{"id":100518,"date":"2026-06-25T20:59:44","date_gmt":"2026-06-25T20:59:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4785-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:59:44","modified_gmt":"2026-06-25T20:59:44","slug":"stc4785-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4785-2017\/","title":{"rendered":"STC4785-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4785-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00807-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., cinco   (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz A\u00edda Cruz Moreno contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y el Municipio de Manizales \u2013 Secretar\u00edas de Obras P\u00fablicas y Planeaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1.        Sin formular pretensi\u00f3n concreta, la promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la vivienda digna\u00bb y \u00abel principio de la Confianza Leg\u00edtima\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Mediante Resoluci\u00f3n 16 del 7 de mayo de 2014, la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n-Inspecci\u00f3n de Control Urbano, \u00abimpuso multa y la demolici\u00f3n de las obras ilegales por parte del responsable GUSTAVO CASTA\u00d1O LOAIZA\u00bb, decisi\u00f3n confirmada con Resoluci\u00f3n 31 de 2014.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        La Propiedad Horizontal Conjunto Cerrado Arboletes promovi\u00f3 acci\u00f3n de cumplimiento contra el Municipio de Manizales, con la finalidad de que la entidad demandada ejecutara los actos administrativos antes referidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Mediante sentencia del 4\u00b0 de octubre de 2016, se accedi\u00f3 a las s\u00faplicas, providencia que fue apelada, siendo confirmada por el Tribunal criticado, a trav\u00e9s de fallo calendado 26 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Indic\u00f3 la peticionaria que \u00abes propietaria de un inmueble conocido como la casa No. 12 (\u2026), el cual ser\u00e1 utilizado para su vivienda y la de su familia\u00bb, sobre el cual recae la orden de demolici\u00f3n; que la vivienda se construy\u00f3 \u00aba ciencia y paciencia de la autoridad administrativa municipal\u00bb, sin que advirtiera \u00abque exist\u00eda alg\u00fan tipo de irregularidad en cuanto a la licencia de construcci\u00f3n  y\/o el espacio que estaba ocupando el inmueble\u00bb, as\u00ed como tampoco se \u00abimpidi\u00f3 al constructor la comercializaci\u00f3n del inmueble\u2026\u00bb, por lo que \u00abadquiri\u00f3 el inmueble de buena fe, confiando en que todo se hallaba en regla\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Agreg\u00f3 que las autoridades criticadas \u00abdesconocieron el precedente jurisprudencial sobre la imposibilidad de la acci\u00f3n de cumplimiento de actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto\u00bb, \u00abde normas o actos administrativos que persiguen establecer gastos\u00bb y \u00abno se tuvo en cuenta (\u2026) el deber inobjetable que debe contener el Acto Administrativo cuyo cumplimiento se demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 28 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales inform\u00f3 que en la acci\u00f3n de cumplimiento criticada \u00abno actu\u00f3 como parte o tercera interviniente la se\u00f1ora Luz Aida Cruz Moreno, de quien no se advierte participaci\u00f3n dentro del dossier\u00bb y, adem\u00e1s, expres\u00f3 que se atiene \u00abal contenido de las providencias dictadas en el curso del tr\u00e1mite del proceso y los argumentos contenidos en las mismas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Alcald\u00eda de Manizales se\u00f1al\u00f3 que \u00abno existe prueba alguna que permita concluir que (\u2026) haya violado o amenace violar los derechos fundamentales a que hace referencia la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Del escrito de demanda y de los elementos de prueba recaudados, extracta la Corte que la promotora cuestion\u00f3 (i) la sentencia calendada 26 de enero de 2017, con la que el Tribunal convocado confirm\u00f3 la que dict\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, el 4 de octubre de 2016, mediante la que se accedi\u00f3 a las s\u00faplicas que elev\u00f3 el Conjunto Cerrado los Arboletes en la acci\u00f3n de cumplimiento objeto de la queja constitucional; y (ii) la Resoluci\u00f3n 16 de 2014, confirmada con Resoluci\u00f3n 31 de esa misma anualidad, a trav\u00e9s de la cual se impuso una multa por violaci\u00f3n de normas urban\u00edsticas, se concedi\u00f3 un plazo para adecuar las viviendas ubicadas en el Conjunto Santa Mar\u00eda del Camino y, en caso de no cumplirse con la \u00faltima de esas \u00f3rdenes, dispuso la demolici\u00f3n de las obras por la administraci\u00f3n municipal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Respecto a la primera de esas quejas, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la peticionaria carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio fuente del reclamo, por no ser parte de dicha contienda, seg\u00fan lo inform\u00f3 el juzgado convocado (folio 62, cuaderno de la Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, en un asunto de contornos similares al de ahora, la Sala precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se advierte que la promotora no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, por lo que no puede promover el resguardo a t\u00edtulo personal, pues el hecho de ser la actual propietaria de uno de los inmuebles afectados con la orden de cumplimiento, no la habilita para acudir directamente a la tutela a cuestionar las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite acusado, m\u00e1xime cuando, en su momento, tuvo la oportunidad de intervenir en el mismo pero no lo hizo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        En lo que ata\u00f1e a la censura dirigida contra el Municipio de Manizales, se advierte que esta Corporaci\u00f3n ya se pronunci\u00f3 sobre la controversia surgida en torno a la Resoluci\u00f3n 16 del 7 de mayo de 2014, confirmada con Resoluci\u00f3n 31 de 2014, a cuyas motivaciones habr\u00e1 de remitirse en esta ocasi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en oportunidad anterior, en un caso con id\u00e9nticas connotaciones, se indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Germ\u00e1n Andr\u00e9s Valencia Franco en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Emilio, Martina y Lorenzo Valencia Dur\u00e1n, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues en lo que toca con el reproche endilgado contra las Resoluciones No. 16 y 31 de 7 de mayo y 7 de julio de 2014, por medio de las cuales la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Manizales dispuso, entre otros, \u00abIMPONER MULTA de CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($110.764.936.oo) (\u2026) al se\u00f1or GUSTAVO CASTA\u00d1O LOAIZA (\u2026), responsable de las obras sin SUJECION A LA LICENCIA en el (\u2026) CONJUNTO SANTA MARIA DEL CAMINO (TERCERA Y ULTIMA ETAPA)\u00bb, y, en caso de incumplir lo anterior, de un lado, \u00abORDENAR la suspensi\u00f3n de los servicios p\u00fablicos domiciliarios\u00bb, y de otro, \u00aba costa del interesado se llevar\u00e1 a cabo la demolici\u00f3n de las obras ejecutadas\u00bb; y, confirmar lo resuelto1, respectivamente, se advierte que, a m\u00e1s que el aqu\u00ed interesado no las cuestion\u00f3 a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas pertinentes, el amparo invocado no cumple con el presupuesto de la inmediatez, si en cuenta se tiene que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 20 de febrero de la presente anualidad (fl. 27), esto es, dos a\u00f1os y casi siete meses despu\u00e9s de haberse emitido \u00e9stas, circunstancia que evidencia, entonces, la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la tem\u00e1tica que se debate no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las se\u00f1aladas resoluciones, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado requisito, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. (STC3224-2017; reiterada en STC3952-2017)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En dicha providencia, adem\u00e1s destac\u00f3 esta Corporaci\u00f3n lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, cabe acotar, que el gestor y los dem\u00e1s afectados con las memoradas actuaciones, cuentan con las acciones civiles previstas en nuestro ordenamiento para demandar los perjuicios causados por el constructor del Conjunto Cerrado \u201cSanta Mar\u00eda del Camino\u201d de Manizales, con la omisi\u00f3n en la observancia de la rese\u00f1ada reglamentaci\u00f3n, as\u00ed como con la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, para reclamar la correspondiente indemnizaci\u00f3n por falla del servicio del Estado, en este caso, de las autoridades competentes que permitieron la ejecuci\u00f3n y la comercializaci\u00f3n de tales viviendas, de darse los presupuestos para ello, pues, sin restarle importancia a la situaci\u00f3n narrada por el peticionario en el escrito de tutela, lo cierto es que, necesariamente, debe darse cumplimiento a las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales acusadas, de ah\u00ed que no pueda ordenarse la suspensi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 174 del 31 de enero de 2017, \u201c[p]or la cual se adoptan medidas necesarias para el cumplimiento de una sentencia\u201d, la cual encuentra su fundamento en una orden proferida como consecuencia de un tr\u00e1mite judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Folios 34 a 63, cdno. 1.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC4785-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00807-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., cinco   (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100518","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100518","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100518"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100518\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}