{"id":100515,"date":"2026-06-25T20:59:27","date_gmt":"2026-06-25T20:59:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4782-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:59:27","modified_gmt":"2026-06-25T20:59:27","slug":"stc4782-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4782-2017\/","title":{"rendered":"STC4782-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4782-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00714-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco   (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carmen Eliza Lozano Perdomo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados 37 y 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n Civiles del Circuito de este distrito capital, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Sin formular petici\u00f3n concreta, la promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, igualdad y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El Banco Davivienda S.A., promovi\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria contra Luis Miguel Lozano Perdomo y Carmen Eliza Lozano Perdono, tr\u00e1mite en el que se orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n, mediante sentencia del 27 de julio de 2009, decisi\u00f3n contra la cual la parte ejecutada interpuso apelaci\u00f3n, siendo confirmada por el Tribunal criticado, a trav\u00e9s de providencia del 3 de marzo de 2010.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Posteriormente, en el a\u00f1o 2012, los ejecutados solicitaron se practicara la reestructuraci\u00f3n de su cr\u00e9dito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999, lo que neg\u00f3 el a quo con prove\u00eddo del 7 de febrero de 2013.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Adujo la inconforme que \u00abel Banco Davivienda no reestructur\u00f3 el cr\u00e9dito\u00bb, en los t\u00e9rminos previstos en el citado art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999, ni tampoco en los que consagra el art\u00edculo 42 de esa misma normatividad, omisi\u00f3n esta \u00faltima que \u00abse convierte en una limitaci\u00f3n insuperable para que se presente y\/o contin\u00fae con el proceso ejecutivo hipotecario (\u2026) en virtud de lo ordenado por la sentencia C-955 de 2000\u00bb, circunstancia que no valoraron los despachos judiciales accionados.  <\/span><\/p>\n

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       3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 28 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        Banco Davivienda S. A., expres\u00f3 que \u00abla accionante cuenta con otros medios judiciales para obtener la protecci\u00f3n de sus derechos\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de demanda y de los elementos de prueba recaudados, extracta la Corte que la promotora cuestiona (i) la providencia calendada 7 de febrero de 2013, con la que el juzgado convocado neg\u00f3 la solicitud de reestructuraci\u00f3n que elev\u00f3 el extremo ejecutado, con fundamento en el art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999; y (ii) la ejecuci\u00f3n hipotecaria adelantada en su contra, sin que se hubiera adelantado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos que establece el art\u00edculo 42 de esa misma normatividad.  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Respecto al primero de esos reparos, encuentra la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de proferimiento de la decisi\u00f3n censurada (7 de febrero de 2013) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 17 de marzo de 2017, transcurrieron m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este recurso excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01).  <\/span><\/p>\n

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Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015).  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En lo que ata\u00f1e al segundo de los reproches elevados, concluye la Sala la improcedencia del amparo, habida cuenta que la gestora al interponerlo, no atendi\u00f3 el principio de subsidiariedad que enmarca su procedibilidad, toda vez que no ha esgrimido, ante el funcionario judicial que tramita la ejecuci\u00f3n a la que se contrae la queja constitucional, la ausencia de la reestructuraci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 42 de la tantas veces citada Ley 546 de 1999, seg\u00fan se verific\u00f3 en el expediente respectivo, lo que denota que a su alcance tiene un medio judicial id\u00f3neo de defensa.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, al verificarse la improcedencia del amparo reclamado, as\u00ed deber\u00e1 declararse, al existir ese otro mecanismo de defensa para alegar la inconformidad planteada en sede constitucional, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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