{"id":100514,"date":"2026-06-25T20:59:22","date_gmt":"2026-06-25T20:59:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4781-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:59:22","modified_gmt":"2026-06-25T20:59:22","slug":"stc4781-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4781-2017\/","title":{"rendered":"STC4781-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4781-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00802-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco   (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Alfonso M\u00e9ndez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, revocar \u00ablos autos contrarios a la ley[,] prosiguiendo el proceso (\u2026) ejecutivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Con fundamento en una prueba anticipada (interrogatorio de parte) el accionante formul\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Jos\u00e9 Ar\u00edstides Rodr\u00edguez Mart\u00ed, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, el que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo, el 8 de julio de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Contra esa decisi\u00f3n el ejecutado interpuso reposici\u00f3n, alegando que exist\u00eda \u00abuna irregularidad en la notificaci\u00f3n para la citaci\u00f3n a la diligencia de interrogatorio de parte (\u2026), lo que conlleva[ba] a que el t\u00edtulo ejecutivo base del recaudo carezca de valor o de ejecutividad\u00bb, argumento que acogi\u00f3 el juez a quo, por lo que, mediante prove\u00eddo del 14 de septiembre de 2015, revoc\u00f3 la orden de apremio y, en su lugar, la neg\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Frente a dicha providencia el ejecutante interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero con auto del 20 de octubre de 2015, en el que, adem\u00e1s, se concedi\u00f3 la alzada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        A trav\u00e9s de determinaci\u00f3n del 8 de febrero de 2017, el Tribunal criticado confirm\u00f3 el prove\u00eddo apelado, pero acudiendo a motivaciones distintas a las que tuvo en cuenta el juez de primera instancia, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 en s\u00faplica el apelante, el cual fue rechazado con auto del 3 de marzo de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Adujo el peticionario que \u00abla apelaci\u00f3n estaba limitada al motivo de la impugnaci\u00f3n, o sea, a la indebida notificaci\u00f3n para el interrogatorio de parte y no le estaba permitido al Magistrado Sustanciador estimar nada diferente al motivo de la alzada, so pena de incurrir (\u2026) en motivo de incongruencia\u00bb y que el Tribunal \u00abconvierte la confesi\u00f3n en ineficaz y olvida que la diligencia es un mecanismo para relevar al peticionario de probar los hechos del proceso sobre los puntos que versen las preguntas asertivas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 28 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que \u00aben el auto calendado 08 de febrero de 2017, no se incurri\u00f3 ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n (\u2026) en violaci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Juzgado Segundo Civil Municipal de Honda manifest\u00f3 atenerse \u00aba lo que se resuelva\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto para desestimar la alzada interpuesta, desconoci\u00f3 el contenido de la confesi\u00f3n ficta que se aport\u00f3 como soporte de la ejecuci\u00f3n y de la cual se derivaba una obligaci\u00f3n con las connotaciones que exig\u00eda el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma vigente para el momento en el que se promovi\u00f3 la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que, tras desechar los alegatos enfilados a cuestionar la legalidad del enteramiento de la providencia que convoc\u00f3 al ejecutado a la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte solicitado por su antagonista, indic\u00f3 el Tribunal que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo expuesto, que implicar\u00eda revocar el auto atacado, tal como se precis\u00f3 en los albores de este prove\u00eddo, se confirmar\u00e1, pero por la pot\u00edsima raz\u00f3n de la inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo, en la medida que, la confesi\u00f3n ficta arrimada como base del recaudo no cumple las exigencias del art\u00edculo 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estudio de idoneidad del t\u00edtulo que fue pretermitido por el juez de instancia, quien estaba llamado a realizarlo.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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En verdad, el contenido de la confesi\u00f3n presunta no revela la existencia [de la obligaci\u00f3n] que se dice adeuda el absolverte al se\u00f1or Jos\u00e9 Alfonso M\u00e9ndez, pues se echa de menos, vicisitudes propias de la prestaci\u00f3n, tales como, el momento de su nacimiento, la manera como se convino su pago, el vencimiento de la misma a fin de establecer el momento de exigibilidad, y la tasa de inter\u00e9s aplicable. Circunstancias que hacen inid\u00f3neo el t\u00edtulo en la medida que no satisface las demandas de claro, expreso y exigible.  <\/span><\/p>\n

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Al contrario con lo pretendido, el interrogatorio de parte extraproceso, a lo sumo, acredita el convenio negocial ajustado entre las partes, en cuanto constituir una sociedad de hecho para el desarrollo de un proyecto de vivienda, tan as\u00ed, que el contexto de los cuestionamientos, permiten deducir, que la suma pretendida a cobrar por el cauce del rito ejecutivo resulta de la \u00ab\u2026 propuesta de liquidaci\u00f3n de la sociedad de hecho\u00bb, remitida por el mismo absolvente confeso a su socio en calenda del 26 de enero de 2015, y con ello, se alude a la existencia e incumplimiento de una relaci\u00f3n contractual, y de manera alguna, a una obligaci\u00f3n dinerada adeudada por el se\u00f1or Ar\u00edstides Mauricio Rodr\u00edguez. (Resaltado ajeno al texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pues bien, revisada el acta contentiva de la prenotada confesi\u00f3n ficta, se advierte que en ella s\u00ed est\u00e1n presentes los elementos echados de menos por el estrado encartado.  <\/span><\/p>\n

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3.1.        En efecto, en cuanto a la manera en la cual se convino el pago de la acreencia que se reputa insatisfecha, se advierte que en la octava pregunta del interrogatorio se cuestion\u00f3 \u00absi [era] cierto que, hecho un acuerdo verbal de pago, usted s\u00f3lo ha pagado la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE\u00bb, de lo que si infiere que el cr\u00e9dito se desprendi\u00f3 de tal \u00abacuerdo verbal de pago\u00bb (subray\u00f3 la Sala).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2.        Respecto a la fecha de la exigibilidad, en el citado cuestionario se pregunt\u00f3 \u00absi [era] cierto que en la actualidad usted adeuda, con ocasi\u00f3n del mencionado proyecto de vivienda BAVIERRA MEDITERRANE al se\u00f1or Jos\u00e9 Alfonso M\u00e9ndez, la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE, con car\u00e1cter de exigibles desde enero 29 de 2015\u00bb (pregunta 13). Entonces, al declararse confeso al antagonista del gestor, respecto de los hechos que conten\u00eda tal interrogante, se concluye que la suma adeudada ascend\u00eda a $204\u2019000.000,oo, la que deb\u00eda ser cancelada el 26 de enero de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3.        Ahora, importante es indicar que no es requisito necesario, para la constituci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo respecto del capital reclamado, que en la valorada confesi\u00f3n ficta se hubiera precisado el momento de nacimiento de la obligaci\u00f3n ni la tasa de inter\u00e9s, pues lo cierto es que de los hechos tenidos como confesados, derivados de los interrogantes en antelaci\u00f3n trascritos, se acredita la existencia de un cr\u00e9dito claro, expreso y exigible por valor de $204\u2019000.000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo primero, que en verdad alude al negocio causal, puede ser materia de mecanismos defensivos por el ejecutado, pero no es requisito del t\u00edtulo ejecutivo, porque no existe norma en el ordenamiento que imponga la obligaci\u00f3n de describir el negocio causal en tal t\u00edtulo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el \u00faltimo de los aspectos rese\u00f1ados, baste con decir que es una contingencia que habr\u00e1 de dilucidar el juez ordinario en procura de verificar si hay lugar a reconocer dichos r\u00e9ditos y, en caso afirmativo, si deben ser civiles o comerciales. Ello en acatamiento de lo reglado en el art\u00edculo 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual \u00ab[p]resentada la demanda con arreglo a la ley, acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aqu\u00e9l considere legal\u00bb (negrillas y subrayas por la Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Como conclusi\u00f3n de lo dicho, es evidente que el Tribunal incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, lo que impone la concesi\u00f3n del amparo. Sobre la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es preciso en este punto memorar que seg\u00fan el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u201c[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. (\u2026) El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d. Precepto que armoniza con el art\u00edculo 304 del citado estatuto que contempla que la motivaci\u00f3n de la sentencia \u201cdeber\u00e1 limitarse al examen cr\u00edtico de las pruebas\u201d, disposiciones que no fueron debidamente observadas por el funcionario de segundo grado al preterir, se insiste, el examen de los instrumentos de convicci\u00f3n referidos en el p\u00e1rrafo precedente, configurando as\u00ed una v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el punto, ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica  (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Lo considerado impone, como se anunci\u00f3 en antelaci\u00f3n, conceder el resguardo rogado, ante la evidente vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del promotor, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que, tras dejar sin efecto la providencia censurada, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Jos\u00e9 Alfonso M\u00e9ndez. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, deje sin efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 8 de febrero de 2017 en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Alfonso M\u00e9ndez contra Jos\u00e9 Ar\u00edstides Rodr\u00edguez Mart\u00ed (rad. 73-349-31-03-001-2015-00070-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas, contado desde la misma data, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el all\u00ed ejecutante (Jos\u00e9 Alfonso M\u00e9ndez), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tercero: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda (Tolima), remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente objeto de la queja constitucional a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC4781-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00802-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., cinco   (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100514","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100514"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100514\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}