3n de la sentencia, tal como lo prescribe el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, antes canon 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Justamente, en un caso en el cual el ad quem omiti\u00f3 desatar las excepciones planteadas por el extremo pasivo, se accedi\u00f3 a la salvaguarda se\u00f1al\u00e1ndose:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a protecci\u00f3n invocada es procedente porque la autoridad jurisdiccional acusada no se pronunci\u00f3 en forma suficiente sobre los motivos que sustentaron las excepciones planteadas por los accionantes en la ejecuci\u00f3n que censuran (\u2026). Corresponde destacar que de acuerdo con lo dispuesto en el [entonces vigente] inciso 2\u00ba del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la autoridad jurisdiccional accionada debi\u00f3 pronunciarse sobre todos los medios exceptivos y su fundamento, pues al no prosperar la excepci\u00f3n de \u2018compensaci\u00f3n\u2019, debi\u00f3 resolver las dem\u00e1s, toda vez que, como lo ha sostenido esta Sala, \u2018[c]iertamente es deber del superior, una vez considera infundada la defensa que el a quo hall\u00f3 probada a fin de rechazar todas las pretensiones, ocuparse de despachar las dem\u00e1s \u2018aunque quien la[s] aleg\u00f3 no haya apelado la sentencia\u2019. (Sentencia de 15 de julio de 2010, Exp. No. 2010-00196-01) (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, la motivaci\u00f3n del colegiado en la providencia de 3 de noviembre de 2016 es insuficiente, pues como se dijo, pretermiti\u00f3 desatar, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 282 del Estatuto Procesal Civil, la totalidad de las excepciones incoadas por el accionado en el referenciado juicio.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019\u201d [resolvieran el caso bajo su conocimiento], \u201c(\u2026) lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019 (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Aunque los prove\u00eddos de los administradores de justicia son en principio ajenos al an\u00e1lisis propio de la acci\u00f3n de amparo consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica; no obstante, en los eventos en los cuales la respectiva autoridad profiere alguna decisi\u00f3n ostensiblemente arbitraria, en contrav\u00eda de la legislaci\u00f3n aplicable y del debido proceso, como lo es la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular justicia en aras de reparar esa situaci\u00f3n, sobretodo cuando se constata el menoscabo de la prerrogativa a la defensa de los extremos litigiosos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicos los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional propio de la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, que establece el deber de los pa\u00edses suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro, as\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1.  Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona solamente podr\u00e1 ser juzgada por la autoridad facultada para ello, por la norma en rigor, sigui\u00e9ndose el procedimiento previamente establecido y permiti\u00e9ndosele siempre ejercer la defensa de sus intereses.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el presente asunto, como se dijo, el Juzgado Sexto Civil del Circuito decidi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n sujeto a su consideraci\u00f3n, omitiendo pronunciarse sobre la totalidad de las excepciones formuladas por el Banco BBVA Colombia S.A., desatendiendo lo reglado al respecto en la norma adjetiva aplicable. De esa manera, contravino los c\u00e1nones 8.1 y 25 de ese tratado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por lo discurrido, se otorgar\u00e1 el amparo, no obstante, la decisi\u00f3n de primera instancia ser\u00e1 modificada, pues, en su lugar, se invalidar\u00e1 solamente la sentencia emitida el 3 de noviembre de 2016 y no las actuaciones anteriores llevadas a cabo en la audiencia de esa data.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO del ac\u00e1pite resolutivo de la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada y CONFIRMARLA en los dem\u00e1s puntos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que en el curso de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, deje sin efecto la determinaci\u00f3n emitida el 3 de noviembre de 2016. En consecuencia, deber\u00e1 citar a la diligencia de lectura de fallo respectiva dentro de los quince (15) d\u00edas posteriores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1CSJ. STC. 9 sep. 2011, Rad. 2011-01858-01, reiterado en STC. 27 sep. 2013, Rad. 2013-00241-01.    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC 28 de marzo de 2008, exp. 2008-00384-00; v\u00e9anse igualmente el fallo de  de 16 de febrero de 2011, exp. 2010-00445-01, entre otros.      <\/span><\/p>\n

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                     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      STC4766-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00418-01                  (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).         Dec\u00eddese la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100506\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}