{"id":100519,"date":"2026-06-25T20:59:50","date_gmt":"2026-06-25T20:59:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4786-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:59:50","modified_gmt":"2026-06-25T20:59:50","slug":"stc4786-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4786-2017\/","title":{"rendered":"STC4786-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4786-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00781-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Javier Ramos Medina contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Cartagena; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la Sincelejo, as\u00ed como a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela conocida con radicado N\u00b0 2016-00034.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, debido proceso, debido proceso administrativo, buen nombre, igualdad, y derecho al trabajo que considera vulnerados por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales por haberle impuesto sanci\u00f3n como proveedor ficticio cuando dej\u00f3 de notificarlo en debida forma de todo el tr\u00e1mite investigativo que surti\u00f3 en su contra, pues los comunicados los efectu\u00f3 a trav\u00e9s del diario \u201cla Rep\u00fablica\u201d y \u201cla p\u00e1gina web\u201d ocasion\u00e1ndole graves perjuicios a \u00e9l y a sus clientes.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s. acudi\u00f3 a este mecanismo por considerar que las autoridades judiciales accionadas trasgredieron sus garant\u00edas constitucionales al denegar el amparo que reclam\u00f3 por v\u00eda de tutela cuando el Tribunal hab\u00eda fallado un caso similar al suyo, el cual cit\u00f3 y aport\u00f3 copia en su momento, sin considerarse su pretensi\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se conceda el resguardo implorado y como consecuencia, \u00abse ordene a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013DIAN, a que haga las gestiones de notificaci\u00f3n y [me] sean notificados los actos administrativos: Auto de Verificaci\u00f3n o Cruce No. 062382011000569 de fecha 17 de noviembre de 2011, por el periodo 4 de 2010, Pliego de Cargos No. 062382012000003 de fecha 31 de enero de 2012 y Resoluci\u00f3n Sanci\u00f3n No. 900002 de fecha 13 de julio de 2012, proferidos en su Divisi\u00f3n de Gesti\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n, Seccional Cartagena, dentro del Expediente No. GO 20102011000898, en debida forma\u00bb.  [Folio 23, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos de Cartagena, abri\u00f3 investigaci\u00f3n contra el accionante el 3 de diciembre de 2010 con el prop\u00f3sito de evaluar las actuaciones comerciales de aquel, notificado a la calle 26 N\u00b0 50-33 Sector El Mamon en el municipio del Carmen de Bol\u00edvar.  <\/span><\/p>\n

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2. El 13 de diciembre siguiente, los funcionarios de la entidad practicaron la visita a su establecimiento de comercio O. R. Comercializadora Oscar.  <\/span><\/p>\n

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4. Cont\u00f3 el accionante que en octubre de esa anualidad traslad\u00f3 su establecimiento de comercio a la direcci\u00f3n Calle 25 N\u00b0 52- 35 en el centro del Carmen de Bol\u00edvar.  <\/span><\/p>\n

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5. El 17 de noviembre de 2011, se abri\u00f3 una nueva investigaci\u00f3n en su contra conocida con el radicado N\u00b0 20102011000898.  <\/span><\/p>\n

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6. Los autos de apertura y verificaci\u00f3n o cruce fueron notificados en su anterior residencia que al devolverse la comunicaci\u00f3n con la anotaci\u00f3n \u201ctraslado\/no reside\u201d, se procedi\u00f3 a notificarlo mediante publicaci\u00f3n en el \u201cDiario La Rep\u00fablica\u201d.  <\/span><\/p>\n

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7. El 31 de enero de 2012, se profiri\u00f3 pliego de cargos con el N\u00b0 062382012000003 en el que se propuso la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 671 del Estatuto Tributario, bajo el cargo de \u201cProveedor Ficticio\u201d.  <\/span><\/p>\n

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8. Ante la misma nota devolutiva de la notificaci\u00f3n, la encartada procedi\u00f3 a publicar dicho prove\u00eddo en el \u201cPortal web de la entidad\u201d, el 14 de marzo de 2012.  <\/span><\/p>\n

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9. El 13 de julio de esa misma anualidad, la Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos de Cartagena profiri\u00f3 en su contra la Resoluci\u00f3n Sanci\u00f3n N\u00b0 900002, la que se intent\u00f3 una vez m\u00e1s, notificar a su antigua direcci\u00f3n;  luego, el 4 de agosto posterior se procedi\u00f3 a notificarlo a trav\u00e9s del portal web de la entidad.  <\/span><\/p>\n

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10. El 29 de octubre de 2012 se public\u00f3 la Resoluci\u00f3n Sanci\u00f3n en el Diario La Rep\u00fablica.   <\/span><\/p>\n

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11. Asever\u00f3 el tutelante que el 4 de marzo de 2013 se enter\u00f3 de la investigaci\u00f3n motivo por el cual, pidi\u00f3 copias de la totalidad del expediente pero le fueron entregadas de manera incompleta el 1\u00b0 de abril de ese a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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12. Por intermedio de apoderado judicial, present\u00f3 acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa la que mediante interlocutorio N\u00b0 388 de 9 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar rechaz\u00f3 por improcedente y por no haber interpuesto la nulidad y restablecimiento del derecho de manera oportuna, esto es, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que conoci\u00f3 la actuaci\u00f3n censurada.  <\/span><\/p>\n

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13. Narr\u00f3 que debido a la expedici\u00f3n de la sanci\u00f3n en su contra, la DIAN inici\u00f3 otras investigaciones a \u00abestablecimientos de comercio y personas naturales que realizan negocios y le compran a dicha comercializadora\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  14. Explic\u00f3 que ha intentado por diferentes medios la protecci\u00f3n de sus derechos sin que se le haya resarcido el da\u00f1o ocasionado;  tales como peticiones a la DIAN, al Defensor del Contribuyente, entre otros.  <\/span><\/p>\n

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15. Que ha acudido en varias oportunidades a la acci\u00f3n de tutela pero que no ha sido posible conseguir el resguardo implorado.  <\/span><\/p>\n

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16. Al reclamar, junto con su cliente Lilia Uribe, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo en sentencia de 19 de agosto de 2016 no atendi\u00f3 el amparo pretendido, primero, por considerar que no proced\u00eda la acci\u00f3n constitucional al no cumplirse el principio de la inmediatez respecto de la Resoluci\u00f3n Sanci\u00f3n que data de 13 de julio de 2012;  de otro lado, respecto de la se\u00f1ora Lilia Uribe porque cuenta con los mecanismos jur\u00eddicos para atacar eventualmente actos  que considere le sean lesivos para sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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17. Inconforme con la determinaci\u00f3n, el actor la impugn\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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18. El Tribunal de Sincelejo, al resolver en segunda instancia sobre la acci\u00f3n constitucional, el 16 de diciembre  de 2016, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de primer grado, tras calificar de temeraria la acci\u00f3n interpuesta por el gestor de esta s\u00faplica.  <\/span><\/p>\n

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19. En criterio del peticionario del amparo, se vulneraron sus garant\u00edas constitucionales;  primero, porque la DIAN lo sancion\u00f3 como proveedor ficto sin haberle notificado en debida forma el tr\u00e1mite de la investigaci\u00f3n que surti\u00f3 en su contra, y segundo, porque las autoridades judiciales accionadas al resolver, no tuvieron en cuenta que  el Tribunal hab\u00eda fallado un caso similar al suyo, en donde el afectado era Roy Iriarte Pico, a quien tambi\u00e9n se le notificaba mediante el \u201cDiario La Rep\u00fablica\u201d, pero no se acogi\u00f3 su s\u00faplica.  [Folio 24, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 28 de marzo de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, orden\u00e1ndose el traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 199, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo indic\u00f3 que en ese despacho judicial curs\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el accionante junto con Lilia In\u00e9s Uribe Guti\u00e9rrez contra la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013DIAN de Cartagena, la que se declar\u00f3 improcedente en sentencia de 19 de agosto de 2016;  adjunt\u00f3 el prove\u00eddo en menci\u00f3n para su valoraci\u00f3n. [Folios 211 – 221, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Tribunal Superior de Sincelejo inform\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia de la impugnaci\u00f3n contra la tutela en menci\u00f3n, por lo que a primera vista, se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, m\u00e1xime cuando los argumentos expuestos por el censor, van dirigidos a debatir aspectos propios del tr\u00e1mite que en su momento se surti\u00f3.  Agreg\u00f3 que su decisi\u00f3n fue producto de un estudio cuidadoso de los preceptos legales que rigen el asunto y a su vez, suficientemente justificada, motivo por el cual pidi\u00f3 denegar el amparo constitucional.  [Folios 222 – 231, c.1]  <\/span><\/p>\n

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La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013Seccional Cartagena alleg\u00f3 copia de fallos de tutela que se han proferido por las acciones promovidas por el accionante, de fechas, 28 de marzo y 19 de agosto de 2016 y 31 enero de 2017. [Folio 234, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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2. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso. (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00).  <\/span><\/p>\n

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No obstante, ante tal eventualidad el mecanismo de amparo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n constitucional.  En esa l\u00ednea de pensamiento se ha expresado en precedencia que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2026 Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01, 14 oct. 2004, rad. 1120, 8 mar. 2006, rad. 00263-00, y 7 mar. 2013, rad. 00122-01)  <\/span><\/p>\n

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3. En el asunto que es objeto de estudio, el accionante pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, a trav\u00e9s del cual se confirm\u00f3 el emitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad el cual deneg\u00f3 el amparo por \u00e9l reclamado, al estimar que sobre sus pedimentos tendientes a discutir la indebida notificaci\u00f3n del tr\u00e1mite surtido por la DIAN en su contra, ya hubo un pronunciamiento de fondo, sin que fuera procedente entrar a analizar una vez m\u00e1s lo ya debatido.  <\/span><\/p>\n

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La precitada determinaci\u00f3n, que fue dictada por el ad quem, fue remitida a la Corte Constitucional para que surtiera el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n, sin que hasta el momento aquella haya decidido si fue seleccionado ese asunto o no.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, inviable se torna el an\u00e1lisis de fondo de la queja sometida a estudio, pues es absolutamente claro que la decisi\u00f3n objeto de controversia, valga precisar, la sentencia contentiva de la negativa de amparo dictada en segunda instancia, no ha sido evaluada por el funcionario competente a trav\u00e9s del instrumento jur\u00eddico dise\u00f1ado especialmente para ello.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, como qued\u00f3 rese\u00f1ado en el ac\u00e1pite correspondiente de esta providencia, la Corte Constitucional no ha determinado si seleccionar\u00e1 o no la actuaci\u00f3n tutelar fallada por el despacho aqu\u00ed accionado, situaci\u00f3n que impide a esta Corporaci\u00f3n entrar a evaluar anticipadamente la legalidad o no de la decisi\u00f3n proferida en aquel asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta, que el suplicante est\u00e1 en la posibilidad de intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela; mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Sala:  <\/span><\/p>\n

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Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02041-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, los argumentos que el querellante esgrime en esta solicitud de protecci\u00f3n, bien pueden ser discutidos en el procedimiento de revisi\u00f3n de la providencia cuestionada, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema la Corporaci\u00f3n ha explicado:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. (CSJ STC, 30 ag. 2012, rad. 00258-01, reiterada el 23 may. 2013, rad. 00145-01).  <\/span><\/p>\n

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4. De otro lado, sobre los reparos hechos por el tutelante contra el tr\u00e1mite administrativo que promovi\u00f3 la DIAN en su contra, m\u00e1s concretamente por la indebida notificaci\u00f3n que se surti\u00f3, que culmin\u00f3 con la sanci\u00f3n como proveedor ficticio N\u00b0 900002 de 13 de julio de 2012;  y luego, por la investigaci\u00f3n que se inici\u00f3 contra su cliente Lilia In\u00e9s Uribe Guti\u00e9rrez, resta decir que precisamente esos hechos fueron puestos en consideraci\u00f3n de las autoridades judiciales acusadas quienes se pronunciaron sobre el punto, en fallos de tutela de primera y segunda instancia en fechas 19 de agosto y 16 de diciembre de 2016, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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5. En suma, sobre el reproche concreto dirigido contra los jueces constitucionales al no reconocerle el mismo trato del se\u00f1or Roy Iriarte Pico, que tuvo un caso similar al suyo, vale la pena resaltar que dicho argumento es similar a la estudiada en el fallo de 20 de octubre de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo;  y luego, tras la impugnaci\u00f3n, la revisada por esta Corporaci\u00f3n1, el 14 de diciembre de la misma anualidad, en donde se avizora abiertamente que entre ambas reclamaciones existe identidad de partes, hechos y pretensiones, empero no se acredita un motivo expresamente justificado para que el ciudadano acudiera nuevamente a pedir la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, pues no se prob\u00f3 ninguna situaci\u00f3n sobreviniente o nueva que tuviera el alcance de cambiar el fallo inicial, por lo que se considera que lo decidido con antelaci\u00f3n ya ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la providencia, dictada por esta Corporaci\u00f3n, al desatar la impugnaci\u00f3n que en ese entonces se formul\u00f3, resolvi\u00f3 que no era procedente conceder el amparo, porque:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAuscultado el referenciado sublite, no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales invocados, al avizorar la Corte prima facie que el despacho accionado examin\u00f3 razonablemente la actuaci\u00f3n, lo cual descarta un actuar irregular producto de su exclusiva voluntad.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Para resolver de la manera criticada, se\u00f1al\u00f3 el mencionado juzgador:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l se\u00f1or \u00d3scar Javier Ramos Medina el d\u00eda 17 de septiembre de 2015, presenta a este despacho incidente de desacato al fallo de tutela, para que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia [dictada en el curso de un proceso del mismo linaje]: consecutivo 70-001-22-14-2014-00009-00, de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Sincelejo \u2013Sala Civil Familia Laboral, en donde fungi\u00f3 como accionante Roy David Iriarte Pico y la accionada la Dian, en donde se le concedi\u00f3 al all\u00ed actor el amparo constitucional deprecado\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn raz\u00f3n de lo anterior este despacho mediante auto de 17 de septiembre de 2015, resuelve requerir a la entidad accionada, para que manifestaran si dieron cumplimiento al fallo de tutela de 20 de marzo de 2014, entre otras decisiones; sin percatarse que lo pretendido por el aqu\u00ed incidentante era que se le aplicaran los efectos inter comunis de dicho fallo de tutela, pues \u00e9l no fue parte dentro de esa acci\u00f3n tutelar. (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y m\u00e1s adelante expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [A]hora bien, incurri\u00f3 esta judicatura en error al ordenar el requerimiento previo a la Dian, cuando lo oportuno era resolver sobre la procedencia de lo pedido, lo cual era, la aplicaci\u00f3n de los efectos inter comunis del fallo de tutela\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDe conformidad con [la jurisprudencia de la Corte Constitucional], si bien es procedente la presentaci\u00f3n de incidentes de desacato a fallos de tutela por [una] persona que formalmente no fue parte de un proceso tutelar, pero ha sido cobijada por sus efectos, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta la documentaci\u00f3n aportada por el incidentista, no se vislumbra la procedencia de la aplicaci\u00f3n de los efectos inter comunis, requeridos por el actor, pues, el fallo de tutela del cual lo pretende, cuenta con efectos inter partes, basado solo en hechos f\u00e1cticos del caso en concreto, m\u00e1s no fue dictada dicha providencia con efecto o sentido inter comunis (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ese modo, neg\u00f3 el beneficio exigido al establecer que el fallo de tutela del cual el actor pretend\u00eda beneficiarse de los efectos inter comunis no hab\u00eda dispuesto la aplicaci\u00f3n de dicha figura respecto a otras personas, y por \u201crespeto a la cosa juzgada\u201d, teniendo en cuenta que el gestor ya hab\u00eda acudido ante la judicatura a ventilar su reclamo a trav\u00e9s de un resguardo similar a \u00e9ste, el cual le fue desestimado en primera y segunda instancia, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras del Carmen de Bol\u00edvar y la Sala de la misma especialidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.         <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) se descarta la posibilidad de predicar una v\u00eda de hecho en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener2, no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del Juez accionado, por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si el actor disiente de estas apreciaciones, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que por supuesto no ocurre en el subex\u00e1mine\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la petici\u00f3n del tutelante comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema que plantea ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio de la acci\u00f3n de tutela, y es necesario que a \u00e9sta se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda debe denegarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes;  y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1CSJ. STC 17170-2015 Rad. N\u00ba 70001-22-14-000-2015-00232-01 M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA el 14 de diciembre de 2015.    <\/span><\/p>\n

2CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00.      <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4786-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00781-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100519","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100519"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100519\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100519"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}