{"id":100524,"date":"2026-06-25T21:00:35","date_gmt":"2026-06-25T21:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4805-2017\/"},"modified":"2026-06-25T21:00:35","modified_gmt":"2026-06-25T21:00:35","slug":"stc4805-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4805-2017\/","title":{"rendered":"STC4805-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4805-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00785-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Reyes Uma\u00f1a contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa municipalidad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00abse ordene a la Sala Civil-Familia del Tribunal de Ibagu\u00e9, resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El accionante promovi\u00f3 demanda de pertenencia contra Orjuela & Orjuela Ltda., Ricardo Alberto Gil Monsalve, Fernando Ar\u00e9valo Carrascal, Banco Megabanco S. A., Carlos Humberto Posada Cede\u00f1o, Bancafe, hoy Granbanco S. A., Carmelo Quintero, herederos indeterminados de Hernando Alfonso Claro Vergel, Municipio de Piedras (Tolima), Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Instituto de los Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n, Agropecuaria Armero Guayabal y C\u00eda. Agroabal en liquidaci\u00f3n, Mar\u00eda Victoria S\u00e1nchez Guzm\u00e1n, Mar\u00eda Ligia Soto Patarroyo y Germ\u00e1n Eugenio Alvarado Gait\u00e1n, con miras a que se declarara que adquiri\u00f3 por \u00abprescripci\u00f3n agraria\u00bb un lote de terreno comprendido dentro del predio de mayor extensi\u00f3n identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 351-5991 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ambalema.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Mediante sentencia del 27 de mayo de 2016, el juzgado convocado, neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada por el Tribunal cuestionado, a trav\u00e9s de providencia del 13 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Indic\u00f3 el accionante que la providencia del Tribunal \u00abcontrar\u00eda lo dispuesto por el art\u00edculo 320 inciso primero del C. G. del Proceso (\u2026) al pronunciarse (\u2026) sobre una situaci\u00f3n que no fue objeto de apelaci\u00f3n\u00bb, por cuanto \u00abresalt\u00f3 otros aspectos diferentes a los expresamente decididos y ejecutoriados en el fallo emitido por la juez de primera instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Agreg\u00f3 que dicho estrado efectu\u00f3 \u00abuna interpretaci\u00f3n errada de los alcances de la cesi\u00f3n de bienes\u00bb hecha a favor de las demandadas y que tuvo por objeto el inmueble que posee, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 1678 del C\u00f3digo Civil, \u00abla cesi\u00f3n no transfiere la propiedad de los bienes del deudor a los acreedores\u00bb, por lo que \u00absu afirmaci\u00f3n que el bien inmueble sobre el cual recay\u00f3 la cesi\u00f3n de bienes, es un bien imprescriptible por aparecer como \u201cDUE\u00d1OS\u201d, tres entidades del sector p\u00fablico, carece de fundamento jur\u00eddico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que en el decurso procesal se demostr\u00f3 la existencia de la posesi\u00f3n sustento de sus s\u00faplicas, pues las pruebas dan cuenta de que \u00abse encuentra en posesi\u00f3n del predio a usucapir desde comienzos del a\u00f1o 2000\u00bb, esto es, con posterioridad a la \u00e9poca en la cual ostent\u00f3 la representaci\u00f3n legal de Coltropico Ltda., entidad que ostentaba la propiedad del predio en disputa, antes de ser cedido a los demandados en el proceso de pertenencia, en virtud del proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria al que fue sometida dicha sociedad comercial, por lo que el Tribunal incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, \u00abal no valorar las pruebas arrimadas al proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Finalmente, expres\u00f3 que \u00ablas cuotas partes adjudicadas en el auto que aprob\u00f3 la cesi\u00f3n de bienes, correspondientes a las entidades de derecho p\u00fablico (\u2026), son las \u00fanicas (\u2026) imprescriptibles, las dem\u00e1s ya prescribieron\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 28 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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1.        La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 se\u00f1al\u00f3 que \u00abse atiene a lo consignado en el expediente contentivo del tr\u00e1mite judicial en que tiene hontanar la solicitud de tutela y las razones jur\u00eddicas que motivaron la decisi\u00f3n cuestionada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta tramitaci\u00f3n, comoquiera que \u00abel memorial de tutela no relaciona ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n imputable a [ese] Despacho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        El Banco Davivienda S. A., indic\u00f3 que \u00abtanto las decisiones proferidas en primera, al igual que las de segunda instancia dentro del (\u2026) proceso de pertenencia ofrecen motivaciones serias, juiciosas, razonables y soportadas en la normatividad vigente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.        El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa municipalidad hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de reproche constitucional.  <\/span><\/p>\n

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5.        La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) manifest\u00f3 que \u00abno se configuran las causales [de procedencia] argumentadas por el tutelante\u00bb, por lo que pidi\u00f3 fuera negada la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 13 de febrero de 2017, que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 27 de mayo de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales no estaban llamadas a prosperar las s\u00faplicas que elev\u00f3 el demandante en el proceso de pertenencia objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En primera medida, abord\u00f3 los argumentos expuestos por el apelante, seg\u00fan los cuales su competencia se limitaba a resolver los aspectos puntuales que fueron alegados al sustentar la alzada, expresando:  <\/span><\/p>\n

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Si bien la parte recurrente viene diciendo que el Tribunal s\u00f3lo debe centrarse en el aspecto de la posesi\u00f3n, punto que abordar\u00e1 de inmediato el Tribunal, debe igualmente referirse el Tribunal a los restantes elementos que conforman la posesi\u00f3n, toda vez que la excepci\u00f3n que fue propuesta por los demandados, de la inexistencia de los requisitos para prescribir, los abarcan en un todo y como los abarcan en un todo y forman parte de los alegatos que se han presentado en esta instancia, descorriendo la apelaci\u00f3n, forzoso es referirse a esos otros elementos que ha dejado por fuera la apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, destac\u00f3 que \u00abJairo Reyes Uma\u00f1a no ostenta la calidad de poseedor\u00bb, cuesti\u00f3n sobre la que se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Para que exista posesi\u00f3n deben confluir dos elementos: el corpus, que es el componente externo y objetivo, traducido en la realizaci\u00f3n de actos materiales sobre el bien, y el animus, que es el componente interno y subjetivo, demarcado por la intencionalidad de portarse como due\u00f1o y hacerse due\u00f1o de la cosa.  <\/span><\/p>\n

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Las pretensiones de la demanda fueron desechadas, aunque sin decirse de forma expresa y directa por el a quo, por la inexistencia del animus, no lo dijo puntualmente, pero lo dej\u00f3 veladamente expuesto porque dice que todas las actuaciones de Jairo Reyes Uma\u00f1a respecto del predio hab\u00edan sido como representante legal de la sociedad Coltropico Ltda. aunque para la Sala no hay duda de la ausencia del animus, a dicha conclusi\u00f3n arriba no por lo dicho por el a quo sino bajo una \u00f3ptica distinta, como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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El demandante se duele de la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el juez de primer grado, mostr\u00e1ndose inconforme con que se le haya enrostrado la representaci\u00f3n legal que en su momento tuvo de Coltropico Ltda., para descartar la condici\u00f3n alegada en la demanda, y para ello puntualiza, siguiendo lo dicho al contestar las excepciones porque antes de tales actuaciones nada hab\u00eda precisado al respecto, que su relaci\u00f3n posesoria con el predio empez\u00f3 a comienzos del 2000, cuando el liquidador designado por la Superintendencia de sociedades, se\u00f1or Fernando Ar\u00e9valo Carrascal, tom\u00f3 las riendas de la sociedad.  <\/span><\/p>\n

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Aunque es cierto que esta arista del asunto, la de haber supuestamente permanecido dentro del bien, disponiendo de \u00e9l, luego de cesar en sus funciones de representante legal, no fue sopesada por la juez de conocimiento de primera instancia, ni siquiera bajo el supuesto de hacerlo ahora este Tribunal, se halla respaldo a lo sostenido por el pretenso usucapiente de haber conquistado la condici\u00f3n de poseedor a partir de entonces.  <\/span><\/p>\n

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La situaci\u00f3n de haberse separado de la gerencia y no obstante ello haber continuado dentro del fundo, si es cierto que as\u00ed aconteci\u00f3, no lo convierte per se en poseedor, menos, cuando de su parte ha habido reconocimiento de dominio ajeno; la ausencia de la voluntad de poseedor brota del hecho de haberse presentado para ser tenido como acreedor y haber actuado dentro del tr\u00e1mite concursal de la sociedad que en su momento era la propietaria del inmueble pretendido, Coltropico Ltda., bajo la consideraci\u00f3n de que la negociaci\u00f3n de deudas que all\u00ed se adelantaba ten\u00eda como activo el bien que se asegura viene siendo pose\u00eddo en parte, conocido como Santa Cruz de Doima, es muestra palpable de ello el auto No. 440-3728 de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, que fuera notificado en estado el 12 de marzo de 2001, mediante el cual se rechaz\u00f3 su acreencia por falta de prueba sumaria de la obligaci\u00f3n, atendiendo objeci\u00f3n formulada al respecto por el liquidador y por la apoderada de Coopdesarrollo, y el auto No. 440-022342 del 12 de diciembre de 2001, mediante el cual se resolvieron los recursos de reposici\u00f3n interpuestos contra el auto del 3 de mayo de 2001 que impuso unas multas, siendo \u00e9l, el actor, uno de los recurrentes.  <\/span><\/p>\n

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La aceptaci\u00f3n de propiedad en cabeza de otro, bajo los anteriores referentes, se mantuvo latente mientras dur\u00f3 el concursal de Coltropico Ltda., no existiendo muestras dentro del expediente respecto a que luego de la finalizaci\u00f3n de aqu\u00e9l, se hubiera presentado un cambio en el aspecto volitivo del demandante, como para que pudiera pensarse en una eventual interversi\u00f3n del t\u00edtulo, lo cual, recu\u00e9rdese, exige completa y absoluta precisi\u00f3n de cara a determinar si en verdad hubo la aludida mutaci\u00f3n y la fecha precisa en que ello acaeci\u00f3, a lo que se le suma que no se entiende c\u00f3mo el actor, pese a que asevera haber asumido a t\u00edtulo personal la totalidad del predio Santa Cruz de Doima a comienzos del 2000, cuando dej\u00f3 de ser representante legal de Coltropico Ltda., luego venga a reputarse poseedor, para efectos de esta acci\u00f3n de usucapi\u00f3n, de solo una parte del inmueble, puntualmente de 13 hect\u00e1reas con 7.446,5 m2, como para que el predio se adecuara a las condiciones requeridas para el tipo de prescripci\u00f3n escogida, limit\u00e1ndose a decir que la porci\u00f3n restante est\u00e1 bajo el poder\u00edo de un tercero, de Jorge Eliecer Torres, sin ofrecer ninguna explicaci\u00f3n al respecto.  <\/span><\/p>\n

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En suma, para este Tribunal no hay prueba certera e inequ\u00edvoca del animus de poseedor, los procederes de Jairo Reyes Uma\u00f1a no resultan ser propios de quien se considera due\u00f1o o espera hacerse due\u00f1o, y como sin animus no hay posesi\u00f3n, cualquier aspiraci\u00f3n de pertenencia no puede esperar m\u00e1s que el fracaso.  <\/span><\/p>\n

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Sumado a lo anterior, indic\u00f3 el Tribunal que:  <\/span><\/p>\n

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El bien adem\u00e1s no es susceptible de apropiarse por el medio de la prescripci\u00f3n, basta con examinar el certificado de tradici\u00f3n del globo de mayor extensi\u00f3n del cual se desprende el fundo perseguido en pertenencia, para advertir que se est\u00e1 ante un bien imprescriptible.  <\/span><\/p>\n

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No obstante las aspiraciones haber sido elevadas con apego a regulaci\u00f3n especial, la de saneamiento por prescripci\u00f3n de la peque\u00f1a propiedad agraria, por aplicaci\u00f3n supletoria autorizada por el art\u00edculo 139 del decreto 2303 de 1989 viene al caso el art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicable para cuando se inici\u00f3 este proceso, precepto que en su numeral 4\u00ba estipula, de forma categ\u00f3rica, que la declaratoria de pertenencia no procede respecto de bienes de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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Y es as\u00ed entonces como cabe pregonar que el inmueble pretendido no es apto jur\u00eddicamente para adquirirse por prescripci\u00f3n, no lo es por aparecer como actuales due\u00f1os en com\u00fan y proindiviso, con derechos de cuota, sin tener una porci\u00f3n delimitada en el inmueble, las entidades del sector p\u00fablico, como son el ente territorial municipio de Piedras y los entes descentralizados por Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Instituto de Seguros sociales.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, manifest\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo al Decreto 508 de 1974, en congruencia con el art\u00edculo 12\u00ba de la Ley 200 de 1936 modificado por el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 4 de 1973, para que prospere la prescripci\u00f3n adquisitiva se requiere una posesi\u00f3n durante 5 a\u00f1os continuos, y que quien se proclama poseedor haya cre\u00eddo de buena fe que lo pose\u00eddo son tierras bald\u00edas.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En primer lugar, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que oper\u00f3 una interversi\u00f3n del t\u00edtulo cuando culmin\u00f3 la liquidaci\u00f3n obligatoria de \u201cCOLTROPICO LTDA\u201d, la eventual posesi\u00f3n del actor solo pudo principiar el 10 de septiembre de 2002 y si se mira esta calenda con respecto al 3 de noviembre de 2006, fecha en que se instaura la demanda, se desprende un periodo notoriamente inferior al m\u00ednimo requerido.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, con todo y la hipot\u00e9tica interversi\u00f3n del t\u00edtulo, tampoco puede admitirse que dicho lapso hubiera empezado a correr, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que la convicci\u00f3n interior del actor no aparece cualificada en la forma y t\u00e9rminos exigidos por la norma, esto es, no confluye en \u00e9l la creencia de haberse aposentado en terrenos bald\u00edos, los antecedentes del caso as\u00ed lo indican, pues fue representante legal de la sociedad que fungi\u00f3 como propietaria de ese fundo desde 1997 hasta 2002, e incluso en nombre de aquella lo entreg\u00f3 en arriendo a favor de un tercero, lo que denota, sin ambages, una explotaci\u00f3n por particular, pero hay m\u00e1s, existe confesi\u00f3n sobre tal aspecto proveniente de su vocero judicial, quien se presume facultado para tal fin acorde con el art\u00edculo 197 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando al contestar las excepciones de algunos interpelados manifest\u00f3: \u201cnunca se ha hablado que el inmueble en cuesti\u00f3n tiene el car\u00e1cter de bald\u00edo. Al contrario, se ha precisado que \u00e9ste se encuentra en la \u00f3rbita de la propiedad privada desde hace ya largos a\u00f1os\u201d (\u2026), de ah\u00ed que no le sea aplicable, ni por asomo, la prescripci\u00f3n de corto tiempo enarbolada.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea el promotor del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal valor\u00f3 las pruebas recaudadas en el proceso de pertenencia bajo an\u00e1lisis y concluy\u00f3 que no conflu\u00edan los presupuestos necesarios para la prosperidad de la demanda, toda vez que no encontr\u00f3 acreditada la posesi\u00f3n que esgrimi\u00f3 el demandante, ni tampoco que aquella se hubiera extendido por el periodo necesario para usucapir y, adicionalmente, por cuanto el bien objeto del litigio no era susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio al ser propiedad de tres entidades p\u00fablicas, en cuyo caso tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

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Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC4805-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00785-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de abril de dos mil diecisiete)         Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Reyes Uma\u00f1a contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}