{"id":100522,"date":"2026-06-25T21:00:03","date_gmt":"2026-06-25T21:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4796-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:00:03","modified_gmt":"2026-06-25T21:00:03","slug":"stc4796-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4796-2017\/","title":{"rendered":"STC4796-2017"},"content":{"rendered":"

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STC4796-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2017-00815-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., cinco (05) de abril de dos mil diecisiete  (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso penal conocido con radicado No. 44312.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante mediante apoderado reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n a la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2016 que lo declar\u00f3 responsable de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir por \u00abViolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n por trasgresi\u00f3n del derecho de impugnaci\u00f3n de los fallos condenatorios proferidos por primera vez o principio de doble conformidad judicial\u00bb; \u00abDefecto sustancial por aplicaci\u00f3n de una norma internacional cuyo supuesto f\u00e1ctico no se compadece con los hechos declarados como probados a lo largo de la actuaci\u00f3n\u00bb y \u00abDefecto f\u00e1ctico por la no valoraci\u00f3n e indebida valoraci\u00f3n de pruebas con incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb lo que a su juicio hace procedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional ante las irregularidades advertidas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que \u00abse reconozca la vulneraci\u00f3n del derecho a impugnar y, en consecuencia, se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal que habilite un escenario judicial independiente e imparcial en el que mi defendido pueda debatir ampliamente el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico  de la sentencia condenatoria proferida en su contra por hechos considerados como Cr\u00edmenes Contra la Humanidad. Tal escenario puede consistir en la integraci\u00f3n de una Sala de Conjueces.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Que en el evento de considerar que resulta improcedente habilitar por v\u00eda judicial un escenario para ejercer el derecho a impugnar y, en consecuencia, debe aguardarse a que el Congreso de la Rep\u00fablica legisle sobre la materia, se disponga la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la sentencia que le fue impuesta al General \u00ae Maza M\u00e1rquez con la consecuente orden de libertad provisional hasta tanto el legislativo acate la orden impartida por la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

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\u2026De considerarse que no se configura una violaci\u00f3n al derecho a impugnar, pero s\u00ed una vulneraci\u00f3n directa del principio constitucional de legalidad, ruego que la Sala de Casaci\u00f3n Civil profiera fallo de reemplazo en el que se decrete la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n  penal adelantada en contra del General \u00ae Maza M\u00e1rquez, por cuanto los hechos por los que se le procesa no constituyen Cr\u00edmenes Contra la Humanidad.  <\/span><\/p>\n

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\u2026De considerarse que no se ha configurado una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n ni un defecto material o sustantivo, comedidamente solicito que  la Sala de Casaci\u00f3n Civil dicte fallo de remplazo en el que se declare la ausencia de responsabilidad penal del General \u00ae Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez, en raz\u00f3n a que el defecto factico denunciado impide  arribar el grado de certeza necesario para proferir en su contra una sentencia penal condenatoria.  <\/span><\/p>\n

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\u2026De considerarse que la Sala de Casaci\u00f3n Civil  no est\u00e1 facultada para adoptar el fallo de que se demanda en el numeral antecedente, ruego que la corporaci\u00f3n decrete la nulidad de lo actuado en la causa penal seguida contra mi representado bajo el radicado 44312, desde, e inclusive, el inicio de la audiencia p\u00fablica de juzgamiento, a efectos que la Sala  de Casaci\u00f3n Penal se sirva valorar las pruebas cuya valoraci\u00f3n pretermiti\u00f3 o inadecuadamente valor\u00f3\u00bb  [Folios 533-534, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 designada especialmente, a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n del 21 de diciembre de 2005, al calificar el m\u00e9rito del sumario dentro del proceso seguido contra Alberto Rafael Santofimio Botero por el homicidio del l\u00edder pol\u00edtico Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento, compuls\u00f3 copias para que se investigaran otros posibles autores o part\u00edcipes.  <\/span><\/p>\n

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2. En raz\u00f3n de ello, la Fiscal\u00eda 25 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con resoluci\u00f3n del 17 de junio de 2009, decret\u00f3 la apertura de la instrucci\u00f3n y orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del General Retirado Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez, ahora accionante.  <\/span><\/p>\n

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3. Agotada la investigaci\u00f3n, el 24 de noviembre de 2010 se profiri\u00f3 resoluci\u00f3n acusatoria contra el actor, por los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir.  <\/span><\/p>\n

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4. La etapa de la causa correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito Adjunto de Descongesti\u00f3n de Cundinamarca, donde surtido el traslado contemplado en el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000, la defensa del tutelante  propuso colisi\u00f3n de competencia, la cual fue resuelta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 14 de diciembre de 2011, declar\u00e1ndose competente para conocer de la actuaci\u00f3n adelantada contra el actor, motivo por el cual se remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Mediante decisi\u00f3n del 20 de enero de 2012 la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 decretar la nulidad de lo actuado desde la apertura de la investigaci\u00f3n por falta de competencia, tanto del funcionario judicial instructor como del encargado del juzgamiento, en la medida en que se desconoci\u00f3 la calidad de aforado del actor, pues de los hechos objeto de investigaci\u00f3n se dedujo la relaci\u00f3n funcional que \u00e9stos ten\u00edan con el cargo que aqu\u00e9l desempe\u00f1aba para dicha \u00e9poca como Director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.  <\/span><\/p>\n

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6. La anterior determinaci\u00f3n implic\u00f3, en ese momento, la libertad inmediata del accionante, por cuanto en su contra pesaba medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva sin excarcelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. Luego de ello, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Acto Legislativo 04 de 2011, mediante resoluci\u00f3n 0-0207 del 7 de febrero de 2012, asign\u00f3 el caso al Fiscal D\u00e9cimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Despacho que en resoluci\u00f3n del 11 de julio de 2012 dispuso la apertura de la correspondiente instrucci\u00f3n y orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del actor mediante diligencia de indagatoria, la cual fue recibida en diez sesiones que comenzaron el 14 de septiembre de 2012 y finalizaron el 27 de febrero de 2013.  <\/span><\/p>\n

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8. El 20 de noviembre de ese a\u00f1o, esa Fiscal\u00eda le resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica y le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario, como presunto coautor del delito de homicidio con fines terroristas cometido en concurso homog\u00e9neo, del cual fueron v\u00edctimas el entonces aspirante a la presidencia Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento, junto con el Concejal de Soacha Julio C\u00e9sar Pe\u00f1aloza S\u00e1nchez y el escolta del DAS Santiago Cuervo Jim\u00e9nez; mientras que tal conducta se predic\u00f3 tentada respecto de Pedro Nel Angulo Bonilla, por igual escolta del DAS. Lo anterior, en concurso heterog\u00e9neo con el il\u00edcito de concierto para delinquir.  <\/span><\/p>\n

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9. El 16 de julio de 2014, estando la investigaci\u00f3n a cargo de la Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante la Corte, se profiri\u00f3 resoluci\u00f3n acusatoria en contra del tutelante por los delitos endilgados.  <\/span><\/p>\n

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10. Con la ejecutoria de la convocatoria a juicio, ocurrida el 25 de julio de ese a\u00f1o, tras haberse negado la reposici\u00f3n de dicha determinaci\u00f3n, el proceso fue asignado a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 75 de la Ley 600 de 2000 y en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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11. En el traslado del art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000 a los sujetos procesales, el defensor del actor  solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado y a su vez cesar el procedimiento por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, pretensi\u00f3n que fue negada en la audiencia preparatoria celebrada el 27 de enero de 2015, tras considerarse que como quiera que respecto de los hechos en que se fundaba la acusaci\u00f3n, era dable afirmar que eran constitutivos de cr\u00edmenes de lesa humanidad y, por tanto, la acci\u00f3n penal estaba vigente.  <\/span><\/p>\n

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13. El 23 de noviembre de 2016, se conden\u00f3 al tutelante a la pena principal de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n al hallarlo responsable de los delitos imputados. As\u00ed mismo, le impuso pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 10 a\u00f1os y, le neg\u00f3 el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria. [Folios 2-138, c.1]  <\/span><\/p>\n

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14. Es de indicar que el condenado se encuentra privado de la libertad desde el 20 de noviembre de 2013 en la Escuela de Postgrados de la Polic\u00eda y la vigilancia de la sanci\u00f3n le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, autoridad que el 21 de diciembre de 2016 avoc\u00f3 el conocimiento.      <\/span><\/p>\n

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15. En criterio del reclamante con la actuaci\u00f3n adelantada por la autoridad accionada se vulneraron sus derechos por cuanto se le debe garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, prerrogativa contemplada literalmente dentro del cat\u00e1logo de garant\u00edas del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y que resulta particularmente relevante en trat\u00e1ndose del juzgamiento de Cr\u00edmenes Contra la Humanidad aunado a que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico absoluto por \u00abla pretermisi\u00f3n de m\u00faltiples pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuaci\u00f3n, que tienen m\u00e9rito para incidir en el sentido del fallo.\u00bb . [Folios 450-536, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto del 30 de  marzo de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 539, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que le correspondi\u00f3 la vigilancia de la pena impuesta al accionante  por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n mediante fallo del 23 de noviembre de 2016, as\u00ed mismo, solicit\u00f3 negar las pretensiones de la acci\u00f3n en lo que concierne a esa Sede Judicial por cuanto carece de competencia para pronunciarse al respecto. [Folios 553-554, c.1]    <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Director de la Escuela de Postgrados de la Polic\u00eda manifest\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n No. 905493 de fecha 29 de noviembre de 2013, fueron destinadas esas  instalaciones como sitio de reclusi\u00f3n del tutelante. [Folio 560, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Magistrado Ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que sin lugar a dudas ninguna lesi\u00f3n constitucional puede derivarse de la ausencia de una segunda instancia como lo pretende hacer ver el accionante por cuanto tal hecho procesal que caracteriza los procesos penales adelantados contra los aforados constitucionales, no es motivo para pregonar \u00abdesavenencia constitucional alguna en este caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, expres\u00f3 que respecto a la cr\u00edtica de que se haya adoptado la postura de calificar el homicidio de Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento como cr\u00edmenes de lesa humanidad, con la consecuencia de que la acci\u00f3n penal es imprescriptible, se hizo \u00e9nfasis en \u00abque para deducir la existencia de un crimen de lesa humanidad no es requisito esencial construir ese concepto sobre la  base del conflicto armado o guerra; igualmente, se dej\u00f3 en claro que con  la caracterizaci\u00f3n de lesa humanidad del comportamiento atribuido a Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez, era viable atraer al orden interno la Convenci\u00f3n sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y, por ende, la negativa de aplicar en este caso los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n se\u00f1alados en la ley penal Colombiana; de la misma forma se dej\u00f3 en claro que no hubo lesi\u00f3n al principio de legalidad en raz\u00f3n de la aplicaci\u00f3n preferente de la Convenci\u00f3n sobre la Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad, en cuanto se integra a la legislaci\u00f3n patria por raz\u00f3n del ius cogens.\u00bb   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, en torno al reparo que se realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria,  manifest\u00f3 que ninguna duda tuvo la Sala respecto del convencimiento, conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, sobre la responsabilidad a t\u00edtulo de coautor del tutelante en el homicidio con fines terroristas perpetrado contra la humanidad del l\u00edder pol\u00edtico Gal\u00e1n Sarmiento y del Concejal Julio C\u00e9sar Pe\u00f1aloza S\u00e1nchez y los escoltas Santiago Cuervo Jim\u00e9nez y Pedro Nel Angulo Bonilla. [Folios 567- 573, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, la providencia que cuestiona el accionante es la adoptada el 23 de noviembre de 2016 mediante la cual se le conden\u00f3 a la pena principal de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n al hallarlo responsable de los delitos de Homicidio con fines terroristas cometido en concurso homog\u00e9neo y sucesivo en las personas de Lu\u00eds Carlos Gal\u00e1n Sarmiento, Julio C\u00e9sar Pe\u00f1aloza S\u00e1nchez, Santiago Cuervo Jim\u00e9nez y Pedro Nel Angulo Bonilla, \u00e9ste \u00faltimo en grado de tentativa, as\u00ed como la conducta punible de Concierto para Delinquir y, le neg\u00f3 el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria, entre otras determinaciones, por cuanto a su juicio se le neg\u00f3 la posibilidad de una segunda instancia; se declar\u00f3 lesa humanidad de los delitos por los que result\u00f3 sancionado y se realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Realizada la anterior precisi\u00f3n, en el caso sub judice, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n frente al primer reparo efectuado por el tutelante en el sentido de darle aplicaci\u00f3n a la orden contenida en la sentencia C-792 de 2014, que prev\u00e9 la impugnaci\u00f3n para la condena proferida por primera vez en segunda instancia, le indic\u00f3 que la misma era improcedente por cuanto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abLa Corte Constitucional en aquella determinaci\u00f3n (C-792\/14) declar\u00f3 la \u201cINCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS\u201d de los art\u00edculos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, aun cuando \u201cEXEQUIBLE el contenido positivo\u201d de estas disposiciones, al concluir que el legislador procesal penal omiti\u00f3 consagrar medios de impugnaci\u00f3n integrales contra las sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ese efecto diferido de la inconstitucionalidad se fij\u00f3 en un a\u00f1o a partir de la notificaci\u00f3n por edicto del fallo, con el fin de que el Congreso de la Rep\u00fablica \u201cregule integralmente el derecho a impugnar las sentencias que en el marco del proceso penal, imponen una condena por primera vez\u201d, advirtiendo que en caso \u201cde que el legislador incumpla este deber, se entender\u00e1 que procede la impugnaci\u00f3n de los fallos anteriores ante el superior jer\u00e1rquico o funcional de quien impuso la condena\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa primera: el alto Tribunal Constitucional colombiano en la reciente sentencia SU-215 de 2016, aclar\u00f3 los alcances del pronunciamiento de inexequibilidad diferida contenido en la sentencia C-792 de 2014, se\u00f1alando que el estudio constitucional en dicha oportunidad se limit\u00f3 a unas pocas normas sobre la competencia de la Corte Suprema de Justicia para resolver en segunda instancia los recursos de apelaci\u00f3n contra las sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores, de ah\u00ed que la norma base del cuestionamiento fue el ordinal 3\u00ba del art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 2004, motivo por el cual precis\u00f3 que su decisi\u00f3n no puede extender sus efectos a procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000 ni a competencias diferentes. Al efecto, la Corte Constitucional puntualiz\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La interpretaci\u00f3n razonable de la sentencia C-792 de 2014 indica que all\u00ed se pretendi\u00f3 algo distinto, y fue precaver una soluci\u00f3n para las personas a las cuales el ordenamiento legal no les dispensa un medio de impugnaci\u00f3n integral, contra la sentencia que por primera vez en un proceso regido por la Ley 906 de 2004, se impone una condena penal en instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) No obstante, en segundo lugar debe resaltarse \u2014en consonancia con lo anterior\u2014 que la sentencia C-792 de 2014 control\u00f3 la constitucionalidad de las normas legales antes referidas, entre las cuales no se encontraban las atinentes a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para emitir condenas, por primera vez, en casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n es relevante destacar que, como antes se indic\u00f3, el concepto de violaci\u00f3n contra la normatividad demandada sosten\u00eda que esta era inconstitucional \u2014en palabras de la Corte\u2014 porque \u00abno consagra el derecho a apelar los fallos que fijan una condena por primera vez en la segunda instancia en el marco de un proceso penal\u00bb. Y al definir los problemas jur\u00eddicos, la Corporaci\u00f3n se pregunt\u00f3 si la Constituci\u00f3n contempla \u00abun derecho a impugnar las sentencias que en el marco de un juicio penal, imponen una condena por primera vez en la segunda instancia\u00bb. En este contexto, la sentencia C-792 de 2014 se limit\u00f3 a proteger el derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

esta Sala concluye que en la sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emiti\u00f3 un exhorto general, solo tom\u00f3 una decisi\u00f3n aplicable a los casos en que una persona es condenada por primera vez en segunda instancia, en un proceso penal, y esto supone que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el superior jer\u00e1rquico o funcional, que se activa cuando venza el plazo del exhorto sin legislaci\u00f3n, solo aplica a las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

la \u00faltima duda se relaciona con los efectos de la sentencia C-792 de 2014 respecto de los procesos penales adelantados conforme a la Ley 600 de 2000, que a\u00fan est\u00e1n en curso. Dado que el presente caso se relaciona solo con la posibilidad de impugnar condenas impuestas por primera vez en casaci\u00f3n, este pronunciamiento ha de limitarse a definir si la sentencia C-792 de 2014 controla los asuntos de esa naturaleza, en los cuales las condenas se expidan en un proceso penal reculado por la Ley 600 de 2000. Conforme a las precisiones antes indicadas, ese problema ya fue resuelto con efectos de cosa juzgada en la sentencia C-998 de 2004. La sentencia C-792 de 2014 no solo no vers\u00f3 sobre normas de la Ley 600 de 2000, sino que aparte no abord\u00f3 espec\u00edficamente una demanda contra las normas de la Ley 906 de 2004 que precisan las competencias de la Corte Suprema de Justicia en sede de casaci\u00f3n. Por lo cual, de acuerdo con lo se\u00f1alado en las consideraciones anteriores, no puede decirse que los casos de condenas impuestas por primera vez en casaci\u00f3n, en el marco de procesos penales regulados por la Ley 600 de 2000, est\u00e9n controlados definitivamente por la sentencia C-792 de 2014. (Subrayas fuera de texto)\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, advirti\u00f3 que siguiendo los par\u00e1metros trazados por la misma Corte Constitucional y como el tr\u00e1mite se surte precisamente por la Ley 600 de 2000, no era aplicable lo ordenado en la sentencia C-792 de 2014 a la situaci\u00f3n concreta del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que la segunda raz\u00f3n para negar su pretensi\u00f3n  obedec\u00eda a que \u00abDe conformidad con el art\u00edculo 234 de la Carta Pol\u00edtica, la Corte Suprema de Justicia es \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por tanto, sus decisiones no son susceptibles de ser revisadas por una instancia superior. Ello fue objeto de debate y resuelto por la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996 por medio de la cual estudi\u00f3 la exequibilidad del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 17 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, a ra\u00edz precisamente de las facultades dadas por el legislador a la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n para conocer impugnaciones y recursos de apelaci\u00f3n contra decisiones de la Sala Penal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esa determinaci\u00f3n se dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, las atribuciones que el art\u00edculo 235 de la Carta le atribuye a la Corte, en particular la de actuar como tribunal de casaci\u00f3n y la de juzgar a los funcionarios con fuero constitucional, deben entenderse que ser\u00e1n ejercidas en forma independiente por cada una de sus salas, en este caso, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. De lo anterior se infieren, pues, varias conclusiones: en primer lugar, que cada sala de casaci\u00f3n \u2014penal, civil o laboral\u2014 act\u00faa, dentro del \u00e1mbito de su competencia, como m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria; en segundo lugar, que cada una de ellas es aut\u00f3noma para la toma de las decisiones y, por lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constituci\u00f3n defini\u00f3 una jerarquizaci\u00f3n entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta Pol\u00edtica hubiese facultado al legislador para se\u00f1alar los asuntos que deba conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casaci\u00f3n pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior jer\u00e1rquico de alguna de ellas. En otras palabras, la redacci\u00f3n del art\u00edculo 234 constitucional lleva a la conclusi\u00f3n evidente de que bajo ning\u00fan aspecto puede se\u00f1alarse que exista una jerarqu\u00eda superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como \u201cm\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d. (Subraya fuera de texto)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la vigencia de esta decisi\u00f3n, la Sala Penal de la Corte ha se\u00f1alado (CSJ AP, 18 may. 2016, rad. 39156):  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y aunque se trata de una decisi\u00f3n de hace 20 a\u00f1os, durante los cuales han cambiado no solo las instituciones sino la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a la definici\u00f3n del contenido y alcances del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, no puede pasarse por alto que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia mantienen en id\u00e9nticos t\u00e9rminos la estructura de la Rama Judicial y las funciones que le son propias a la Corte Suprema de Justicia en cada una de sus Salas y de su cuerpo en pleno, de modo que si en 1996 no se hall\u00f3 ajustado al Estatuto Supremo este mecanismo para posibilitar el ejercicio de ese derecho, menos advierte que en la actualidad sea viable aplicarlo de manera directa e inmediata.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, advirti\u00f3 que es claro que se defini\u00f3 y qued\u00f3 consolidada la estructura jer\u00e1rquica de la administraci\u00f3n de justicia en sus distintas ramas especializadas y, por ende, se estableci\u00f3 que por encima de la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n no existe un \u00f3rgano superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, respecto de la implementaci\u00f3n de un mecanismo que garantice el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, conforme lo pretende el accionante, la autoridad accionada se\u00f1al\u00f3 que \u00abtal como se encuentra dise\u00f1ado nuestro sistema procedimental es imposible de cumplir, dada la naturaleza sustancial y estructural que comporta un recurso de esas caracter\u00edsticas, cuya operatividad exige necesariamente su previa reglamentaci\u00f3n legal y constitucional por parte del Congreso de la Rep\u00fablica, lo que no se ha hecho hasta este momento. Tal criterio se plasm\u00f3 en el comunicado de prensa 08 del 28 de abril del a\u00f1o en curso, a trav\u00e9s del cual se dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. …no est\u00e1 al alcance de la Corte Suprema de Justicia, que es m\u00e1ximo Tribunal de la justicia ordinaria y \u00f3rgano de cierre, la creaci\u00f3n de un superior jer\u00e1rquico que revise las sentencias de sus Salas especializadas.  <\/span><\/p>\n

5. \u2026es simplemente imposible para la Corte Suprema de Justicia, en raz\u00f3n de lo anterior, definir las reglas que habiliten el recurso de apelaci\u00f3n contra las sentencias condenatorias que en casos de \u00fanica instancia profiera su Sala de Casaci\u00f3n Penal o respecto de la primera condena que dicte en segunda instancia o en desarrollo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

6. Se quiere destacar, para finalizar, que el dise\u00f1o de la justicia penal en Colombia no consagra un Tribunal por encima de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y que resulta un desprop\u00f3sito, en esa medida, que la Corte Constitucional concluya que los fallos de un \u00f3rgano l\u00edmite, que es el m\u00e1ximo tribunal en materia penal en el pa\u00eds, se puedan impugnar ante un superior jer\u00e1rquico que l\u00f3gicamente no puede existir.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que ante la persistencia de la omisi\u00f3n legislativa y hasta tanto el Congreso de la Rep\u00fablica no legisle en tal sentido, ese tipo de recursos o impugnaciones en sede de los procesos de \u00fanica instancia adelantados por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, acorde con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley vigente, son improcedentes y, fue leg\u00edtimo adelantar la acci\u00f3n penal objeto de censura en \u00fanica instancia y por ende, contra el fallo proferido no proceder\u00e1 recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De otra parte, en torno a la censura efectuada por el actor respecto a que la accionada adopt\u00f3 la postura de calificar el homicidio del aspirante presidencial  Lu\u00eds Carlos Gal\u00e1n Sarmiento y otros como cr\u00edmenes de lesa humanidad, lo que genera que la acci\u00f3n penal sea imprescriptible, el Alto Tribunal manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u00abAmplias fueron las razones expuestas por esta Corporaci\u00f3n para catalogar el homicidio de Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento, sucedido el 18 de agosto de 1989, como de lesa humanidad, las que se extendieron a los delitos conexos que lo rodearon, esto es, los homicidios de Santiago Cuervo Jim\u00e9nez, Julio Cesar Pe\u00f1aloza S\u00e1nchez y Pedro Nel Angulo Bonilla \u2014en este \u00faltimo caso en grado de tentativa\u2014, y concierto para delinquir.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante se pronunci\u00f3 nuevamente para dejar claro que el concepto de lesa humanidad, contrario a lo que sostiene el defensor del actor, no siempre se ha ligado al estado de guerra o conflicto armado, pues aun cuando algunos de los estatutos citados en el fallo definieron el crimen de lesa humanidad dentro de contextos b\u00e9licos, ante la cruel realidad mundial ese concepto se ha venido modificando hasta el punto de admitir que este tipo de agresiones contra la humanidad tambi\u00e9n pueden suceder en tiempo de paz o por fuera de la guerra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este sentido, frente al caso particular y para fundamentar su decisi\u00f3n, la Sala Penal hizo un recorrido hist\u00f3rico por los antecedentes normativos de lo que hoy en d\u00eda se concibe como crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, comenzando por los pre\u00e1mbu\u00adlos de los Convenios de La Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907, la conocida como cl\u00e1usula Martens, las leyes de 1915 sobre la protecci\u00f3n del pueblo Armenio, y los Tribunales de N\u00faremberg, Tokio, Yugoslavia y Ruanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, reiter\u00f3 que en la audiencia preparatoria se dej\u00f3 en claro que con la caracterizaci\u00f3n de lesa humanidad del comportamiento atribuido al tutelante era viable atraer al orden interno la Convenci\u00f3n sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y, por ende, la negativa de aplicar en este caso los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n se\u00f1alados en la ley penal colombiana.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas y frente a esta inconformidad, la autoridad accionada  ultim\u00f3  que \u00abno se transgredi\u00f3 principio fundamental alguno, por el contrario, se honraron compromisos internacionales encaminados a procesar con mayor rigor las conductas catalogadas como de lesa humanidad, pues frente a ese tipo de comportamientos la comunidad internacional de manera un\u00e1nime propende por impedir su impunidad, generando confianza en la poblaci\u00f3n civil de un mayor \u00e1mbito de protecci\u00f3n respecto a este tipo de criminalidad.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

Corolario de todo lo anterior, mantiene la Sala de Casaci\u00f3n Penal su postura de calificar el homicidio de Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento y los conexos a \u00e9l, como cr\u00edmenes de lesa humanidad con la consecuencia de que la acci\u00f3n penal es imprescriptible, por tanto, se niega una vez m\u00e1s la nulidad impetrada por la defensa.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Finalmente respecto al  reproche efectuado por el quejoso en el sentido que en el fallo cuestionado se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico absoluto \u00abpor la pretermisi\u00f3n de m\u00faltiples pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuaci\u00f3n\u00bb y que ten\u00edan m\u00e9rito para incidir en el sentido de la decisi\u00f3n, se observa que el accionado luego de realizar un estudio del abundante material probatorio allegado al expediente lleg\u00f3 al convencimiento que la persona que design\u00f3 a Jacobo Torregroza Melo como jefe del esquema de seguridad del l\u00edder pol\u00edtico asesinado fue el actor con miras a debilitar su protecci\u00f3n y facilitar el atentado, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 luego de examinar varias pruebas y de determinar la capacidad suasoria del incriminado como Director del Departamento Administrativo de Seguridad \u2013 DAS para esa \u00e9poca y no de la sencilla comparaci\u00f3n entre la versi\u00f3n de los testigos Miguel Antonio G\u00f3mez Padilla y Manuel Gonz\u00e1lez Henr\u00edquez, como lo afirma el quejoso.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo en torno a los reparos efectuados por  la defensa del actor indic\u00f3 \u00abA este respecto es necesario aclarar que la Corte evalu\u00f3 todo el c\u00famulo de pruebas aportadas a este tr\u00e1mite, incluso aquellas que mostraban a Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez ajeno a las autodefensas del Magdalena medio o excluido de participar en el homicidio de Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento, no obstante lo anterior, adem\u00e1s de lo se\u00f1alado a lo largo de esta sentencia, se precisa que por el hecho de que tales declarantes no hubieran visto o percibido alg\u00fan hecho particular o sus nexos con los ilegales, no se descarta o anula la abundante prueba que lo incrimina y lleva al convencimiento de la Sala sobre su responsabilidad en esos hechos.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ello,  el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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