{"id":100517,"date":"2026-06-25T20:59:41","date_gmt":"2026-06-25T20:59:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4784-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:59:41","modified_gmt":"2026-06-25T20:59:41","slug":"stc4784-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4784-2017\/","title":{"rendered":"STC4784-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4784-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Azucena Elizabeth Arias Jim\u00e9nez, contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar; tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al admitir como pasivo de la sociedad patrimonial que se liquida entre ella y su ex compa\u00f1ero permanente, dos letras de cambio, cuando, en su sentir, \u00e9stas no re\u00fanen los requisitos legales para ser consideradas t\u00edtulo ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende, que se ordene a las accionadas restablecer sus garant\u00edas vulneradas en un plano no mayor a 48 horas. [Folios 1-4, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2014, la promotora del amparo present\u00f3 demanda contra Arlex Oliveros Escamilla, para que se declarara la uni\u00f3n marital de hecho entre ellos y en estado de liquidaci\u00f3n y disoluci\u00f3n la sociedad patrimonial derivada de aquella.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar (Tolima), que lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y orden\u00f3 las notificaciones de rigor.  <\/span><\/p>\n

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3. Integrado el contradictorio, el 25 de marzo de 2015, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en desarrollo de la cual, ante el acuerdo de las partes, se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 27 de mayo siguiente, a solicitud de la reclamante, se dio inicio al tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial.  <\/span><\/p>\n

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5. El 27 de abril de 2016, se adelant\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos, donde la demandante formul\u00f3 objeciones contra los pasivos presentados por su contraparte.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 23 de mayo posterior, se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la relaci\u00f3n de bienes y deudas, incluyendo dos letras de cambio presentadas por el demandado, por valores de once y catorce millones de pesos, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Inconforme, la tutelante formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. La censura principal fue resuelta adversamente y concedida la secundaria ante el Tribunal Superior.  <\/span><\/p>\n

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9. El Juez Ad quem, en providencia de 16 de diciembre de 2016, ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada, por considerar que de las pruebas practicadas en el asunto, se puede concluir fundadamente la existencia de las deudas a cargo de la sociedad patrimonial en liquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. En criterio de la peticionaria del amparo, los derechos invocados fueron vulnerados, pues los juzgadores de instancia desconocieron que al carecer de fecha de exigibilidad, las letras de cambio presentadas por su ex compa\u00f1ero sentimental, eran inadmisibles como parte del pasivo de la sociedad patrimonial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita el amparo de sus garant\u00edas en la forma vista.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 29 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 6, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. A solicitud de este Despacho, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, remiti\u00f3 copia de la providencia que por esta v\u00eda censura la libelista.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el juzgado Promiscuo de Familia de Melgar, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n al suministro de los datos de notificaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el juicio objeto de cuestionamiento y as\u00ed mismo, remiti\u00f3 copia de las piezas procesales principales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, y por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub judice, del examen de la providencia en la cual se origina el reproche, esto es, el auto de segunda instancia emitido el 16 de diciembre de 2016 por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y de los argumentos en que la accionante funda su inconformidad, no se advierte la vulneraci\u00f3n alegada, toda vez que el fallador realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso, con base en los supuestos f\u00e1cticos sometidos a su an\u00e1lisis y en las pruebas recaudadas en la tramitaci\u00f3n, adoptando una decisi\u00f3n coherente, razonable y motivada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la sede plural cuestionada al desatar el recurso de apelaci\u00f3n promovido por el extremo accionante, valor\u00f3 en conjunto los medios probatorios obrantes en el proceso y concluy\u00f3 que de los mismos derivaba una conclusi\u00f3n diferente a la expuesta por la tutelante, porque estos permit\u00edan establecer que el pasivo de la sociedad patrimonial derivada de la uni\u00f3n marital de hecho declarada por consenso de las partes, estaba integrado, entre otros por dos pr\u00e9stamos adquiridos por el compa\u00f1ero permanente para mejoras de la vivienda de la pareja, garantizados con dos letras de cambio por valores de once y catorce millones de pesos.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior por cuanto, seg\u00fan explic\u00f3 la autoridad demandada  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026En esta oportunidad, observa esta Corporaci\u00f3n que la controversia se deriva de la inclusi\u00f3n que hizo el demandado, dentro de los pasivos de la sociedad patrimonial que conform\u00f3 con la se\u00f1ora Azucena Elizabeth Arias Jim\u00e9nez, entre otras, de las siguientes deudas sociales:  <\/span><\/p>\n

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\u201cPARTIDA PRIMERA:  <\/span><\/p>\n

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Capital $14.000.000 a una tasa del 1.5% de inter\u00e9s mes anticipado los cuales fueron prestados por el se\u00f1or Luis Ernesto Cort\u00e9s Mac\u00edas, (\u2026) al demandado el 8 de junio de 2013, para adquirir las mejoras del inmueble relacionado en la partida primera de los activos\u201d.     <\/span><\/p>\n

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Intereses $7.350.000 de treinta y cinco (35) meses a 1.5% mes anticipado sobre $14.000.000  <\/span><\/p>\n

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Valor de total de este pasivo a la fecha\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\u2026..$21.350.000  <\/span><\/p>\n

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PARTIDA SEGUNDA:  <\/span><\/p>\n

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Capital $11.000.000 a una tasa del 3% de inter\u00e9s mes anticipado los cuales fueron prestados por el se\u00f1or V\u00edctor Julio Ch\u00e1vez, (\u2026) al demandado el 5 de junio de 2013, para dejar habitable el inmueble relacionado en el literal a de los activos e invertir en el activo descrito en la partida primera de los activos.  <\/span><\/p>\n

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Intereses $11.550.000 correspondientes al valor cancelado de intereses durante treinta y cinco (35) meses a 3% mes anticipado sobre $11.000.000.  <\/span><\/p>\n

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Valor de este pasivo a la fecha\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\u2026\u2026..$22.550.000  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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4.- De cara a los cuestionamientos que plantea la demandante en su impugnaci\u00f3n, se dir\u00e1 frente a cada argumento lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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4.1. La falta de fecha de vencimiento, implica que las letras de cambio no re\u00fanen el requisito de la exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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En este punto, debe advertirse que resulta equivocado supeditar, en todos los casos, la exigibilidad del t\u00edtulo, a la anotaci\u00f3n que se haga en el mismo de la fecha de vencimiento de la obligaci\u00f3n, pues claro est\u00e1 que, como lo ha explicado la jurisprudencia, \u201cen lo que se refiere a la creaci\u00f3n de \u2018letras de cambio\u2019 sin fecha de vencimiento, encontramos que el C\u00f3digo de Comercio contempla como una de sus formas la denominada \u2018a la vista\u2019, entendida que esta se cumple con la presentaci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del tomador de la misma, en el evento que en su texto no contenga un d\u00eda cierto para hacer exigible el derecho all\u00ed incorporado\u201d1, y bajo este criterio, la aparente incertidumbre e irregularidad que plantea la recurrente dentro del tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n, aun cuando no tengan la fecha de vencimiento, resulta insuficiente para derrumbar el poder\u00edo ejecutivo contenido en los t\u00edtulos aportados, m\u00e1s aun, cuando esta parte no emprendi\u00f3 ninguna labor probatoria que demostrara que las condiciones reales que rodearon su creaci\u00f3n habr\u00edan sido otras, pues dicha parte, ni siquiera asumi\u00f3 la m\u00ednima carga de acreditaci\u00f3n que le incumb\u00eda, acorde con lo normado en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, ante la posibilidad que existe de ejecutar \u201ca la vista\u201d un t\u00edtulo sin fecha de vencimiento, se tiene entonces que las letras de cambio aportadas al presente diligenciamiento, cumplen no solo con los requisitos generales establecidos en el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio, sino tambi\u00e9n con los especiales contenidos en la misma reglamentaci\u00f3n para el aludido t\u00edtulo valor, desprendi\u00e9ndose de estas las deudas reclamadas, con las caracter\u00edsticas de ser una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigibles (Art. 488 C.P.C.,), lo que hace posible su inclusi\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho que en el presente asunto se declar\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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4.2. Las pruebas no dan cuenta que las sumas relacionadas fueran utilizadas para adquirir la vivienda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De una valoraci\u00f3n conjunta y ponderada del haz probatorio, y atendiendo las pautas de la sana cr\u00edtica, encuentra la Sala que las manifestaciones de Guillermo Mej\u00eda Bautista, Gladys Hern\u00e1ndez Romero, Alfonso Rubio Gir\u00f3n, Luis Ernesto Cort\u00e9s Mac\u00edas y V\u00edctor Julio Ch\u00e1vez, personas cercanas a los declarados compa\u00f1eros permanentes, se muestran coincidentes y convincentes cuando afirman que el se\u00f1or Arlex Oliveros Escamilla, para el momento de la compraventa del inmueble, ten\u00eda dificultades econ\u00f3micas que le imped\u00edan asumir, por s\u00ed solo y en su totalidad, el valor de la negociaci\u00f3n, y que para cumplir su cometido, debi\u00f3 acudir a personas naturales utilizando como respaldo de las respectivas obligaciones, las letras de cambio, sin que exista otro elemento probatorio que permita siquiera contemplar la posibilidad de que las condiciones de la \u00e9poca del demandado hubiesen sido diferentes, o que las sumas adeudadas hayan tenido una destinaci\u00f3n diferente a la que se aleg\u00f3, sin que el hecho de que en la escritura p\u00fablica de compraventa no haya quedado consignado cu\u00e1l era el origen de los recursos econ\u00f3micos, le reste credibilidad probatoria a los testigos, pues no existe alg\u00fan indicio que permita considerar que en verdad ocurri\u00f3 algo diferente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3. Ausencia de prueba de la capacidad econ\u00f3mica de los acreedores.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, frente a este argumento se insiste en el incumplimiento de la carga probatoria de manos de quien plante\u00f3 la objeci\u00f3n (demandante), y sobresalen nuevamente las aseveraciones exteriorizadas por los acreedores, quienes sustentaron, de forma aceptable y razonable, que se encontraban en las condiciones econ\u00f3micas para prestar las sumas de dinero que ahora reclaman.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esa manera, la sede judicial dio valor probatorio a los medios de conocimiento recaudados al tramitar las objeciones que la quejosa plante\u00f3 contra las deudas presentadas por su contraparte, as\u00ed como los pronunciamientos jurisprudenciales que sobre la materia ha efectuado esta Corporaci\u00f3n y con base en aquellos ejercicios hermen\u00e9uticos concluy\u00f3 que los t\u00edtulos cumpl\u00edan con las exigencias de ley para ser incluidos como pasivo de la sociedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Tal decisi\u00f3n, como se precis\u00f3, no se evidencia infundada ni irrazonable, pues se sustent\u00f3 en el an\u00e1lisis detenido de las pruebas obrantes en el juicio, circunstancia por la cual el sentenciador de tutela no est\u00e1 llamado a intervenir, pues constitucional y legalmente dicha actividad le compete a los jueces en su funci\u00f3n privativa de administrar justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, es incontestable que no se transgreden los derechos fundamentales de la accionante, y en ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n de \u00e9ste se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo desacuerdo frente a la valoraci\u00f3n de las pruebas, lo cual, naturalmente excede el \u00e1mbito de la acci\u00f3n constitucional, dada la naturaleza residual de este mecanismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En ese orden, el amparo invocado es improcedente, desde que no se autoriza por esa v\u00eda, derribar decisiones proferidas v\u00e1lidamente con respeto de las garant\u00edas procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, se pretende hacer valer el criterio del tutelante sobre el consignado en su decisi\u00f3n por el juez natural, am\u00e9n de proponer una evaluaci\u00f3n probatoria distinta de aquella realizada sin llegar al l\u00edmite de la arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la autonom\u00eda que en tal tarea se le reconoce al juzgador.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb.2  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, que configurar\u00edan defecto f\u00e1ctico por error en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios de prueba se advierten en la apreciaci\u00f3n del accionado, no puede la Corte interferir en la labor que acometi\u00f3 con respaldo en la independencia que le reconoce la Carta Pol\u00edtica.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. Sentencia 30 de septiembre de 2013. No. 76111-22-13-000-2013-00206-01. M.P. Margarita Cabello Blanco.    <\/span><\/p>\n

2 Sentencias de tutela de 24 de junio de 2004, exp. 00142-01; 27 de junio de 2007, exp. 00911-00; 3 de noviembre de 2009, exp. 01371-01; 16 de junio de 2011, exp. 01192-00; 25 de enero de 2012, exp. 00001-00, entre otras.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4784-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Azucena Elizabeth Arias Jim\u00e9nez, contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100517","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100517\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}