{"id":100508,"date":"2026-06-25T20:58:52","date_gmt":"2026-06-25T20:58:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4773-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:58:52","modified_gmt":"2026-06-25T20:58:52","slug":"stc4773-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4773-2017\/","title":{"rendered":"STC4773-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4773-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00756-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ariel Eduardo Galindo Bocanegra contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Sala Civil \u2013Familia del Tribunal Superior de ese distrito judicial, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada porque desde el 28 de septiembre de 2016 el proceso de liquidaci\u00f3n N\u00b0 2006-00191 se encuentra al despacho con una solicitud de nulidad que formul\u00f3 la parte actora, sin que a la fecha se haya resuelto.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene a la oficina judicial tutelada, resolver sin m\u00e1s dilaciones, el incidente de nulidad propuesto.  [Folio 2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de agosto de 2006, Jorge Eduardo Angarita Galeano inici\u00f3 proceso concursal el cual cursa ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 con el n\u00famero de radicado 2006-00191.  <\/span><\/p>\n

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3. Mediante prove\u00eddo de 8 de marzo de 2013 se graduaron y calificaron los cr\u00e9ditos del concordato.  <\/span><\/p>\n

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4. La decisi\u00f3n fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n, el cual lo desat\u00f3 el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 24 de julio de 2015 en el que resolvi\u00f3 adicionar la inclusi\u00f3n del cr\u00e9dito laboral de Aida Liliana Amaya M\u00e9ndez y modific\u00f3 las cuant\u00edas de los cr\u00e9ditos reconocidos de Molinos Roa S.A. y de Uni\u00f3n de Arroceros S.A.  <\/span><\/p>\n

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5. El 8 de marzo de 2016 a fin de celebrar la audiencia de deliberaci\u00f3n final de la que trata el art\u00edculo 130 de la Ley 122 del 1995, luego de verificar la asistencia de los acreedores y cr\u00e9ditos reconocidos, se termina la misma por falta de quorum para deliberar.  <\/span><\/p>\n

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6. La parte actora present\u00f3 recusaci\u00f3n contra el juez de la causa el d\u00eda 28 de esa misma mensualidad.  <\/span><\/p>\n

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7. El 11 de abril siguiente, el juzgado accionado decidi\u00f3 no aceptar la recusaci\u00f3n, en consecuencia dispuso la remisi\u00f3n   de la actuaci\u00f3n ante el superior.  <\/span><\/p>\n

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8. El Tribunal declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n en providencia de 30 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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9. El 12 de septiembre de 2016, el apoderado del deudor en concordato, Jorge Eduardo Angarita, propuso incidente de nulidad  con fundamento en la causal 3 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio del accionante, se vulneran sus garant\u00edas fundamentales toda vez el proceso concursal tuvo inicio en el a\u00f1o 2006, y a\u00fan no se ha dado inicio a la liquidaci\u00f3n pertinente por los m\u00faltiples memoriales que presenta el apoderado del deudor con el \u00e1nimo de dilatar el proceso;  as\u00ed mismo, la autoridad accionada incurre en una mora judicial injustificada que desborda el lapso normal para resolver recursos o incidentes a lo largo del tr\u00e1mite liquidatorio al punto que desde el 28 de septiembre de 2016, se formul\u00f3 un incidente de nulidad del cual se corri\u00f3 traslado s\u00f3lo hasta el 5 de diciembre siguiente y desde el d\u00eda 14 de ese mes, ingres\u00f3 el expediente al despacho sin que a la fecha se haya resuelto dicho pedimento.  <\/span><\/p>\n

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Reproch\u00f3 adem\u00e1s la actuaci\u00f3n del Tribunal, pues se quej\u00f3 de la demora de \u00e9ste para resolver en segunda instancia.   [Folio 2, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 27 de marzo de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, orden\u00e1ndose el traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 18, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que se atiene a las motivaciones de orden legal y jurisprudencial que le sirvieron de soporte a las actuaciones adelantadas por el despacho.  Alleg\u00f3 copia de la providencia de 30 de marzo del a\u00f1o que corre por medio de la cual resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad presentada por la parte actora. [Folios 26 -39, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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2. Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito de tutela, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 como mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas garant\u00edas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional1.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso sub examine se observa que la queja expuesta en el escrito tutelar radicaba en que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 no hab\u00eda procedido a resolver el incidente de nulidad que propuso el apoderado del deudor en concordato el 28 de septiembre de 2016, hall\u00e1ndose al despacho para resolver, desde el 14 de diciembre siguiente;  en ese sentido, centr\u00f3 su pretensi\u00f3n a que cesara la dilaci\u00f3n y la mora injustificada y se continuara el tr\u00e1mite pertinente.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, de acuerdo con la respuesta ofrecida por la autoridad querellada en el transcurso del tr\u00e1mite de la solicitud de amparo, – el 31 de marzo del a\u00f1o que corre- inform\u00f3 que mediante providencia de fecha 30 de marzo de 2017, resolvi\u00f3 la nulidad de la que se duele el quejoso tal y como obra a folio 29 de esta encuadernaci\u00f3n, circunstancia que torna improcedente la solicitud de amparo que se analiza.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, si bien, al momento de interponer la acci\u00f3n de tutela, el operador judicial no hab\u00eda resuelto la nulidad impetrada,  lo cierto es que en este punto de las diligencias, aquella actuaci\u00f3n mentada est\u00e1 siendo objeto de notificaci\u00f3n y corriendo el t\u00e9rmino de ejecutoria, por lo que sin mayores consideraciones, el requerimiento que exterioriz\u00f3 el gestor de la s\u00faplica, fue atendido por la oficina judicial encausada.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa que el hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la queja, se encuentra superado, y en esa medida, carecer\u00eda de objeto una orden de protecci\u00f3n en el sentido reclamado en la demanda de tutela, pues antes de resolverse el asunto en esta sede constitucional, el juez de la causa emiti\u00f3 el pronunciamiento de fondo que echaba de menos el censor.  <\/span><\/p>\n

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4. De otra parte, y como quiera que el gestor de la s\u00faplica reprocha no s\u00f3lo la \u00faltima actuaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n denuncia la tardanza del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 a la hora de resolver en segundo grado los recursos que se interponen;  al respecto resta decir sin mayor detenimiento que para el estado actual de las diligencias, carecer\u00eda de objeto entrar a revisar una actuaci\u00f3n que ya se encuentra surtida m\u00e1s a\u00fan cuando desde el mes de septiembre del a\u00f1o pasado el expediente regres\u00f3 al juzgado de conocimiento, siendo este despacho y no otro, en este momento el director del proceso.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, si el reclamante estima que la autoridad judicial tutelada incurri\u00f3 en falta disciplinaria o de cualquier otro tipo, es de su resorte poner en conocimiento de las autoridades competentes tal hecho, con los soportes probatorios y argumentativos del caso.  <\/span><\/p>\n

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5. En todo caso, dados los reparos expuestos por el peticionario resulta procedente exhortar al Juez Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, para que en adelante evite incurrir en situaciones de mora tan prolongadas como la que aqu\u00ed se vislumbr\u00f3, pues no se puede olvidar el deber que cada funcionario tiene de observar en sus actuaciones judiciales los principios de celeridad y econom\u00eda procesal.  <\/span><\/p>\n

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6. Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda debe denegarse por hecho superado.  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

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Se EXHORTA al Juez Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, para que en lo sucesivo evite incurrir en situaciones de mora tan prolongadas como la que aqu\u00ed se vislumbr\u00f3, pues no se puede olvidar el deber que cada funcionario tiene de observar en sus actuaciones judiciales los principios de celeridad y econom\u00eda procesal.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes;  y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sobre el hecho superado, v\u00e9ase sentencia de la Corte de 13 de abril de 2010, exp. 00135-01, reiterada en sentencias de 24 de octubre de 2011, exp. 00305-01 y 1\u00ba de agosto de 2012, exp. No. 00497-01.      <\/span><\/p>\n

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