{"id":100511,"date":"2026-06-25T20:59:09","date_gmt":"2026-06-25T20:59:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4776-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:59:09","modified_gmt":"2026-06-25T20:59:09","slug":"stc4776-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4776-2017\/","title":{"rendered":"STC4776-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4776-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00763-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en Sala de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leidy Natalia Celis Garz\u00f3n contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Uno de Familia de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El 11 de noviembre de 2003 Oscar Orlando Celis Herrera y Blanca Nieves Herrera Majen, \u00faltima en calidad de representante legal de la menor Diana Paola Celis Herrera, presentaron demanda para que se iniciara la sucesi\u00f3n de Jairo Orlando Celis Rinc\u00f3n, quien falleci\u00f3 el 24 de julio de la misma anualidad.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, quien en auto de 21 de noviembre siguiente declar\u00f3 abierta la sucesi\u00f3n del causante. [Folio 35, Exp. 2003-01161]  <\/span><\/p>\n

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3. Realizadas las publicaciones contempladas en el art\u00edculo 589 del CPC y ante la petici\u00f3n elevada por la accionante, en auto de 26 de enero de 2004 fue reconocida como heredera en el referido tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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4. El 25 de abril de 2007 se llev\u00f3 a acabo diligencia en la que se inventariaron como activos de la sucesi\u00f3n 7 inmuebles, el 50% del capital de una sociedad comercial y dos veh\u00edculos, cuyo valor total ascend\u00eda a $149.660.000.  <\/span><\/p>\n

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5. En auto de 18 de mayo de esa anualidad se dio traslado del inventario allegado y teniendo en cuenta que no se formul\u00f3 reparo alguno, el 20 de junio siguiente se aprob\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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6. En auto de 22 de junio de 2011, se reconoci\u00f3 a M\u00f3nica Hasbleidy Garz\u00f3n Ram\u00edrez, madre de la accionante,  como compa\u00f1era permanente del de cujus.  <\/span><\/p>\n

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7. El 3 de agosto de 2011, se realiz\u00f3 diligencia de inventarios adicionales, en la que se incluy\u00f3 un inmueble de propiedad de la compa\u00f1era permanente.    <\/span><\/p>\n

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8. En auto de 3 de julio de 2012 se orden\u00f3 la partici\u00f3n de los bienes, para lo cual se design\u00f3 auxiliar de justicia.  <\/span><\/p>\n

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9. El 29 de noviembre de 2013 el perito designado procedi\u00f3 a realizar la partici\u00f3n.  En desarrollo de dicha labor inici\u00f3 por precisar que los activos de la sucesi\u00f3n estaban integrados por 5 locales, dos apartamentos, un garaje, 50% de capital de una sociedad, dos veh\u00edculos y una obligaci\u00f3n ejecutiva iniciada por el causante. Establecido lo anterior, asign\u00f3 el 50% de cada uno de los bienes a la compa\u00f1era permanente y el restante, en una proporci\u00f3n equivalente al 16.67%, para cada uno de los tres hijos del causante.  <\/span><\/p>\n

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10. Dentro de la oportunidad pertinente, la accionante y su madre formularon objeci\u00f3n a efectos de que se excluyeran de la partici\u00f3n:  i) tres de los locales incluidos, pues los mismos fueron rematados en un proceso ejecutivo que se adelant\u00f3 contra el causante y se tramita en el Juzgado 37 Civil  Municipal de esta ciudad y  ii) el proceso ejecutivo que en vida inici\u00f3 el causante, pues consideran que el mismo es una mera expectativa.  As\u00ed mismo, consideraron que al asignar en proporciones iguales los inmuebles se genera una comunidad innecesaria.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte los dos hijos restantes del causante, formularon oposici\u00f3n manifestando que el 50% de la totalidad de los bienes se adjudicaron a la compa\u00f1era permanente, sin advertir que varios de ellos son de propiedad exclusiva del de cujus. Coincidieron en manifestar que algunos de los locales fueron rematados en otro proceso.  <\/span><\/p>\n

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11. El 10 de octubre de 2014 el juzgador \u00fanicamente declar\u00f3 prospera la objeci\u00f3n formulada por los herederos, relacionada con la distinci\u00f3n del haber social del privado.  En ese sentido orden\u00f3 al partidor rehacer su trabajo.  En punto al remate de los locales, manifest\u00f3 la improcedencia de excluirlos, de atender que no se allegaron pruebas que demostraran que los mismos salieron del patrimonio del causante.  <\/span><\/p>\n

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12. En cumplimiento de lo ordenado, el auxiliar realiz\u00f3 nuevamente la labor encomendada, no obstante como no se hizo la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, y no se reparti\u00f3 la totalidad de uno de los inmuebles, tras ser impugnada, se dispuso rehacerla.  <\/span><\/p>\n

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13. Presentado el nuevo trabajo, en auto de 27 de julio de 2016 se dispuso su traslado.  <\/span><\/p>\n

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14. En la oportunidad concedida, ninguna de las partes formul\u00f3 oposici\u00f3n a la nueva distribuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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15. En vista de lo anterior, en sentencia de 16 de agosto de 2016 se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n y se orden\u00f3 su inscripci\u00f3n en los folios de matr\u00edculas correspondientes.    <\/span><\/p>\n

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16. Contra la anterior decisi\u00f3n, la apoderada judicial de la accionante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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17. En auto de 29 de agosto de 2016 se concedi\u00f3 en el efecto suspensivo el medio de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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18. Remitido el asunto al Tribunal, la Sala de Familia en auto de 6 de septiembre de 2016 lo declar\u00f3 inadmisible, de atender que la recurrente carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa, toda vez que no objet\u00f3 la \u00faltima partici\u00f3n realizada.   <\/span><\/p>\n

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19. La accionante acude al amparo constitucional, por considerar que tanto la inadmisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n, como la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n vulneran sus derechos.  En cuanto a lo primero aduce que al haber objetado la repartici\u00f3n inicialmente realizada, era evidente que las quejas de su apelaci\u00f3n guardaban similitud con aquellas.  Frente a lo segundo, aduce que se le adjudicaron bienes que se encuentran embargados en un proceso ejecutivo, por lo que no le ser\u00e1 posible disfrutarlos.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 inicialmente al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, no obstante al advertirse que la queja constitucional tambi\u00e9n involucraba  actuaciones que estuvieron a su cargo, en auto de 17 de marzo anterior se declar\u00f3 la nulidad del referido auto.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo de 27 de marzo de 2017 la admiti\u00f3 en primera instancia y orden\u00f3 el traslado de la acci\u00f3n constitucional a todas las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite popular cuestionado.  <\/span><\/p>\n

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2. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no ha vul\u00f1nerado los derechos de la accionante, pues la providencia que declar\u00f3 inadmisibl el recurso de apelaci\u00f3n, se ajusta a la legislaci\u00f3n aplicable al asunto.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte el juzgado Treinta y Uno de Familia manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos de la accionante, pues teniendo en cuanta que contra el \u00faltimo trabajo de partici\u00f3n realizado por el auxiliar de justicia no se formul\u00f3 objeci\u00f3n, lo procedente era su aprobaci\u00f3n, a trav\u00e9s de sentencia.  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso la accionante cuestiona la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 inamisible el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n en la causa mortuoria de su padre, no obstante, verificados los fundamentos expuestos en la providencia, esta Sala no encuentra fundamento en la queja que al respecto se eleva.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para declarar la inadmisibilidad del medio de impugnaci\u00f3n en comento, adujo el juez colegiado que \u00abquienes impugnan la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n carecen de inter\u00e9s para ello, por no haber objetado el trabajo  refaccionado que le fue puesto en conocimiento por el t\u00e9rmino de ley\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Dicha decisi\u00f3n, tiene sustento en el contenido del numeral 2 del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual  \u00absi ninguna objeci\u00f3n se propone, el juez dictar\u00e1 sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, la cual no es apelable\u00bb (subraya fuera del texto)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, ninguna raz\u00f3n hay para considerar que la inadmisi\u00f3n del medio de impugnaci\u00f3n formulado comporte una v\u00eda de hecho, pues en reiteradas ocasiones y en casos similares al aqu\u00ed estudiado, esta Corporaci\u00f3n ha sido insistente en se\u00f1alar que determinaci\u00f3n de tal caracter\u00edstica:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[C]arece de arbitrariedad, pues fue el resultado de una correcta hermen\u00e9utica, la cual resultaba aplicable al asunto objeto de examen, por lo que no puede calificarse de antojadiza o caprichosa.  <\/span><\/p>\n

En efecto, tal y como lo anot\u00f3 el juez de instancia, si bien el actor atac\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n, dicho recurso no pod\u00eda ser concedido, teniendo en cuenta que cuando se corri\u00f3 traslado al accionante del trabajo de partici\u00f3n presentado por el respectivo partidor, \u00e9ste guard\u00f3 silencio y no formul\u00f3 objeci\u00f3n alguna, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de cuestionar la sentencia que aprob\u00f3 el mismo, teniendo en cuenta que el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 611 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9, que \u201cSi ninguna objeci\u00f3n se propone, el juez dictar\u00e1 sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, la cual no es apelable\u201d\u00bb (STC14172-2014)  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, no hay raz\u00f3n para que el juez constitucional intervenga en la actuaci\u00f3n debatida, siendo pertinente recordar que la acci\u00f3n de tutela no puede ser empleada para soslayar que es en el proceso judicial donde -por excelencia- debe procurarse la protecci\u00f3n de las prerrogativas de orden fundamental de quienes participan en el litigio.  <\/span><\/p>\n

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Siendo la misma situaci\u00f3n la que imposibilita que por esta v\u00eda se revise el trabajo de partici\u00f3n realizado en el juicio cuestionado, pues las quejas que eleva la tutelante debieron formularse por v\u00eda de objeci\u00f3n contra el \u00faltimo labor\u00edo realizado por el auxiliar de justicia.  <\/span><\/p>\n

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Y si bien, no se desconoce que la heredera formul\u00f3 objeci\u00f3n contra el primer trabajo de partici\u00f3n, lo cierto es que tal alegato se declar\u00f3 impr\u00f3spero mediante auto de 10 de octubre de 2014, determinaci\u00f3n contra la cual ning\u00fan reparo formul\u00f3 la quejosa.  <\/span><\/p>\n

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3. De ese modo, si la tutelante no aprovech\u00f3 los instrumentos de defensa que tuvo a su alcance dentro del cauce procesal cuestionado, no puede aspirar a que en esta excepcional v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ SC 26 Ene. 2011, Exp. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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