{"id":100510,"date":"2026-06-25T20:59:03","date_gmt":"2026-06-25T20:59:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4775-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:59:03","modified_gmt":"2026-06-25T20:59:03","slug":"stc4775-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4775-2017\/","title":{"rendered":"STC4775-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4775-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00762-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la acci\u00f3n de tutela que Javier El\u00edas Arias Idarraga promueve contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira y Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Alcald\u00eda del Municipio de Santa Rosa de Cabal, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Ministerio P\u00fablico y Servientrega S.A.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, pues, de un lado, afirma que el juzgado del circuito que conoce de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 nunca emiti\u00f3 auto admisorio y simplemente orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Municipio de Santa Rosa de Cabal, as\u00ed como tampoco le inform\u00f3 por correo electr\u00f3nico la fecha de la audiencia que en dicho tr\u00e1mite se adelant\u00f3; y de otro, el Tribunal Superior de Pereira no conden\u00f3 en constas a Servientrega, pese a que el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 se desat\u00f3 desfavorablemente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se dejen sin efecto las referidas decisiones y, en su lugar \u00abse sancione a la entidad que pidi\u00f3 la alzada\u00bb  y se d\u00e9 aplicaci\u00f3n a los art\u00edculo 5 y 84 de la ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El tutelante present\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de Servientrega, toda vez que la oficina que dicha entidad tiene en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, no cuentan con la infraestructura necesaria para facilitar el desplazamiento de la poblaci\u00f3n con disminuci\u00f3n f\u00edsica.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de ese lugar, quien mediante auto de 6 de febrero de 2014 admiti\u00f3 la acci\u00f3n y dispuso enterar de aquella a Servientrega S.A., al Defensor del Pueblo, el Ministerio P\u00fablico y la comunidad.  <\/span><\/p>\n

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3. Al considerar necesaria la vinculaci\u00f3n de la Alcald\u00eda de ese lugar, el accionante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. Previo a resolver el medio de impugnaci\u00f3n, el juzgado de conocimiento orden\u00f3 requerir a la Oficina de Planeaci\u00f3n Municipal, a efectos de que verificara la ocurrencia del hecho vulnerador en las oficinas de la entidad accionada.  <\/span><\/p>\n

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5. El 6 de marzo de 2014 se desat\u00f3 adversamente el recurso formulado.  <\/span><\/p>\n

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6. El 28 de marzo siguiente la entidad de correo convocada se notific\u00f3 del inicio del tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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7. Por escrito de 25 de abril siguiente el actor popular insisti\u00f3 en la necesidad del vincular a la administraci\u00f3n municipal.  <\/span><\/p>\n

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8. En auto de 6 de mayo de 2014 la funcionaria a cargo del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se declar\u00f3 impedida para continuar tramitando el asunto, de atender que formul\u00f3 denuncia penal contra el promotor del amparo.  <\/span><\/p>\n

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9. Remitido el asunto al Tribunal de Pereira a efectos de que dicha Corporaci\u00f3n estableciera el funcionario encargado de desatar el impedimento, la entidad convocada contest\u00f3 la queja popular mediante escrito radicado el 3 de junio de esa anualidad.  <\/span><\/p>\n

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10. Asignado el asunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en auto de 20 de junio siguiente aquel avoc\u00f3 conocimiento del tr\u00e1mite y orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Municipio de Santa Rosa de Cabal.  <\/span><\/p>\n

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11. La entidad municipal a trav\u00e9s de escrito de 10 de julio se opuso a las pretensiones de la demanda popular.  <\/span><\/p>\n

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12. En auto de 23 de septiembre de 2014 declar\u00f3 extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n presentada por Servientrega.  <\/span><\/p>\n

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13. Contra la anterior decisi\u00f3n, la demandada formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. Al desatarse adversamente el primero, se concedi\u00f3 el recurso vertical.  <\/span><\/p>\n

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14. En auto de 26 de marzo de 2015, la Sala Civil Familia del Tribunal de Pereira declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n formulado.   <\/span><\/p>\n

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15. Devueltas las diligencias por el superior, en auto de 21 de abril de 2015 el juez de primera instancia, a fin de continuar con el tr\u00e1mite pertinente, convoc\u00f3 a las partes a efectos de evacuar audiencia de pacto de cumplimiento.1  <\/span><\/p>\n

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16. Por escrito de 24 de abril el accionante manifest\u00f3 que por razones de seguridad le era imposible asistir al despacho judicial.  <\/span><\/p>\n

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17. En la fecha programada, ante la inasistencia del actor popular, se declar\u00f3 fallida la audiencia. As\u00ed las cosas, procedi\u00f3 al despacho a resolver sobre el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, ordenando entre ellas la inspecci\u00f3n del inmueble donde la entidad accionada presta sus servicios.   <\/span><\/p>\n

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18. Para el efecto se comision\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, quien en auto de 16 de junio de 2015, fij\u00f3 el d\u00eda 16 del mes siguiente para evacuar la prueba decretada.  <\/span><\/p>\n

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19. En el d\u00eda programado se realiz\u00f3 la inspecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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20. Devuelto el despacho comisorio, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira mediante auto de 12 de agosto lo puso en conocimiento de las partes2.   <\/span><\/p>\n

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21.  El 10 de diciembre de 2015 se dio traslado para que las partes formularan alegatos de conclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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22. En auto de 27 de septiembre de 2016 el juzgador de instancia, tras advertir que no se hab\u00edan realizado las publicaciones previstas en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, dej\u00f3 sin efecto el auto anterior y requiri\u00f3 al accionante para que, so pena de declarar terminado el asunto por desistimiento t\u00e1cito, procediera a realizar las diligencias extra\u00f1adas.  <\/span><\/p>\n

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23. Contra la anterior decisi\u00f3n no se formul\u00f3 recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 inicialmente al Tribunal Superior de Pereira, no obstante al advertirse que la queja constitucional tambi\u00e9n involucraba  actuaciones que estuvieron a su cargo, en auto de 16 de marzo anterior se declar\u00f3 la nulidad del referido auto.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n en auto de del 27 de marzo de 2017 la admiti\u00f3 en primera instancia y orden\u00f3 el traslado de la acci\u00f3n constitucional a todas las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite popular cuestionado. [Folio 32, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El tribunal accionado manifest\u00f3 que el expediente contentivo de proceso cuestionado fue remitido al juez de primera instancia, por lo que se atiene al contenido de la providencia que emiti\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado accionado manifest\u00f3 que  por los mismos hechos el actor popular ya hab\u00eda acudido a la tutela.   <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. 1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto la queja del accionante se limita a tres puntos espec\u00edficos: i) la falta de admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular que present\u00f3 contra Servientrega; ii) la falta de notificaci\u00f3n de las decisiones que all\u00ed se emiten a su correo electr\u00f3nico y iii) la ausencia de condena en costas al demandado, pese a que, afirma, present\u00f3 un recurso de apelaci\u00f3n que fue resuelto desfavorablemente.  <\/span><\/p>\n

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Pues bien, verificadas las referidas situaciones, de cara a lo sucedido dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que se cuestiona, advierte la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, en la medida en que el proceder de los despachos judiciales accionados se ajusta a la normatividad aplicable en cada una de las etapas adelantadas.  <\/span><\/p>\n

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2.1. En cuanto a la primera de la quejas elevadas por el accionante, se advierte su falta de fundamento, pues tal como se desprende de los hechos descritos en la presente providencia, en el tr\u00e1mite cuestionado el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal emiti\u00f3 auto admisorio el 6 de febrero de 2014, y fue solo con ocasi\u00f3n del impedimento manifestado por la funcionaria a cargo de ese estrado judicial, que el expediente fue reasignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, ninguna raz\u00f3n exist\u00eda para que el \u00faltimo de los despachos accionados admitiera nuevamente el asunto constitucional, pues de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 149 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para esa \u00e9poca, el proceder del nuevo funcionario se limita a avocar el conocimiento del asunto y darle continuidad de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentra, lo cual, como qued\u00f3 establecido, ocurri\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Ahora bien, en punto a la inconformidad elevada por la forma en que se notifican las decisiones emitidas en el tr\u00e1mite constitucional cuestionado, necesario es advertir al promotor del amparo que, en trat\u00e1ndose acciones populares cuando la providencia que se pretenda dar a conocer es diferente al auto admisorio, su procedimiento se ci\u00f1e a los lineamientos que al respecto establece la norma procesal civil vigente, por ser una situaci\u00f3n no regulada expresamente en la ley 742 de 19983.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se fij\u00f3 fecha para realizar la audiencia de pacto de cumplimiento, debi\u00f3 notificarse, como en efecto se hizo, a trav\u00e9s de su inclusi\u00f3n en el estado, en la forma y t\u00e9rminos prevista en el art\u00edculo 321 del CPC, hoy 295 del CGP.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Por \u00faltimo, frente a la queja elevada contra el Tribunal, la misma, al igual que las anteriores, resulta improcedente, pues adem\u00e1s de que el amparo en este punto espec\u00edfico no cumple el presupuesto de inmediatez, ya que se present\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de emitida la providencia, en el caso planteado no se cumpl\u00edan los presupuestos para que dicha Corporaci\u00f3n impusiera en contra del recurrente condena en costas.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior de atender que en el prove\u00eddo cuestionado, esto es el emitido el 26 de marzo de 2015, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira no resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada, sino determin\u00f3 que la providencia contra la cual se enfil\u00f3 el mismo -auto a trav\u00e9s del cual se declar\u00f3 extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n de la demanda-, no era susceptible de tal medio de impugnaci\u00f3n, y en ese sentido no pod\u00eda pronunciarse al respecto.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 392 del CPC, s\u00f3lo en caso de que efectivamente se hubieran estudiado por parte del Tribunal las inconformidades expuestas en el medio de impugnaci\u00f3n y estas resultaren desfavorables al demandado era posible imponer condena en costas en su contra, pues estas son procedentes, entre otros, en aquellos casos en los que se \u00abresuelva desfavorablemente un recurso de apelaci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, inexistente se tornan los hechos vulneradores alegados y por lo tanto, ninguna infracci\u00f3n de derechos fundamentales puede enrostrarse a las mismas, por lo que se denegar\u00e1n las suplicas de la tutela.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, del fallo emitido en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Se fij\u00f3 el 13 de mayo de esa anualidad para el efecto.    <\/span><\/p>\n

2 La referida decisi\u00f3n se notific\u00f3 en estado del d\u00eda 14 siguiente.    <\/span><\/p>\n

3 Art\u00edculo 44.      <\/span><\/p>\n

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